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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

Vencidos los términos para la vigencia de renovación de cédulas, el Gobierno Nacional considera que no es necesaria la prórroga solicitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado martes. Por lo tanto pide a los ciudadanos que no han reclamado su cédula, acudir a las oficinas correspondientes con el propósito de evitar perjuicios en su proceso de identificación.

Bogotá, 30 de julio de 2010.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 29 jul (SP). El Ministerio del Interior y de Justicia rechaza el homicidio del señor Luis Socarrés, dirigente indígena de la etnia wayuú y miembro del Polo Democrático Alternativo del departamento de La Guajira, y solicita a las autoridades competentes desarrollar las acciones que permitan esclarecer los móviles que causaron tan lamentable hecho y su judicialización.

En relación con las situaciones de amenaza de las que han sido objeto miembros del Polo Democrático Alternativo, este Ministerio solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, investigar sobre la procedencia de las mismas.

Con el fin de atender las peticiones de protección presentadas para miembros de esa colectividad, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se ha reunido en varias oportunidades con delegados del partido para revisarlas, analizarlas y adoptar las medidas adicionales a que ha habido lugar. Es de resaltar que todas las solicitudes de protección presentadas han sido atendidas de manera oportuna por este Ministerio.

El Gobierno Nacional reitera su compromiso para atender la situación de los dirigentes de oposición, en particular los pertenecientes al Polo Democrático Alternativo, de los cuales un número significativo son beneficiarios de medidas de protección por parte del programa que lidera esta cartera, y manifiesta su disposición al diálogo permanente para el seguimiento de los casos.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

El Ministro del Interior y de Justicia se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional radicó hoy en el Congreso de la República un proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se propone el nombramiento del Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República, por un periodo fijo de cuatro años, y en el que la institución de la Fiscalía General de la Nación forme parte del poder ejecutivo.

2. Con el propósito de respetar y mantener el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos, se crea como entidad autónoma la ‘Unidad de Investigación y Acusación  para Aforados Constitucionales’, la cual estará encargada, a través de 9 ‘Agentes Acusadores’, de la investigación y acusación del Presidente y Vicepresidente de la República; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional; magistrados del Consejo Superior de la Judicatura , Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, miembros del Congreso,  Fiscal General de la Nación,  Ministros del despacho, Defensor del Pueblo,  agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, los directores de los departamentos administrativos, Auditor General, Contralor General de la República, los embajadores y jefes de misión diplomática o consular,  los gobernadores, los magistrados de tribunales y los generales y almirantes de la Fuerza Pública.

3. Los agentes acusadores serían nombrados para periodos de cuatro años, de ternas presentadas por el Presidente, caso en el cual elige el Congreso; por el Congreso en pleno, caso en el cual eligen las Altas Cortes, y por las Altas Cortes, caso en el cual elige el Presidente.

4. La Fiscalía General conocería de los delitos de los ciudadanos en general, quienes no estén cobijados por el fuero constitucional y ejercería facultades judiciales (las del artículo 250 de la Constitución) pero no jurisdiccionales. Los casos que estén bajo la vieja Ley 600 de 2000, antiguo Código de Procedimiento Penal, serán evacuados por fiscales transitorios de descongestión.

5. Se crean las dos instancias para los aforados constitucionales y se les asigna un juez de control de garantías, con el propósito de dar aplicación plena a los instrumentos multilaterales en materia de garantías procesales. El juzgamiento de los aforados constitucionales continúa en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que los juzgará previa investigación y acusación de la nueva unidad, a través de una sala especial compuesta por tres magistrados de la Sala Penal  en primera instancia, y en segunda instancia mediante la Sala Penal en pleno, sin que de ella puedan hacer parte los magistrados que profirieron el fallo de primera instancia.

6. Finalmente, se le confiere a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el poder preferente en materia disciplinaria y se le da facultades de policía judicial, con el propósito de hacer más eficaz su labor.

7. A través de este proyecto de Acto Legislativo, se adecua nuestra Constitución a la esencia del sistema penal acusatorio, separando plenamente y para todos los ciudadanos la etapa investigación y acusación, de la de juzgamiento.

8. La vigencia de esta Reforma Constitucional sería para hechos futuros a partir de su promulgación.

Bogotá, 26 de julio de 2010.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 1º. jul (SP). Por solicitud del señor Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia convocó y presidió durante los dos últimos días el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, con el propósito de analizar la viabilidad y conveniencia de medidas extraordinarias de carácter jurídico y operativo, necesarias para combatir la criminalidad generada por la bandas y redes criminales.

El Gobierno Nacional, después de analizar las reflexiones y recomendaciones del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaría, acogió el criterio de no declarar la Conmoción Interior, y procedió a la redacción y expedición de un Decreto Reglamentario a través del cual se crea la Comisión Interinstitucional contra las bandas y redes criminales, se crean jueces de garantías con competencia regional y nacional, se designan funcionarios con competencia nacional por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Judicial y DAS, y se autorizan los ajustes presupuestales y apoyos logísticos necesarios para el funcionamiento de esta Comisión.

Como resultado inmediato de la expedición del mencionado Decreto, se dispone la creación de comités técnico-operativos regionales en las zonas donde las bandas criminales vienen afectando a la población. Con carácter de urgencia, el Ministro del Interior y de Justicia pondrá en operación el primer equipo interinstitucional operativo en la ciudad de Caucasia, departamento de Antioquía, la semana entrante.

El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria consideran, sin embargo, que estas medidas deben ser complementadas a través de urgentes reformas constitucionales y legales. Por tanto, trabajarán conjuntamente en la preparación de los correspondientes proyectos, los cuales serán presentados a consideración del Congreso el próximo 20 de julio.

Algunos de los temas prioritarios para fortalecer la justicia y garantizar la eficacia en la lucha contra las bandas criminales son los siguientes: revisión de los términos procesales, creación y adecuación de tipos penales, modificación de penas y limitación a los beneficios penales, y fortalecimiento institucional de las entidades que operan el Sistema Penal Acusatorio.

Bogotá, 1º. de julio de 2010.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Tras la reunión de la Mesa Nacional de Garantías, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio,  se permite informar a la opinión pública:

1.     Como resultado de la política de Seguridad Democrática, en los ocho años de la administración del Presidente Uribe se han logrado avances significativos en aspectos tan importantes como,  la reducción de homicidios en un 45 por ciento, la reducción de secuestros en el  93 por ciento  y la de acciones terroristas  del 81 por ciento. No obstante,  estos avances en la seguridad nacional para todos los colombianos,  se ha otorgado  una especial protección individual y colectiva a 16 poblaciones vulnerables, entre las que se destacan sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, población indígena, afrocolombianos,  dirigentes políticos,  concejales, entre otros.

2.     Con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación y la participación de la Policía Nacional y las carteras del Interior y de Justicia, y Hacienda y Crédito Público, a finales de diciembre de 2009 se inició el estudio y análisis de los programas de protección desarrollados  tanto por el Ministerio del Interior y de Justicia, como por la Policía Nacional, con el propósito de definir las competencias y las poblaciones a ser atendidas por cada uno de los mencionados programas, estableciendo los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.

3. Este proceso dio como fruto la expedición del Decreto 1740 del 19 de Mayo de 2010, que en relación con la participación de los representantes de las poblaciones objeto, respetó la concertación que se hizo entre el Gobierno Nacional y dichos representantes cuando fue expedido el Decreto 2788 del 2 de Octubre de 2003, por el cual se unificó y reglamentó el Crer, Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos de los Programas de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia.

4.     El nuevo decreto conserva y respeta los esquemas y los niveles de riesgo con los que actualmente están siendo beneficiadas las personas cubiertas por los programas de protección. Dichos esquemas y niveles de riesgo solo podrán ser modificados por nuevas evaluaciones que se hagan bajo las nuevas regulaciones.

5.     Con respecto a la eliminación de la medida del apoyo de transporte terrestre’ y el ajuste del ‘apoyo de reubicación temporal’, los cuales  venían otorgándose desde agosto de 2006, estos cambios se produjeron para todas las poblaciones objeto del programa de protección y no solamente para los periodistas y comunicadores sociales, en el mejor ánimo de optimizar los mecanismos de protección.

6. En este espíritu, durante la discusión y estudio del nuevo decreto, se valoró especialmente la necesidad de fortalecer la política de protección del programa, privilegiando el fortalecimiento de las medidas duras a personas con riesgo extraordinario o extremo, por encima de la medidas blandas consideradas en el Decreto anterior, entre las cuales se incluían los apoyos de transporte terrestre.

7.   Adicionalmente, sobre este particular, debe mencionarse que en la evaluación que bajo la administración del Procurador Edgardo José Maya Villazón, en octubre de  2008, hizo la Procuraduría General de la Nación a las políticas públicas en materia de protección a las víctimas y testigos del conflicto armado, dicha entidad consideró que “todas  las entidades  del Estado, con excepción de algunas posturas aisladas de las que conforman el Ministerio Público, mostraron su desacuerdo frente a que las medidas de protección tengan un horizonte temporal indefinido, porque son insostenibles en términos financieros y de recursos humanos”.

8. No se puede permitir que las medidas de protección que se decretaron para una coyuntura de seguridad se desfiguren y se conviertan  en medidas de carácter asistencialista, sin límite en el tiempo. Como ejemplo, citan que en muchos casos la ayuda de transporte y de comunicaciones se sigue prestando, aun cuando los niveles de riesgo han dejado de ser extraordinarios.

