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GOBIERNO RESPONDE A CORTE CONSTITUCIONAL

Bogotá, 23 ago (CNE).- El siguiente es el texto de la carta que el Secretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverry, envió hoy al magistrado de la Corte Constitucional Jaime Cordova Triviño, en respuesta a la solicitud dela Corte de explicar los hechos que llevaron al Presidente de la República a decretar la Conmoción Interior.

"Doctor

JAIME CORDOVA TRIVIÑO

Magistrado

CORTE CONSTITUCIONAL

Estoy dando respuesta a su oficio del pasado viernes 16 de agosto, por el que se ha solicita explicar los hechos que a juicio del Presidente de la República justifican la Conmoción Interior que declaró por el Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002.

Pongo a su consideración el análisis de los hechos que condujeron a esta medida extraordinaria y me permito compartir con la Honorable Corte algunas consideraciones estimativas esenciales para comprender la medida que se dictó, las que se han promulgado para complementarla y las que en el mismo sentido se producirán en breve.

La seguridad es un valor jurídico fundante, en el sentido en que siendo de jerarquía subordinada es sin embargo condición para que de los demás pueda predicarse su existencia. Nadie duda de que la Justicia es la pauta axiológica por antonomasia de lo jurídico, pero faltando la seguridad ni siquiera puede entablarse discusión sobre lo justo o lo injusto que aparezca en el horizonte de las relaciones sociales. Pero además de servir como valor previo y condicionante de los demás, la seguridad tiene una existencia objetiva que inclusive puede medirse con cifras estadísticas, es también un sentimiento íntimo, individual o colectivo, que escapa a cualquier forma de cuantificación pero que no por eso deja de ser real y de influir decididamente en el comportamiento de la persona y de la comunidad.

Allí es donde estriba la perversidad del terror, que con muy poco, medido desde el punto de vista matemático, afecta a muchos y de manera probablemente irreparable. Los dos mil muertos de las torres gemelas de Nueva York no bastan a explicar aritméticamente la magnitud del conflicto político y militar que han desencadenado. Simplemente ocurrió que el mundo occidental se estremeció con la perspectiva de que actos salvajes de esa naturaleza pudieran repetirse y del sentimiento de seguridad en que vivía pasó a una sensación de terror que invadió la conciencia colectiva y obligó al poder político a tomar las más extremas medidas para restablecer la confianza de la gente, o si se quiere el sentido de su seguridad, que es el elemento primero de la vida civil.

El Señor Presidente Uribe Vélez acaba de terminar una campaña política de tres años, en la que recorrió todos los rincones de la geografía nacional y recibió de los más amplios sectores de la sociedad colombiana claros mensajes de cómo se percibe a sí misma y cómo los individuos entienden el país en que viven. Será del caso recordarle a la Honorable Corte que el entonces candidato Uribe Vélez fue víctima de varios atentados que milagrosamente no le costaron la vida. En varios de ellos, por desgracia, perecieron personas que no eran el objetivo de la acción terrorista, pero es que desgraciadamente en este tipo de barbarie no se miden los riesgos para nadie ni se ahorra en la capacidad de daño para ofender a los inocentes. Después del último atentado de Barranquilla, en el que los pasajeros de un bus pagaron con su vida el simple hecho de estar en ese momento en el lugar equivocado, el Presidente Uribe, pese a su resuelta voluntad de compartir sus programas y propuestas con el pueblo colombiano, tuvo que someterse a las imposiciones de los organismos encargados de cuidarlo y restringir casi absolutamente sus visitas a las distintas regiones del país y sus actos públicos. Las limitaciones que en ese sentido impuso la violencia para la acción política no fueron solamente para la campaña presidencial. Centenares de candidatos al Congreso apenas pudieron hacer proselitismo, muchos de ellos tuvieron que mudar su residencia y otros fueron secuestrados por grupos alzados en armas. Cuando se escribe esta nota, sigue privada de su libertad una excandidata a la Presidencia de la República, el Gobernador del departamento más poblado del país, un ex ministro de Estado que lo acompañaba en una jornada por la paz y varios otros congresistas.

