Señores
El Espectador
Publican Ustedes el día de hoy acusaciones infames por parte de un antiguo jefe de las Autodefensas, que tienen por propósito crear un clima de opinión en mi contra. Esta y otras declaraciones semejantes, son parte de una venganza por haber logrado la desarticulación de esa organización criminal y la reclusión de sus jefes en la cárcel.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvo presente en todos los actos de desmovilización de las autodefensas, adelantando de manera autónoma la labor de recibir a los menores vinculados a esa organización. Por tratarse, según la ley, de "víctimas" de la violencia cuya identidad debía ser protegida, no fueron presentados ante los medios de comunicación ni participaron en los actos públicos de desarme. No tenía, por demás, ningún sentido impedir la entrega de menores, cuando se trataba de un requisito establecido por la Ley de Justicia y Paz. En comunicación sobre el tema dirigida a la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2007, informé que teníamos conocimiento de 84 menores que fueron entregados con anterioridad al inicio de las desmovilizaciones, 307 que se habían desvinculado con ocasión de las desmovilizaciones colectivas y 432 que lo hicieron de manera individual. El ICBF debería entregar un informe público sobre el número de menores de las autodefensas que se desvincularon durante los años 2002-2007, pues al haber cumplido su mayoría de edad no tiene sentido mantener esa información bajo reserva.
La acusación de haber ordenado aumentar el número de desmovilizados, carece de fundamento. La única exigencia que hicimos siempre fue la desmovilización de la totalidad de los miembros de la estructura. Tal como lo establecen las normas vigentes, la elaboración del listado de personas a desmovilizar es responsabilidad exclusiva del miembro representante de la organización ilegal. Resulta curioso que esta y otras acusaciones similares se lancen de manera genérica, sin aportar el nombre de las personas que supuestamente se desmovilizaron y no pertenecían a la organización. Eso muestra su único interés de tender un manto de duda sobre mi conducta.
Ya en una ocasión pedí que la Misión de Apoyo al Proceso de paz de la OEA se pronunciara al respecto, pues dicha organización tuvo un conocimiento detallado de todo lo que sucedió en las zonas de desmovilización. Ellos autónomamente entraron en contacto con cada uno de los desmovilizados y recopilaron información al respecto. Y aunque el Secretario General de la OEA afirmó públicamente no haber tenido conocimiento de irregularidades, sería bueno que la Misión con sede en Colombia presentara un informe detallado, haciendo públicos sus archivos.
Solicitaré a la autoridad correspondiente copia de lo dicho por el señor alias "Ernesto Báez", pidiendo se aclare si lo dijo bajo la gravedad del juramento, para iniciar en caso tal un proceso por falso testimonio. Es hora de que la Fiscalía empiece a actuar contra los miembros desmovilizados de las autodefensas que han utilizado el espacio de Justicia y Paz para propósitos oscuros. Engañar a las autoridades judiciales para evadir responsabilidades criminales es una conducta que en el caso de estas personas debe ser condenada con severidad.
Atentamente,
Luis Carlos Restrepo
Ex-Alto Comisionado para la Paz
Julio 18 de 2014