9.   Con respecto al tema específico del ‘Apoyo de Reubicación Temporal’, la misma evaluación de la Procuraduría afirma que “varios de los entrevistados consideraron que las reubicaciones, como medida de protección, no responden a las necesidades de los beneficiarios y que incluso fomentan el desplazamiento forzado. Por esta razón, algunos líderes sociales han visto gravemente afectados sus derechos fundamentales y los de la comunidad a la que pertenecen”. En este contexto, al ajustar el monto de los apoyos de reubicación temporal, se busca reducir el efecto negativo que con respecto a la reubicación fue visibilizado por la Procuraduría General de la Nación.

10. Sobre las inquietudes respecto a la restitución de tierras de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, se precisó que el pasado 18 de junio se entregó a la Honorable Corte Constitucional un informe sobre el plan de protección y de prevención, así como la metodología para la elaboración del censo segunda  fase, y lo relacionado con los avances de las entidades en cuanto a la diligencia de la suspensión de cualquier acción relacionada con la titulación o cualquier posesión o uso de la tierras, tal como lo solicitó el alto tribunal en el auto del pasado 18 de mayo.

11. En este sentido, la Viceministra del Interior, Viviana Manrique, informó que el próximo lunes 28 de junio se realizará una reunión con los representantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó en Bogotá.

12. Así mismo, el 16 de julio se efectuará una reunión entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Alta Consejería Presidencial para la Acción Social con las representantes de las mujeres desplazadas del país, como parte del cumplimiento de los autos 092 y 200 de la honorable Corte Constitucional.

13. El Gobierno Nacional reitera su voluntad y compromiso con las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó de adelantar no solo la restitución de estas tierras, sino de brindar plenas garantías para su protección, uso y goce efectivo de las mismas.

14. Se acordó con la sociedad civil asistente a la Mesa Nacional de Garantías fijar las fechas para la realización de un Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas en el departamento de Risaralda, así como una reunión con las autoridades locales y departamentales de Norte de Santander, para hacer seguimiento a la articulación Nación-territorio en el tema de derechos humanos.

15. Se informó además de la expedición del Decreto 2271 del 24 de junio de 2010, a través del cual se prorroga el traslado de los esquemas de protección del DAS al Ministerio del Interior y de Justicia, hasta el 31 de diciembre del año en curso.

16. En la Mesa Nacional de Garantías, se reportó por parte del Gobierno Nacional una disminución del 18 por ciento en las masacres perpetradas por los grupos armados al margen de la ley, pasando de 11 casos entre enero y abril de 2009, a 9 en los mismos meses del presente año. También se registra una reducción del 17 por ciento en las víctimas que dejan estas acciones pasando de 54 a 45, en el mismo período comparativo.

17. En cuanto a los homicidios de indígenas, se reportaron en 2009 42 casos y 14 en el 2010, logrando una reducción del 67 por ciento, gracias al compromiso, interés y voluntad del Gobierno Nacional de proteger y garantizar la vida de los pueblos indígenas. Sobre los homicidios a sindicalistas, los resultados de la Política de Seguridad Democrática y del Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, permitieron reducir en un 38 por ciento los casos, pasando de 8, entre enero y abril de 2009, a 5 en los mismos meses del presente año.

18. Así mismo, las acciones terroristas en Colombia durante el último año se redujeron en 81%, los ataques a poblaciones en un 100 por ciento y los ataques contra las torres de energía en un 83 por ciento, según los resultados operacionales registrados entre enero y abril de 2009 y el mismo período del 2010.

19. A la Mesa Nacional de Garantías, asistió por invitación del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, el electo Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, muestra de la voluntad política del Gobierno saliente y el entrante de continuar con el proceso de diálogo, concertación y garantías a los defensores de Derechos Humanos.

20. En la reunión participaron la Viceministra del Interior, Viviana Manrique; el Viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, el Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar; el Representante de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro; el Inspector General de las Fuerzas Militares, General Carlo Suárez, el Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, Rafael Bustamante; el Embajador de España en Colombia, Andrés Collado; delegados de la Fiscalía General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, las embajadas de Suiza y Suecia, los representantes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Minga, Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, Cinep, Corporación Reiniciar y sectores sociales.

 Bogotá, junio 25 de 2010


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Ante la cifra revelada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la muerte de 48 sindicalistas en Colombia durante el año 2009, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional se ha comprometido con brindar plenas garantías para el goce efectivo de los derechos de la población colombiana; de manera especial, ha adoptado estrategias dirigidas a satisfacer los derechos de poblaciones vulnerables o de quienes ejercen un rol esencial en la democracia y en la realización del Estado Social de Derecho, entre los que se encuentran los dirigentes sindicales.

2. El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos de manera conjunta para garantizar el ejercicio de la libertad sindical.

3. La materialización de la voluntad del Gobierno se ha reflejado en una amplia cobertura para los dirigentes sindicales y además, en la adopción de medidas idóneas de protección como esquemas móviles compuestos por vehículos, personal escolta y medios de comunicación, así como blindaje de sedes, entre otros.

4. El Ministerio del Interior y de Justicia, a través del Programa de Protección de Derechos Humanos ha procurado la protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas en situación de riesgo. Como muestra del esfuerzo en esa tarea, en el año 2002, fueron protegidos 1.566 sindicalistas, que representaron el 32.24% del total de la población atendida por el Programa, mientras que en el 2009, 1.550 sindicalistas fueron atendidos, representando el 13.87%.

5. El Programa de Protección de Derechos Humanos ha acogido como beneficiados con medidas de protección a más de 8.733 personas en los meses de enero a abril de 2010 y en este mismo período, se han otorgado medidas de protección a más de 1.327 dirigentes sindicales, que representan el 15.20% de la población atendida.

6. Según las cifras reportadas por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, los homicidios a sindicalistas se redujeron en un 80.61% entre 2002 y 2008. En el 2008 ocurrieron 38 homicidios, en tanto en el 2009 la cifra se redujo a 28, en el periodo enero — abril de 2010, se registran 13 homicidios.

7. El Gobierno ha condenado todos los hechos violentos y hostiles contra sindicalistas y lamenta que los esfuerzos y compromisos conjuntos por la defensa de la libertad sindical se pretendan empañar en una guerra de cifras sobre sindicalistas asesinados, en la cual se incluyen líderes sociales no sindicalizados y casos donde probablemente la motivación del homicidio no haya sido la actividad sindical.

8. El Programa de Protección de Derechos Humanos ha pasado de tener un presupuesto de 26.064 millones de pesos en el año 2002, de los cuales se invirtieron en protección a sindicalistas 14.704 millones de pesos, a tener en el 2009, un presupuesto asignado de 112.085 millones de pesos de los que se invirtieron 29.337 millones de pesos a la protección de esta población.

9. En el período de enero a abril de 2010, han sido asignados más de 9.749 millones de pesos para la protección de dirigentes sindicales del total del presupuesto asignado que es de 113.740 millones de pesos.

10. Entre 2002 y 2009, el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer), órgano que recomienda las medidas de protección en el marco del Programa, sesionó 61 veces para conocer de los asuntos de la población sindical. En tales sesiones, han participado cuatro representantes de las centrales obreras: Central Unitaria de Trabajadores, Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia, tal como lo prevén las normas que rigen el funcionamiento del Programa.

11. El Gobierno suscribió en julio de 2008 una Declaración conjunta con las Centrales de Trabajadores, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional, con el propósito de rechazar los ataques de los que han sido víctimas los sindicalistas y asumir compromisos de prevención, protección y sanción de los responsables.

12. Se destaca la creación de una Unidad Especial de la Fiscalía para la investigación de atentados y asesinatos contra sindicalistas, que ha proferido 271 sentencias en las que se han condenado 375 personas, además 234 se encuentran privadas de la libertad por delitos contra sindicalistas. Así mismo, en los procesos penales en trámite se han proferido 168 resoluciones de acusación bajo el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000 y 214 formulaciones de acusación bajo el procedimiento de la Ley 906 de 2004.

13. Por iniciativa del Gobierno Nacional, el Congreso de la República expidió la Ley 1309 del 26 de junio de 2009, modificatoria del Código Penal, por medio de la cual se establecen agravantes punitivos en caso que los delitos de homicidio, desaparición forzada, secuestro, amenazas y actos cometidos contra la libertad de trabajo y asociación; así mismo se amplía el término de prescripción a 30 años para el homicidio cometido contra sindicalistas.

14. El Estado colombiano asumió voluntariamente desde diciembre del 2008 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los siguientes compromisos:

• Perfeccionar las garantías para el ejercicio de la libertad de asociación y la libertad sindical
• Mantener una interlocución permanente y armónica con los dirigentes sindicales
• Desarrollar los compromisos en el caso del Acuerdo Tripartito con la OIT
• Impulsar las investigaciones de homicidios contra este sector
• Fomentar una cultura que facilite el trabajo de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales, periodistas y sindicalistas

15. Antes que buscar el desprestigio del Gobierno, el movimiento sindical debiera trabajar de manera conjunta en la protección de los trabajadores y el castigo a quienes buscan afectar la libertad sindical.

Bogotá, 9 de Junio de 2010.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 4 jun (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Presidente de la República, renunciando a su convicción sobre la conveniencia de mantener unidos los Ministerios del Interior y de Justicia, en respuesta al clamor de varios sectores, entre los que se incluya la Rama Judicial misma y la academia, ha dado instrucciones al Ministro del Interior y de Justicia, para que radique ante el Congreso de la República el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia y del Derecho, y a su vez reorganiza el Ministerio del Interior.

2. La fusión que hizo el Gobierno Nacional de los Ministerios del Interior y de Justicia respondió a la necesidad de adecuarse a la reforma constitucional de 1991, la cual creó el Consejo Superior de la Judicatura, asignándole facultades para administrar la carrera judicial, para ejercer el control disciplinario de los funcionarios judiciales, de los fiscales y de los abogados; para proyectar el presupuesto y ejecutarlo, entre otras atribuciones que antes estaban en cabeza del Ministerio de Justicia como parte del Ejecutivo.

