Colocando los intereses supremos de la patria por encima de cualquier vanidad personal o justificado reconcomio, el expresidente Álvaro Uribe ha propuesto al gobierno de Santos que busque un consenso alrededor de los pactos que se vienen firmando en La Habana.
Contrario a lo que muchos difamadores del expresidente propalan, éste nunca se ha negado a discutir salidas a una negociación que tantos riesgos representa para el futuro de Colombia. Simplemente ha esquivado caer en celadas tales como aquella de la pomposa “comisión de paz” que solo se reunió para el show de la instalación y nunca volvió a ser convocada. Hasta Marta Lucía Ramírez, que de buena fe aceptó integrarla, tuvo que renunciar al poco tiempo, cuando dilucidó su inutilidad y engaño.
Uribe repetidamente ha lanzado fórmulas para los distintos problemas avocados en los diálogos de “paz”, pero el gobierno ha tenido oídos sordos para todo lo que provenga del Centro Democrático. Hace unos meses dialogó con Néstor Humberto Martínez, y más recientemente se entrevistó con el comisionado Humberto de la Calle, tras lo cual llegó a la conclusión de que lo único que el gobierno acepta es la adhesión a sus tesis y propuestas.
Sin embargo ahora, con la enorme preocupación que suscitan pasos como la concesión de impunidad que se trasluce en el último polémico acuerdo sobre “justicia transicional y restaurativa”, ha decidido insistir en la necesidad de que se divulguen los documentos y se discutan con el pueblo colombiano en busca de un consenso. El gobierno, ha afirmado Uribe, “no obstante, que tiene sus mayorías en el Congreso y un gran aparato publicitario, debería buscar el camino de un gran acuerdo nacional previo a la suscripción del acuerdo final con las Farc”. Nadie duda de la conveniencia de que lo que se convenga en La Habana cuente con el mayor respaldo nacional; de no ser así, si se pretende imponerlo a la brava, lo que se cosechará es una polarización grave de impredecibles consecuencias.
Sin embargo abrigamos serias dudas sobre el éxito de tan atinado llamado. El mismo día en que fue lanzado, la bancada oficialista atropelló al CD en la comisión primera del Senado, donde se discutía el tal “congresito”. No solo aplicó el físico “pupitrazo” para darle paso franco a la dictatorial reforma –¡“mejorada” con el otorgamiento anticipado de participación política a los criminales de lesa humanidad!-, sino que el senador Roy Barreras acusó al uribismo de ser los “nuevos terroristas” de Colombia. Las explicaciones posteriores del mismo personaje, tardías e impostadas, nos dejaron un amargo sabor.
Muchos factores nos llevan a presumir que la conveniente sugerencia del expresidente no será escuchada por el gobierno. Primordialmente, la percepción acendrada de que Santos privilegia los consensos con las Farc a los consensos con la mayoría de los colombianos. Hasta la saciedad –incluso luego de la ostentosa presentación de los “acuerdos” sobre justicia en La Habana- una aplastante mayoría de compatriotas ha expresado por todos los medios su rechazo categórico a que las Farc no paguen cárcel por sus graves delitos y a que puedan participar en política y ser elegidos, pero Santos se empecina en lo contrario. Con tal fin ha propiciado y sigue propiciando toda clase de maniobras, hasta la misma sustitución y desbarajuste de la constitución y el orden democrático, tratando de sacarle el cuerpo a la sensata opinión de sus conciudadanos.
Sería deseable que en lugar de esas atropelladas y oscuras trapisondas, el gobierno adelantara un sano proceso de análisis y búsqueda de consenso con las diversas fuerzas sociales y políticas. Pero su determinación es otra, lo sabemos. Sus compromisos con las Farc van en abierta contravía del sentir nacional, por lo que buscar un consenso por fuera de La Habana es un imposible. Por tal motivo, sin dejar de abrir la puerta al diálogo sincero para explorar consensos, la oposición democrática que encabeza el expresidente Uribe, en unión de muy diversas fuerzas que tienen fundadas dudas sobre lo que se trama en Cuba, debe prepararse para lo peor.
En tal sentido hacíamos la semana pasada un ferviente llamado a un vasto movimiento de resistencia civil, que logre expresar el anhelo mayoritario de una paz sin impunidad, bloqueando y derrotando la intentona entreguista. El expresidente Uribe ha hablado de movilizaciones en las calles, de recolección de firmas contra la impunidad proyectada, y hasta de un referendo. No dudamos de que una intensa y extensa presencia de la gente en las calles será el prerrequisito de cualquier alternativa que busque impedir eficazmente que caigamos en el precipicio.
Expresábamos en hace ocho días nuestra inquietud por las dificultades que un referendo constitucional entrañaba, especialmente tener que pasar por el Congreso, donde podría sufrir los peores avatares. Hemos sabido esta semana que se ha pensado también, en algunas esferas del CD, en un referendo derogatorio, que no requiere pasar por el Congreso, y que podría ser una herramienta poderosa y legítima para echar atrás el acto legislativo que crearía la “comisión especial legislativa” y otorgaría facultades extraordinarias al presidente. Puede emprenderse después de aprobada la reforma, con el cinco por ciento del censo electoral; y aunque no tiene que pasar por el Congreso, para la validez de sus decisiones se requiere que concurra la cuarta parte de ese censo, lo cual no es fácil en todo caso, dado que contaría con la oposición del gobierno y las mayorías del Congreso.
Razón por la cual no descartamos la otra alternativa de recoger firmas a lo largo y ancho del país, para crear un hecho político contundente, así no tenga validez jurídica directa. Tendría la virtud de poder expresar, a través de un documento sencillo pero contundente, los criterios básicos de una paz sin impunidad: amnistía solo a quienes no hayan cometido crímenes atroces; condenas de prisión efectiva, aunque reducidas a entre cinco y ocho años, a todos los responsables de tales delitos –y no solamente a unos “casos representativos”-, siempre que confiesen la verdad, reparen a sus víctimas, les pidan perdón y expresen su decisión de no reincidir; exclusión del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, de cualquier “conexidad” con el “delito político”; no participación en política para los autores de crímenes atroces. Precisamente los puntos que el gobierno no quiere someter a consideración de la gente. Además podría adelantarse sin la premura de un día determinado (como en el caso del referendo), sino a través de varios meses (podría ser durante el primer semestre del año entrante), con amplia información y pedagogía, para poder llegar a todos los rincones de Colombia con legiones de voluntarios. Recolectar mínimo cinco millones de firmas (y por qué no ocho millones…), auditadas por una firma independiente y seria, no es imposible, y constituiría un acontecimiento político trascendental, que no podrían desconocer la opinión pública nacional e internacional.
Si se adelanta ese proceso de recolección de firmas a la par que en el Congreso se tramita la aprobación del “congresito”, y se obtiene un respaldo multitudinario entre los colombianos, se dispondrá del aire necesario para lanzar con mayores probabilidades de éxito el referendo derogatorio en caso de que el parlamento, de manera arrogante y prepotente, decida de todas maneras atropellar el querer mayoritario de los colombianos.
Quisiéramos que la buena voluntad del expresidente Uribe se abriera paso y toda esa confrontación que se avizora no fuera necesaria. Pero, desafortunadamente, creemos que en el gobierno, sometido como está a los dictados y pretensiones de las Farc, no hay esa disposición. Por eso, repetimos, debemos prepararnos para lo peor.