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Escuchas ilegales: ¿Sanción en derecho?

¿Cómo se llama eso? ¿Cautela? ¿Prudencia? ¿Temor? La parsimonia de los editorialistas ante la brutal condena, de única instancia, decidida el 30 de abril pasado, por la sala penal de la CSJ, contra la ex directora del disuelto servicio de inteligencia DAS, María del Pilar Hurtado, a 14 años de cárcel y al pago de una multa de 28 millones de pesos, da mucho que pensar.

 

Idéntico sigilo existe ante la condena, el mismo día, a 8 años de cárcel, contra el ex secretario de la presidencia de la República Bernardo Moreno, por, como en el caso de Hurtado, unas supuestas intercepciones telefónicas de “defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados”.

 

Solo El Colombiano, matutino de Medellín, se atrevió a firmar un editorial al respecto. Entre líneas dice que es una condena justa, sin estar muy seguro. El resto de editorialistas guarda silencio. ¿Les falta información para forjarse una opinión?

 

La prensa se limitó a difundir la noticia sobre esas condenas y a transcribir, sin comentarios, las reacciones del ex presidente Álvaro Uribe y de otros líderes del Centro Democrático sobre el tema, pero nada más. El fallo condenatorio tampoco ha sido puesto a disposición del público, que yo sepa. No lo he encontrado ni en el portal web de la CSJ, que es muy poco ameno, ni en la prensa.

 

En otras palabras: hay obscuridad sobre los fundamentos de esas condenas inapelables. No se sabe si hubo confesión de parte de Hurtado. No se sabe si los cargos contra Hurtado y Moreno fueron probados. Moreno rechazó siempre las acusaciones. El afirma que nunca dio una orden a Hurtado para que hiciera interceptaciones ilegales, que solo le pidió que mantuviera informada a la Casa de Nariño. La sentencia del magistrado Fernando Castro Caballero se alejó de las exigencias de la Fiscalía. Pero hasta no ver ese texto completo es difícil saber si Hurtado y Moreno disfrutaron de un debido proceso.

 

Mientras tanto habría que preguntarse por qué un fallo de ese alcance es tan poco comentado. Habría que preguntarse por qué un diario bogotano está citando textos que no aparecen en la condena, como lo denunció hoy el ex director del DAS Andrés Peñate. Habría que preguntarse por qué las preguntas que flotan sobre las escuchas ilegales del DAS jamás son respondidas.

 

¿La presidencia de la República debía estar al tanto de lo que terroristas, narcotraficantes, mafias y otros grupos clandestinos estaban haciendo, precisamente en un periodo en que el jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez, impulsaba con éxito una política de confrontación y desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas comunistas y de extrema derecha? Parece que no. Esa orientación es mal vista por algunos operadores judiciales. El Estado “burgués” colombiano no tiene por qué defenderse ni defender a la población. Si se defiende incurre en delito y se transforma en “organización criminal”.

 

Colombia es un blanco particular del terrorismo y del narcotráfico. Desde hace décadas Colombia padece esos dos terribles flagelos, que vienen de afuera y de dentro del país, pues su dispositivo jurídico de lucha, vigilancia y detección prematura de esas amenazas ha sido débil o inexistente. Las Farc siempre combatieron la aprobación de leyes antiterroristas y/o de seguridad. Como tuvieron éxito en eso (la escasa legislación existente es incoherente), pasaron, desde 2003, a otra fase, siguiendo los pasos que había dado en 1989 el narcotraficante Pablo Escobar: la destrucción física del DAS y de los organismos de inteligencia civil y militar del Estado. Lograron desmantelar al DAS, explotando sus fallas y corruptelas internas, y avanzan ahora hacia la destrucción de la inteligencia militar. Por la vía de los contactos en La Habana, quieren reducir a polvo la fuerza pública e intrigan para que el Estado cambie su doctrina militar. Sin tales destrucciones, sobre todo de la contra-inteligencia, el proceso actual en La Habana no habría podido existir.

 

Los que se frotan las manos por las condenas de Hurtado y Moreno quieren que olvidemos que ese fue el marco político, social y judicial del proceso de las llamadas “chuzadas del DAS”. Estamos pues ante un jaleo hipócrita como nunca antes.

 

Todo eso muestra hasta dónde ha sido desarticulado el sistema democrático en Colombia.

 

La labor de inteligencia del DAS, entre 2002 y 2010, hoy descrita como “ilegal”, era perfectamente legítima. ¿No era obligatorio saber qué apoyos clandestinos o no recibía el grupo más estructurado de agitadores que buscaba el abandono de la política de seguridad democrática? ¿No era necesario saber si los dos gobiernos extranjeros que ofrecían asilo y apoyo material a destacamentos de las Farc apoyaban a ese grupo? ¿No había que averiguar si los llamados “críticos del gobierno” habían cruzado la línea de la legalidad republicana? ¿No era indispensable saber quién financiaba los viajes y contactos de esa gente en el extranjero? ¿No era urgente saber si fracciones mafiosas extranjeras habían penetrado la justicia?

