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El narco-para-estado de las Farc

Español
Columnista: 
Libardo Botero C.
Fecha: 
16 de Junio de 2017

La periodista Salud Hernández-Mora, en entrevista con CNN hace unos días, a propósito de los decretos expedidos por Santos para “implementar” o imponer el acuerdo con las Farc, habló del surgimiento del “para-estado de las Farc”. Yo puliría el término y hablaría del “narco-para-estado de las Farc”. Y, simplemente a modo de ilustración, para corroborar tan trágico acontecimiento, haría un boceto de lo que esa denominación contiene.

 

Es, como tal marbete lo sugiere, un Estado paralelo al legítimo que hemos tenido en Colombia, sustentado en el narcotráfico y las armas criminales, dotado de las increíbles gabelas –jurídicas, políticas, económicas- otorgadas en virtud de la entrega protocolizada por el gobierno de Juan Manuel Santos, tras tediosas negociaciones en La Habana.  

 

En el largo listado de prebendas que mostramos –seguramente incompleto-, se comprueba la cesión innegable de parcelas cruciales del poder del Estado a la organización narcoterrorista, que le facilita su injerencia e influencia nefasta en las distintas ramas del poder público.

 

El ejecutivo se encuentra bajo la férula de la Comisión de Seguimiento e Implementación (CSIVI), compuesta por tres delegados de las Farc y tres del gobierno, en la cual las Farc tienen poder de veto. Nada puede hacer el presidente ni sus ministros, en temas que tengan que ver con el Acuerdo Final (AF) –que son casi todos- que no esté supervisado por ese poderoso ente.

 

En el legislativo las Farc montaron un equipo de supervisión, encarnado en el movimiento “Voces”, diseñado para el efecto, pagado por el erario público. Bajo la tutela de la CSIVI, ejercen una vigilancia sistemática de la actividad del parlamento. Luego tendrán curules a tutiplén, unas directas, otras a través de circunscripciones a su disposición en las zonas cocaleras de su influencia. 

 

En el campo judicial, ni se diga. La JEP, montada para otorgarles impunidad y crucificar a sus enemigos, escapa a cualquier control de la justicia operante en el país. Además, a través de chantajes y dádivas del gobierno, imponen sentencias y magistrados. La CSIVI tiene facultades de una corte, pues se encargará, entre otras cosas, de establecer cuáles leyes o decretos no interpretan lo pactado en Cuba.

 

Esta es la lista escueta de los principales organismos, normas, políticas y medidas que configuran el narco-para-estado de las Farc.

 

-El AF fue elevado, por medio de una reforma a la Carta, a norma supraconstitucional, que deberán acatar todas las autoridades, y cuyo texto será fuente de interpretación para todas las disposiciones que “implementen” dicho acuerdo, en todo lo atinente al DIH o relacionado con los derechos fundamentales. Es decir, en la práctica, la inmensa mayoría de la Constitución y las leyes.

 

-Se creó, para dirigir toda esa “implementación”, la poderosa CSIVI, que ya mencionamos.

 

-Se creó una Comisión de la Verdad, en cuya composición intervienen las Farc –no las víctimas-, para reescribir la historia de la violencia terrorista en el país según sus criterios, y servir de mampara a una supuesta confesión de los crímenes de la narco-guerrilla, que justifique su impunidad.

 

-Se crea un sistema de “justicia especial de paz” (JEP), a la medida de las Farc. Ya se conformó la comisión que nombrará los magistrados de esa justicia, de abierta inclinación izquierdista. La JEP no estará sujeta a control de las jerarquías de nuestro sistema judicial, al cual sustituye. Se dará sus propias normas. Podrá revisar cuanta sentencia judicial haya proferido nuestra justicia ordinaria sobre delitos “relacionados” directa o indirectamente con el “conflicto armada”, o con ocasión de él. Operará por secula seculorum.

 

-Se conceden amnistía e indulto para los guerrilleros, pretermitiendo las normas de nuestra Carta Política. Por tanto podrán beneficiarse de ellas quienes hayan cometido delitos graves como el narcotráfico u otros, por ser dizque “conexos” con el de “rebelión”.

 

-Los autores de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra que los confiesen (hagan un “relato”), recibirán reducción de penas (que ahora se llaman “sanciones”), consistentes que por períodos de 5 u 8 años, no tendrán cárcel, sino “restricciones a los movimientos”, meramente simbólicos, pues pueden ser levantados por un organismo en el que participan las mismas Farc. O podrán dedicarse a “obras sociales”, con recursos públicos. Además, sin cumplir siquiera tan ridículas “sanciones”, pueden participar plenamente en política (como, por ej. llegar al Congreso). De otro lado, sea cual sea su delito, los guerrilleros y sus familiares no podrán ser extraditados, cuando sean pedidos por la justicia de otros países.

