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II CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES

II
CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS
LOCALES

Julio 27 de 2006 (Cali – Valle
del Cauca)

Compatriotas:

Queremos dar en nombre de todos
los colombianos nuestra bienvenida a todos ustedes
a este Congreso Latinoamericano
de Ciudades y Gobiernos Locales, de gran utilidad,
para que podamos intercambiar experiencias y mirar
de cara al futuro cómo seguimos mejorando, con
el apoyo de todos, el rendimiento de los gobiernos
locales.

Muchas gracias por acudir a
Cali. Nuestra ciudad alegre, nuestra ciudad de tanta
trascendencia para realizar
en ella este congreso. Son ustedes los alcaldes las
autoridades más cercanas al ciudadano.

El ciudadano, para cualquiera
de los problemas de la vida cotidiana, tiene que
acudir al alcalde. Es
la primera autoridad en quien piensa. Un problema de
orden público, e inmediatamente el alcalde aparece
en la angustia del ciudadano que busca solución.
Un problema de servicios públicos, un problema
de comunicación, un problema de vías,
un problema de educación, un problema de salud,
la reacción inicial del ciudadano es la búsqueda
del alcalde. Por eso el alcalde encarna la autoridad
inmanente al ciudadano, no la autoridad remota del
ciudadano.

¿Quién representa mejor a la ciudad
que el alcalde? ¿Quién exalta mejor a
la localidad que el alcalde? ¿Quién presenta
ante el mundo con más entusiasmo las características
de su ciudad que el propio alcalde? Lo hemos advertido
esta mañana al escuchar aquí la intervención,
llena de entusiasmo por su ciudad, esa expresión
genuina de amor por su tierra, del alcalde Apolinar
Salcedo Caicedo.

Colombia ha dado una larga
lucha por la democracia local. Nos demoramos en los
debates más de 100
años para tomar la decisión de que las
comunidades pudieran elegir directamente los alcaldes.

En 1863, ya algunas décadas después
de haber consolidado la Independencia, introdujo el
país una Constitución profundamente federal
que, de acuerdo como la interpretaron los propios constituyentes
y los analistas, consagraba todas las posibilidades
para que cada Estado Federal incluyera la elección
popular de sus alcaldes. No se hizo.

Posteriormente vino la Constitución del 86,
cuyo lema fue: “centralización política
y descentralización administrativa”, y
se relegó el tema de la elección popular
de alcaldes.

El Congreso del liberalismo,
reunido en Ibagué en
1923, después de que el país había
pasado por la azarosa experiencia de la Guerra de los
Mil Días, la triste separación de Panamá,
incluyó como primer punto de las reivindicaciones
políticas que requería la nación
la aprobación de la elección popular
de alcaldes.

Pasaron muchos gobiernos, de
uno y otro partido, y tampoco se incorporó.

Fue a principios de los años 80 cuando el senador
conservador Álvaro Gómez Hurtado introdujo
el acto legislativo que finalmente vino a incorporarse
en nuestra Constitución la elección popular
de alcaldes. Un largo debate.

Y se requirió posteriormente que llegara la
Constitución de 1991, para dar otro paso en
el proceso de reconocimiento a nuestro pueblo de los
derechos democráticos, con la aprobación
de la elección popular de gobernadores y con
la incorporación al texto constitucional de
un buen conjunto de disposiciones de democracia directa.

Esa Constitución trajo
a Colombia un equilibrado balance entre democracia
participativa y democracia
representativa, que es lo que hoy tenemos y que es
muy afortunado para el desarrollo del pluralismo colombiano.

Creemos que la elección popular de alcaldes
ha traído inmensas ventajas: la preocupación
del ciudadano por ayudar a elegir la autoridad más
cercana, la que siente como propia. La preocupación
del ciudadano por vigilarla y por ser exigente frente
a esa autoridad. En alguna forma se ha superado la
indiferencia ciudadana frente a la autoridad más
cercana, gracias a la elección popular de alcaldes.

Muchas personas que han criticado
los resultados deberían
entender que antes de la elección popular de
alcaldes no aparecían los problemas de los municipios
y de las ciudades como hoy aparecen.

La elección popular de los gobernadores, de
la autoridad local, de los alcaldes, es lo que ha permitido
que gracias al despertar de la participación
ciudadana afloren los problemas, se pongan sobre el
tapete y se obligue a un examen cuidadoso, muchas veces
agitado, en el cotidiano proceso de la democracia local.

Encontramos que una serie de
problemas que no se denunciaban, se empezaron a denunciar
Y también empiezan
a superarse. Y que todos los días hay más
cuidado de los ciudadanos por elegir mejores alcaldes.
Y que todos los días hay más cuidado
de alcaldesas y de alcaldes para producir mejores resultados.
El balance es bueno y el porvenir, todo indica, todavía
mejor.

Colombia ha dado grandes pasos
en materia de descentralización.
Por ejemplo, si miramos el tema fiscal, si sumando
recursos sobre los cuales hay controversias contables,
Colombia llegó a transferirle a las regiones
el 40,04 por ciento de los ingresos corrientes de la
Nación. Hoy transfiere aproximadamente el 34
por ciento de esos ingresos corrientes.

Hay que anotarlo muy claramente.
Esa transferencia año tras año ha crecido en valores reales,
y ese crecimiento ha sido muy importante. Lo que ocurre
es que en los últimos años las nuevas
reformas introducidas en el Gobierno Nacional en su
tributación, han logrado un mayor recaudo y,
por supuesto como lo expresara el Presidente de la
Federación Colombia de Municipios, el Alcalde
de Itagüí, ese mayor recaudo ha llevado
menos porcentaje del anterior a las entidades territoriales
y más a la Nación. Pero el cambio de
porcentaje en ningún momento ha implicado reducción
ni nominal, ni mucho menos real, de las transferencias
a las regiones que han seguido creciendo. Debate bien
importante en los meses que vienen.

Pero adicionalmente las regiones
colombianas, especialmente los municipios, son dueños de impuestos importantes.
La situación de los departamentos es más
difícil en cuanto refiere a sus rentas propias,
porque hay algunas con un cuestionado dinamismo. Pero
los municipios, además de recibir las transferencias
de la Nación, son dueños de rentas muy
dinámicas. Por ejemplo, son los dueños
exclusivos sobre la renta de la propiedad inmobiliaria,
son los dueños de una renta muy importante,
que es la renta de industria y comercio.

Allí hay grandes posibilidades de dinamismo
en el recaudo, y además de ello la Nación
contribuye permanentemente a lo que son los programas
de cofinanciación.

Todo esto hay que sumarlo,
porque es el consolidado de las rentas locales. Por
ejemplo, sin incluir esos
programas de cofinanciación, las rentas regionales
ya representan en Colombia aproximadamente dos y medio
puntos del PIB (Producto Interno Bruto), y eso tampoco
incluye las transferencias. Solamente los recursos
propios.

Yo creo que si ustedes lo miran
en el conjunto de la descentralización fiscal en el continente,
encontrarán que Colombia ha avanzado muchísimo.
Es país vanguardista en esta materia. Porque
cuando hablo con muchos de los alcaldes de ciudades
importantes de otros países, con sus presidentes,
me dicen que tienen un esquema de transferencias, en
unas partes, sin rentas propias. En otras partes un
sistema de recursos locales, pero con mínimas
transferencias.

Aquí hay un sistema creciente de transferencias,
un sistema de rentas propias con dinamismo, y a eso
se suman otras rentas, donde están, por ejemplo,
las recientemente creadas, como la participación
de los municipios y de los departamentos, con un impuesto
ad valorem en los combustibles y las cofinanciaciones
de la Nación.

