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¿Acuerdo de injusticia?

Si va a haber impunidad, debe ser la misma para militares y policías que para guerrilleros.

 

Por estos días, el Gobierno y las Farc intentan atar los cabos sueltos del acuerdo que, según la meta del presidente Juan Manuel Santos, estará firmado en marzo. Tienen que apurarse pues el proceso, que el primer mandatario definió en el 2012 como “de meses”, ya recorre su cuarto año, y tanta demora ha terminado por desgastarlo.

 

Hasta ahora, ‘Timochenko’ y sus socios no estaban interesados en correr. Pero tras la apabullante derrota del chavismo en las legislativas de Venezuela, el refugio cinco estrellas con que han contado allá está más comprometido que nunca. Con Cuba en renovados coqueteos con Estados Unidos y las potencias mundiales decididas a arrinconar al terrorismo a nivel planetario, la cúpula de las Farc debería tener más interés que nunca en salir de la guerra. Y rapidito.

 

Los cabos sueltos no son de poca monta: la desmovilización efectiva de las Farc, el destino de las armas y la concentración de las tropas. Aun así, son asuntos procedimentales. En cambio, los cabos sueltos del acuerdo de justicia –anunciado con bombos y platillos en septiembre, a pesar de que no estaba listo– contienen la pepa del asunto.

 

El lío ya no radica en si los comandantes pagarán cárcel. El sapo de que no estarán tras las rejas, pese a los horrendos crímenes de que son responsables, está siendo digerido, con explicables arcadas y retorcijones estomacales, por muchos. Incluso, el expresidente Álvaro Uribe, principal cuestionador del proceso, ha dejado entrever que unas colonias agrícolas podrían ser un sitio de reclusión aceptable en determinados casos.

 

El enredo es otro. Todo indica que la inmensa mayoría de los guerrilleros –tropa y algunos mandos medios– podrán quedar libres de polvo y paja si sus responsabilidades probadas se limitan al delito de rebelión y conexos. En cuanto a los comandantes, todo dependerá de lo que la justicia y sus propias confesiones establezcan en cuanto a los grandes crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad.

 

Muy distinto resulta el escenario de los militares. Según un documento de la oficina del alto comisionado de paz, “los agentes del Estado no podrán ser amnistiados o indultados porque la Constitución autoriza la aplicación de esta medida a los responsables de los delitos políticos y conexos con estos, y como es obvio los agentes del Estado no cometen este tipo de delitos”. El perdón absoluto está reservado al grueso de la tropa guerrillera.

 

En cuanto a los mandos militares y de Policía, en principio su situación es paralela a la de los comandantes guerrilleros. Pero en la práctica no: mientras las actuaciones de los batallones y comandos policiales quedan casi siempre detalladas en documentos oficiales, lo que implica tener evidencia de qué mandos estuvieron qué día en qué lugar, los frentes guerrilleros no llevan bitácoras de sus ataques ni de quienes intervinieron en ellos.

 

De modo que será mucho más fácil probar los crímenes de la Fuerza Pública que los de la guerrilla. Y, en consecuencia, el escenario que tanto indigna a muchos colombianos, del exguerrillero Gustavo Petro en el Palacio Liévano mientras el coronel Alfonso Plazas está en la cárcel, tenderá a repetirse. Ese desequilibrio entre lo que pagarán los guerrilleros y lo que pagarán los militares y policías puede convertir en injusto el acuerdo de justicia. Lo ideal habría sido que no hubiese impunidad alguna ni para unos ni para otros. Pero si va a haber impunidad, debe ser la misma para todos.

 

Debe irse. Si el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, sabía de los seguimientos de sus allegados a Vicky Dávila, Claudia Morales y otros periodistas, no solo debe irse sino afrontar los procesos que merezca. Pero si no sabía, también debe irse por su incapacidad de controlar a subalternos tan cercanos.

 

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