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Abecé del juicio a Uribe

Español
Columnista: 
María Isabel Rueda
Fecha: 
28 de Agosto de 2019

No quiero dedicarme en esta columna a absolver o condenar a Álvaro Uribe por los delitos que le achaca la Corte: soborno y manipulación de testigos. Pero, como abogada, me gustaría referirme al debido proceso judicial que debería tener garantizado. 



La primera verdad la escribió el lunes pasado en su columna de ‘El Espectador’ el Maestro Héctor Osuna, firmada por Lorenzo Madrigal: “Se da inicio a un juicio político como el que más…”.

 

Todo comenzó el día en que la sala penal de esa Corte Suprema de Justicia, enceguecida contra el entonces presidente Uribe, decidió inventarse una figura que no existía y que no existe. Le devolvió dos veces las ternas para fiscal por considerarlas “inviables”. Querían castigar a Uribe repudiando a sus candidatos. Tiempo después, una de las ternadas por Uribe, Margarita Cabello, actual minjusticia, tachada como “inviable” por la Corte, fue elegida por ellos mismos como magistrada y, luego, como su presidenta.



A partir de esa mortal actuación, la Corte Suprema de Justicia de Colombia quedó tatuada de política y matriculada en una campaña con un blanco: meter a Uribe preso.



Parlamentarios como Iván Cepeda y Piedad Córdoba se dieron a la tarea de viajar por las cárceles del país y del exterior buscando testimonios que lo comprometieran como paramilitar. Varias de esas personas contactadas contaron de ofrecimientos de protección, a ellos y a sus familias. Esta conducta hizo que Uribe denunciara a Cepeda ante la Corte, pero, sorpresivamente, considerándolo parte de sus funciones, los magistrados absolvieron a Cepeda de manipulación de testigos y le abrieron proceso por el mismo delito, pero al denunciante original: Uribe.



Leí el fallo y no me quedó para nada claro que fuera tan distinto lo que Cepeda venía haciendo, supuestamente para que presos y testigos contaran la verdad, de lo que hacían allegados a Uribe, para que se retractaran de lo dicho. Por las dos vías hubo ofrecimientos “humanitarios”.



Pero a Uribe le abrieron un segundo proceso. Seguramente desesperado porque sus dos abogados de cabecera, Lombana y Granados, estaban peleados y no actuaban en equipo, resolvió equivocadamente, a mi juicio, buscarse otro abogado, Diego Cadena, con menos escrúpulos para meterse a las cárceles y buscar presos. Así lo hizo Cadena con Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella (hoy condenado por secuestro extorsivo) de que supuestamente en la hacienda Guacharacas, donde su padre fue mayordomo, se había fundado un centro paramilitar e instalado un matadero humano.



Cadena recibió la razón de que Monsalve quería retractarse, pero era en realidad una trampa en la que no cayó Lombana, como curtido penalista, que ni se le acercó. Grabándolo con su reloj de preso, Monsalve indujo a Cadena a hablar sobre ofertas para su retractación. Por esa prueba del reloj están llamando a Uribe a indagatoria el próximo 8 de octubre.



Con las alarmas de las motivaciones políticas de la Corte encendidas, y estoy segura de que muchos de los magistrados actuales no quieren perpetuar esa imagen, vienen pasando además cosas probatoriamente muy delicadas. Se dicta una orden del CTI para chuzar al representante Nilton Córdoba, pero el teléfono chuzado no terminó siendo el suyo, sino el de Álvaro Uribe. Y cuando el CTI alerta sobre esa grabación ilegal, auxiliares del ya retirado José Luis Barceló, de la vieja guardia, respondieron: no importa, sigan. Tenían pensado arreglar esta ilegalidad alegando que había sido un “descubrimiento inevitable”, como si fuera un motivo fundado que las interceptaciones contra Córdoba terminaran chuzando a Uribe.



Fueron 30 días de grabaciones, y por lo que el expresidente movió en su celular en ese período, sus abogados calculan que le interceptaron 12.000 llamadas y 9.000 mensajes de texto, en una absoluta violación del derecho a la intimidad.



Pero falta aún un capítulo. Daniel Coronell publicó en su leída columna una transcripción de una de estas chuzadas que provenía del CTI, en la cual se cambió la palabra ‘evitar’ por “solicitar que quemen eso”, que aunque nada tenía que ver con las investigaciones contra Uribe, iba derecho a ser convertida por la Corte en prueba de que el expresidente y senador ordenó quemar documentos claves de su investigación. El fiscal interino, Espitia, no dice nada. Calla.



Entre tanto... Así vamos. Una Corte que no ha logrado despejar en todos estos años los motivos políticos para tratar de poner preso a Uribe, con ayuda de interceptaciones ilegales y de pruebas alteradas, en octubre próximo lo sentará en el banquillo de los acusados.



MARÍA ISABEL RUEDA