Las siguientes son algunas de las objeciones que ha presentado el partido político, Centro Democrático, -cuyo líder es el expresidente Álvaro Uribe Vélez-, a los documentos publicados por el Gobierno colombiano frente a lo que ha acordado con el grupo terrorista Farc en La Habana, Cuba.
Bogotá, 5 de noviembre de 2014 (CD). El Gobierno de Juan Manuel Santos negocia la agenda nacional de 47 millones de colombianos con un grupo terrorista que no tiene representación social ni política. Por el contrario, son narcotraficantes que han asesinado, secuestrado, y atacado deliberadamente al pueblo colombiano durante años, incurriendo en delitos de lesa humanidad.
Para el Centro Democrático, negociar con el terrorismo la agenda del país significa validar el uso de la violencia como forma de lograr resultados políticos, además de significar una injusticia con la democracia y los partidos políticos que respetan la legalidad y la convivencia pacífica.
Como partido, hemos hecho la advertencia de que los diálogos de paz de La Habana podrían prolongarse indefinidamente. El grupo terrorista de las Farc insiste –sin que el Gobierno lo rechace-, en que además de los acuerdos provisionales ya publicados, existen al menos “28 temas nuevos pendientes por discutir”, y sin cuya aprobación no firmarían un acuerdo definitivo. Entre esos temas están la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, la disminución del presupuesto militar y del tamaño de nuestras Fuerzas Militares, la revisión de la política minero-energética, el reordenamiento territorial, etc., cuya sola discusión con el terrorismo sería inadmisible para el país.
En esta negociación, es el Gobierno Nacional el que ha adquirido todos los compromisos. Las Farc han dicho que: “nosotros no hablamos de negociación porque como lo hemos repetido en diversos escenarios y momentos, nada tenemos que dar más allá de nuestros esfuerzos por conquistar la justicia social”. Es decir, en este proceso en Cuba, las Farc no adquieren ninguna responsabilidad, sólo el Gobierno.
Este grupo ilegal no ha dado muestras de paz. A pesar de las concesiones que el Presidente Juan Manuel Santos les ha dado para este proceso, siguen atentando en contra de los colombianos.
Las Farc siguen asesinando soldados, policías y civiles, reclutando menores, sembrando minas antipersonales, atentando contra la infraestructura y siguen siendo el primer cartel de drogas del mundo. La posición de nuestro partido, es que los guerrilleros que cometen estos crímenes de lesa humanidad no deben tener una silla en el Congreso, como lo pretende el Gobierno Nacional. Desde que inició el proceso, las Farc han hecho: 755 atentados terroristas, 318 civiles heridos; 99 civiles asesinados; 673 soldados y policías heridos y 627 asesinados.
¿Qué pasa con el desminado? El grupo terrorista no reconoce su responsabilidad exclusiva en el problema, pues hace muchos años que las Fuerzas Militares dejaron de utilizar esas minas. Sin embargo, en los acuerdos es el gobierno el que asume la responsabilidad en el financiamiento y ejecución del desminado.
No se exige al grupo terrorista Farc entregar sus bienes para reparar a las miles de víctimas que ha dejado su accionar terrorista.
Sin mostrar verdaderos gestos de paz, han sido trasladados a Cuba peligrosos cabecillas del grupo terrorista Farc, que tienen orden de captura internacional y que son responsables de asesinatos, secuestro y reclutamiento de menores para la guerra. Entre ellos, Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, quien está condenado a 118 años de cárcel por estos delitos y tiene en curso más de 70 procesos por narcotráfico, rebelión y terrorismo. Para el Centro Democrático es inaudito que este señor sea hoy uno de los interlocutores del Gobierno, de un país democrático, para negociar la agenda nacional.
Así mismo en los acuerdos, no se reconocen a las Farc como narcotraficantes, principal actividad que financia su terrorismo. Tampoco se comprometen las Farc a entregar cultivos ni rutas ni laboratorios para la elaboración de sustancias ilegales. Eso se constituye en una concesión al primer cartel de la droga en Colombia. Con ello, se multiplica la ilegalidad, se multiplican los cultivos ilícitos.
En los acuerdos ya firmados, no se contempla la entrega de los bienes derivados del narcotráfico, de esta manera se legalizaría la más grande operación de lavados de activos al grupo narcoterrorista.