El secuestro de Ingrid Betancur ha traído gravísimas consecuencias para la imagen de Colombia y muy serios problemas para sus relaciones internacionales. El hecho de que haya sido declarada ciudadana de honor en más de 100 ciudades francesas y suizas le indican a la Honorable Corte los niveles de presión que pueden ejercerse sobre el gobierno y el daño que un acto de esta clase le causa a nuestras instituciones. Esta circunstancia, que las FARC están en plena capacidad de comprender por la asesoría internacional muy eficiente que reciben, extrema la vulnerabilidad de las personas más sobresalientes de la sociedad colombiana.

El secuestro de varios congresistas, ha conducido a los demás a tomar medidas de seguridad que los alejan del contacto con la gente, destruyendo todo vínculo democrático y de relación inmediata entre el parlamento y el pueblo que lo eligió.

Siguiendo en la línea expositiva con la oleada de terror desatada contra las autoridades regionales, también debo agregar algunas reflexiones al frío panorama que las estadísticas proponen. La nueva táctica empezó por amenazas eficaces contra un puñado de alcaldes del sur del Huila, y se ha extendido por todo el territorio nacional. Como la presión sobre los alcaldes no fue suficiente, en primer lugar se ha ejercitado de la manera más cruel sobre sus familias, y en seguida contra los funcionarios de las alcaldías que intentaban mantener en actividad sus despachos Luego vino la acción contra los concejales y en los últimos días contra los gobernadores y los diputados a las asambleas departamentales. Solamente ayer, señalo el hecho para que la Honorable Corte comprenda la inminencia y el crecimiento progresivo de los peligros que nos asedian, el Ministro del Interior recibió a 25 diputados de todo el país, que a nombre de los demás pidieron al Gobierno Nacional extendiera para ellos las medidas de protección que se han tomado para con los alcaldes, los concejales y los gobernadores. Esto agrega más de 500 familias a la lista de perseguidos por la guerrilla e implica el comienzo del fin de cualquier autoridad democrática en las regiones.

No es posible señalar en detalle a la Honorable Corte la intensidad de las amenazas propuestas contra las autoridades democráticas de las regiones del país. Cada caso es un expediente que sorprende por la capacidad de los agresores para despojarse del más elemental sentimiento de humanidad. El secuestro de la niñita de tres años, hija de un alcalde, que se utilizó no solo para presionar la renuncia de su padre sino la de todos los demás, es apenas una muestra de lo que son capaces de hacer estos grupos armados para conseguir sus propósitos. Muchas de las amenazas que estos servidores públicos reciben no llegan siquiera a la Fiscalía General de la Nación, porque del silencio depende la vida de quienes las padecen. El Gobierno Nacional es con frecuencia confidente de atrocidades que bastarían para conmover la conciencia de todos los hombres del mundo.

Esta avalancha de terror contra las instituciones, está indisolublemente ligada al poder del dinero que la explica y que define sus perfiles. El lavado de activos, que consiste en introducir al torrente monetario los dólares provenientes de la venta de cocaína y heroína al exterior nutre de recursos al crimen.

No cabe duda de que el fenómeno del narcotráfico viene golpeando al país desde hace largo tiempo. Sin embargo, su capacidad de agresión se multiplica todos los días, por su cada vez más fuerte vinculación con las peores formas de delincuencia organizada. Hoy, como no sucedía ayer, es absolutamente imposible hacer un diagnóstico sobre el fenómeno del narcotráfico, y mucho menos enfrentarlo eficazmente, con independencia de la estructura y funcionamiento de las bandas armadas, de cualquier signo que ellas sean, y de todas las otras organizaciones delicuenciales. Para citar un ejemplo sencillo, los delitos de piratería terrestre y el robo de automóviles tienen íntima conexión con los grupos narcotraficantes y con el poder de su dinero. Pero a su turno, la guerrilla y las autodefensas multiplican sus posibilidades para cuasar perturbación del orden público y afrentar los derechos individuales, gracias a la financiación que le genera el narcotráfico. Este fenómeno tampoco es enteramente nuevo, pero por un proceso de acumulación ha llegado a consolidar un poder que representa un riesgo imprevisible e inminente para el Estado colombiano y para los habitantes en este territorio que debe ser afrontado de inmediato.

