Sitio oficial
 

El último hervor del conejo

El conejo a la voluntad popular expresada el 2 de octubre aún no termina de cocinarse. Le falta el último hervor, a cargo de la Corte Constitucional.

 

La primera parte de la faena correspondió al Ejecutivo, en cabeza del presidente de la república, Juan Manuel Santos. Simuló aceptar el veredicto de las urnas la misma noche del 2 de octubre, ante las cámaras, y buscar con los voceros del NO un nuevo acuerdo que incorporara las demandas de la ciudadanía. Los vencedores de aquella histórica jornada, en un acto de genuina búsqueda de un pacto nacional, aceptaron participar en lo que se esperaba que sería un nuevo acuerdo con las Farc, benéfico para el país.

 

Apenas hubo tiempo, a las volandas, de expresar a los delegados gubernamentales en La Habana, el contenido de los ejes fundamentales de la esperada renegociación. Como la fecha fatal de la entrega del Nobel de Paz el 10 de diciembre apremiaba, el gobierno cambió de las lentas y farragosas disquisiciones en Cuba con los narcoterroristas, a una acelerada carrera para sacar a flote el barco naufragado. La tregua, que había sido defendida por más de un año por su solidez y seriedad, ahora, por arte de magia, y para presionar la imposición veloz del “nuevo” acuerdo, se convirtió en frágil y riesgosa.

 

Se impidió que el NO tuviera representación o testigos en La Habana durante la renegociación, y cuando se trajo de vuelta el mamotreto, corregido y aumentado, se lo presentó como inmodificable y definitivo. Y lo peor: idéntico en su contenido nefasto al derrotado en el plebiscito, salvo algunas “mejoras”, estratégicamente colocadas para tratar de engañar a la gente. De nuevo Santos mintió, aseverando que se habían tenido en cuenta las observaciones básicas de los del NO, y sin vergüenza corrió a firmar con la jefatura guerrillera, en un teatro capitalino, muy a tono con la función presentada, el “nuevo” acuerdo.

 

El desconcierto fue mayúsculo. Por enésima vez el tirano-presidente burlaba al país y a su misma palabra empeñada la víspera. La representación del NO fue echada a un lado y humillada, ya nada tenía que hacer, porque ahora venía la segunda faena, que correría a cargo del Congreso, consistente en “refrendar” el acuerdo, escabulléndole el bulto a los millones de colombianos que votaron en contra del acuerdo.

 

Lo único que quedaba a la oposición, como del ahogado el sombrero, era argumentar, con toda la razón y estricto apego a las normas constitucionales y legales que nos rigen, pero sin la esperanza de ser atendidos, que semejante acto por parte del legislativo era exactamente una operación delictiva, correspondiente al prevaricato. Llenándose de paciencia, el Centro Democrático acudió al episodio simbólico de la discusión en Senado y Cámara, dejando oír su voz airada, pero sin participar en la votación.

 

La noche del debate en el Senado, ocurrió un episodio extraño y preocupante, que se vino a conocer por una publicación de la edición impresa de El Tiempo del domingo siguiente, 4 de diciembre, en la sección de chismes y anécdotas de la semana. Narra una breve nota, casi escondida, que luego de las intervenciones de voceros del NO como Juan Lozano en el parlamento, se había generado un ambiente de preocupación en la bancada oficialista por el posible delito que cometerían “refrendando” el acuerdo con las Farc a través de una simple proposición. Entonces se vio cruzar la Plaza de Bolívar, desde el Palacio de Justicia, a un magistrado de la Corte Constitucional, que llegó hasta el Capitolio y dialogó con algunos senadores. El resultado fue que los parlamentarios se tranquilizaron y entraron a votar sin preocupaciones, mientras el magistrado regresaba satisfecho a su oficina. No revela el diario el nombre del magistrado, pero la información es de una gravedad indiscutible.

 

Tal episodio oscuro nos da una pista sobre lo que ha de ser la tercera escena del montaje, a cargo de la Corte Constitucional, para finiquitar el conejo. El Congreso actuó la semana pasada con la desvergüenza que lo hizo, sin duda porque suponía tener el respaldo de la Corte Constitucional, que le cubriría la espalda. No tanto en cuanto a los peligros de una demanda por prevaricato contra los parlamentarios que votaron, cuyo trámite puede ser enredado. Si no, porque muy probablemente, la información que el magistrado les llevó aquella noche era que la Corte avalaría la continuidad del proceso a través de los fallos que estudiaba contra el Acto Legislativo para la Paz (o del “fast track”).

 

Que es lo que se olfatea en el ambiente, como revelan las fuentes de la prensa oficialista sobre el debate en la Corte Constitucional en torno a las demandas al “fast track”. La ponencia de su presidenta, María Victoria Calle, sobre la primera demanda, que alega que esa reforma “sustituye” la Constitución, es fatal: niega que haya sustitución y acepta como válido el mecanismo de reducir a la mitad los trámites de leyes y actos legislativos, lo mismo que el cercenamiento de las funciones del parlamento pues no se puede modificar nada de lo que le presente el gobierno, así como de las facultades extraordinarias y desbordadas otorgadas al presidente. De nuevo la “doctrina” que fundamenta semejante exabrupto es aquella del “hecho excepcional” de la paz, que permitiría en su nombre cualquier vulneración de los principios básicos de la Carta, pues en palabras del expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, “la paz está por encima de todo”.

 

O sea, la ponencia de Calle acepta sin más el “fast track”, aunque evade referirse al artículo 5 del mismo (que le otorga vigencia solo si es acogido por refrendación popular), pues esa primera demanda no ataca dicho artículo. Dicen los medios santistas que la mayoría de la Corte avala esa tesis. Y que, aunque todavía no pueden fallar sobre el artículo 5, objeto de otras demandas, anticiparán su decisión de tumbarlo mediante una sutil sugerencia en esa dirección. Implícitamente, al obrar así, la Corte dejaría por el suelo el resultado del plebiscito y la consecuente negación del “fast track” por la ciudadanía. Y de carambola, y a posteriori, le otorgaría validez a la espuria refrendación por medio del Congreso, al autorizarlo a proceder a la “implementación” de los acuerdos por la vía rápida, suponiéndolos ya válidos.

 

Razón tenía el presidente Uribe cuando en un trino de hace unos días revelaba que un congresista de la Unidad Nacional venía comentando que el fallo de la Corte ya estaba asegurado y se produciría el 12 o 13 de diciembre, y que de inmediato el presidente convocaría al Congreso a sesiones extras para comienzos de enero, a fin de iniciar a toda máquina la implantación (más que implementación) de la entrega fraguada en La Habana. No poca mermelada debe haber rodado tras bambalinas, para asegurar se veredicto; acompañada de una eficaz y descarada presión mediática, que ha contado con el concurso interesado y desafiante de las Farc, como acaba de hacerlo alias Timochenko al enviarle un mensaje al resto de bandoleros de sus cuadrillas en el sentido de que se preparen para volver a su aventura armada si la Corte no obra según sus dictámenes. Si el fallo que se espera de la Corte es el que presionan Santos y Timochenko, pondría fin a la trama urdida, con el último acto de la tragicomedia.

 

Faltaría, en todo caso, la irrupción del público en la tarima, cada vez más enardecido por las truculencias de tan taimados actores, para poner fin a la farsa de una vez por todas. Actuando, como en la célebre obra de Lope, “todos a una”. Llegará otro 2 de octubre, más contundente, de eso no me cabe duda.