En las cofinanciaciones de
la Nación quiero
destacar varias de gran importancia, por ejemplo, como
lo dijera el señor Alcalde de Cali, la Nación
cofinancia hoy el 70 por ciento de la construcción
de los proyectos de transporte masivo en Colombia.

Y en esos proyectos están involucradas la ciudad
de Bogotá, la ciudad de Cali, la ciudad de Pereira,
la ciudad de Bucaramanga (el alcalde Bucaramanga nos
acompaña en esta reunión), la ciudad
de Cartagena, la ciudad de Barranquilla, y también
algunas localidades como la ciudad de Itagüí y
la ciudad de Soacha, al sur de Bogotá. Allí hay
un gran esfuerzo del Gobierno Nacional.

Hoy estamos mejorando y pavimentando
2.500 kilómetros
de carreteras en Colombia. La inmensa mayoría
son carreteras de las regiones y de las localidades,
y, salvo dos o tres casos de cofinanciación,
eso se está financiando en su totalidad con
cargo al Presupuesto de la Nación.

Además, en el área social, la Nación
no se reduce a las transferencias. Permanentemente
hay adiciones presupuestales para el tema educativo,
para el tema de salud, para el tema de saneamiento
básico.

La Nación tiene la gran responsabilidad en
la financiación de la vivienda social. Por ejemplo,
un porcentaje importante de las transferencias se lleva
a saneamiento básico, y el Gobierno Nacional
ha reconocido que las necesidades desbordan esa partida.
Se han hecho esfuerzos con recursos adicionales de
la Nación muy grandes, que con la ayuda de Dios
continuáremos en el gobierno que empieza.

Nos proponemos presentar al
Congreso de la República
la proposición de que los recursos adicionales,
que aquí se llaman de audiencia pública,
para cuya definición participan gobernadores,
alcaldes, comunidad y Congreso de la República,
en un proceso abierto y transparente, en los cuatro
años de gobierno que empiezan, se lleven en
su totalidad a los programas de saneamiento básico:
acueductos, alcantarillados, problemas de basuras.
Todo esto son aportes adicionales de la Nación
a las entidades locales.

Y en el tema social hay otras
inversiones muy importantes de la Nación. Por ejemplo, en todo lo que es
nutrición infantil, en todo lo que es asistencia
a los ancianos, y en todo lo que es la asistencia a
las familias para garantizar la educación de
sus hijos.

Falta mucho, por supuesto,
pero si uno mira el conjunto, si uno mira las finanzas
del país, encontrará que
en su conjunto son unas finanzas ampliamente descentralizadas.

Yo creo que en la discusión que empieza, nosotros
tendremos -para saber cuál va a ser la nueva
regla de transferencias a las regiones-, nosotros tendremos
que hacer una juiciosa comparación internacional,
e invito a los alcaldes de mi Patria, a aprovechar
estos días en Santiago de Cali, para mirar cuidadosamente,
con sus colegas, los alcaldes visitantes, cuál
es el alcance de la descentralización fiscal
en América Latina, donde Colombia, y lo van
a mostrar las cifras que ustedes tendrán la
oportunidad de mirar, ha avanzado muchísimo.

Claro, tenemos grandes desafíos. En los próximos
años Colombia debe cumplir con las metas sociales
del milenio. El informe que se anticipa, de Jefrey
Sachs, a las Naciones Unidas, indica que Colombia cumplirá antes
de la fecha esas metas, salvo en algunas regiones.
Ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para
cumplir con la totalidad de las metas en la totalidad
de las regiones.

En esas metas está el tema de plena cobertura
en educación básica, el tema de plena
cobertura en salud. Entendemos que esos dos puntos,
más la plena cobertura en saneamiento básico,
deben ser variables esenciales que se tengan en cuenta
en la nueva ley de regulación de transferencias
a las regiones. Que haya lo suficiente para lograr
esas metas sociales.

