Parece inaceptable que los victimarios escojan a quienes deben juzgarlos por crímenes atroces.
“Tanto el Gobierno como las Farc nombrarán una comisión previa de selección que tendrá la responsabilidad de elegir por su perfil y trayectoria a los magistrados de la jurisdicción especial para la paz, incluidos jueces extranjeros”. Según El Espectador, en un trabajo de Juan D. Laverde, quien por fin pudo conocer el documento que le venían escondiendo a la opinión mientras lo circulaban entre los amigotes, así se van a escoger los jueces de las Farc.
El resumen es sencillo. Si lo que dice El Espectador es cierto –y yo lo creo–, las Farc, los victimarios, escogerán sus propios jueces. Esa es la genialidad que aceptaron. ¡Válgame Dios! Que diseñen la instancia intermedia de la comisión previa de selección, definida por las propias Farc con el Gobierno, confirma que, a sabiendas de la gravedad que ello representa, quieren maquillarlo con arandelas distractoras orientadas a confundir a la opinión pública.
Los testaferros, voceros o delegados de las Farc, que serán, a la postre, las mismas Farc, escogerán sus jueces. Y estos jueces escogidos por las Farc juzgarán a sus propios miembros. ¡Atención! Y juzgarán a los militares y a sus adversarios y a la oposición política y a todos los que terminen involucrados por acusaciones que formulen las mismas Farc, o que provengan de cualquiera otra fuente.
Cómo será la vergüenza que esto les produce a De la Calle y compañía que no han sido capaces de decírselo a Colombia. Es como si a los nazis les hubieran permitido escoger a sus jueces, o a Pinochet, o a los dictadores argentinos, o a Fujimori. Los responsables de los crímenes intervienen en la designación de quienes habrán de juzgarlos.
Y como lo acordado es manifiestamente contrario a la Constitución Nacional, que termina vulnerada y pisoteada, les urge aprobar a las volandas el acto legislativo que, salpicado de triquiñuelas como la denunciada por Claudia López, hace tránsito en el Congreso para dejar habilitado un procedimiento exprés de reforma constitucional, para inocularle esta peligrosa novedad a nuestra Carta política. Valga decir, que los procesados intervengan en la escogencia de sus jueces.
Y además, a la manera de las leyes habilitantes venezolanas, pretenden que el Congreso se arrodille, les regale sus competencias y se desprenda sin pudor ni dignidad de las atribuciones que son de su esencia.
Quedó claro que apuntan a eso con la aprobación atropellada del delirante presupuesto 2016, en el que se recortó la plata de la ciencia, del deporte, de la vivienda, de la infraestructura, del agro, pero se mantuvieron camufladas las raciones de ‘mermelada’ para garantizar el control de unas mayorías que le aprueben al Gobierno cualquier barbaridad que se le ocurra. Como esta.
El tema es más profundo. El Gobierno está conduciendo al Congreso a generar una sustitución constitucional, valga decir, obligándolo a aprobar reformas frente a las cuales carece de competencia por tocar piedras angulares de la Constitución que solo puede modificar el constituyente primario, valga decir, el pueblo colombiano. Ojo con la sustitución de la Constitución.
Estas revelaciones dan combustible a quienes vienen sosteniendo que el modelo negociado en Cuba es ‘Timochenko’ senador o candidato presidencial, con Álvaro Uribe preso. Yo me resisto a creerlo, pero cada día lo que va conociendo sobre el acuerdo suscitan más preguntas.
A la luz de estas nuevas revelaciones se comprende mejor la carta de Andrés Pastrana. Creo que tiene razón. Y pienso que, a la postre, le podrán hacer más daño a la paz –lo dirá la historia– quienes patrocinan un acuerdo inaceptable para la ciudadanía, el derecho nacional y el derecho internacional, que aquellos que levantan su voz independiente para abogar por un acuerdo justo, razonable y sostenible.