Terminó de existir legalmente la Comisión de la Verdad, y su Informe Final sigue siendo fuente de duras polémicas: unas muy fundadas y otras que hay que leer en el marco de la polarización que ha sido el sino de la institucionalidad creada por el Acuerdo de Paz.
Con el padre Francisco de Roux a la cabeza, la Comisión ha sido –fue– la primera institución del Sistema Integral para la Paz que buscó acercarse a los sectores más críticos de la negociación. En ese sentido, sus audiencias públicas y la accidentada sesión con el expresidente Álvaro Uribe enviaron, en su momento, un mensaje necesario: ayudar a superar las heridas de un conflicto tan largo y degradado como el colombiano supone la enorme responsabilidad de darles voz y reconocer a todos los sectores, sin anteojeras ideológicas. Mucho más en un país donde ‘la mitad más uno’ de los que votaron el Plebiscito para la Paz lo hicieron por el No.
Contrariamente a lo que se ha escuchado, el Informe Final y sus anexos sí reconstruyen y denuncian los crímenes cometidos por los grupos guerrilleros, desde la violencia sexual contra niñas y mujeres en las propias filas de las Farc hasta el criminal comercio humano de esa guerrilla con los secuestrados y con los cadáveres de los que asesinaban o morían en cautiverio. También, la saña de los crímenes cometidos contra los militares secuestrados y el drama de familias de centenares más que fueron ejecutados en estado de indefensión y que siguen desaparecidos.
Pero también es cierto que en varios de los capítulos se evidencian sesgos, afirmaciones poco sustentadas y hasta ‘olvidos convenientes’. La Comisión prácticamente pasó por encima del impacto en el conflicto colombiano de las comprobadas relaciones de las Farc y el Eln con el régimen venezolano, que es uno de los factores que aún hoy inciden para que los señores de la guerra que asuelan el país sigan imperando. Y nos quedamos esperando un capítulo sobre la ‘Farcpolítica’.
Ahora hay polémica por el supuesto ‘entrampamiento’ contra ‘Jesús Santrich’. Uno de los anexos del Informe sostiene que el polémico exguerrillero fue víctima de un montaje de la Fiscalía y la DEA para extraditarlo, y que su caso supuestamente convenció a ‘Iván Márquez’, ‘el Paisa’ y ‘Romaña’ de que no había futuro en la legalidad. Según esa hipótesis, fueron el Estado, con los incumplimientos del Acuerdo, y los autores del supuesto complot los responsables de que los exjefes de las Farc más renuentes a la paz montaran su propia disidencia. La afirmación es, por lo menos, reduccionista. ¿Por qué en los videos y grabaciones que conoció la opinión pública no se vio nunca a ‘Santrich’ negándose de plano al negocio de droga que le planteaban? ¿Por qué el Informe le da más peso a la versión de que ‘Santrich’ y sus socios volvieron al crimen por temor al incumplimiento del acuerdo y no porque hubieran quedado al descubierto que seguían narcotraficando? ¿Y por qué Timochenko, Pablo Catatumbo y Pastor Alape siguen firmes con la paz a pesar del supuesto montaje que amenazaba a todos los ex-Farc?
En todos los procesos de paz hay jefes de los grupos armados que aunque firmen los acuerdos están decididos a seguir en la ilegalidad, usualmente para mantener el control de rentas ilegales y porque salen del mapa, precisamente por la negociación, otros posibles competidores. Quienes saben de conflictos les llaman ‘spoilers’: los que sacan ventaja propia de una negociación de paz. Eso fueron, en el proceso con las Auc, Vicente Castaño y ‘don Mario’, jefes paramilitares que crearon la banda de ‘los Urabeños’ (el actual ‘clan del Golfo’).
¿No es posible al menos que ‘Santrich’, ‘Márquez’, ‘Romaña’, ‘el Paisa’ y los otros disidentes no hayan sido víctimas de maquinaciones perversas, sino que simplemente actuaran bajo las mismas lógicas que quince años atrás lo hicieron Castaño y otros ‘paras’, que más allá de convenientes banderas ideológicas siempre movieron sus máquinas de matar en función del control del narcotráfico?
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET