Simón Trinidad es un delincuente común con una condena proferida.
Luego del esperado anuncio de Humberto de la Calle en el cual confirmó que los cabecillas de las FARC van a hacer política, también se pronunció el enviado especial del Presidente Barack Obama para el proceso en La Habana, diciendo que no ve esperanzas en un perdón presidencial para Simón Trinidad, como lo han pedido a grito herido todos los miembros del Secretariado de las FARC. Para el señor
Aronson, quien representa a la Casa Blanca, Trinidad es un delincuente común con una condena proferida por un juez por terrorismo y narcotráfico, por lo cual no se pueden invocar razones políticas.
¿Por qué estas diferencias de enfoques? ¿No respalda Obama acaso el proceso de La Habana? Sencillamente existen dos enfoques frente a la justicia. En los EEUU existe una visión del imperio de la ley donde las decisiones judiciales no están abiertas a la reinterpretación política. Tal vez eso explique por qué Barack Obama, experto constitucionalista, ha sido uno de los Presidentes norteamericanos con menos perdones presidenciales otorgados.Además, en la cultura penal estadounidense delitos como el terrorismo o el narcotráfico no son fáciles de perdonar por su gravedad y por el precedente que generan frente a nuevas violencias.
En Colombia es distinto. Se ha construido un aparato de Justicia Especial diseñado para que los cabecillas de las FARC eludan cárcel por crímenes de lesa humanidad al “decir la verdad” y participar en la “pedagogía de paz” y además, se les permita su llegada triunfal a la elegibilidad política. En resumen, se trata de vender la idea de unos rebeldes soñadores que tomaron un camino errado para hacer valer sus ideales de justicia social. Atrás quedarán las masacres, los reclutamientos de menores, los feminicidios, las desapariciones y las torturas porque el gobierno de
Juan Manuel Santos los ha elevado a la categoría de luchadores políticos que en su rebeldía cometieron “errores”. En pocas palabras, en el concepto tercermundista de la justicia que tiene el Presidente de los colombianos, existe la posibilidad de tragarse sapos cuando se trata de criminales de la peor ralea, reconociendo la inmadurez de nuestras instituciones.
La diferencia entre los dos sistemas de justicia son claras. La justicia de los EEUU es objetiva y no distingue entre criminales según su ideología o motivación política.
Además en el sistema anglosajón existe separación de poderes donde los jueces no adaptan sus fallos por presiones políticas, ni son obligados por los medios a validar conductas como conexas al delito político. En Colombia de nada sirve que hayamos adherido a la Corte Penal Internacional y nos comprometamos a no dejar en la impunidad crímenes graves. Tampoco sirve de nada que nuestra Constitución prohíba la elegibilidad política de criminales. Sencillamente por presión de un
Presidente podemos crear instituciones ad-hoc incluyendo una jurisdicción de justicia a la medida de las exigencias de las FARC. Es paradójico y al mismo tiempo real. Los países desarrollados que monitorean el proceso de paz, nos ven como lo que el Presidente Santos vende: un país en guerra civil, sin instituciones creíbles donde todo es un experimento y por lo tanto ante la inmadurez institucional, tenemos que crear todo en función de un acuerdo con el “Estado” de las FARC.
Mientras los EEUU se ratifican en su justicia, en Colombia todo lo acomodamos. Pero también es lamentable que para el delegado de la Casa Blanca no se puede dar impunidad a Simon Trinidad en su país, pero si para sus jefes en Colombia. En medio de estas visiones de la justicia debería dolernos que en definitiva, mientras en otros países se le rinde honores al imperio de la ley, en Colombia la ley sea un líquido que adopta la forma del recipiente que lo contiene y que para las FARC la justicia tenga forma de impunidad.