Pero también tenemos que ver la situación
fiscal de la Nación y sus compromisos y responsabilidades.
Cuando observamos qué ha pasado con los municipios
y los departamentos de Colombia, encontramos dos grandes
avances en saneamiento fiscal y de endeudamiento: en
los últimos años pasaron de un déficit
del uno por ciento del PIB, a un superávit del
uno por ciento del PIB. Y han reducido sustancialmente
el endeudamiento.

A ello ha contribuido un conjunto
de variables, normas de ley general, por ejemplo,
la conocida en Colombia
como la Ley 617 de la administración presidencial
anterior, que introdujo severos controles en cuanto
a gastos de funcionamiento, una norma ejemplar de austeridad,
que el gobierno que he presidido la ha aplicado con
todo rigor.

Las leyes de responsabilidad fiscal, introducidas
en este gobierno, la mejor calidad de las administraciones
locales, su esfuerzo.

La Nación, en pocos años, pasó de
un endeudamiento que representaba el 12 – 15
por ciento del PIB, a un endeudamiento que hace cuatro
años representaba el 54 (por ciento del PIB).
Hoy está alrededor del 40 (por ciento), tenemos
que ponerlo alrededor del 30 por ciento.

La Nación, en pocos años, pasó de
un déficit de una situación fiscal en
equilibrio, a un déficit que hace cuatro años
era del 4,2 (por ciento). En el consolidado hemos mejorado
mucho, pero todavía en el Gobierno Nacional
Central el déficit es del 5 por ciento, y no
por falta de esfuerzos.

Hemos reformado 280 empresas
del Estado, y ese es un debate diario en Colombia,
porque este gobierno
ha tenido que asumir la responsabilidad de jalonar
la reforma de esas 280 empresas del Estado, y ahora
tiene que continuar con la reforma de las que todavía
no han sido reestructuradas.

Se habrán enterado ustedes en los medios de
comunicación, muy apreciados alcaldes y visitantes,
sobre el debate que hay, por ejemplo, alrededor de
la propuesta del Gobierno Nacional para capitalizar
la empresa de petróleos.

Hemos hecho un gran esfuerzo
en reforma de la administración,
en austeridad, en buscar renovados recursos. Hemos
bajado ese déficit del Gobierno Nacional central,
que era superior al seis, en un punto.

Pero a eso hay que sumarle
otro aspecto muy delicado: el país ha visto cambiar su pirámide
poblacional. Así lo comprueban los datos que
todavía no se han oficializado del reciente
censo. La avalancha de colombianos en edad pensión
llegó, ha crecido enormemente la deuda pensional
a cargo de la Nación. Cuando empezó este
Gobierno representaba el 214 por ciento del PIB. Las
diferentes reformas introducidas la han reducido al
140 del PIB. Sigue siendo muy elevada.

Hemos tenido que enfrentar
no solamente el creciente pago de pensiones, sino
el agotamiento de reservas
en el Instituto de los Seguros Sociales. Se anunció el
agotamiento de reservas durante años: o no se
prestó atención o se dio insuficiente
atención. Y este Gobierno tuvo que afrontar
esa delicada situación.

Hemos pagado cumplidamente
a los empleados del Instituto de los Seguros Sociales,
pero eso ha implicado que
el Gobierno Nacional haga una transferencia a ese Instituto
que vale 1,3 del Producto este año.

Entonces, si a ese déficit del Gobierno Nacional
central, que es del 5 por ciento, le restáramos
ese 1,3 de un nuevo gasto que no estaba contemplado
en las cuentas nacionales, tendríamos que en
los cuatro años hemos reducido el déficit
del Gobierno Nacional central del más del 6
a aproximadamente el 3,7.

Es un esfuerzo, apreciados
alcaldes, que no se puede desestimar. Así como el Gobierno Nacional valora
plenamente los esfuerzos de los gobiernos locales con
la Ley 617, sus medidas de austeridad, también
pide que para la discusión que ahora empieza
se tenga en cuenta el enorme esfuerzo que ha hecho
el Gobierno Nacional.

