Santos insiste en su estrategia de que los eventuales acuerdos de La Habana sean ratificados por un grupito controlado, no por los colombianos.
Tan inconstitucional es la iniciativa de reunir una “alta comisión legislativa” para validar los fortuitos acuerdos de paz con las Farc como la idea no menos grotesca y fracasada del “congresito”.
En una especie de cuartel de estado mayor de guerra se reunió ayer el presidente Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, con los voceros de los partidos que integran la Unidad Nacional.
La prensa había entendido mal la cosa. Creyó al principio que el jefe del poder ejecutivo se preparaba para hacer una gran consulta democrática: a escuchar a los representantes de los partidos políticos, a los que están en el gobierno y a los que están en la oposición, como acostumbran a hacer los mandatarios de las grandes democracias cuando el poder central busca llegar a un amplio consenso político sobre materias de importancia capital.
No, lo de Santos no era una consulta de altura, digna de las grandes democracias, abierta a la oposición, es decir al país en general. Fue una reunión de conmilitones, un cenáculo sectario y excluyente digno de la bastarda y cosmética democracia chavista. No en otro ámbito, controlado de antemano y sin derecho de réplica, podía Santos lanzar otra de sus ideas inconstitucionales con las que pretende salvar de alguna manera el descalabrado “proceso de paz”.
Al optar por la vía excluyente, Santos confirmó la debilidad de su posición. Mostró el aislamiento en que se encuentra su gobierno.
La idea de integrar una “alta comisión legislativa” con miembros del Congreso es un esperpento. Ese tipo de organismo no existe en el ordenamiento constitucional colombiano.
¿Habría que explicarle al presidente Santos que él como jefe de Estado no puede gobernar sino con los organismos e instrumentos que autoriza explícitamente la Constitución Nacional? ¿Qué él no puede inventar de la noche a la mañana instituciones acomodaticias, como “congresitos” o “comisiones legislativas”, que no están previstas en la Constitución Nacional?
Impulsar la aprobación de un proyecto de acto legislativo, es decir acudir a una nueva reforma de la Constitución para llegar a esos fines, no arregla nada. Reformar de nuevo la Constitución, a las carreras y de espaldas al país, sin real debate nacional, como hicieron en 2012 para poner en marcha el llamado “marco jurídico para la paz” –que las Farc, además, rechaza aunque ese texto les otorga la impunidad–, no es hacer demostración eficaz de espíritu democrático.
Santos quiere hacer esa nueva reforma para ahorrarse el problema de permitirle a los colombianos refrendar o rechazar, de la manera más amplia y democrática posible, mediante los mecanismos previstos en la Constitución (el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular), los hipotéticos acuerdos que él está negociando en secreto con las Farc. Lo de Santos es, para resumir, un nuevo intento de recorte autoritario y personalista de la Constitución colombiana.
Definitivamente, Juan Manuel Santos no saber qué hacer para escapar a los lineamientos estrictos pero garantistas de la Constitución que él mismo juró respetar al tomar posesión de su cargo. Para él la Constitución es una camisa muy estrecha que hay que rasgar de alguna forma.
No tranquiliza a nadie la declaración del senador Armando Benedetti quien afirmó a la salida del acto excluyente que la hipotética alta comisión legislativa “en ningún momento reemplazaría al Congreso”.
Benedetti dio a entender algo muy interesante: que esa idea de la “alta comisión legislativa” ha surgido de la mesa de La Habana, donde como se sabe los que mandan son los jefes de las Farc. El senador reveló que esa iniciativa “tiene que ver con la participación política, con el tema de la reparación, porque es verdad que se ha avanzado en el tema de víctimas, lo de reparación hace falta muy poquito, lo que tiene que ver con la justicia”. El alude a los documentos firmados por Santos y las Farc en junio de 2013.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también vendió la mecha al manifestar que “lo que se convenga deberá incluir la implementación de los acuerdos, garantizar el tema de participación en política, los temas de justicia transicional, el desarrollo del campo colombiano y otros que están incluidos dentro de los acuerdos de La Habana”.
En otras palabras: lo del “congresito” y su nueva versión, la “alta comisión legislativa”, son iniciativas pensadas y discutidas en La Habana, en secreto y mucho antes de que el Congreso colombiano haya tenido la oportunidad para reflexionar autónomamente al respecto.
Por eso resulta un poco inflado eso de que todo se hará muy democráticamente, pues todo “pasará por el Congreso de la República”, como dice en tono consolador Juan Fernando Cristo. Nada pasará por el Congreso pues todo el proceso pasa por detrás de éste. Para el santismo el Congreso es sólo un organismo validador, un firmón al que se le ha retirado la posibilidad de tener iniciativas, al que solo se le deja ratificar lo que el poder ejecutivo ha decidido previamente. Esa es una burla al sistema democrático.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, mostró una parte de la estrategia mediante la cual Santos espera sacar adelante la “implementación” de los acuerdos. En el discurso de Humberto de la Calle aparecen dos vías, una amplia y otra restringida.
Para la primera él propone aplicar o crear unos “mecanismos” que le “permitan a la ciudadanía expresar su apoyo o rechazo a los acuerdos”. Para la segunda él propone adoptar unas “herramientas” que permitan, a un grupo de notables (¿la “alta comisión legislativa”?) la “adopción formal” de los acuerdos, es decir de las concesiones extravagantes que pretenden hacerles “a quienes dejen las armas”.
Nótese que el lenguaje del jefe negociador ha cambiado pues habla de “dejación de las armas” y no de “entrega de las armas”, fórmula que utilizaba antes.
Lo que no aparece en el lenguaje de Humberto de la Calle es el ritmo de todo eso: ¿cuál de las dos vías será aplicada primero? Ese punto es clave. Por lo que se ve, primero harán que el grupito controlado (la “alta comisión legislativa”) valide los acuerdos. Después montarán el escenario para que los colombianos, arrinconados ante el hecho cumplido de la primera aprobación, ratifiquen lo decidido por el grupito controlado.
Esa es, pues, la estrategia oculta, y más o menos improvisada, de Santos para sacar adelante sus pactos secretos.
La idea de que los acuerdos sean ratificados por un grupito controlado estaba ya implícita en el tema del “congresito”. Quizás por eso molestó a tantas personas. Sin embargo, esa idea, inadmisible, sigue habitando el nuevo engendro de la “alta comisión legislativa”