 

-Otra de las formas de las “sanciones” será trabajar en desarrollar proyectos en favor de las comunidades victimizadas. Con dineros del Estado –pues así quedó acordado- se desarrollarán esos proyectos, que convertirán a las Farc, con el cuento de reparar a las víctimas, en los usufructuarios de cuantiosos recursos públicos que se invertirán en las regiones que ellos dispongan, para utilizarlos en el afianzamiento de su control y poder territorial.

 

-Por presión del actual Fiscal y la opinión pública el año pasado, se estableció que las Farc entreguen un inventario de su cuantioso patrimonio, fruto del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, el despojo de tierras y otros crímenes execrables. Aunque supuestamente debían ser entregados a un “patrimonio autónomo”, solo para beneficiar a las víctimas, podrán usarlos también, sin límite, en las actividades económicas y políticas posteriores a su reincorporación, como lo ha denunciado de nuevo el Fiscal a raíz de reciente decreto de Santos que lo establece así.

 

-La política anti-drogas se modifica sustancialmente. En lugar del combate radical contra los cultivos ilícitos, se pasa a una tolerancia descarada, encubierta como cambio de estrategia contra esta grave dolencia. Se suspenden las fumigaciones de cultivos y la erradicación manual se reduce casi a cero, pues depende de “acuerdos con las comunidades” para la sustitución, que no tendrá plazos definidos. Las Farc serán “asesores” de tal proceso. A la par, se elimina la penalización de la siembra de cultivos ilícitos con la sola declaración de los cultivadores de su disposición a entrar a un programa de sustitución. Las Farc no tienen la obligación de denunciar sus laboratorios, redes de comercialización, conexiones con carteles, etc. Se santificó al narcotráfico como “conexo” con la “rebelión”, y por tanto no será penalizable. Y la riqueza inmensa de las Farc, con la quintuplicación de las áreas sembradas de coca en estos últimos cuatro o cinco años, promovida por ellos mismos y facilitada por el gobierno, hasta llegar a cerca de 200.000 hectáreas, por esa vía quedó lavada, y podrán disfrutarla por varios años más, mientras “avance” la erradicación “voluntaria” convenida.

 

-El control territorial de extensas zonas del país se viene cumpliendo a cabalidad. Las “zonas veredales transitorias” de reincorporación de las Farc, apuntan a convertirse en permanentes, y serán los puntos claves para ejercer el dominio en las áreas rurales de su interés. Ese factor, unido a la creación de las 16 “cricunscripciones especiales” para la Cámara, ubicadas en zonas cocaleras a mando de las Farc, en 167 municipios de 19 departamentos, apoyarán esa estrategia. A la vez, los planes territoriales de desarrollo, para esas mismas regiones, previstos en el AF, les permitirán a las Farc contar con los recursos económicos y proyectos necesarios para ejercer un control vital de la economía y la población.

 

-La “reforma rural integral” contenida en el AF, para la cual Santos expidió ya el primer decreto marco, se dirige a darle mayor piso al control territorial de las Farc y golpear a medianos y grandes propietarios y ganaderos, como preparación de sus “bases de apoyo” para el asalto al poder. Se privilegia la pequeña propiedad y producción, lo mismo que la “comunitaria”, golpeando la agroindustria y la economía empresarial, en contravía de la modernización y desarrollo del agro. Su fin explícito es “desconcentrar” la propiedad rural y redistribuirla. Para ello se crea un fondo de tierras para redistribuir 3 millones de hectáreas, a la par que se pretenden “formalizar” otros 7 millones, para unos 10 en total. Aunque se habla de utilizar sobre todo baldíos, se habla también de extinguir el dominio de tierras de legítimos propietarios, si no cumplen su función “social y ecológica”, puerta abierta para seguros atropellos. También tiene el gobierno el compromiso de legitimar casi 10 millones de hectáreas de “zonas de reserva campesina”, en zonas de influencia histórica de las Farc sobre todo. En el diseño y ejecución de tal reforma agraria las Farc tendrán participación, empezando por sus huestes de guerrilleros, que serán los primeros beneficiarios de la distribución de tierras.