Y permítanme hacer una observación:
si algo importante ha logrado Colombia en los últimos
años, ha sido la tendencia descendente de la
inflación, la recuperación del sector
financiero que hoy nos permite tener la posibilidad
de créditos a más largos plazos y de
tasas de interés más bajas, en lo nacional
y en lo internacional.

El día del 21 de julio, el siguiente día
a la instalación del Congreso de la República,
Colombia colocó en el mercado internacional
bonos por mil millones de dólares, con la menor
tasa de interés histórica y un largo
plazo. Y hubo ofertas para comprar bonos colombianos
por tres mil millones.

Eso es un gran avance, eso
es un resultado de confianza en Colombia. Cuánto conviene al crédito
de los departamentos y de los municipios que haya confianza
de la comunidad financiera nacional en internacional
en el Gobierno Nacional.

Si el Gobierno Nacional se
equivoca en el manejo de las finanzas, se deteriora
esa confianza, y una de
las consecuencias del deterioro de esa confianza será el
encarecimiento y la dificultad en el acceso en el endeudamiento
por parte de las entidades locales.

Pero estoy seguro que vamos
a lograr un acuerdo en el Congreso de la República sobre la regla que
habrá de regular las transferencias de la Nación
a los departamentos, en el nivel constitucional en
los años que vienen.

No obstante que la reforma
del 2001 vence en el 2008, el Gobierno reitera la
invitación de que la
norma sustituta se defina ya. ¿Por qué?
Porque ese es un punto fundamental de confianza en
el país, de confianza para que haya inversión,
crecimiento, empleo en nuestra Patria, de confianza
para poder proyectar las administraciones locales y
la administración nacional. Y esa regla en cuanto
con más antelación se defina mejor, para
la confianza que requieren los gobiernos locales y
el Gobierno Nacional.

Son muchos los temas que habría para tratar
con ustedes, apreciados alcaldes. Un tema bien importante
es responder la pregunta: ¿cómo ha sido
la gobernabilidad en Colombia después de la
elección popular de Gobernadores y Alcaldes?
Porque escuché decir a politólogos que
era muy difícil garantizar la gobernabilidad
con la elección popular de alcaldes y gobernadores,
en un país convulsionando por tantos problemas
como Colombia, afectado por el terrorismo y la droga.

Pues bien, si algo importante
puede mostrar hoy Colombia en esta materia de elección popular de alcaldes
y gobernadores, es que hemos construido armonía
en la gobernabilidad.

El Gobierno que presido ha
vivido un fenómeno
democrático muy interesante, que es la elección
de alcaldes y gobernadores originados en muchísimos
partidos políticos, en partidos afectos a las
tesis del Gobierno y en partidos de oposición
muy radical a las tesis del Gobierno.

¿Cómo hemos construido esa gobernabilidad?
A partir de un principio: la decisión del Gobierno
Nacional ha sido trabajar armónicamente con
todos los gobernadores y alcaldes de Colombia, prescindiendo
del origen político de su elección. Creo
que es una regla de oro para la construcción
de gobernabilidad.

La Presidencia de la República no se ha detenido,
para avanzar en un programa de Gobierno en un municipio
o en un departamento, en el análisis de cuál
es el origen de la elección de ese gobernador
o de ese alcalde. Lo que hemos buscado es trabajar
con todos ellos para sacar adelante las expectativas
de la comunidad.

Por su puesto, esto requiere
orden y un diálogo
permanente. El orden lo dan los planes de desarrollo,
que tienen que tener armonía. Para poder tener,
por ejemplo, cofinanciaciones, debe haber coincidencias
en planes de desarrollo, en metas sociales.

De lo contrario, en un país cuyas finanzas
públicas no se manejan discrecionalmente sino
que están regladas en el nivel constitucional
y en el nivel legal, las cofinanciaciones no podrían
aportarse.

