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GOBIERNO ENTREGA EXPLOTACIÓN DE LA SAL DE MANAURE A LOS WAYUÚ

 

Por primera vez el Estado cede su participación
accionaria a una etnia reconociéndole su derecho ancestral

GOBIERNO ENTREGA EXPLOTACIÓN DE LA SAL
DE MANAURE A LOS WAYUÚ

  • Se crea
    Empresa Salinas Marítimas
    de Manaure.
  • Se convierte
    a las comunidades indígenas
    en accionistas mayoritarios de la sociedad.
  • Se otorga
    concesión
    de la explotación de sal
    a la nueva sociedad.
  • Se constituirá un
    fideicomiso para el manejo de los ingresos de la nueva empresa.

Manaure, 21 dic (SNE). Por primera vez en la historia del país
el Estado le cede su participación accionaria a la comunidad
indígena, reconociéndole su derecho ancestral y
de territorialidad.

Hoy, el Presidente de la República, Álvaro Uribe
Vélez, entregará a los representantes de las
comunidades Sumain Ichi, Waya Wayuú y Asocharma, los títulos
de la participación accionaria que los hace dueños
del 76 por ciento de la empresa Salinas Marítimas de Manaure
(Sama).

Para ello, primero se procederá a la constitución
de la sociedad de economía mixta, para la explotación
y procesamiento de la sal, conformada en un 51 por ciento por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un 24 por ciento
por la Alcaldía de Manaure y un 25 por ciento por la
comunidad Wayuú de Manaure.

Posteriormente se procederá a hacer la cesión
de la participación accionaria del Estado a las tres comunidades
indígenas, con lo cual Sumain Ichi quedará con
el 36 por ciento, Waya Wayuú con el 30 por ciento y Asocharma
con el 10 por ciento.

Y finalmente, el Ministerio de Minas y Energía, entregará la
concesión de explotación de sal a la nueva empresa.

De esta forma, el Gobierno hace propietarias a las comunidades
indígenas, las incorpora dentro de un proceso de autogestión
y cumple con un acuerdo que llevaba más de 13 años
en espera. Este acto es, igualmente, un reconocimiento a la vinculación
ancestral y centenaria de las comunidades indígenas en
este territorio, así como de la importancia social y económica
de la explotación salífera para la población
de Manaure y de toda la Guajira.

Siguiendo los lineamientos de su política social, el
reconocimiento a las comunidades indígenas, el apoyo regional
y el impulso a proyectos de autogestión, el Gobierno Nacional
decidió cumplir con un compromiso que se había
adquirido desde 1991 cuando se firmó un acuerdo entre
el IFI Concesión Salinas y la comunidad Wayuú de
Manaure, mediante el cual se contemplaba la participación
de la comunidad indígena en la explotación de sal.

Cuatro hechos fueron fundamentaron la firma del acuerdo: El
reconocimiento por parte del Estado de que la comunidad Wayuú tiene
un derecho histórico, ha tenido una vinculación
centenaria a la explotación de la sal, el reconocimiento
de que la solución de los conflictos relacionados con
la explotación de la sal traerá mejoría
en las condiciones de convivencia mejorando la calidad de vida
y trabajo, y trayendo paz social para la región y el
fortalecimiento del desarrollo etno-social de la comunidad
Wayuú, y el
reconocimiento de la Comunidad Wayuú, de que es importante
la optimización de la producción de sal como un
bien esencial para todos los colombianos.

EL PROCESO

Históricamente la Concesión de Salinas ha venido
subsidiando una actividad de producción de sal de forma
artesanal (Cosecha Indígena) por parte de la comunidad
indígena Waya Wayuú, actividad que le generaba
pérdidas a la concesión.

Por eso se debía reorganizar el sistema y eso fue lo
primero que hizo este Gobierno para poderle dar viabilidad a
la sociedad, lo cual redujo las pérdidas sustancialmente
en más de un 200 por ciento.

De esta manera la sociedad comenzaba a ser viable, sin embargo
todavía faltaba lograr reducir algunos aspectos de ineficiencia
dentro de la misma producción industrial, trabajo que
viene realizando hasta el día de hoy la nueva administración
de la concesión.

Con la reorganización de la “cosecha indígena” (Producción
artesanal de sal), la reestructuración de algunos procesos
por parte de concesión y el incremento en ventas que se
ha logrado, hoy esta es una sociedad viable.

Ya con la viabilidad de la empresa, faltaba encontrar la forma
de integrar a todas la comunidades indígenas de la zona
de influencia de las salinas, ya que la Ley 773 solo integró a
una los “Sumain Ichi”, faltaban las familias que
producen sal por su propia cuenta asociados en Asocharma y
todos los que participan de la cosecha artesanal asociados
en Waya
Wayuú.

Una vez se demostró que la sociedad si podía ser
viable, el Gobierno tomó la decisión de constituirla
pero con unas características especiales: integrar a todas
las comunidades indígenas asentadas en la zona de explotación
de Manaure, contratar a un operador privado para la explotación,
hacer responsable a Sama de la ejecución de la cosecha
indígena y de la integración de la producción
de sal familiar al complejo productivo.

Así mismo, se deberá constituir un Comité Transitorio
de Vigilancia y un fideicomiso para el manejo de los ingresos
de Sama con el fin de garantizar los pagos operativos y el desarrollo
de los proyectos productivos para las comunidades.

CONDICIONES

Con el fin de garantizar el verdadero beneficio para las comunidades,
el acuerdo contempla varias condiciones que deberán cumplir
los nuevos accionistas de la empresa creada.

Una de ellas es contratar a un operador privado experto en el
desarrollo de la explotación de sal para hacer más
productivo y eficiente el proyecto. Mientras se contrata, la
operación la seguirá realizando la Concesión
de Salinas con el fin de garantizar la rentabilidad de la explotación.

De hecho, con la gestión de la presente administración
las ventas de sal en Manaure crecieron un 38 por ciento durante
el primer semestre del 2004 frente al primer semestre del 2003
y se proyecta un crecimiento total del 41 por ciento para fin
del año.

De igual forma se estipula que no se podrá vender la
participación cedida por el estado sin autorización
escrita de los ministerios de Minas y Energía y Comercio,
Industria y Turismo.

También habrá un comité de vigilancia para
el desarrollo de la operación del cual forma parte el
Gobierno y el Estado conserva la facultad de vigilancia que le
dan los contratos de concesión de tal forma que se podrá reversar
el contrato si llegara a funcionar mal.

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