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HABLA EL VICEPRESIDENTE EN ACTO DE APOYO A DEFENSORES DE DDHH

Bogotá, 9 sep (CNE).- Discurso del Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, en el acto de apoyo de los defensores y las defensoras de los Derechos Humanos, convocado por la sección canadiense de Amnistía Internacional.

"Si tuviera que expresar en pocas palabras lo que pretende el Gobierno de Colombia en cuanto al respeto y la defensa de los derechos humanos les diría que queremos realizar y consolidar en este cuatrienio los mayores avances en la historia reciente del país en esa materia.

El Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, considera que ningún crimen puede tener directa o ladina justificación y que el respeto por los derechos humanos es lo único que nos puede conducir a encontrar la seguridad y por su conducto la reconciliación. En su discurso de posesión expresó: 'Cuando un Estado democrático es eficaz en sus garantías, así los logros sean progresivos, la violencia en su contra es terrorismo. No aceptamos la violencia para combatir el Gobierno ni para defenderlo. Ambas son terrorismo. La fuerza legítima del Estado cumple la exclusiva misión de defender a la comunidad y no puede utilizarse para acallar a los críticos'.

Este mensaje señala y determina la línea de acción del gobierno en el respeto y la defensa de los Derechos Humanos. Y a la vez subraya la importancia del compromiso y participación de particulares y organizaciones, de Colombia y del exterior, en la defensa constante de los derechos humanos y del DIH en nuestro país. Frente al terrible cuadro de dificultades que enfrenta Colombia en materia de derechos humanos –más de 34.000 homicidios, entre 3.000 y 3.600 secuestros por año, sin mencionar otras atrocidades–, resulta fundamental la constante y activa participación de individuos y organizaciones que expresen vigorosamente el rechazo a la violencia de todos los orígenes, muy especialmente contra las masacres, secuestros, asesinatos, destrucción de pueblos y otros atropellos cometidos por la subversión y por los paramilitares, sin ninguna duda, a la luz de todos los estudios disponibles, los mayores violadores de los DDHH y del DIH en Colombia.

Por eso es especialmente grato para mí participar en este evento y agradecer en nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia el gesto de Amnistía Internacional, sección Canadiense, para con los defensores de Derechos humanos colombianos.

Los defensores de los derechos humanos en Colombia cuentan con la admiración y la solidaridad del mundo y este gesto garantiza que no estarán solos en el futuro.

Invocar la tradición de las mujeres de los primeros inmigrantes, quienes ante las inclemencias del clima norteamericano tejían colectivamente las colchas para la protección de todas las familias de la comunidad, nos recuerda el valor del trabajo colectivo, de la solidaridad, de la socialización y la fuente comunitaria de la protección.

En Colombia, los defensores de los derechos humanos han sido la conciencia moral del ejercicio del poder y la mano solidaria con las víctimas. Gracias a su compromiso y a su visión tenemos leyes y normas adecuadas al tamaño de los retos, la mayor parte de las cuales fueron trabajadas por ellos, con tesón y paciencia. Gracias a los defensores de los derechos humanos se ha consolidado y perfeccionado nuestra democracia. Por todo ello merecen el reconocimiento y la gratitud de todos los colombianos.

El Gobierno Nacional comprende y reconoce ese aporte fundamental de los defensores de los derechos humanos en el fortalecimiento de nuestra democracia. Por ello y en respeto de la Constitución y la ley rechaza con toda energía las amenazas, atentados y descalificaciones de que son objeto. Cada víctima de las organizaciones de defensores de derechos humanos, del movimiento sindical, de las organizaciones sociales de trabajo por la paz, representa un ataque al país y a nuestra democracia que el Gobierno rechaza y reprueba.

Por eso queremos y alentamos un debate abierto, fluido y franco acerca de esto temas. Queremos confrontar ideas, alternativas y propuestas, con amplitud y honestidad, sin descalificaciones ni dobles agendas.

No tememos ser sometidos al escrutinio público nacional e internacional, pero en un ejercicio fundado en hechos y no en presunciones. Este debate, esta confrontación y este examen lo entendemos sobre la base de que compartimos nuestro ordenamiento jurídico, los principios de la democracia y la aspiración de lograr la plena vigencia de los derechos humanos para todos y todas, en todas partes y en todo momento.

La verdadera frontera en la sociedad colombiana está entre los intolerantes y violentos, no entre los que discrepamos dentro del marco democrático. Está entre cobardes que se escudan en la sorpresa y la violencia y los que pregonamos nuestras creencias para persuadir y convencer.

Amenazar, perseguir o atentar contra un defensor de los derechos humanos, un sindicalista, un periodista o un opositor político son siempre actos de extrema gravedad que no tienen ninguna justificación posible.

Esta ocasión me permite explicarles los fundamentos de la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional.