3. El país atraviesa por una seria crisis en la administración de justicia, atribuible a múltiples factores, unos relacionados con la estructura normativa, otros con los operadores de la justicia. Sin embargo, lo que de ninguna manera puede afirmarse es que dicha crisis esté ligada con la falta de autonomía e independencia de esa Rama, o a la falta de apoyo decidido del Ejecutivo al fortalecimiento mismo del Poder Judicial.

4. Partiendo de la naturaleza misma del Estado de Derecho, debe asumirse con toda claridad que ni el ejecutivo administra justicia, ni la justicia es autoridad administrativa.

5. El Ministerio de Justicia será creado como parte de una ‘reforma estructural’ a la Rama Judicial, de manera que exista un balance institucional, funcional y técnico, que permita que sin sacrificar la autonomía propia del Poder Judicial, el Ejecutivo pueda contar con una cartera que interactúe de manera más especializada con la rama judicial, lo cual será de gran utilidad para fortalecer la colaboración armónica entre las distintas ramas del Poder Público y mejorar el diseño de estrategias interinstitucionales.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 27 may (SP). Sobre el artículo 9 del Decreto 1800 expedido el 24 de mayo de 2010 “Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones presidenciales y se dictan otras disposiciones”, el Gobierno Nacional a través del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1.   La fórmula prevista en el artículo 9 del Decreto 1800 de 2010, tiene un precedente normativo desde 1994 sin que se hayan afectado los derechos de quienes ejercen la profesión de periodista.

2.   El Artículo 9 del Decreto 1800 de 2010 determina que quien ejerce el oficio periodístico podrá valerse de cualquier fuente de información pero para buscar el equilibrio, es decir, la imparcialidad y la veracidad, es necesario que esa información sea confrontada con la fuente oficial, mucho más si se tiene en cuenta que estamos ante temas de orden público.

3.   Es importante señalar que las encargadas de guardar el orden público son las instituciones oficiales y por tanto, son ellas quienes pueden confirmar si en efecto hay una alteración del mismo.

4.   El Decreto 1800 de 2010 no señala que se publique exclusivamente lo que dicen las fuentes oficiales, sino que se confirme la información sobre orden público con la de origen oficial. El decreto no prevé una prohibición sino un procedimiento.

5.   Además el artículo 9 no menoscaba la libertad e independencia profesionales, porque el ejercicio de la libertad implica una ponderación entre distintas informaciones para poder conocer la verdad de los acontecimientos. Debe, por tanto, ponderarse el derecho a informar y el derecho a recibir La información veraz, y en este caso el derecho a la información veraz prima y no es otra la finalidad del artículo al prever que se debe confirmar con fuente oficial.

6.   Ante el comunicado emitido hoy por el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, el que expresa que el Ministerio del Interior y de Justicia no ha respondido las quejas expresadas por diferentes organizaciones en las pasadas elecciones del 14 de marzo. El Ministerio mediante OFI10-8148 –DDP-0210 con fecha 12 de marzo de 2010, respondió al representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señor Andrés Morales, de forma oportuna y clara.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 21 may (SP). “El Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional lamenta y rechaza de manera vehemente el asesinato del dirigente campesino y defensor de las víctimas de Sucre, Rogelio Martínez Mercado, ocurrido el pasado 18 de mayo.

2. El Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia recibió el pasado 16 de abril de 2009 una solicitud de protección para el señor Martínez, por parte del Comité Intereclesial de Justicia y Paz. Al respecto, se le requirió allegar la judicialización de las amenazas, y a la Policía Nacional realizar el respectivo estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza, el 15 de mayo de 2009.

3. El 2 de septiembre de 2009 se le asignó un medio de comunicación al señor Martínez.

4. El 16 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo (Gter) del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, solicitó a la Policía Nacional, la asistencia inicial, consistente en satisfacer las necesidades del beneficiario y su núcleo familiar en materia de alimentación, aseo, asistencia médica y hospedaje, así como la adopción de medidas de protección como Plan Padrino o rondas de Policía para el señor Martínez, y la realización del estudio de nivel de riesgo.

5. El 29 de octubre de 2009 se solicitó la continuación de la asistencia inicial al Comandante de Policía del departamento de Sucre, como lo contempla el Decreto 3570 de 2007 de Justicia y Paz, la que fue rechazada por el señor Martínez

6. El 3 de Noviembre de 2009 se solicitó a la Fiscal 11, delegada ante el Tribunal Superior de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla, certificar si el señor Martínez estaba acreditado como víctima de Justicia y Paz. El mencionado señor no fue acreditado como víctima.

7. El 15 de enero de 2010, el Gter de Barranquilla analizó el caso del señor Martínez y decidió no vincularlo al Programa por no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 3570 de 2007. No obstante, el señor Martínez continuaba con acompañamiento por parte del comando de Policía de Sucre.

8. El 26 de enero de 2010 el caso fue remitido al programa de protección a personas en situación de desplazamiento forzado del Ministerio del Interior y de Justicia y, mediante trámite de emergencia de ese día, se le asignaron seis tiquetes nacionales y un apoyo de reubicación temporal por un valor de $1.490.700 para salir de la zona de riesgo.

9. Pese a la reiterada insistencia de Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, el señor Rogelio Martínez Mercado se negó a salir de la finca La Alemania, adjudicada por el Incoder para el trabajo de un proyecto agrícola, argumentando que su calidad de representante legal de la empresa comunitaria La Alemania, no se lo permitía.

10. El día 10 de febrero de 2010 se puso en conocimiento del comando de la Armada Nacional la negativa del señor Martínez de salir de la zona de riesgo y se solicitó adoptar las medidas de seguridad preventivas a favor del mencionado señor y su núcleo familiar en la finca La Alemania.

11. El caso fue presentado ante el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) de fecha 22 de febrero de 2010, el que recomendó ratificar las medidas de protección aprobadas mediante trámite de emergencia y solicitar a la Defensoría del Pueblo que, a través del defensor comunitario de Sucre, se estableciera comunicación con el señor Martínez para explicarle la importancia de salir de la zona de riesgo y aceptar las medidas de protección asignadas.

12. El señor Rogelio Martínez Mercado expresó de manera verbal y escrita ante la Policía Nacional, el 12 de noviembre de 2009 y el 3 de marzo de 2010, su negativa a salir de su sitio de residencia y a recibir asistencia inicial.

13. Solicitan a las entidades judiciales investigar la responsabilidad que pueda atribuirse a particulares y/o agentes del Estado en esta situación.

Bogotá, 21 de mayo de 2010”.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 18 may (SP). El Gobierno Nacional tenía previsto para este miércoles la entrega de 101.057 hectáreas para las Comunidades Negras de Curvaradó y Jiguamiandó, del departamento del Chocó, en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó del pasado 9 de diciembre del 2009, que obligaba a la entrega real y material de 29 mil hectáreas ocupadas ilegalmente, las cuales ya han sido recuperadas, y los títulos del resto de los territorios colectivos.

La Honorable Corte Constitucional, al mediodía de hoy, profirió un auto que fue puesto en conocimiento, vía electrónica, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), suspendiendo la restitución y entrega de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó.

El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. En acatamiento al Auto de la Honorable Corte Constitucional, se cancela el proceso de restitución administrativa y entrega física de territorios más grande a realizar en la historia del país, 101.057 hectáreas, en beneficio de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, que se llevaría a cabo mañana miércoles en el municipio del Carmen del Darién (Chocó), con la participación de los ministerios del Interior y de Justicia, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Relaciones Exteriores, Acción Social, la Alta Consejería Presidencial para el Chocó, Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, el Ejército y la Policía Nacional, con el acompañamiento de la Gobernación del Chocó, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

2. Las 101.057 hectáreas corresponden a las resoluciones Nº 2809 y 2801 del 22 de noviembre del 2000, por el antiguo Incora, y la 702 y 703 del 22 de marzo del 2006, proferidas por el Incoder, las cuales se encuentran en firme. Así mismo, conforme a las resoluciones de deslinde expedidas por el Incoder número 2159 del 24 de agosto del 2007, 2424 del 10 de septiembre del 2007, 2921 del 2 de noviembre del 2007, 3447 del 19 de noviembre del 2007 y 3472 del 11 de septiembre del 2007 y la 2842 del 25 de octubre del mismo año.

3. La Honorable Corte al ordenar que se convoque ‘Asamblea General para la elección del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó’, desconoce que el Consejo Comunitario no se elige, toda vez que éste se conforma por todos los miembros de una comunidad negra. Por lo tanto, no es claro si la ilegitimidad a la que hace referencia es a la Junta Directiva del Consejo Comunitario, y si es así, manifestamos que solo los miembros del Consejo Comunitario, en virtud de su autonomía, pueden convocar la elección de una nueva Junta.

4. Debemos recordar que actualmente hay una Junta elegida por la comunidad, reconocida por la Alcaldía del Carmen del Darién y registrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, conforme al Decreto 1745 de 1995 y el 3770 del 2008. Al día de hoy este despacho no tiene conocimiento de una nueva Junta que haya sido reconocida por la Alcaldía del Carmen del Darién.

5. Vale la pena aclarar a la opinión pública que este miércoles se iba a entregar una propiedad colectiva, la cual no se entrega a la Junta Directiva sino a los Consejos Comunitarios, que son los verdaderos detentores de esta propiedad. La Junta es sólo un ente administrador del territorio.