Y hemos tenido un diálogo permanente, un diálogo
franco, un diálogo en multitud, hemos practicado
un esquema de gobierno comunitario, que parte de la
base de considerar que la descentralización
es eficiente en la medida que haya creciente participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones de
gobierno, en la ejecución de decisiones de gobierno
y en la vigilancia de decisiones de gobierno.

Alcaldes, gobernadores, Gobierno
Nacional, hemos interlocutado permanentemente en
un escenario del gobierno comunitario,
que son los Consejos Comunitarios, de cara al país,
para mirar posibilidades, para buscar opciones.

Nuestro diálogo no ha sido de promesas ni de
engaños, pero ha sido un diálogo esforzado
para buscar opciones a los grandes problemas, a las
grandes falencias, para construir imaginativamente
soluciones.

Es muy importante pensar permanentemente
el tema de la armonía entre los gobiernos locales, los
regionales y los nacionales, con prescindencia del
origen de la elección política de sus
titulares, como factor de gobernabilidad para la buena
marcha y la tranquilidad de la Nación.

Para construir esa gobernabilidad
ha sido definitivo nuestro concepto democrático de seguridad. Mi
elección, apreciados alcaldes visitantes, creaba
muchos temores en esa materia, porque aquí en
alguna forma se había creado un falso sentido
de civilidad, que confundía la civilidad con
la debilidad frente al terrorismo.

La decisión firme, inclaudicable, de enfrentar
y derrotar al terrorismo, por parte de un aspirante
a la primera magistratura de la Nación, desataba
toda clase de controversias. Pero el punto fundamental
fue la proposición del alcance democrático
de esa seguridad.

Seguridad Democrática, diferente de la doctrina
de la Seguridad Nacional, ese fantasma que recorrió a
América Latina hace algunas décadas,
que se utilizó para silenciar la oposición,
para clausurar las libertades públicas, para
marchitar el disenso. Lo nuestro ha sido todo lo contrario:
seguridad para devolverles a los colombianos las libertades
que el terrorismo había suprimido con sus poderes
de facto.

Y eso yo creo que lo han sentido,
en el ejercicio de sus atribuciones, alcaldes y gobernadores,
independientemente
del origen político de su elección. Ha
creado confianza y la confianza es el punto fundamental
de la gobernabilidad en medio de la diversidad.

La gobernabilidad no se basa
en el unanimismo. La gobernabilidad se basa en la
confianza en medio de
la diversidad. Y es lo que hemos querido construir
en Colombia a partir del diálogo sincero y a
partir del concepto democrático de seguridad.

Por supuesto que hay discusiones.
Tiene que haberlas todos los días. Lo grave sería que en
una Patria como Colombia, llena de dificultades, no
hubiera discusiones. Ahora tenemos que enfrentar en
el Congreso de la República discusiones muy
importantes. Una, la reelección inmediata de
alcaldes y gobernadores.

Un país que acaba de dar el debate y de aprobar
la reelección inmediata del Presidente de la
República, no tiene razones para negarse a aprobar
la posibilidad de la reelección inmediata de
alcaldes y gobernadores.

Bertrand Russell solía decir que su abuelo
le había contado la historia de Inglaterra como
un proceso gradual de reconocimiento de derechos por
parte de la monarquía al pueblo. Yo diría
que la historia de nuestra descentralización
ha sido un proceso gradual, no fácil, de reconocimiento
de los poderes centrales a los derechos democráticos
de la base popular de la Nación.

Después de cien años de debate introdujimos
la elección popular de alcaldes, vino la de
gobernadores, mecanismos de democracia directa, empezó la
elección popular de alcaldes con un período
de dos años, se amplió a tres con una
transición de medio año, ahora está en
cuatro, se autoriza la reelección inmediata
dejando como intervalo un período de por medio.

Yo creo que el desarrollo que
se requiere en ese proceso lógico de reconocimiento de derechos democráticos
a la base de la Nación, es el de autorizar la
reelección inmediata. El 20 de julio, cuando
presenté al Congreso de la República,
en el mismo día de su instalación, el
conjunto que integra la agenda legislativa de la administración,
dí una serie de razones a favor de la reelección
inmediata.