Nuestro compromiso con la garantía, promoción y protección de los Derechos Humanos proviene de la convicción democrática del Presidente Alvaro Uribe Vélez y de todo su equipo de gobierno. Un compromiso que concebimos como mandato del pueblo, fundamento de nuestra institucionalidad y base para la convivencia democrática.

Pretendemos que los derechos humanos no sean motivo de polarización social y política, sino el mínimo común que unifique el trabajo de todos los estamentos de la sociedad por Colombia. Estamos trabajando incansablemente por lograr la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio. Y más con hechos que con planes. No queremos seguir produciendo leyes ni decretos que no se aplican, ni crear comisiones que casi nunca logran resultados.

Necesitamos el esfuerzo conjunto del Gobierno y de las instituciones del Estado, del centro y la región, del Estado y la sociedad, de los ricos y los necesitados, de la izquierda, el centro y la derecha para lograr una vida digna para todos y todas, con disfrute de todas las libertades, con bienestar colectivo y seguridad.

Las instituciones del Gobierno con responsabilidades en la protección, prevención o atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario están trabajando intensamente en la evaluación de las políticas, programas e instituciones. La misión será cumplir las obligaciones con eficacia y máximo aprovechamiento de los recursos con que contamos.

Antes de terminar quiero hacer unos breves comentarios acerca de algunas iniciativas del Gobierno que han suscitado controversias en relación con los Derechos Humanos.

Por incomprensión, desconocimiento, ligereza o excesiva prevención, en algunos sectores se interpreta la declaratoria de conmoción interior, como guerrerista e inconveniente para el respeto de los Derechos Humanos.

Un examen tranquilo y desapasionado de nuestra realidad y de la grave crisis que padecemos por los frecuentes y graves ataques contra los civiles y las instituciones confirman que la que experimenta la Colombia de hoy es una situación excepcional. Todos los convenios internacionales suscritos por nuestro país tienen previsiones para estos casos. El gobierno se vio en la necesidad de utilizar esta figura, desde luego con arreglo a la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes colombianas.

El propósito de los decretos expedidos al amparo de la conmoción demuestran es combatir a quienes persisten en atacar a los civiles y las instituciones legítimas. Imponer una contribución a los sectores más ricos de la población; aumentar las penas para quienes extraen ilícitamente los hidrocarburos para financiar sus empresas de muerte y hacer mas expeditos los procesos para confiscar las riquezas ilícitamente habidas de narcotraficantes, corruptos y organizaciones criminales no es un atentado contra las libertades civiles o políticas.

Vista así, la conmoción interior ha sido el uso legítimo por el Estado de instrumentos legales para defender a la población y las instituciones de la agresión cada vez más irracional, insensata y cruel de los enemigos de la democracia. Agresión que no ha tenido ninguna consideración humanitaria, ningún límite moral ni ninguna consideración.

También ha sido motivo de fuerte polémica la política de seguridad democrática del gobierno nacional. Vale la pena preguntarse: ¿es posible ejercer los derechos ciudadanos en un ambiente de caos y coacción violenta? La seguridad es una condición para que opere la justicia y para el ejercicio de las libertades ciudadanas.

Quienes cuestionan la política de seguridad democrática desconocen sus contenidos y propósitos. Se busca seguridad para todos, para producir y para pensar u opinar; para transitar y para vivir; para profesar y para ejercer; para elegir y para legislar o gobernar; para estudiar y para enseñar; para protestar y para defender; para disentir y para apoyar; para las víctimas potenciales del secuestro y del desplazamiento.

La seguridad democrática pretende prestar eficazmente un servicio público y garantizar los derechos con transparencia. No en vano el Presidente Alvaro Uribe lo proclamó ante las tropas en la ceremonia de reconocimiento y en su discurso de posesión. La contundencia de sus órdenes me releva de ahondar en los detalles.

La seguridad democrática de este gobierno es un concepto integral. No se trata de llevar tropas al territorio abandonado, sino de llevar al Estado ausente por décadas. Queremos que sienta la presencia de las instituciones dando seguridad, funcionamiento libre de la justicia, fortaleciendo la institucionalidad local, propiciando oportunidades para el desarrollo con dignidad, abonando a la centenaria deuda social del Estado y convocando la solidaridad para la transformación de las regiones marginadas e inseguras.

La seguridad democrática convoca la solidaridad ciudadana. En cualquier democracia avanzada, los ciudadanos y ciudadanas apoyan los esfuerzos del Estado para lograr el propósito común de la seguridad. Aportar información que permita prevenir ataques contra la sociedad, desarticular organizaciones delincuenciales o confiscar bienes utilizados para cometer estos actos o producto de estos actos es una expresión de compromiso con el futuro tranquilo de nuestros hijos e hijas.

