De manera soberbia, las Farc declararon hace pocos días, que sus miembros, incluidos sus jefes, no pagarán ni un día de cárcel por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad y de guerra. Nada nuevo. Es lo que han sostenido siempre. También dijeron que nunca entregarán las armas, algo que también han sostenido todo el tiempo.
El asunto es que en La Habana se está tratando de cerrar los puntos sobre las víctimas y sobre la responsabilidad de este movimiento con ellas, así como las condiciones en que esa organización haría política; y esas posiciones son claros inamovibles para esa guerrilla.
Pero el palo no está para cucharas. Kofi Annan dijo en Colombia que los posibles acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc no pueden pretermitir a la justicia porque la Corte Penal Internacional, CPI, intervendría. Luís Moreno, exfiscal de ese organismo, también lo advirtió hace poco, y Human Rights Watch ha alertado en varias ocasiones, una de ellas la semana pasada, que hay riesgo de impunidad en esta negociación. Por enésima vez, la comunidad internacional advierte sobre este punto. Antes, recordemos, la propia Fiscal de la CPN, Fatou Bensouda y el mismo señor Moreno habían advertido al gobierno sobre lo inaceptable que sería para ese organismo el hecho de que en La Habana se acordara impunidad para las Farc.
También, en los últimos días, Uribe y sus congresistas visitaron Estados Unidos y Europa para denunciar la perecuación política a la que era sometido su movimiento por el simple hecho de hacer oposición al gobierno de Santos en manifestar sus objeciones a estas negociaciones, que como todo el mundo sabe, se centran en denunciar la impunidad y el daño irreparable a las instituciones democráticas que dichos acuerdos producirían.
El señor Procurador, por su parte, volvió a sentar su posición en el exterior. En esta ocasión dijo algo que, desde mi punto de vista, pone en blanco y negro las limitaciones a los deseos del gobierno y las Farc: ni aquel, ni esta, son soberanos; lo que allí se concierte, no está por encima del ordenamiento internacional ni de la normatividad colombiana. Y si ésta, ablandada en cabeza de sus Cortes, osa pasar la frontera de la justicia para abrazar la impunidad, pues la ley internacional tendrá que ponerle coto a esa situación.
Los negociadores del gobierno están desesperados buscándole esguinces a los tratados internacionales firmados por Colombia. Por ejemplo, De la Calle cree, pensando con el deseo, que encontró uno en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012. Vana ilusión. Los del vecindario tampoco podrán apagarle el incendio, por la sencilla razón de que sus magistrados hacen parte de la comunidad global de derechos humanos y no se arriesgarían a desautorizar pronunciamientos tan serios y categóricos como los que la Corte Penal Internacional ha hecho.
Como siempre, el gobierno trata de cubrir en un manto de desinformación y distorsiones el real estado en que se encuentra el estado de la cuestión frente a sus obligaciones internacionales, vendiendo la idea de que todo está bien. Y últimamente, que el gobierno de los Estados Unidos apoya la negociación, hasta el punto de que nombró un representante ante la mesa de La Habana, queriendo dar a entender que ese país apoya la impunidad total que Santos y las Farc están negociando para ésta últimas. Pero no hay tal. Que los Estados Unidos tengan un representante en esa negociación habla del interés de ese país en desmontar el negocio del narcotráfico que fluye hacia su nación, del que las Farc son el principal responsable y mayor cartel del mundo. Pero de ahí no se sigue que esté en el papel de bendecir la impunidad que pretenden las Farc respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad y que impulsen la violación de las obligaciones que para Colombia se siguen de los tratados internacionales. Ni Estados Unidos, ni ningún otro país estarían en disposición de asumir tamaña responsabilidad.
No es haciéndole conejo a las instituciones internacionales, como Colombia alcanzaría una paz justa. Y a aquellos que dicen que con este tipo de argumentaciones sólo se torpedea el proceso y que de lo que se trata es ser propositivo, sólo les cabe una respuesta: nada es más proclive a un acuerdo justo que señalar las falencias que tiene el que se cocina en La Habana. Y si se quiere en afirmativo: lo que hay que hacer allí es lograr un acuerdo que garantice penas de prisión efectivas, dentro de los parámetros de la justicia transicional –es decir, con considerable reducción del tiempo de prisión- para los responsables de crímenes atroces. Eso para comenzar.
NOTA: Murió Leonard Nimoy, el señor Spock, medio humano, medio vulcano, explorador de universos desconocidos, lógico con capas de sensibilidad ocultas como en la cebolla. Si fuera creyente, diría que regresó a las Estrellas, a donde nos llevó de la mano.