 

Ninguna democracia es indiferente ante semejantes actores, ante tales movidas. Ningún Estado de derecho se abstiene de investigar los grupos y los individuos que se mueven en aguas tan turbias. La vida, la seguridad de la ciudadanía y la estabilidad política y económica del país están siempre en juego. ¿No en Colombia? ¿Vivimos en un país angelical? ¿Por qué algunos pretenden hacerle creer a la opinión que proteger el territorio e impedir el terrorismo equivale a montar una “policía política”?

 

Si en esa labor de inteligencia se cometieron abusos éstos deben ser sancionados. Falta saber si la plena prueba de que Hurtado y Moreno cometieron errores o delitos fue aportada al expediente. O si lo que existe contra ellos son meras conjeturas de terceros, o declaraciones negociadas, como se ha visto en varios procesos recientes donde los justiciables son todos uribistas. Por eso hay que mirar la sentencia. ¿Pero ésta dónde está?

 

Hay puntos confusos que la prensa ha sido incapaz de explicar. El Tiempo descubrió, por ejemplo, que “algunas” de las escuchas “como las que hicieron a la ex senadora Piedad Córdoba, tenían un sustento legítimo para efectuarlas, pero nunca versó una orden judicial para ello”. ¿Es verdad que nunca medió una orden judicial para ello? ¿Esta era necesaria? ¿Si la motivación era “legítima” por qué se condena tan brutalmente a quienes la realizaron? Hasta que no podamos leer la sentencia habrá muchas dudas al respecto.

 

El escándalo Tasmania no era una tontería. Alguien quiso montar un escenario en el que el presidente Uribe aparecía como el que había contratado, en 2003, al paramilitar ‘Tasmania’ para asesinar al paramilitar ‘René’. Nada menos. El magistrado Iván Velásquez estaba metido en eso. Pero la justicia no quiso investigar a fondo ese asunto, aunque el presidente Uribe lo pedía. Como tampoco quiso investigar por qué habían falsificado la firma del abogado del presidente Uribe, en un papel en el que él, Jaime Lombana, aparecía pidiendo unas investigaciones al DAS. Ese documento falso fue llevado a la revista Semana y a una radio para que armaran tremendo escándalo. Hoy todo eso parece olvidado. Hay que salir de esa amnesia.

 

La CSJ estima que sí existió “motivo legítimo para recaudar información” pero que el delito del DAS, dice, fue haber “entregado la información a los medios para desacreditar a la Corte.” ¿Dónde está la prueba de que MPH haya “entregado a la prensa” esa información? El “descrédito de la Corte” no tiene, como se ve, otros orígenes? ¿No hubo periodistas que, además, fueron injustamente enjuiciados por revelar los actos de corrupción muy real de ciertos magistrados?

 

Al iniciar el proceso de las escuchas, los demandantes estaban fuera del gobierno y luchaban para enlodar el combate contra el narcoterrorismo. Años después, al momento del fallo, esas personas están en el poder, o influyen de manera directa sobre el gobierno Santos, y hasta incursionan abusivamente en los manejos de la justicia y de los ministerios. Y, aún así, se hacen llamar “víctimas” del Estado.

 

¿Cuántos muertos dejó el asunto de las “chuzadas del DAS”? Ninguno. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos mutilados? Ninguno. ¿Cuántos fueron detenidos y encerrados en la Picota o en el bunker del DAS o de la Fiscalía? Ninguno. ¿Cuántos tuvieron que huir del país para salvar su pellejo? Ninguno. ¿A cuántos se les negó el debido proceso? A nadie. ¿Cuántos fueron sometidos al escarnio público? Ninguno. ¿Cuántos libros difamatorios fueron escritos contra ellos? Ninguno. Extrañas “víctimas” autoproclamadas éstas que no reciben sino que, por el contrario, propinan terribles golpes a los otros, y al país en general. Víctimas que descargan golpes contra otros y esconden la mano.

 

Los contratiempos de esas “víctimas” fueron dos: Piedad Córdoba perdió su calidad de senadora cuando el ministerio público comprobó sus lazos con las Farc. Gustavo Petro perdió unos días la alcaldía de Bogotá por el escándalo de las basuras. Ambos pudieron defenderse en los tribunales. El uno logró, con ayuda del presidente Santos, seguir atornillado al cargo. La otra pudo interponer todos los recursos de derecho. Estos confirmaron la sanción del Procurador. Eso es lo que ellos llaman ser “víctimas”.

 

Sobre otro demandante, Daniel Coronell, el diario El Colombiano reveló, el 7 de marzo de 2010: “En 1992, NTC, cuyo socio mayoritario es Daniel Coronell, se asoció con el empresario César Villegas condenado en el proceso 8000. Además, en la licitación de 1991, usó equipos de imagen y sonido propiedad del [narcotraficante] Justo Pastor Perafán”. Recabar información sobre la vida privada de un periodista normal puede ser un delito. Otra cosa es investigar a personajes con semejante pedigrí.