La reelección presidencial inmediata ha demostrado
que es muy difícil. Es muy difícil ser
candidato a la reelección presidencial en un
país con violencia, en un país con narcotráfico,
en un país con pobreza, en un país con
desempleo, en un país con inequidad.

Quien asume la responsabilidad
de presentarse a la reelección, tiene que llevar sobre sus hombros
todas esas dificultades. El proceso democrático
aquí fue intenso, el proceso democrático
aquí fue muy importante y no fácil para
la reelección presidencial.

Además esta Nación, celosa de la equidad,
aprobó una ley de garantías, que no consideró que
quien lleva la responsabilidad de aspirar a la reelección,
tiene la desventaja de tener que cargar con todas las
dificultades de la Nación.

Pues bien, eso para decir que
hay que perderle el temor a la reelección inmediata de alcaldes
y gobernadores. Entregar, reconocerle ese derecho al
pueblo, no es garantizarle al alcalde ni al gobernador
el seguro de su reelección.

Cuánto mejor para la transparencia democrática
que los gobernantes seamos sometidos al veredicto inmediato
del pueblo, que al juicio incierto y remoto de la historia.

Además, la reelección presidencial ha
demostrado que se despierta un instinto sin límites
para vigilar y analizar la obra del gobierno que aspira
a la reelección. Bueno para la democracia. Cómo
se mejora esa variable de la vigilancia popular en
la gestión gubernamental.

No ocurre lo mismo cuando la
reelección es
una posibilidad mediando un intervalo. Es menos difícil
engañar a la opinión pública cuando
uno se presenta para una reelección dejando
un intervalo, que cuando se presenta para esa reelección
de manera inmediata. El intervalo puede ser el período
del olvido. El intervalo puede ser el período
donde aparezcan otros problemas que no dejen ver los
que causó el gobernante que estuvo en un momento
anterior y que ahora quiere regresar.

La reelección inmediata no da la posibilidad
de período de olvido. La reelección inmediata
le entrega al pueblo todos los atributos para que sea
un juez severo e inmediato de la acción del
gobernante que aspira a la reelección.

Pero, apreciados alcaldes y
gobernadores de mi patria, buena parte de esta discusión en el Congreso,
donde el Gobierno por mi conducto ha expresado de manera
categórica qué piensa, dependerá también
de ustedes. Hay que crear armonía con todas
las fuerzas políticas en todas las regiones.
Esa armonía es muy importante para construir
un ambiente de confianza en el Congreso de la República
para aprobar esa reelección. El Gobierno reitera
el compromiso con ese acto legislativo.

Y vienen otros temas. El tema
de la corrupción.
Hay que derrotarla. En el Gobierno Nacional, en las
administraciones desconcentradas, en los gobiernos
locales, lo mejor para enfrentar un problema es reconocerlo.
No hay duda que hemos mejorado, pero quedan dificultades.
Hemos mejorado con el Decreto 2170, con las audiencias
públicas, con los prepliegos, con los sistemas
públicos, con presencia de opinión para
la adjudicación de contratos, etcétera.
Pero nos quedan dificultades.

Todos tenemos que hacer el
esfuerzo. Lo tiene que hacer el Gobierno Nacional.
Allí donde todavía
tenemos lunares, superarlos totalmente. Y lo tenemos
que hacer en todas las entidades territoriales.

El Gobierno Nacional no pretende
sustituir, a través
de reformas constitucionales, las competencias de la
justicia. Pero al buen pagador no le pueden pesar las
prendas. Yo creo que sí tenemos que encontrar
textos legales que sean advertencias más severas
frente a fenómenos de corrupción.