 

-Todo esto se da mientras las Farc mantienen la mayor parte de las armas en sus manos. La “dejación” de las armas es completamente engañosa. El Estado colombiano no conocerá cuáles armas fueron entregadas, ni su identificación, para saber su origen, así como ocultando la evidencia de los crímenes en que fueron utilizadas. Contrariando informaciones anteriores del mismo presidente de la república, que estimaba en 14.000 las armas de las Farc, cifra en todo caso baja, ahora se acepta que sean solo 7.000, es decir, un arma por guerrillero, proporción falsa, pues expertos militares la han estimado en más de tres armas por persona, para las de uso individual, más las de uso colectivo (ametralladoras, lanzagranadas, etc.). La fracción de milicianos (menos de la tercera parte del total) que ahora se acepta que se desmovilizarán, dizque no entregarán armas. Las “disidencias” de las Farc, toleradas por ellas según muchos, conservan importante armamento, al igual que se señala que el Eln es depositario de parte del arsenal de las Farc. Hay denuncias serias provenientes de Venezuela, que hablan de más de cuatro mil armas que portan guerrilleros de las Farc allí, que no se entregarán. Y existe un número incierto (900 o más) de caletas, con un promedio alto de armas por cada una, que no serán entregada en una semana que falta para terminar el proceso (porque es un imposible físico, además). Quedará por ende escondido un armamento no despreciable, como herramienta para supuestamente presionar el cumplimiento total de los acuerdos con la amenaza de retomarlos, o como elemento de presión de las comunidades, o como instrumento para el manejo de las actividades ilícitas supérstites, como el narcotráfico y la minería ilegal.

 

-Se crea en la Fiscalía una unidad nueva, con injerencia de las Farc en la designación de su dirección, dedicada a investigar y combatir a la supuesta criminalidad contra los acuerdos de paz. El propósito real, como ha sido denunciado repetidas veces, es combatir a los llamados “enemigos de la paz”, que se entiende que son los enemigos de las Farc. Un auténtico cuerpo de policía política, destinado a perseguir a sus opositores. Combinado con la prohibición de criticar y señalar esa forma de terrorismo, bajo el manto de impedir la “discriminación” y la “criminalización” de sus actividades y de la la protesta social, será sin duda, una herramienta sumamente peligrosa.

 

-Está a punto de aprobarse un proyecto de acto legislativo que, entre otras cosas, prohíbe el paramilitarismo en Colombia, como forma de utilizar armas para imponer determinados postulados políticos. Sin embargo, pese a la insistencia de vastos sectores, no se ha incluido en el mismo nivel la prohibición de la formación de grupos guerrilleros y el uso de la violencia para imponer sus metas. La “combinación de todas las formas de lucha”, de esa manera, queda legitimada, en virtud del “sagrado derecho a la rebelión”.

 

-El partido político que creen las Farc tendrá ventajas y privilegios insólitos. No estará sujeto a las normas restrictivas para obtener o perder la personería jurídica de los demás partidos. Contará con una de las bancadas más grandes, para empezar, así no cuenten con los votos necesarios. Obtendrá proporcionalmente la financiación más grande, frente a los demás partidos, con recursos públicos, incluida una jugosa partida para un centro de pensamiento y para su propaganda. Dispondrá de un canal de televisión y más de dos docenas de emisoras comunitarias, así como apoyo inédito para sus publicaciones. Tendrá un blindaje legal, supuestamente por razones de seguridad, que le otorga a sus miembros condiciones excepcionales de absoluta inmunidad e impunidad. Gozarán de especial protección de las autoridades, y además podrán disfrutar de un cuerpo propio de escoltas, conformado por avezados guerrilleros, armados y financiados por el Estado. La mayoría de los integrantes de las Farc tendrán estipendios regulares para su manutención, seguridad social plena, y varios millones de pesos de entrada, para financiar proyectos personales. Para terminar, se urde una reforma política, que consagra las prebendas para el partido de las Farc y pretende alterar los próximos comicios en beneficio de la coalición santista y sus nuevos mejores aliados de las Farc.

 

-Con motivo de las negociaciones con las Farc se le han dado golpes severos a las fuerzas militares de Colombia. Se está cambiando la doctrina tradicional, que privilegiaba el combate a las agrupaciones criminales terroristas, para convertirlas en unas fuerzas “multi-misión”, donde se diluye aquella premisa básica. Las fuerzas armadas han dejado de fumigar cultivos de coca, han suspendido el bombardeo de campamentos de los terroristas, no pueden sobrevolar las “zonas veredales” ni circular por ellas, y dentro de las filas se expulsa a cualquier uniformado que se exprese por internet u otros medios en contra del proceso de “paz”. Los militares que han combatido al terrorismo, ahora tendrán que someterse a la JEP, en igualdad de condiciones con los guerrilleros, y teniendo que confesar crímenes que no cometieron para poder obtener beneficios equiparables a los de sus enemigos.

 

Se quedan algunos puntos en el tintero, pero la radiografía brindada ofrece una panorámica de los graves riesgos a los que ha sido sometida la institucionalidad democrática de Colombia. Entre la resistencia civil que se viene dando, y la confluencia de las fuerzas que enfrentan esta arremetida en una gran coalición para el 2018, será posible derrotar, en las calles y en las urnas, a tan funesta conjura.