 

María del Pilar Hurtado tuvo que huir del país en 2010 cuando vio que la Fiscalía iba a detenerla y someterla a un juicio sin garantías, como habían hecho con el Coronel Alfonso Plazas Vega, héroe del rescate del Palacio de Justicia, quien confiando en la justicia colombiana se presentó ante una fiscal y fue detenido ahí mismo, el 16 de julio de 2007, sin que cursara en el expediente una sola prueba contra él. Después, el 9 de junio de 2010, Plazas fue condenado a 30 años de prisión sin que jamás la instrucción aportara prueba alguna contra él, en un proceso con irregularidades monstruosas. Hoy, casi ocho años después, el Coronel Plazas sigue detenido y esperando que la justicia lo absuelva ante el derrumbe de todas las acusaciones que cursaban contra él.

 

Qué garantías podía esperar Hurtado de la justicia cuando Jaime Arrubla Paucar, presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, lanzó ofensas durante dos años contra la ex funcionaria y terminó insultando el principio de la presunción de inocencia y la prejuzgó al declarar: “Ni siquiera a un mentecato se le ocurre que puede filtrar la Corte y salir impune”. Actitudes similares adoptaron el fiscal Guillermo Mendoza Diago y el ministro del Interior Germán Vargas Lleras.

 

Hurtado no huyó por capricho. La ex directora había rendido un largo testimonio ante la Fiscalía el 13 y 14 de julio de 2010. Cuatro meses después, El Espectador publicó el texto completo de ese interrogatorio y lo sazonó con comentarios errados y difamatorios. La Fiscalía había filtrado a los medios esa diligencia, parte central de un sumario reservado, y nunca sancionó a los responsables de ese ilícito. Esa fue la gota que desbordó el vaso. Antes de eso, la fiscalía había filtrado a la prensa cantidad enorme de otras piezas del expediente del llamado “escándalo de las chuzadas”.

 

María del Pilar Hurtado explicó a Panamá que temía por su vida y obtuvo en 24 horas el asilo territorial, el 18 de noviembre de 2010. Pero más tarde, tras el cambio de gobierno de Panamá, las presiones de la Fiscalía colombiana y del gobierno de Santos arreciaron y las intrigas de una infame Ong que se dice “defensora de los derechos humanos” pero que lucha, apelando a Interpol, contra esos derechos humanos, lograron, para vergüenza de Panamá, dejarla sin protección. Colombia, que hasta entonces había respetado el derecho de asilo, se transformó con esa medida en una republiqueta capaz de perseguir en el extranjero a sus propios nacionales.

 

La Cancillería jugó a fondo la carta de la persecución selectiva. El 26 de noviembre de 2010, Caracol Radio informó: “Cancillería pide a otros países no otorgar asilo a ex funcionarios investigados del gobierno de Uribe”. Ello probó que no solo ciertos jueces estaban en la cacería de uribistas sino que el gobierno gerenciaba la fiesta.

 

Esa inversión asombrosa de los roles de la víctima y del victimario es la otra gran curiosidad de ese proceso. ¿Por eso entre lo que quería la Fiscalía y lo que decidió la CSJ hay una distancia? Esas paradojas sin respuesta muestran que en este asunto hay mucho de política y poco de derecho, mucho de revancha de un grupo de extremistas contra unos funcionarios del Estado que cumplían, como podían, su deber de dar protección a Colombia. Y que lo hacían con un instrumental jurídico defectuoso y lleno de lagunas.

 

Gustavo Petro, ex senador y líder en aquel momento de la fracción extremista opositora, se declaró “víctima” de Hurtado e intentó, aprovechando la investigación judicial, vincular a la ex directora del DAS al asesinato de un humorista, Jaime Garzón. Petro trató en vano de ligar ese asesinato a las escuchas telefónicas. La CSJ no lo siguió en eso. ¿Por qué ese uso abusivo de la vía de derecho de parte de Petro no ha sido sancionado?

 

Obviamente, el objetivo de la cruzada contra Hurtado y Moreno no es sancionar unas escuchas ilegales. El objetivo es político y de alto vuelo: envolver al ex presidente Álvaro Uribe en un proceso. Desde hace cuatro años llueven las presiones sobre Hurtado, Moreno y otros ex funcionarios para que acusen al ex jefe de Estado. No lo han logrado. Quieren la muerte política del senador Uribe y el colapso del partido Centro Democrático en momentos en que la falsa negociación de paz con las Farc entra en crisis y la imagen de Santos cae en picada gracias al juego diabólico de las Farc, de “negociar” el país en Cuba y continuar sus atrocidades contra el Ejército y la población civil colombiana.

 

Las curiosas “víctimas de las chuzadas” aspiran a tomar el poder dentro de dos o tres años, para culminar el proceso actual de demolición de la democracia. Saben que tal objetivo será inalcanzable si el senador Uribe, su partido y las mayorías colombianas, siguen en pié en defensa de ciertos valores. Ese es el mayor desafío que enfrenta el país.