Las Farc han insistido en que nunca entregarán las armas, pero aceptan que “dejarán” de usarlas solo cuando el gobierno haya cumplido todos sus compromisos: los 10 Planes Nacionales Rurales incluidos en el acuerdo podrían durar más de 20 años en ejecutarse.
La paz armada de las Farc es inadmisible. Con las concesiones, crearán un grupo político financiado por el narcotráfico y respaldado por las armas, atentando contra el orden democrático.
No existe un compromiso de las Farc de reparar económicamente los daños que durante décadas le ocasionó a decenas de miles de familias campesinas por desplazarlas de sus tierras, extorsionarlas y secuestrarlas.
El Gobierno aplicará extinción de dominio sin indemnización a los propietarios legítimos de las tierras que supuestamente no cumplan la función social y ecológica de la propiedad. Esto abre la puerta a la arbitrariedad, crea incertidumbre entre los inversionistas y, en consecuencia, retardará el desarrollo rural.
Se expropiarán tierras por motivos de interés social o de utilidad pública. Es una advertencia general de que ninguna propiedad legal tiene seguridad ni garantía jurídica de permanencia.
Las Farc ya han hablado de 20 millones de hectáreas que se deben repartir. En ese sentido, estos acuerdos apuntan a expropiar esos 20 millones de hectáreas de tierra a colombianos honestos para incluirlas en el Fondo de Tierras que ambos, Gobierno y Farc administrarán. Esto es inadmisible.
Por lo contrario, en ninguna parte aparece el compromiso de las Farc de entregar cerca de un millón de hectáreas que han expropiado a los campesinos a sangre y fuego durante años.
El Centro Democrático está de acuerdo en que Colombia salga adelante, reivindique la pobreza, cree equidad, pero lo que no podemos es eliminar las libertades democráticas, la iniciativa privada simplemente por capitular ante las Farc. Nosotros queremos la paz, no la claudicación del Estado democrático al grupo terrorista Farc.
Así mismo, el Gobierno pretende entregar al terrorismo territorios denominados Zonas de Reserva Campesina, que se convertirán en sus zonas de retaguardia estratégica. Las Farc buscan convertir estos territorios en corredores geoestratégicos para la movilización militar, de tráfico de armas, drogas, contrabando, además del adoctrinamiento de las comunidades que hagan parte de ellas.
Las Farc logran introducir en el acuerdo que las relaciones que “hubiesen” tenido con el narcotráfico fueron “en función de la rebelión”. Por ende, el gobierno acepta que la vinculación de las Farc con el negocio del narcotráfico puede considerarse un delito “conexo” con el de “rebelión”, es decir con el “delito político”, y por tanto ser objeto de indultos o amnistías.
También se contempla en los acuerdos que los narcotraficantes y terroristas de las Farc lleguen a ser alcaldes y gobernadores. A nosotros nos preocupa esta elegibilidad de delincuentes, pues en los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las Farc aparece claramente el narcotráfico como delito político. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, nos parece que es un precedente muy grave.
Tampoco estamos de acuerdo con la creación de circunscripciones especiales territoriales contempladas en los acuerdos, que buscan que hayan zonas electorales que serán definidas y en las que no podrá haber sino el partido político de las Farc.
La insistencia del acuerdo en la “no estigmatización” busca impedir que el terrorismo se llame por su nombre: terrorismo.
El Centro Democrático piensa que para negociar con los violentos se necesitan suspender acciones terroristas. Para negociar con el terrorismo, la única agenda es la desmovilización, reinserción y entrega definitiva de armas. Para negociar con el terrorismo se debe respetar la justicia para que no haya impunidad.
Todas las anteriores son reflexiones que exponen con claridad la posibilidad de que los diálogos se prolonguen indefinidamente y se logre una paz armada con impunidad, sin sanciones judiciales ejemplares, con el mayor cartel narcotraficante del mundo al que nada se le exige para reparar a sus víctimas, mientras el gobierno sumiso y derrochón de Juan Manuel Santos se va a Europa a pedir limosnas a unos países en austeridad, para financiar el llamado posconflicto e intentar levantar a las Farc la etiqueta de terroristas.
(Fin)