Cuando esta solidaridad se ejerce con control institucional, sometida a las normas, de manera voluntaria, sin facultades de reemplazar a las autoridades policiales o judiciales, con garantías plenas a las personas detenidas no puede pretenderse que es violatoria de normas, tratados o convenios. La realidad es que cada vez hay más conciencia de que la solución depende de todos.

La seguridad democrática utiliza a plenitud los instrumentos jurídicos para lograr eficacia. La vinculación de 20.000 nuevos soldados, llamados campesinos por la ley 48 de 1993, pretende recuperar la presencia del Estado en cerca de 400 sitios donde hoy los civiles son víctimas de toda clase de desafueros. Estos soldados son soldados regulares de nuestras Fuerzas Armadas con el mismo entrenamiento, derechos y obligaciones. Ellos conjuntamente con contingentes del Ejército Nacional y de la Policía velarán por la seguridad de ciudadanos y ciudadanas hoy desprotegidos. ¿Quién puede desconocer hoy la necesidad de aumentar la presencia del Estado en vastas regiones del país?

La seguridad democrática, finalmente no cierra las puertas de la negociación política. En reiteradas ocasiones, el Presidente de la República ha tendido la mano para la negociación, con transparente claridad ha solicitado que ella se haga sin seguir victimizando a los civiles y con ánimo constructivo. Ha solicitado a las Naciones Unidas y a la Iglesia sus buenos oficios ante los grupos armados. El y el Alto Comisionado para la Paz han pedido comprensión con sus labores y la discreción que se impone en las actuales circunstancias. La falta de fotos espectaculares no puede confundirse con despreocupación por la solución negociada. El interés en la solución negociada no puede confundirse con inactividad en la defensa de la democracia y la ciudadanía.

Alto costo está pagando el Gobierno por su decisión de acogerse a las previsiones del artículo 124 del Estatuto de la Corte Penal Internacional hecho en interés de eventuales procesos de negociación. Es bueno y sano para nuestra democracia que el tema sea objeto de debate público. Lo que no debe olvidarse es que el Estado colombiano está sometido a diferentes mecanismos jurisdiccionales internacionales y, esta reserva no busca evadir las responsabilidades del Estado. Esta reserva aumenta el reto de nuestras instituciones judiciales para evitar la impunidad frente a los delitos atroces. Si el interés nacional lo aconseja, el Gobierno Nacional renunciará a esta reserva como lo señaló el Presidente en carta al Procurador General de la Nación.

No escapa al Gobierno Nacional el señalamiento de connivencia de algunas autoridades con los grupos de autodefensa. Reclamamos justicia con nuestras Fuerzas Militares que han hecho un esfuerzo inmenso por adecuar sus procedimientos y normas al respeto pleno a los Derechos Humanos. Las Fuerzas Armadas de Colombia de hoy distan mucho de ser las del pasado. El país ha sido testigo de su empeño en emprender profundas rectificaciones, el respeto a la institucionalidad civil y su sometimiento a las normas, no en vano son una de las instituciones con más apoyo de la opinión pública.

Sin embargo, aún no estamos satisfechos con los resultados contra los grupos de autodefensa, a pesar de haber aumentado en un 300% el número de capturas en los últimos dos años hay mucho por hacer todavía. Los sectores sociales que ven en estos grupos una alternativa a la crisis deben comprender que su persistencia deslegitima al Estado, produce daños tanto o mas graves que la insurgencia y atenta de manera grave contra nuestra democracia. O se puede lograr la seguridad al costo de la institucionalidad y la legitimidad.

He aquí una razón más para avanzar en una política seria de seguridad democrática.

El compromiso del Gobierno es contener por igual a la insurgencia y las autodefensas. Aplicar el mismo rigor a ambas amenazas. Los organismos de seguridad del estado están notificados que la colaboración con estas organizaciones no sólo es contraria a las leyes sino a la política del gobierno. Que es ilegal e inconveniente.

Con la misma claridad hemos sostenido que la puerta de la negociación está abierta para estos grupos, con las mismas condiciones de cesar sus acciones contra la población civil. Preferimos esa política, a la aceptación en cócteles de la necesidad de negociar y la política pública de no negociar y la tolerancia con su existencia.

Esa es la política del Gobierno Nacional. Seguridad con garantía de los derechos y para lograr la vigencia de todos los derechos. Autoridad sin renunciar a la solución política negociada. Protección a los civiles; las víctimas; los activistas sindicales, de paz y de derechos humanos; a los líderes políticos, los empresarios y autoridades locales. Transparencia en la actuación pública con eficacia y responsabilidad.

Esperamos mantener un diálogo permanente y respetuoso con todas las organizaciones sociales y de derechos humanos. No pretendan que renunciemos a nuestros principios ni al mandato del pueblo colombiano. Esperen eso sí que garanticemos su derecho a disentir, a proponer alternativas y a controlar la acción del gobierno.

Muchas gracias".