6. La Corte supedita la entrega ‘a la finalización del proceso de censo y caracterización de territorios colectivos y ancestrales ordenado en el Auto 005 del 2009’ proferido por la Corte Constitucional, siendo estas dos obligaciones independientes entre sí, retrasándose el ejercicio del uso y goce de los derechos colectivos al territorio por parte de las comunidades negras.

7. La suspensión ordenada por la Honorable Corte, no sólo afecta la entrega del territorio, sino la ejecución de la puesta en marcha de un plan integral de atención y protección a la comunidad, que incorporaba, entre otras, las siguientes acciones: un grupo de funcionarios que estaría en territorio a partir de mañana acompañando a la comunidad, garantizando la capacitación en proyectos productivos y oportunidades rurales, fortaleciendo estructuralmente los consejos comunitarios, informando sobre el proceso de retorno 2008-2010 de las comunidades de Puerto Lleras y Puerto Nuevo y a informarles sobre las distintas líneas especiales de crédito para estos proyectos.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 12 may (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Señor Presidente de la República ha designado al doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, para hacer parte de la terna que está a consideración de la Corte Suprema de Justicia para la elección de Fiscal General de la Nación.

2. El ex magistrado, Jorge Aníbal Gómez Gallego reemplazará a Camilo Ospina Bernal, quien por razones personales renunció a su postulación a la terna que integraba junto con Margarita Cabello Blanco y Marco Antonio Velilla Moreno.

3. Jorge Aníbal Gómez Gallego es Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín.

Con 36 años de experiencia en el sector justicia, ha sido Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, Juez Superior de Medellín, Juez Penal del Circuito de Medellín, Juez Civil Municipal de Fredonia (Antioquia) y Escribiente del Juzgado Superior de Medellín.

También ha hecho estudios de filosofía y cooperativismo. Ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad del Rosario, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Sergio Arboleda, la corporación Universitaria de Ibagué y la Universidad de Salamanca en España.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 23 mar (SP). El Ministerio del Interior y de Justicia emitió este martes el siguiente comunicado en el que da cuenta de las medidas de protección brindadas al periodista Clodomiro Castilla Ospino, a través del Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos. El comunicador fue asesinado el pasado 19 de marzo.

“El Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional lamenta y rechaza de manera vehemente el asesinato del periodista Clodomiro Castilla Ospino, de Noticias ‘La Voz de Montería’, ocurrido el pasado 19 de marzo.

2. El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer), del Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, solicitó a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adelantar, entre el 2006 y el 2009, los estudios de nivel de riesgo del comunicador.

3. Como resultado de dichos estudios, el Crer recomendó, como medidas de protección: reubicación temporal, medio de comunicación celular, apoyo de transporte, asignación de escolta y seguridad perimetral, además de tiquetes aéreos para asistir al Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos.

4. El Ministerio del Interior y de Justicia indica que tanto la Policía Nacional como el DAS, en diferentes oportunidades, manifestaron dificultades con el beneficiario para la prestación del servicio de protección, y que, incluso, mediante oficio del 13 de noviembre de 2007 el periodista informó su decisión irrevocable de renunciar a los esquemas de seguridad brindados por la Policía Nacional.

5. Los miembros del Crer, en sesiones del 16 de abril, 21 de mayo, 30 de julio, 23 de septiembre y 30 de octubre de 2008, manifestaron la preocupación por la seguridad del periodista. Sin embargo, la actitud del señor Castilla Ospino dificultó el debido cumplimiento de las medidas de protección asignadas, tanto así que se sugirió y realizó, por recomendación del Comité, una valoración especializada, con miras a mejorar la disposición del periodista hacia la protección brindada por el Estado.

6. Al momento del repudiable asesinato, el periodista Clodomiro Castilla Ospino contaba con unas medidas de protección de acuerdo con el nivel de riesgo establecido por el DAS.

7. El Gobierno Nacional reitera la recompensa ofrecida por el Presidente Álvaro Uribe de 50 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen.

8. Así mismo, el Gobierno Nacional hace un llamado a las autoridades competentes para que asuman la investigación de este lamentable caso y se castigue a los responsables.

Bogotá, 23 de marzo de 2010


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 19 mar (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional se declara sorprendido por las declaraciones del Presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, quien afirmó que no se ha desembolsado el dinero prometido para la seguridad de los magistrados del Alto Tribunal.

2. El Gobierno Nacional reitera que mediante el Decreto 4996 del 24 de Diciembre de 2009 se asignaron recursos por 7 mil millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura, con destinación específica para la protección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

3. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Francisco Escobar, lidera el proceso al interior de la Rama Judicial para la aplicación de los dineros que ya han sido girados para la protección de la Corte Suprema de Justicia.

4. La Policía Nacional, en cabeza de su Director, el general Óscar Naranjo, ha prestado una seguridad especial a los honorables magistrados y sus familias a través de las medidas necesarias para continuar fortaleciendo sus esquemas de protección.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 17 mar (SP). El siguiente es el comunicado emitido este miércoles por el Ministerio del Interior y de Justicia:

“El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, dando alcance a la solicitud que hiciera la Dirección de Defensa Jurídica del Estado el pasado 19 de febrero, se permite informar a la opinión pública que:

1. El próximo 30 de marzo vence el plazo para que 204 entidades estatales del orden nacional indiquen al nivel central sobre las demandas que enfrentaban a diciembre 31 de 2009.

2. La Dirección de Defensa Jurídica del Estado señaló que con estos datos el Gobierno Nacional no solo podrá actualizar su base litigiosa, sino que podrá apropiar el presupuesto necesario para atender dichos procesos.

3. Los abogados de las distintas entidades deben informar a través del formato de respuesta, elaborado por los ministerios del Interior y de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, el estado de los casos, qué material probatorio existe y emitir un concepto de la favorabilidad de los mismos.

4. El formato debe ser remitido de forma virtual por las entidades del Estado al correo electrónico [email protected]

Bogotá, 17 de marzo de 2010”.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 15 mar (SP). El siguiente es el comunicado emitido este lunes 15 de marzo por el Ministerio del Interior y de Justicia:

“El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y de Justicia, se permite comunicar a la opinión pública que:

1. Las informaciones de los delegados presidenciales y gubernamentales en todos los departamentos del país permiten concluir que al momento del conteo de votos en mesa existieron graves dificultades, derivadas de la falta de preparación de los jurados, fallas técnicas protuberantes y un desconocimiento de los procedimientos para realizarlo, con la consecuente demora en publicar los resultados a la ciudadanía.

2. Partiendo de la suspensión del conteo de votos y, por ende, la falta de un resultado que genera graves tensiones políticas y pone en duda la legitimidad del proceso, solicitamos al Registrador Nacional del Estado Civil, para que en el marco de sus competencias, adopte las medidas indispensables que permitan avanzar con mayor celeridad en el proceso de conteo y escrutinios correspondientes, toda vez que la celeridad en los resultados es lo más conveniente para la democracia colombiana.

3. Solicito al Consejo Nacional Electoral que asuma de manera inmediata el proceso de escrutinio, dando cumplimiento al artículo 265 de la Constitución Nacional que dispone: “Num 7 realizar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar…. Num 10. Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos”.

4. Solicito a la Procuraduría General de la Nación para que de conformidad con sus funciones constitucionales y legales asuma la vigilancia al proceso de conteo y escrutinio, para que de manera inmediata adopte las decisiones a que haya lugar.

5. Con el fin de que haya una total legitimación de las elecciones presidenciales es indispensable que la Registraduría Nacional del Estado Civil solucione los problemas que se han presentado, dado que la forma en que se desarrolló el conteo de votos en el día de ayer no brinda garantías para la definición política nacional de mayor importancia para las instituciones democráticas del país.

6. Contrastan estos hechos de la falta de conocimiento oportuno de los resultados electorales con el impecable manejo del orden público y las garantías otorgadas por el Gobierno Nacional a todos los partidos y movimientos políticos, candidatos y candidatas, y a los ciudadanos en general, para elegir y ser elegidos.

Bogotá, 15 de marzo de 2010."


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 10 mar (SP). Tras el anuncio de la Contraloría General de la República de adelantar una auditoria especial al contrato de implementación del ‘Sistema de Vigilancia Electrónica’, el Ministerio del Interior y de Justicia se permite informar a la opinión pública que:

1. Durante una reunión en el día de hoy con el señor Contralor General de la República y varios de sus contralores delegados, el Viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, informó los avances del programa piloto ‘Sistemas de Vigilancia Electrónica como Sustitutivos de Prisión y Detención Domiciliaria’, y reafirmó que, como en otros casos de auditoría especial, el Ministerio prestará todo su concurso y colaboración para que se lleve a cabo este proceso y agradece el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

2. El contrato de arrendamiento para la ejecución del proyecto fue suscrito con la empresa de servicios públicos de Manizales ‘Gestión Energética S.A., -Gensa ESP’ en noviembre de 2008, por un valor de $39.756.963.497 millones de pesos, el cual se paga por dispositivo electrónico efectivamente instalado.

3. Si bien en la actualidad hay 3.912 dispositivos instalados, desde la firma del contrato en noviembre de 2008 hasta la fecha se han implementado un total de 5.128 manillas de las cuales, por orden judicial, 1.216 han sido retiradas.

4. Del valor total del contrato se han cancelado 8.993 millones de pesos, de los cuales 3.393 millones fueron por concepto de amortización del anticipo, el cual correspondió a 15 mil millones de pesos, suma inferior a la permitida por la ley para este concepto, el cual no puede exceder el 50 por ciento del valor del contrato.

5. Si se compara el número total de 5.128 manillas instaladas con el número de personas evadidas, el cual corresponde a 132, el porcentaje de individuos que han violado la medida es de 2.5 por ciento.

6. El proceso de contratación para la ejecución de dicho proyecto se realizó a través de licitación pública con el propósito de garantizar mayor transparencia y participación.

