Como gran cosa, las Farc anuncian que no seguirán reclutando menores de 17 años. De la manera que lo dicen, esperan que el país salga a agradecerles su magnanimidad. Pero na hay tal. Nadie puede ser felicitado porque deja de cometer un crimen de lesa humanidad. Mucho menos, si se trata de una rectificación parcial, que deja al descubierto varias cosas inquietantes.
La primera, es la intención de continuar reclutando colombianos; es decir, no hay un verdadero proceso de desescalamiento. Siguen actuando como si su objetivo fuese continuar su agresión contra los ciudadanos, a pesar de que están negociando un acuerdo de paz, por lo demás ventajoso en sumo grado para ellos, teniendo en cuenta que se refuerzan pero, simultáneamente exigen la reducción de nuestras Fuerzas Armadas y su cambio de doctrina, con el objeto de que esa organización ilegal no sea considerada enemiga del Estado, y, por tanto, objeto lícito de persecución por parte de nuestros militares y policías.
La segunda, es que la mayoría de edad en Colombia es a los 18 años. Con su determinación queda una franja de edad en la que nuestros adolescentes seguirán siendo víctimas de reclutamiento de esta organización.
La tercera, pero no por ello menos importante, es que no dicen nada de devolver los niños que tienen en su poder en estos momentos, sometidos a todo tipo de tratos inhumanos y vejatorios. Hay analistas que sostienen que el 50% de los miembros de las Farc son menores de edad, o, que han sido reclutados siéndolo.
Más aún, hay que denunciar que -como lo hicieron en sus diferentes libros, civiles, militares y policías secuestrados por años en las selvas colombianas- las mujeres, casi todas ellas niñas o adolecentes son sometidas, por los “comandantes” a servidumbre sexual obligatoria con sus compañeros de filas, como, léase bien, ¡un servicio que se presta a la revolución! Este punto es algo que se trata en Colombia de pasada, al punto de que pareciera existir la estrategia de cubrirlo con un manto de silencio ominoso, pero es de la máxima gravedad.
El reclutamiento de menores y su uso como objetos sexuales ha hecho de las Farc victimarias de sus propios miembros, muchos de los cuales han sido enrolados a la fuerza, es decir, secuestrados. Y si se quiere una prueba del muro de silencio con que se lo intenta manejar este comportamiento criminal, sólo piénsese que ha sido sistemáticamente excluido del punto de las víctimas que se discute en La Habana, y hasta ahora nada se ha escuchado decir al gobierno ni a los negociadores oficiales. ¿Cómo es esto posible?
Santos, cuando las Farc hicieron su anuncio esta semana pasada, acertó a balbucear que se trataba de un gesto insuficiente. Claro que lo es. El país espera que las Farc no sólo dejen de reclutar niños menores de 17 años, sino que dejen de reclutar de una buena vez; que devuelvan a todos los menores de 18 años de inmediato y que asuman su responsabilidad como victimarios de los miles de niños que han sometido a su yugo, los reparen, confiesen ante la sociedad este crimen atroz y paguen por él. Ni más ni menos. Y claro, espera que el gobierno sea inflexible en este punto, pues se trata de nuestros niños. Está bien que el presidente manifieste a los padres que perdieron a sus cuatro hijos, asesinados por verdaderos monstruos, el sentimiento de dolor de los colombianos y el horror que recorre al país por tan repugnante crimen; pero hay otros niños que han muerto o sido heridos, o han sido sometidos a todo tipo de abusos por parte de la guerrilla. Estos pequeños compatriotas exigen justicia y atención. Aquí no vale la pusilanimidad ni el contubernio.