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El éxito de Uribe II

Sorprendente el análisis y la evaluación sobre el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y, por lo tanto, sobre el segundo período de gobierno del presidente Álvaro Uribe, realizado por Alejandro Gaviria el pasado 17 de agosto en su columna de El Espectador. Sorprende el titular, sorprenden sus conclusiones, sorprende el bajo rigor académico y analítico del artículo.

Sorprende que un análisis selectivo (como él mismo lo define) de sólo tres variables-meta (tasa de homicidios, tasa de desempleo y pobreza) de un total de 306 metas que contiene el PND, permita llegar a las conclusiones que propone y a la descalificación de la política de seguridad democrática, la promoción de la inversión como mecanismo de generación de empleo y la política social como freno a la pobreza. La selectividad no siempre es la mejor consejera. Si se hubiese hecho el mismo ejercicio con otras metas, donde los avances son muy dinámicos e incuestionables, ¿cuál sería el título y la conclusión de Alejandro Gaviria?

El Plan Nacional de Desarrollo contiene inversiones por $228,5 billones y por primera vez incluye un anexo de metas específicas a 2010, para la mayoría de las cuales hay avances disponibles al público a través del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno —www.sigob.gov.co.

La reducción en el número de atentados terroristas y de secuestros extorsivos entre 2006 y 2007 fue 40% y 21%, respectivamente, lo cual significa un cumplimiento superior al 100% de la meta. La medición periódica de 66 indicadores para la Política de Defensa y Seguridad Democrática, publicada en la página web del Sigob, muestra que de éstos, 41, es decir, el 73%, presentan un cumplimiento superior al 80% frente a las metas programadas para 2007.

Respecto a la calificación de periférica que se le da a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, difícilmente el país había conocido en su historia resultados más contundentes frente a las Farc y las estructuras del narcotráfico. Esto, sumado al fortalecimiento de la política de convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo de una política de lucha contra la impunidad en casos de violación de DDHH e infracciones al DIH, el avance en materia de reconciliación entre víctimas y victimarios, han permitido, tal como se planteó en el Plan de Desarrollo, avanzar en la consolidación de la autoridad y presencia del Estado y el control del territorio nacional.

En cuanto a la tasa de homicidios, la fuente oficial de información del Gobierno es el Sistema de Información de la Policía Nacional, (Siedco), porque tiene mayor cobertura, y no el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De acuerdo con la información de la Policía, en 2002 la tasa fue 66 por cada 100.000 habitantes mientras que para 2007 se situó en 36, con 17.198 homicidios frente a 17.479 en 2006, es decir, una reducción de 2%.

Finalmente, en términos de la seguridad ciudadana, es prudente mirar otras variables asociadas como hurto común, de automotores y a entidades financieras, que mostraron disminuciones entre 2006 y 2007 de 9%, 8% y 24%, respectivamente.

Pasando a la tasa de desempleo a nivel nacional, en el año 2007 cerró en 9,9% y el promedio de enero-diciembre fue de 11,1%, mientras que la meta en el PND era de 10,6% para 2007. Por lo tanto, la tasa de desempleo de 2007 está en línea con la proyección del Plan de Desarrollo. Esta tendencia se reafirma si observamos los resultados promedio de la tasa de desempleo de los últimos 12 meses para el total nacional y las trece áreas, donde desciende aproximadamente un punto porcentual.

Estas mejoras en los indicadores de empleo se ven acompañadas de mejoras en la cobertura del Sistema de Protección Social y, por lo tanto, de reducción en la informalidad. Los cotizantes a salud pasaron de 7,4 millones en 2006 a 7,8 millones en 2007, acumulando una variación de 43% desde 2002; los trabajadores afiliados a la cajas de compensación pasaron de 4,9 millones en 2006 a 5,3 millones en 2007, un aumento de 56% desde 2002; los afiliados a riesgos profesionales pasaron de 5,6 millones en 2006 a 5,9 millones en 2007, un incremento acumulado de 43% desde 2002, y los cotizantes a pensiones pasaron de 5,9 millones en 2006 a 6,5 millones en 2007, superior en 44% frente a 2002.

Cuatro eventos adicionales muestran los avances en formalización. Mientras para el segundo semestre de 2006 el 58,5% de los ocupados eran informales, este indicador se redujo a 56,6% en 2007. De otro lado, mientras que, según el Dane, entre junio de 2007 y junio 2008 se crearon 718.000 empleos, un aumento de 4,3%, durante ese mismo período los afiliados a las cajas de compensación aumentaron en 440.245, o sea 8,7%.

Lo anterior muestra que la formalización ha aumentado a un ritmo mayor al de generación de empleo debido, entre otros factores, a la implementación de la Pila. Adicionalmente, el número de empresas afiliadas al Sistema de Compensación Familiar a junio, 295.412, creció 18,6% frente al mismo dato registrado en junio de 2007 y el 76,8% de las empresas registradas a junio de 2008 tienen 9 o menos trabajadores.

En cuanto a la medición de pobreza, es cierto que la última medición corresponde a junio de 2006 por efecto del cambio metodológico que a partir de agosto de 2006 el Dane introdujo y que implicó cambios en recolección, tamaño de muestra, preguntas y temática de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Con el fin de establecer una metodología que permita la comparabilidad de las cifras de empleo, pobreza y distribución de ingreso antes y después de los cambios mencionados, se conformó una comisión de expertos independientes para acompañar el proceso de migración de la ECH a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih). Adicionalmente, en noviembre de 2007 el Dane comenzó a levantar información en forma paralela con el objeto de poder contrastar los principales cambios en las variables. En los próximos meses se contará con los elementos necesarios para empalmar las antiguas series con aquellas que produzca la Geih y estimar la pobreza.

Sin embargo, por ahora no hay razones que permitan concluir que ha habido un aumento en los niveles de pobreza: el excelente crecimiento económico y el incremento sustancial en las coberturas de servicios sociales en los últimos cinco años y el hecho de que más de un millón y medio de familias estén cubiertas por el programa Familias en Acción, que corresponde a una transferencia de dinero a familias Sisbén 1 y desplazadas, previa verificación de que sus niños estén asistiendo al colegio y a controles de crecimiento y desarrollo, reducen la pobreza.

Programas como Familias en Acción, lejos de ser asistencialistas, se constituyen en una oportunidad para construir y acumular capital humano de forma acelerada (y desde una edad temprana), ofreciendo oportunidades para que las familias en condición de pobreza logren transformarse de manera estructural y así consolidar su desarrollo para superar su condición.

El Gobierno ha puesto en marcha la Red Juntos, que está en etapa de expansión y que es una estrategia fundamentada en un concepto de atención integral y corresponsabilidad, que tiene como columna vertebral el programa Familias en Acción y busca romper las trampas de pobreza que enfrenta la población, dando acceso preferente a factores claves como identificación, educación y capacitación, nutrición, salud, habitabilidad, dinámica familiar, ingresos y trabajo, bancarización y ahorro, y acceso a la justicia.

Estos son sólo algunos ejemplos de una política de seguridad democrática exitosa y una política social estructural y ambiciosa, que muestran el profundo compromiso de esta administración frente a la superación de la pobreza, la generación de empleo y la promoción de la equidad.

Carolina Rentería Rodríguez
Directora de Planeación Nacional
Bogotá.