Este poderío económico ha traído consigo fenómenos tan inquietantes como el de la internacionalización del terrorismo colombiano, que le ha permitido una evolución tecnológica sorprendente y en extremo peligrosa. Los morteros que el 7 de agosto estaban preparados para asesinar las cabezas de todas las Ramas del Poder, al Congreso en Pleno, a representantes de más de 70 países y a 6 Jefes de Estados amigos, están siendo fabricados con tecnología europea y si permitimos que perfeccionen sus mecanismos de disparo a distancia y su precisión, estaremos ante un problema de seguridad casi insoluble. No podemos revelarle a la Corte, al menos por esta vía, los informes de inteligencia que indican la sofisticación de las armas que se están preparando para atacar el poder civil, para destruir poblaciones enteras y para arruinar definitivamente el país. Pero a la Corte nada podría sorprenderle en esta materia, si considerara simplemente que una organización guerrillera mil veces rica, establece contactos con las similares de su género en todo el mundo, como está ocurriendo efectivamente, para multiplicar su capacidad ofensiva y con el uso del dinero que le llega por su vinculación uno de los negocios más rentables de la tierra.

La reacción contra estos actos tiene que ser inmediata. El Presidente de la República considerando la grave perturbación del orden público que se acredita con las pruebas que ordenó practicar esa Honorable Corte y se remiten con documento anexo, recurrió al Conmoción Interior como única alternativa para restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en ejercicio de su atribución constitucional consagrada en el articulo 189 numeral 4·. de la carta de conservar en todo el territorio nacional el orden público y de reestablecerlo donde estuviere turbado. Para ello el Gobierno nacional está preparando un paquete de medidas legislativas que le permitan al Estado ensayar más eficazmente su defensa y la de sus ciudadanos. Los días no pueden correr en vano y mañana será tardía la reacción que se intente contra los hechos que tan resumidamente expongo a ustedes. En las actuales condiciones el tiempo vale mucho más que oro, porque están en juego la vida de los ciudadanos, la seguridad del país y su supervivencia como nación civilizada.

Debe ser entonces claro para la Honorable Corte que dentro de este orden de ideas la decisión de fortalecer las fuerzas armadas y de policía sea la primera que se haya tomado. Son muchos los lugares del país, municipios y pequeños poblados que carecen de un puesto de policía y de la posibilidad de recibir socorro inmediato de las fuerzas militares. Por esa razón, la fuerza pública tiene que ampliarse con hombres y equipos, sin la menor dilación. Pero no basta con crear un pie de fuerza adicional, sino que es menester la disposición de medios tecnológicos más abundantes y evolucionados de los que hoy se dispone. En elementos de comunicación, de transporte y de armamento, las necesidades son enormes y de urgencia manifiesta. Como desde su campaña lo dijo tantas veces el doctor Alvaro Uribe, se trata de disponer de una autoridad con capacidad disuasiva y con legitimidad moral que garantice el orden y la paz. La debilidad de nuestros medios de lucha contra el crimen, incitan al crimen. La carencia de fuerza disponible, multiplica las tentaciones de los delincuentes para dañar la población civil.

Como sustento probatorio de lo aquí afirmado, se hace entrega a la Honorable Corte de los informes preparados por distintas instituciones del Estado que corroboran la grave situación de orden público que vive el país. Debe señalarse sin embargo que hay temas cuya confidencialidad de manejo no pueden entregarse a riesgo de filtraciones, de infidelidades o de simples descuidos. La Corte sabrá comprenderlo y disponer lo pertinente.

En los anteriores términos pongo a su consideración el presente escrito que explica las razones que indujeron al Señor Presidente de la República con la firma de todos sus ministros a decretar el estado Conmoción Interior en todo el país mediante el Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, como la única herramienta constitucional para afrontar de forma inmediata la grave alteración del orden público que vive el país y evitar la extensión de sus efectos.

Manifestando de antemano los agradecimientos por la atención que el presente documento merezca en esa Honorable Corte, ratifico el sometimiento del Gobierno a la Constitución y los poderes que ella confiere a esa Corporación y a las decisiones que ella adopte.

ALBERTO VELASQUEZ ECHEVERRI

Secretario General

Presidencia de la República".