Así como el Gobierno Nacional ha tenido problemas
en una u otra entidad, nosotros no podemos negar que
en los gobiernos locales y territoriales ha habido
problemas en el manejo de recursos de salud, ha habido
problemas en regalías, ha habido problemas en
contrataciones.

Démonos a la tarea de superarlos plenamente.
Porque si hay 1.098 alcaldías y en una hay corrupción,
infortunadamente la lectura de la opinión pública
no es que hay 1.097 alcaldías transparentes,
sino que hay una alcaldía corrupta.

Es lo que pasa. Un Gobierno
Nacional puede ser transparente en todos sus actos.
Y si aparece una indelicadeza en
unos funcionarios de rango medio en el DAS, ustedes
saben qué me pasó a mi en ese debate.
Si aparece una indelicadeza en FINAGRO o en Incoder,
denunciadas por el propio Gobierno Nacional en plena
campaña, ustedes saben qué me pasó a
mi en ese debate.

Entonces uno cuenta todo lo
que está haciendo
por la transparencia, pero un solo lunar se encarga
de marchitarlo todo. En eso de corrupción nosotros
tenemos que ser perfeccionistas en la lucha contra
la corrupción. Mi sugerencia es buscar unos
acuerdos sobre textos legales y constitucionales, pero
no negarnos a introducir nuevas herramientas en la
lucha contra la corrupción.

Está el tema de regalías. El país
y la opinión pública no señalan
que tal departamento o tal municipio han manejado bien
regalías. Señalan que se la robaron en
la Jagua de Ibirico. Y nosotros tenemos que enfrentar
eso, apreciados alcaldes y apreciados gobernadores.

Una de las reformas que el
Gobierno está proponiendo
en materia de regalías es un ahorro forzoso.
Sin despojar a los departamentos, sin despojar a los
municipios dueños de esas regalías. Que
un porcentaje de esas regalías se ahorre forzosamente.
Lo podría administrar, en nombre de su titular
que debe ser la entidad municipal o departamental,
la Financiera Territorial que tiene trayectoria de
confianza, y utilizar esos recursos como banco de desarrollo
de segundo piso, cuyos rendimientos deben acrecentar
ese fondo que mantendrá su titular.

Aquí tienen la experiencia de Infivalle, va
bien. Esos bancos de desarrollo territorial hay que
estimularlos en Colombia. Antioquia, mi departamento,
pobre en regalías, totalmente arrugado en su
topografía, apenas con dos lotecitos de tierra
plana, tiene dos ventajas: Empresas Públicas
de Medellín y un banco de desarrollo que se
llama el Idea. Lo hicieron ahorrando y hoy tienen autosuficiencia
y le sobran recursos para financiar al departamento
y a todos los municipios. Ya están otorgando
créditos por fuera de Antioquia.

Mi invitación es que esa buena experiencia
la hagamos con un ahorro forzoso en materia de regalías.
Y si ese dinero va a quedar de propiedad del mismo
departamento, titular de las regalías, por qué negarnos
a ese ahorro forzoso.

Si miramos a 20 años, ese ahorro forzoso puede
ser un factor de independencia en materia de financiación.
Hagámoslo. Yo le voy a pedir encarecidamente
al Congreso de la República la aprobación
de estas reformas, con sentido de urgencia. Cambiemos
de velocidades. Uno de los problemas de nuestra América
Latina es que vamos muy lentos. Nos entusiasmamos mucho
en el discurso, pero vamos lentos en las acciones del
Estado. Ojalá estas acciones, ahora que tenemos
más experiencia y que el país nos lo
va a exigir, las podamos incorporar más rápidamente.

Y voy a pedir una gran reflexión
de alcaldes y gobernadores para que nos ayuden en
esta reforma.

En fon, apreciados alcaldes
visitantes, son tantos los temas, que preferiría que algunos de ustedes
expresaran sus inquietudes, sus preocupaciones, y con
el mayor gusto durante unos minuticos yo contestaría
algunas de esas inquietudes. Les ofrezco la palabra.

Muchas gracias.

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