7. Como lo afirmó o el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio “para el Inpec es imposible custodiar a diario a las 22 mil personas que tienen el beneficio de casa por cárcel, ya que hablándolo en carta blanca, no tiene un control efectivo. Y el único control que es eficaz es la manilla de vigilancia electrónica".

8. El ‘Sistema de Vigilancia Electrónica’ está soportado en una plataforma técnica de última generación, totalmente confiable, que garantiza el servicio continuo a los usuarios del sistema, permitiendo un control total durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

9. El sistema es administrado y operado directamente por el Inpec desde un centro de monitoreo ubicado en la ciudad de Bogotá, y un centro alterno ubicado en la ciudad de Pereira.

10. Debido a que la implementación de los dispositivos electrónicos es un proyecto piloto, el Ministerio del Interior y de Justicia conjuntamente con el Inpec evalúan de manera permanente dicho proceso para detectar las fortalezas y las posibles debilidades”.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 10 mar (SP). Teniendo en cuenta el anuncio público que hizo la Presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón de Gómez, de abrir investigación disciplinaria contra los jueces penales de Control de Garantías y fiscales encargados de solicitar y otorgar medidas de aseguramiento y beneficios de detención domiciliaria, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. A través del Viceministro de Justicia y del Derecho, Miguel Ceballos, dará traslado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de los casos que a diario se presentan y que son comunicados a este despacho por parte de todos los comandantes de Policía del país. Esta cooperación entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial seguirá surtiéndose de manera positiva en pro de una justicia pronta y eficaz.

2. Entre la información recopilada se encuentra la preocupación manifestada ayer por la Policía Metropolitana de Cali, ante la decisión de un juez de garantías de cobijar con beneficio de detención domiciliaria a un individuo detenido por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, y por el delito de cohecho por ofrecer la suma de cinco millones de pesos al agente de la Policía que lo detuvo.

3. El sindicado portaba al momento de su captura tres fusiles semiautomáticos marca Bushmaster, un fusil modelo 15 marca STAG, dos proveedores con capacidad de 42 cartuchos y seis proveedores con capacidad de 30 cartuchos.

4. El Gobierno Nacional reitera el llamado a los jueces y fiscales del país para que sigan contribuyendo a derrotar la delincuencia.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 4 mar (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional condena de la manera más enérgica todo tipo de amenaza o atentado contra los miembros de la Rama Judicial, y especialmente contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

2. El Gobierno Nacional, mediante Decreto 4996 del 24 de Diciembre de 2009, asignó recursos por 6 mil millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura, con destinación específica para la protección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

3. El Ministerio del Interior y de Justicia está en permanente contacto con la Policía Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de tomar las medidas necesarias para continuar fortaleciendo los esquemas de seguridad de los señores magistrados y sus familiares.

 Bogotá, 4 de marzo de 2010


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 3 mar (SP). El Ministerio del Interior y de Justicia emitió este miércoles, 3 de marzo, el siguiente comunicado:

"El Sistema Nacional de Detención y Alerta por Tsunami de Colombia y el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres informan a la opinión pública que:

1. No hay alerta o alarma en curso de ninguno de los centros internacionales y nacionales a cargo de esta función, en torno a un posible tsunami que afectara el Pacífico colombiano.

2. El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, reitera que las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres son las únicas que emiten a la comunidad este tipo de alertas.

3. El Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami de Colombia reitera que las alertas y alarmas de tsunami se generan a partir de la detección y evaluación de terremotos que por su localización y magnitud tienen capacidad para causarlo.

4. Según la Corporación Observatorio Sismológico del Suroccidente (Osso), entidad encargada del Centro de Detección y Alerta por Tsunami, desde el terremoto de Chile del 27 de febrero no han ocurrido sismos o réplicas que puedan tener las mismas características.

5. El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, hace un llamado a los periodistas y comunicadores sociales para que antes de emitir cualquier información relacionada con este tipo de alarmas o eventos naturales, se dirijan a las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y confirmen la información.

6. Este tipo de información se puede encontrar en las siguientes páginas electrónicas:

www.sigpad.gov.co
www.osso.org.co
www.cccp.gov.co"


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 25 feb (SP). “El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, decidió retirar la postulación al procedimiento de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) de Dumar de Jesús Guerrero Castillo, alias ‘Carecuchillo’, desmovilizado del Bloque Héroes del Llano y Héroes del Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de Rahomir Rodríguez Trujillo, alias ‘Tribilin’, ex integrante del Bloque Central Bolívar de las AUC.

2. En carta enviada al Fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, el Ministro del Interior y de Justicia informó que esta decisión obedece a la fuga de los internos del establecimiento de reclusión de La Picota en Bogotá, hecho que evidencia que no existe voluntad alguna de reincorporación a la vida civil, y la ausencia absoluta de compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Bogotá, 25 de febrero de 2010”


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 25 feb (SP). “El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. Este jueves, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), a cargo de Omar Figueroa, y el Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Edgar Pinto, presentaron un informe de avance sobre la evolución de entrega de los bienes inmuebles por parte de estas dos entidades.

2. El documento incluye un cronograma y los procedimientos que facilitarán la entrega física y documental de los bienes inmuebles rurales y urbanos, durante el mes de febrero hasta julio del presente año.

3. Las principales zonas en las cuales se desarrollará este proceso son Valle del Cauca, Cundinamarca, Eje Cafetero y los Llanos Orientales.

4. De esta manera se avanza en el cumplimiento de la orden que en esta materia impartió el Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por la Procuraduría General de la Nación; la Fiscalía General de la Nación; los ministerios del Interior y de Justicia, Defensa Nacional, Educación, Protección Social y Relaciones Exteriores; el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional.

Bogotá, 25 de febrero del 2010”


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 18 feb (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 522 de 17 de febrero de 2010, por medio del cual delega 32 funcionarios que tienen la misión de garantizar que los comicios estén rodeados de imparcialidad, transparencia, seguridad y las demás garantías institucionales.

2. Los delegados deben coordinar con las entidades territoriales a su cargo la realización adecuada del certamen electoral. Para ello, se reunirán con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretario de Gobierno departamental y organismos de seguridad, para verificar la ejecución del Plan Democracia dispuesto para las elecciones 2010.

3. Los delegados harán recomendaciones, sugerencias u observaciones a las autoridades electorales y organismos de control del nivel departamental, en procura del mejor desarrollo de los comicios.

4. Además, observarán el proceso electoral desde el Puesto de Mando Unificado, sobre cualquier novedad que pueda alterar los comicios.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 13 ene (SP). El Gobierno Nacional informa a la opinión pública que:

1. El Presidente de la República ha designado al Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, en su calidad de Coordinador del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, para que a través del Comité Nacional se lleven a cabo las gestiones para el envío prioritario de ayudas humanitarias al pueblo de Haití, de acuerdo a la solidaridad expresada por el Gobierno tras el terremoto que sacudió a ese país en las últimas horas.

2. Por lo anterior, el Ministro del Interior y de Justicia ha convocado para hoy a las 2:00 p.m. en su despacho, una reunión extraordinaria a la cual asistirá la Cancillería y el Comité Nacional de Atención de Desastres, conformado por los ministerios de Hacienda, Defensa, Protección Social, Comunicaciones, Transporte, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las direcciones del Departamento Nacional de Planeación, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Dirección de Gestión del Riesgo, y los representantes de Camacol y la Federación Nacional de Cafeteros.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 12 ene (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite comunicar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional acata las decisiones y respeta los análisis jurídicos emitidos por los órganos de control del Estado. En este sentido, reconoce y valora la importancia del concepto rendido por el Procurador General de Nación, a través del cual el Ministerio Público solicita a la Honorable Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca al pueblo a un referendo para reformar la Constitución Política.

2. El Gobierno Nacional reafirma el respeto y acatamiento a la independencia y autonomía de la rama judicial y sus decisiones.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Tras la sanción presidencial de la Ley 1368 de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia se permite informar a la opinión pública que:

1.La norma señalada establece un aumento en la base para calcular los honorarios de los concejales, excepto los de Bogotá, el cual estará sujeto a la categoría del municipio y al número de sesiones a las que asistan.

De esta manera, de la tercera a la sexta categoría, las sesiones aumentan en 70 ordinarias y hasta 20 extraordinarias, mientras que para los municipios de categoría especial, primera y segunda se pagaran 150 sesiones ordinarias y hasta 40 extraordinarias por año.

2. Según la Ley 1368 de 2009, el cálculo de dichos honorarios se realizará conforme a la siguiente tabla:

CATEGORÍA

HONORARIOS POR SESIÓN

Especial

$347.334

Primera

$294.300

Segunda

$212.727

Tercera

$170.641

Cuarta

$142.748

Quinta

$114.967

Sexta

$86.862

Además, establece que a partir del primero de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en la tabla se incrementarán en un porcentaje equivalente a la variación del IPC durante el año inmediatamente anterior.

3. La nueva normatividad modifica el artículo 67 de la Ley 136 de 1994, al estipular que se cubrirá la totalidad de los gastos de transporte a los concejales de municipios de categoría 4, 5 y 6, que residan en zonas rurales y que deban desplazarse a la cabecera municipal para asistir tanto a sesiones plenarias como a comisiones.

4.Otro cambio importante que introduce la Ley 1368 de 2009 es la modificación y la reducción hasta cero de la tarifa de retención en la fuente para los cabildantes.

