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El mesiánico Dr. Sí

El senador Iván Duque analiza lo que se está pactando en la mesa de diálogos de …

 

Contrario al nombre del personaje de James Bond, dirigido en 1962 por Terrence Young, conocido como el Satánico Dr. No, Colombia está siendo dirigida en el proceso de paz en La Habana por un conjunto de ciudadanos a quienes les cabe el nombre del Dr. Sí.

 

Por supuesto no se trata del Sí a la paz, porque todos los colombianos estamos sintonizados en alcanzar ese objetivo. Se trata del Sí a las pretensiones de las FARC y la falta de claridad sobre cuáles han sido los logros alcanzados en nombre del pueblo colombiano, violentado por el terrorismo de esa organización.

 

Seguramente los Doctores Sí dirán que sus principales logros han sido sentar a las FARC a la mesa con el compromiso de “poner fin al conflicto”, crear una Justicia Especial para la Paz que ellos acepten, reconocer al Congreso y otro tanto de frases vacías. Sin embargo, en estricto rigor son las FARC las grandes ganadoras del proceso porque han sabido chantajear a un gobierno cuyo único legado importante reposa en su voluntad, así se trate de la simple firma de un acuerdo y un añorado, sublime y protocolario reconocimiento en Oslo.

 

Lo cierto es que al revisar todos los logros alcanzados por las FARC, queda claro que la estrategia de negociación ha sido débil, improvisada y en detrimento de muchos de los valores y lineamientos de nuestro Estado de Derecho. ¿A qué le ha dicho Sí el gobierno? Vamos por partes:

 

Sí, a que no exista cárcel para crímenes de lesa humanidad a los cabecillas de las FARC. El acuerdo de justicia está finamente escrito y es ostensible que al“decir la verdad” y comprometerse a realizar unas obras sociales, los cabecillas de esa organización evitarán tener penas carcelarias por semejantes atrocidades. Si esta afirmación es falsa, que por favor algún Dr. Sí nos asegure que alguno de los miembros del Secretariado pagará pena carcelaria.

 

Sí, a la elegibilidad política de criminales de lesa humanidad. Contrario a lo que dice nuestra Constitución, la cual prohíbe que cualquier condenado por delitos distintos al delito político sea elegible, se ha abierto la posibilidad a que criminales de lesa humanidad puedan ser miembros de órganos de elección.

 

Sí, a que delitos graves sean delitos políticos para abrir las puertas de la impunidad. Las FARC han logrado que el gobierno acepte que delitos como la extorsión, el narcotráfico e inclusive el asesinato de soldados, sean considerados como conexos al delito político de rebelión, a fin de gozar con atenuantes que eviten sanciones efectivas y faciliten su participación política.

 

Sí, a que los acuerdos hagan parte del bloque de Constitucionalidad. Con el fin de blindar todo aquello que no resiste ningún análisis profundo para configurar impunidad, las FARC han logrado que se intente incorporar abruptamente en la Carta Política todo lo que acuerden, limitando su control de constitucionalidad a un sólo pronunciamiento de la Corte y cercenando el derecho ciudadano para imponer acciones de constitucionalidad.

 

Sí, a que las FARC sean tratadas en igualdad frente a las Fuerzas Militares. Aunque traten de negarlo, las FARC han logrado ser equiparadas al Ejército y la Policía que protege la Constitución y la ley. Pueden tratar de matizarlo los Doctores Sí, pero la cadena de mando de las Fuerzas Militares y la de las FARC ha sido homologada en el acuerdo de Justicia y lo que es peor, se ha creado una jurisdicción para juzgarlos a los dos bajo los mismos lineamientos y parámetros.

 

Sí, a que las FARC definan nuestra historia. El gobierno ha aceptado que la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial tengan como elemento definitorio de lo que llaman “el conflicto”, el nacimiento de las FARC. Así las cosas, esa organización exigirá que se investigue quiénes, cómo y cuándo los persiguieron desde su existencia como organización surgida por “las causas objetivas de la rebelión”. Para colmo serán ellos quienes influencien la designación de jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.

 

Sí, a que las FARC utilicen sus zonas de concentración como eventuales zonas de reserva campesina, Terrepaz y jurisdicciones electorales. Aunque en el gobierno lo tratan de matizar e inclusive negar, está claro que esta es la mayor exigencia territorial del grupo armado ilegal y que el gobierno ha aceptado con afinamiento del lenguaje.

 

Los Doctores Sí han tratado de utilizar un discurso mesiánico para decir que la paz debe ser a cualquier precio y que nos debemos tragar muchos sapos. Lo cierto es que las concesiones del gobierno a las FARC configuran una claudicación del Estado de Derecho y el triunfo de la delincuencia sobre los valores de una sociedad democrática.

 

Todos queremos la paz pero no al precio que la impunidad triunfe y los violentos nos impongan su voluntad como si se tratara de un poder constituyente.