A escasas cuatro semanas de terminar este período de sesiones parlamentarias ordinarias, con los ánimos nacionales en máxima crispación, este Congreso, bastante desprestigiado y cuyas mayorías ya no reflejan las mayorías nacionales, tal como quedó en evidencia en el plebiscito, tendrá que adoptar decisiones absolutamente cruciales en materia de paz y en materia tributaria, enfiladas en exigente maratón, mientras empiezan a escucharse los primeros acordes de la nanita nana, la tutaina y el Dulce, Jesús mío.
Advierto. Las generalizaciones resultan injustas, porque hay senadores y representantes laboriosos, dignos y probos tanto en las bancadas del Gobierno como en las de la oposición, en quienes aún podemos confiar.
Y cuando la opinión pública ha comenzado a comprender qué es y cómo funciona la ‘mermelada’ parlamentaria, expresada en cupos no revelados de contratación con todo y mordida, incorporados en partidas que reparten en Minhacienda para mantener los votos que requiere la aprobación de las propuestas del Gobierno y alimentar una insaciable jauría en la que concurren congresistas, alcaldes, gobernadores y contratistas.
Ahora, si finalmente el Presidente decide bajarse de la prometida refrendación popular (dispone de opciones y alternativas variadas para lograrlo) y llevar los acuerdos de paz al Congreso no solo para implementarlos sino para sustituir la voluntad directa del pueblo con la que Gobierno y Farc se habían comprometido, el peligro es mayúsculo.
Un pupitrazo aprobatorio en el salón elíptico no le dará mayor legitimidad al acuerdo de paz. Y resultaría demoledor para la democracia que se impusiera una regla de fuerza que impida al Congreso introducir modificaciones al acuerdo. Al Congreso de Colombia, y ese es un pecado colosal del mal llamado Acto Legislativo para la Paz, que ojalá la Corte advierta, no lo pueden convertir en un simple notario pupitreador que corre mudo en delirantes ‘fast-tracks’ y que se desprende irresponsablemente de sus atribuciones y obligaciones.
Por otra parte, debe el Congreso considerar la regresiva e injusta reforma tributaria, que rompe el mandato constitucional de garantizar la progresividad del sistema. Aunque algunas normas antievasión sean rescatables, la forma como la reforma esculca y lesiona los paupérrimos bolsillos de los colombianos de a pie es sencillamente inaceptable, sobre todo cuando nos enteramos de que corrupción, despilfarro y ‘mermelada’ siguen intactos. Baste leer las declaraciones de Antonio Navarro al respecto. Ojalá no se arrodillen sumisos ante el Gobierno y defiendan al pueblo que juraron representar mejorando los textos y corrigiendo sus infamias.
Como si fuera responsable ocuparse de paz y tributaria en las escasas cuatro semanas que les quedan, tendrán además que elegir magistrados, adoptar definiciones muy importantes en materia de transferencias y evacuar decenas de proyectos ordinarios.
Por eso, en este momento se deben levantar todas las voces antipupitrazo. Los colombianos merecemos que estas decisiones cruciales no se adopten a las carreras, a medianoche y contrarreloj. Ojalá todos los congresistas así lo entiendan y no sigan estropeando la dignidad ya maltrecha del Congreso a cambio de favores del Gobierno. Los aplausos son efímeros y los daños que pueden causar, muy profundos.