El cálculo de la retención en la fuente se efectúa por período sesionado en Unidad de Valor Tributario o UVT´s, de la siguiente forma: los que devenguen menos de 100 UVT´s no pagarán retención en la fuente. Los que devenguen menos de 150 UVT´s  pagarán sólo el 2 por ciento. Esta tarifa beneficiará a cerca del 90 por ciento de los concejales del país

5.Por otra parte, el Fondo de Solidaridad Pensional de la Nación subsidiara los aportes a la pensión de los concejales de cuarta a sexta categoría que no demuestren otros ingresos diferentes a los de su calidad de honorarios. La aplicación de este artículo es complementaria con el documento Conpes 3605 de 2009.

6. Otro aspecto importante contemplado en esta nueva ley, es que los concejales podrán ejercer su profesión u oficio sin restricciones, siempre y cuando no interfiera con sus funciones ni trate asuntos relacionados con el municipio o entidades descentralizadas.

7. La capacitación y la educación superior de los concejales en asuntos como la defensa del patrimonio ecológico, régimen municipal y prestación de servicios será gratuita a través del Sena y la Escuela de Superior de Administración Pública (Esap). Así mismo, el Ministerio de Educación desarrollará programas especiales de educación superior gratuitos para cabildantes.

Bogotá, 4 de enero de 2010.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 28 dic (SP). El Ministerio del Interior y de Justicia se permite informar a la ciudadanía que:

1. El censo electoral es el total de ciudadanos colombianos habilitados para votar y se actualiza diariamente con la información de los ciudadanos que cumplen 18 años de edad; de los que fallecen, adquieren la nacionalidad colombiana o renuncian a ella; de los que son condenados en sentencia judicial que incluyan la interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo determinado, y de aquellos que ingresan a la Fuerza Pública. Debido a su naturaleza variable, para cada certamen electoral debe ser adoptado uno nuevo.

2. La ley electoral prevé que dentro de los 3 meses anteriores a cada certamen electoral la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá publicar el listado de los ciudadanos habilitados para votar.

3. En cumplimiento del mencionado mandato legal, la Registraduría informó en su página de Internet, el 24 de diciembre de 2009, que 29.882.147 ciudadanos están habilitados para participar en los próximos comicios electorales del 14 de marzo de 2010. Este es el número de los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones de Senado de la República, Cámara de Representantes y Parlamento Andino (5 representantes).

4. A partir del 24 del diciembre de 2009, los ciudadanos cuentan con el plazo de un mes para interponer reclamos con respecto a la información publicada, ya sea porque allí figuran personas que han muerto o porque ha sido omitido el nombre de ciudadanos habilitados. Una vez vencido este plazo, la Registraduría debe publicar el censo, ajustado de acuerdo con las reclamaciones formuladas.

5. Además de la facultad de la ciudadanía de impugnar el Censo Electoral, la Ley 1365 de 2009 le otorga a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a partir del primero de enero de 2010, la competencia y la obligación de corregir de oficio los Registros Civiles que sean inconsistentes y de cancelar las cédulas de ciudadanía de las personas fallecidas. Esta información deberá ser incorporada dentro del censo definitivo que publique la Registraduría.

6. Para los certámenes electorales posteriores a los del 14 del marzo del 2010, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe agotar el procedimiento antes descrito, lo que implica expedir un nuevo censo, depurado de la manera que se ha venido indicando.

7. Por la razón anotada, la Registraduría expedirá un nuevo censo para las elecciones presidenciales y otro para la realización de los referendos que deban llevarse a cabo, una vez surtido el trámite ante la Corte Constitucional.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

El Ministerio del Interior y de Justicia se permite informar que hoy se reunió el Consejo Superior de la Carrera Notarial, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia de Unificación 913-09 del 11 de diciembre de 2009 de la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional, referente al Concurso de Notarios.

En este sentido, el Consejo ordenó el cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto de la parte resolutiva de la SU-913-09, y dar trámite a los numerales 18 y 19, los cuales establecen lo siguiente:

–      Sexto. Ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial  que en un término perentorio de 48 horas contadas a partir del siguiente a la notificación de la presente providencia, revoque el Acuerdo 163 de septiembre de 2008, por el cual se suspendieron los artículos tercero de los Acuerdos 124, 142 y 150 de 2008, que ordenaban comunicar a las entidades nominadoras las listas de elegibles para efectuar los nombramientos en propiedad de los modos de Barranquilla, Bogotá y Medellín, respectivamente”.

–      Décimo Octavo. Ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial que una vez seleccionados los mejores puntajes de las listas de elegibles en orden descendente por Círculo Notarial de acuerdo con el número de notarías por proveer para cada Círculo, estas sean distribuidas atendiendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 588 de 2000, el inciso 2 del artículo 4 del Decreto 3454 de 2000 y demás normas concordantes y reglamentarias. En ningún caso podrá excluirse a quien por su puntaje tenga derecho a una notaría bajo el pretexto de que las notarias señaladas como de preferencia fueron ocupadas, pues en ese caso se deberá asignar la notaría que se encuentre disponible en estricto orden descendente de puntaje. 

–      Décimo Noveno. Ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial que en un término perentorio de cinco (5) días  hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, remita a las autoridades nominadoras las listas de elegibles contenidas en los Acuerdos 112, 124, 142, 150 de 2008 y 167 de 2009, en relación con las cuales se indique de manera precisa qué personas de las que ocuparon los primeros lugares en las listas de elegibles, en estricto orden descendente, deben ocupar el cargo de notario en propiedad en los diferentes Círculos Notariales, así como la indicación de las notarías en que deben ser nombrados, según se señala en el numeral precedente, con el fin de que se efectúe la designación de todos aquellos participantes que aún no han sido nombrados teniendo derecho a ello de acuerdo con las listas de elegibles y/o se modifiquen los actos administrativos de quienes ya han sido nombrados en propiedad, en el sentido de confirmar su nombramiento y precisar la notaría que por puntaje y orden de preferencia corresponda a cada uno.

Cabe recordar que a través del Acuerdo 163 de septiembre de 2008, se elaboraron los listados de los aspirantes para ser designados como Notarios y el orden de elegibilidad.

El desarrollo del concurso se vio afectado ante la proliferación de las decisiones judiciales que modificaron los mencionados listados.

La Honorable Corte Constitucional dispuso en el numeral séptimo de la parte resolutiva de la SU-913-09 lo siguiente:

“Séptimo. Reconocer firmeza y fuerza ejecutoria de los Acuerdos Número 112 de 31 de enero de 2008 –Región Bucaramanga- publicado en el Diario Oficial 46895 el 7 de febrero de 2008; 124 –Región Barranquilla- publicado en el Diario Oficial 46931 de 14 de marzo de 2008; Acuerdo 142 de 9 de junio de 2008 –Región Bogotá- publicado en el Diario Oficial No.47016 del 10 de junio de 2008; Acuerdo 150 de 2 de julio de 2008 –Región Medellín- publicado en el Diario Oficial No. 47.045 del 9 de julio de 2008 y Acuerdo 167 de 24 de septiembre de 2008 –Región Cali- publicado en el Diario Oficial No.47128 de 30 de septiembre de 2008, respecto de las cuales únicamente serán admisibles las modificaciones que ya se surtieron y que derivaron de la corrección de errores aritméticos, el reconocimiento de inhabilidades y el retiro forzoso en atención a la edad de los participantes”.

En consecuencia la Corte Constitucional avaló las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Por ello a partir de la fecha se iniciará el proceso para la expedición de los decretos por los cuales se da cumplimiento al fallo de la H. Corte Constitucional.

 


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

A raíz de las declaraciones de la Secretaria de Gobierno Distrital, Clara López Obregón, sobre la seguridad de los ediles, el Ministerio del Interior y de Justicia se permite informar y aclarar que:

1. El Ministerio del Interior y de Justicia lidera un Programa de Protección de apoyo al Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 y reglamentado por el Decreto 2816 de 2006, cuyas responsabilidades en materia de seguridad y protección personal son desarrolladas conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado y las demás entidades del orden nacional y territorial que se consideren pertinentes.

2. Según dicha normatividad y las categorías allí establecidas, la protección a los ediles no se encuentra incluida explícitamente. Por tal motivo, le corresponde al Distrito coordinar las medidas de protección pertinentes, con apoyo de la Policía Nacional, dada la competencia constitucional de esa institución.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 8 oct (SP). De acuerdo con la decisión tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes y siguiendo las instrucciones del Ministro del Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de Estupefacientes inició este jueves 8 de octubre el proceso de entrega en administración de los bienes que estaban bajo su cargo, a la recientemente creada Sociedad de Activos Especiales (SAE) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Esta Sociedad será la encargada de la administración y venta de los bienes incautados y con extinción de dominio, para que de esta manera la Dirección Nacional de Estupefacientes se convierta en coordinadora de la política antidrogas del país.

Hoy se inicia la primera fase de este proceso, con la entrega de cerca de 20 mil inmuebles urbanos y rurales, así como la concertación del cronograma de entrega de las sociedades, fase que se dará en un plazo máximo de seis meses.

La segunda fase consistirá en la entrega de bienes muebles entre los que se encuentran vehículos, aeronaves, sustancias químicas, dinero y obras de arte, una vez culmine el proceso de la primera fase, sin perjuicio que puedan adelantarse gestiones para hacer este tránsito previamente.

A partir de hoy la Dirección Nacional de Estupefacientes no asignará depositarios provisionales de bienes urbanos ni rurales, responsabilidad que recaerá en la Sociedad de Activos Especiales, que para el efecto se apoyará principalmente en las inmobiliarias del país.

Los actuales depositarios provisionales de los bienes quedarán sometidos a las políticas que fije la SAE, entidad que decidirá su permanencia o no en el ejercicio de esta función.

De igual manera, esta entidad deberá asistir a las diligencias de incautación que adelante la Fiscalía, en representación de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El Doctor Edgar Pinto Hernández, en su calidad de gerente general de la SAE, asumirá desde hoy la responsabilidad histórica de administrar con carácter gerencial, los bienes incautados y extinguidos al narcotráfico.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 6 oct (SP). El Ministro del Interior y de Justicia comunica a la opinión pública que como parte del proceso de reestructuración al que viene siendo sometida la Dirección Nacional de Estupefacientes, ha dado precisas instrucciones a su Director, doctor Omar Figueroa, para proceder a la entrega de los bienes que venían siendo administrados por la entidad, a la recientemente creada Sociedad de Activos Especiales,  adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual estará encargada de la administración y venta de los bienes incautados y con extinción de dominio, para que de esta manera la Dirección de Estupefacientes se convierta en la coordinadora de la política antidrogas del  país.

También ha dado precisas instrucciones, para que el Director de la DNE, en un trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de inteligencia y de Policía Judicial, apoye  las medidas necesarias para investigar y judicializar a las personas que han sido objeto de denuncias en relación  con actos de corrupción en esa entidad.

El resultado será dado a conocer a la opinión pública, una vez los entes investigadores hayan procedido a la judicialización correspondiente.

Asimismo, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el señor Ministro del Interior y de Justicia, aprobó realizar una encuesta de consumo en escolares, para actualizar la que se realizó hace 5 años.

En una alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf),  se realizará un estudio sobre la relación que existe entre consumo y aumento de la delincuencia juvenil.

El Consejo Nacional de Estupefacientes ratificó el apoyo para la campaña que lanzará el Ministerio del Interior y de Justicia, bajo el lema: Colombia, territorio libre de drogas.


 
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Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 23 jun (SP). Las ramas del poder público tienen funciones separadas, autónomas e independientes. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución, deben colaborar armónicamente para realizar los fines propios del Estado.

En este espíritu y consultando los más altos propósitos de la Nación, el Gobierno Nacional reclama la atención de los tres poderes públicos y de la sociedad toda, para reflexionar a profundidad sobre la necesidad de fortalecer al Congreso de la República. Es por ello que ha tomado la iniciativa de abrir el debate sobre la conveniencia y alcances de varias reformas constitucionales y legales, orientadas a fortalecer el Congreso mismo en sus funciones, y a modificar el régimen de juzgamiento de sus miembros.

1. Fortalecimiento del Congreso de la República

a. Cambio de las calidades para ser Senador de la República, haciendo más exigentes los requisitos. Se propone retomar algunos de los exigidos por la Constitución de 1886.

b. Estatuto de garantías a la oposición.

c. Creación de una instancia congresional de apoyo técnico y académico al Congreso.

d. Creación de una instancia congresional de seguimiento y evaluación a la implementación de las leyes.

e. Revisión del reglamento del Congreso (Ley 5ta. de 1992).

2. Régimen de juzgamiento a miembros del Congreso

a. Creación constitucional de la doble instancia en el juzgamiento a los miembros del Congreso y eventualmente en el juzgamiento a los funcionarios con fuero constitucional, según lo planteado por las Sentencias C-934 de 2006 y T-1246 de 2008, de la Corte Constitucional.

b. Revivir la figura de la Inmunidad Parlamentaria (hoy vigente en varios países europeos como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, Suiza, Inglaterra, Países Bajos, y latinoamericanos como Chile, Argentina, Costa Rica y Brasil, Estados Unidos y Canadá), con el propósito de evitar que los congresistas sean detenidos y juzgados por razones políticas.

c. En caso de no quererse restablecer la figura de la inmunidad parlamentaria, se propone considerar la creación de un Juez de Control de Garantías para los Congresistas y eventualmente para funcionarios con “Fuero Constitucional”. El control de garantías podría estar en cabeza de la Corte Constitucional o bien del Consejo de Estado.

d. Fortalecimiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en su función investigativa.

 

Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se ha reducido en un 84 por ciento el asesinato de concejales. El Gobierno ha dado protección a 1.412 concejales. En el Caquetá todos los concejales que lo han pedido tienen esquemas de protección. El Gobierno pide prudencia y responsabilidad en las informaciones sobre la seguridad de los concejales.

Bogotá, 11 abr (SP). El siguiente es el comunicado emitido, este sábado 11 de abril, por el Ministerio del Interior y de Justicia.

“El Ministerio del Interior y de Justicia, de manera coordinada con la Policía Nacional y las autoridades locales, ha venido atendiendo de manera directa y permanente a todos los concejales del país, en aras de fortalecer su seguridad personal y prevenir hechos de violencia contra su vida en el ejercicio de su noble función pública.

A través del Programa de Protección en Derechos Humanos del Ministerio, se han asignado los esquemas de protección individuales y colectivos a 1.412 beneficiarios, con medidas como chalecos, apoyos de reubicación y transporte.

De manera puntual, en el departamento del Caquetá a todos los concejales que han pedido protección les ha sido asignada, de acuerdo con el estudio de nivel de riesgo que hacen el DAS y la Policía.

En total han denunciado formalmente amenazas 73 concejales de todo el país.

Entre 2002 y 2009, la reducción de homicidios de concejales es del 83,75 por ciento: de 80 concejales asesinados en 2002 a 13 en 2008.

Los esquemas de protección colectivos han fortalecido las labores de prevención y protección de los concejales, con el apoyo de la Fuerza Pública, mediante la definición de mapas de seguridad territoriales, diferenciando niveles de riesgo y cobertura por municipio.

Solamente 21 municipios, que representan el 1,9 por ciento del total del país, presentan riesgo extraordinario; 129, que representan el 11,7 por ciento, tienen un nivel de riesgo alto.

En 384 municipios, que representan el 35 por ciento nacional, el riesgo es prácticamente inexistente.

El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, llama a la prudencia y la responsabilidad en las declaraciones que se hagan sobre el tema, con el fin de no exponer la seguridad de los honorables concejales con información parcial, fragmentada o imprecisa, y a actuar con la mayor rigurosidad en la lectura del tema ante la opinión pública, para salvaguardar el derecho a la vida de los servidores de la patria”.

Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Continuando con su esfuerzo por encontrarle una solución concertada a la problemática de Emsirva, la empresa de recolección de residuos de la ciudad recientemente liquidada por la Superintendencia de Servicios Públicos, el Gobierno Nacional –representado por el Ministro de Interior y de Justicia y la Ministra Consejera de la Presidencia- se desplazó una vez más a Cali.

Luego de una prolongada discusión con el Alcalde y el Director del Dagma de la ciudad, Gobierno y Alcaldía acordaron una solución coordinada e integral para la operación del servicio de aseo: una estrategia para el cierre del Basuro de Navarro, la recolección de escombros, el mantenimiento de zonas verdes, la vinculación de los ex trabajadores de Emsirva y recicladores de Navarro, contaron con el respaldo de ambas partes.

Si embargo, aún continúan las discusiones para los temas relacionados con la manera de llevar a cabo la licitación pública para contratar el cuarto operador que prestaría el servicio en la zona 1, inicialmente operada por Emsirva , así como la manera definitiva para crear un vehículo empresarial del municipio para asegurar la normalización del servicio.

Cali, 3 de abril de 2009.

Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 9 nov (SP). “Reunidos en el despacho del Personero de Cali, Dr. Manuel Torres Moreno, los suscritos Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Fabio Valencia Cossio; el Vicefiscal General de la Nación, Dr. Guillermo Mendoza Diago; el Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez; el Alcalde de Cali, Dr. Jorge Iván Ospina, y la Directora del CTI en el Valle del Cauca, Dra. Martha Yaneth Mancera, se permitieron informar a la opinión pública:

1. Que el día 8 de noviembre de 2008 se reunieron en el despacho del Personero de Cali, con el fin de evaluar la información relacionada con el hecho de que a la fecha, en lo que va transcurrido del 2008, se han presentado 392 denuncias sobre presuntos actos de desaparición en el municipio de Cali, por diferentes causas que pueden ser trata de personas, migraciones ilegales u otras.

2. El asesor de la Administración Municipal de Cali, Jaime Sierra, informo de la ocurrencia de 7 casos de muertes violentas durante el 2007, que podrían estar relacionadas con conductas constitutivas de presuntas ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar tiene que esclarecer la Fiscalía General de la Nación.

3. El Alcalde de Cali ofrece el acompañamiento de la Administración Municipal a quienes han perdido sus seres queridos, en hechos violentos que ya son investigados por la Fiscalía General de la Nacion.

4. El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Interior y Justicia, ofrece todo el apoyo a los cuerpos de investigaciones del Estado para que adelanten muy rápidamente las investigaciones correspondientes, se establezcan las circunstancias que rodearon estos lamentables hechos y se impongan las sanciones correspondientes. Asimismo, expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y su voluntad de ofrecerles el acompañamiento a que tienen derecho.

5. El Defensor del Pueblo dispondrá la presencia en esta y demás regiones del país de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Asistentes:

Dr. Fabio Valencia Cossio
Ministro del Interior y de Justicia

D. Manuel Torres Moreno
Personero de Cali

Dr. Volmar Pérez
Defensor Nacional del Pueblo

Dr. Guillermo Mendoza Diago
Vicefiscal General de la Nación

Dr. Jorge Iván Ospina
Alcalde de Cali

Dra. Martha Yaneth Mancera
Directora del CTI del Valle del Cauca

Carlos Marino Zapata Bonilla
Director Operativo del Ministerio Público, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Jaime Sierra Delgadillo
Asesor de la Administración Municipal de Cali".

Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 14 oct (SP). El Gobierno Nacional y, previa consulta telefónica, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, frente a la reiterada solicitud del movimiento sindical representado en Asonal Judicial y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se comprometen a viabilizar las siguientes peticiones, siempre y cuando Asonal Judicial suspenda el paro de la Rama Judicial:

1. Estudiar e identificar nuevas fuentes de financiación al presupuesto general de la nación, que permitan elevar a $150.000 millones la propuesta de incremento salarial de la Rama Judicial.

2. En el mes de mayo de 2009 el Gobierno Nacional y Asonal Judicial examinarán la viabilidad de un nuevo ajuste salarial, de acuerdo con el comportamiento de las principales variables económicas y fiscales (comportamiento del recaudo tributario, del crecimiento económico, de la inflación y de la situación de financiamiento público).

3. El Consejo Superior de la Judicatura acepta efectuar el pago del sueldo de todos los funcionarios y empleados, a quienes reinicien sus labores a más tardar el 16 del mes en curso, previo compromiso de reposición del tiempo dejado de laborar durante el paro, de la siguiente manera: el 50% dentro de los 3 (tres) días siguientes al reintegro de labores debido al proceso de la nómina, y el otro 50% previo el cumplimiento del cronograma para la reposición del tiempo no laborado, que contemple proferir las sentencias no dictadas a raíz del cese de actividades.

4. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó indagación preliminar el viernes pasado, a la luz del Decreto 2930 del 08, y le comunica a la Rama Judicial que si se reintegran a sus labores dentro de los próximos 3 (tres) días, la anunciada indagación perderá sus efectos jurídicos.

5. La Fiscalía General de la Nación ratifica su compromiso de adelantar las gestiones que dentro de la Constitución, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Ley, permitieran extender la fecha de publicación del listado definitivo de elegibles, hasta el 31 de diciembre de 2008 si fuera necesario. Por su parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se compromete a aplicar el concurso para empleados de manera gradual.

6. Los demás temas del pliego de peticiones presentados por Asonal Judicial, se discutirán en los meses siguientes a la suscripción del acuerdo, en el marco de la mesa de concertación conformada para el efecto, la cual se reunirá permanentemente mientras se concreta este acuerdo, y posteriormente como mínimo una vez al mes.

Por su parte, Asonal Judicial y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se comprometen a someter a consideración de las bases de la Rama Judicial, los puntos anteriormente planteados, y dar una respuesta a más tardar el próximo 15 de octubre, con el fin de suspender o no el paro de la Rama.

POR EL GOBIERNO NACIONAL:

Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior y de Justicia

Carolina Soto, Directora de Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda)

Nota: Fueron consultados telefónicamente y dieron su aprobación al presente texto, el Señor Fiscal General de la Nación, Doctor Mario Iguarán Arana; el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Doctor Jesael Antonio Giraldo y el Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Doctor Angelino Lizcano.

POR ASONAL JUDICIAL Y LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT):

Fabio Hernández, Presidente de Asonal Judicial

Tarsicio Mora, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Firmado en Bogotá D.C., el 14 de octubre de 2008.

Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, durante la lectura del comunicado de prensa. Foto: MinInterior

 

“El Ministro del Interior y de Justicia se niega a creer informaciones periodísticas según las cuales un vehículo entregado para la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de un sindicalista haya sido puesto al servicio de Bandas Criminales”, dice un aparte del comunicado.

Bogotá, 29 ago (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, indicó este viernes que de acuerdo con información de la Dirección de Derechos Humanos de esa cartera, el vehículo marca Mitsubishi, de placas COH 012, fue entregado en comodato al DAS mediante contrato número 003 del 26 de diciembre de 2007. “Dicho vehículo –precisó el funcionario- fue asignado para el esquema de protección de un sindicalista de Chigorodó (Antioquia)”.

“El Ministro del Interior y de Justicia se niega a creer informaciones periodísticas según las cuales un vehículo entregado para la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de un sindicalista haya sido puesto al servicio de Bandas Criminales”, puntualizó el funcionario.

Este es el texto del comunicado del Ministro del Interior y de Justicia:

El Ministro del Interior y de Justicia Informa a la opinión pública:

1. Que desde el año 1997 existe un programa de protección para poblaciones vulnerables. Actualmente atiende a 8.517 personas.

2. En la vigencia de 2007 se invirtieron 75.000 millones de pesos en la protección de personas objeto del programa. En lo que va corrido del año, se han ejecutado recursos por 45 mil millones de pesos para ese propósito.

3. Dentro de las medidas de protección se encuentran los esquemas móviles, cuya parte operativa está a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

4. La Dirección de Derechos Humanos de este Ministerio, a cargo del doctor Rafael Bustamante Pérez, me informó que el vehículo marca Mitsubishi, de placas COH 012, fue entregado en comodato al DAS mediante contrato número 003 del 26 de diciembre de 2007. Dicho vehículo fue asignado para el esquema de protección de un sindicalista de Chigorodó, Antioquia.

5. El Ministro del Interior y de Justicia se niega a creer informaciones periodísticas según las cuales un vehículo entregado para la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de un sindicalista haya sido puesto al servicio de Bandas Criminales.

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2008

Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, 22 mayo (SP). “Concluida la etapa preliminar de las investigaciones que personalmente he ordenado con relación al manejo que se le dio a los computadores de las personas que fueron extraditados en la madrugada del martes 13 de mayo debo informar:

1. Los computadores que se le habían autorizado a Nodier Giraldo Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo y Eduardo Enrique Vengoechea en el establecimiento de Barranquilla, estuvieron bajo custodia del Director de la Regional Norte que estuvo al frente de la operación desde el momento mismo de la extradición hasta la entrega a la Fiscalía la que ocurrió el jueves 15 de mayo al final de la tarde.

2. Los computadores que se le habían autorizado a Diego Fernando Murillo Bejarano y Francisco Zuluaga Lindo en el establecimiento La Picota de Bogotá, estuvieron bajo custodia de la Directora del Establecimiento y la Policía Judicial del mismo, desde el momento de la extradición hasta cuando fueron entregados a la Fiscalía el jueves 15 de mayo en las horas de la tarde.

3. En cuanto a los computadores autorizados en el Establecimiento de Itagüí:

A) Como se ha informado ya, el computador de Salvatore Mancuso Gómez, salió del establecimiento carcelario con las debidas autorizaciones desde el día 6 de mayo. Entre el 6 y el 10 de mayo al interno se le autorizó el uso de un computador “prestado” que se retiró el 10 porque iba a ingresar el propio, cosa que no sucedió.

B) El computador autorizado a Edwin Mauricio Gómez Luna, fue entregado por Sandra Patricia Gil Pamplona a la Directora del Establecimiento de Itagüí en la tarde del martes 13 y estuvo bajo su custodia hasta la entrega a la Fiscalía.

C) El computador autorizado a Juan Carlos Sierra, Ramiro Vanoy, Diego Alberto Ruiz Arroyave y Guillermo Pérez Alzate, fueron recibidos y puestos bajo custodia de la Directora del Establecimiento el día 14 de mayo a las 8:15 horas de la mañana y permanecieron bajo esa custodia hasta cuando fueron entregados a la Fiscalía en diligencia ocurrida el jueves 15 de mayo en las horas de la noche.

D) El computador autorizado a Ramiro Vanoy se encontró sin disco duro y como se le informó a la Fiscalía oportunamente, a él tuvieron acceso familiares de Vanoy. Hoy, jueves 22 de mayo, en requisas hechas por la Policía Judicial del Inpec, han aparecido dentro de la Biblioteca del Pabellón de Justicia y Paz un disco duro y siete sim-card abandonadas, material que se ha puesto a disposición de la Fiscalía.

Por tanto, la investigación concluye hasta ahora que estos computadores en Itagüí no estuvieron bajo custodia de la Policía Judicial del Inpec entre las 4 de la mañana del martes 13 y las 8 de la mañana del miércoles 14 y que a ellos pudieron tener acceso irregular otras personas.

Las eventuales responsabilidades, omisiones o descuidos que pudieron cometerse deben ser objeto de investigación y de la correspondiente sanción disciplinaria.

4. El 15 de mayo en las horas de la tarde ingresaron funcionarios de la DIJIN y Fiscales de Justicia y Paz a recibir los elementos encontrados en cada una de las celdas, diligencia que se completó con la entrega del material en cada uno de los establecimientos. Corresponde ahora esperar que los organismos técnicos certifiquen el contenido de los computadores".

COMUNICADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

 

COMUNICADO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Bogotá, 22 ene. (SNE).- El siguiente es el comunicado
de prensa, expedido este sábado por el Ministro
del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt De la Vega:

“El Ministerio del Interior y de Justicia en desarrollo
del programa de construcción de nuevos cupos carcelarios
para resolver el hacinamiento existente en los establecimientos
que maneja el Inpec, ha planteado construir una penitenciaria
en el departamento de Córdoba.

Dicho establecimiento tendrá un estricto reglamento
y diseño acorde con las normas de máxima
seguridad del Inpec, y en él podrán ser recluidas
las personas a quienes se les apliquen las penas que fije
el tribunal de verdad, justicia y reparación, sí el
Congreso de la República aprueba el proyecto de
ley, que sobre la materia se discutirá próximamente
en las sesiones del Senado y la Cámara de Representantes.

El Gobierno seleccionará, con la asesoría
de organismos internacionales, la ubicación exacta
del establecimiento y para ello, se tendrán en cuenta
los terrenos incautados o que sean entregados en el proceso
de paz.

El diseño definitivo y la contratación de
la construcción de la penitenciaria, solo se hará cuando
sea aprobado el proyecto de ley de verdad, justicia y reparación.
A la fecha, se están analizando las alternativas
para hacer estudios topográficos preliminares.

FIRMADO

Sabas Pretelt De la Vega

Ministro de Interior y Justicia

Bogotá, enero 22 de 2005”

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