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Injusticias y corrupción

Pasada ya la anestesia del país –pero no su desconcierto, por el galimático fallo de la Corte Constitucional sobre la aplicación del fast track, con el cual decapitó la Carta Magna–, deben ahora despertarse los ciudadanos contribuyentes al fisco, para asimilar el otro golpe que se les viene encima con la cuestionada reforma tributaria.

 

Una reforma, más coyuntural que estructural, regresiva y saturada de presiones de grupos de poder para que se descargue sobre las espaldas de aquellos contribuyentes sin influencia y sin dolientes. Una reforma destinada a tapar los huecos producidos por el derroche en el gasto público. Dirigida a consolar los remordimientos del Gobierno por no haber ahorrado recursos provenientes de pasadas bonanzas petroleras que fueran tanques de oxígeno en épocas de penurias fiscales.

 

De lo más grave que hay hoy en el país –en medio de esta alegre danza de billones de pesos despilfarrados por un gobierno botaratas y negligente– lo constituye el fenómeno de corrupción que aprisiona la administración pública.

 

Se dice que esta reforma tributaria, que a pupitrazo será votada posiblemente hoy en el Congreso, producirá de entrada 6 billones de pesos. Suma ínfima comparada con lo que se traga la corrupción.

 

Dice Juan Gossaín en El Tiempo, que en el 2005 la corrupción le costó al país cerca de 4 billones de pesos. En el 2007 iba en 6 billones. Para este año será de 23 billones de pesos. Es decir, cada año sube como la espuma. La inmoralidad desbordada y desproporcionada se devora cualquier reforma tributaria.

 

Pero allí no para esta cadena de indecencias que está triturando los ingresos del país, sacados a la fuerza de los bolsillos de los contribuyentes. Colombia y Venezuela son hoy las naciones con mayor corrupción en Latinoamérica. El 80 % de los colombianos así lo percibe en todas las encuestas. Y no solo en el sector público sino también en el privado. Y la organización Transparencia por Colombia señala que el 83 % de los colombianos considera que esta situación se agrava cada vez más. A ese paso, Colombia podría ser pronto un Estado moral fallido.

 

Existe la preocupación de que los recursos de la reforma tributaria, dada la voracidad de los inmorales, sirvan en buena parte para aceitar más la tenebrosa maquinaria de la corruptela. Seguramente se inventarán, como complemento del posconflicto, más comisiones y consejerías, más viajes al exterior, más organismos de control adicionales a los que hoy existen, que ni andan, ni oyen, ni ven. Más burocracia que merodeará alrededor de la ya agrietada Urna de Cristal, la misma que dijo fabricar Santos para manejar con pulcritud los recursos estatales. La que tiene tantas fisuras como las finanzas del Estado colombiano: déficit fiscal cuantioso, deuda externa preocupante, crecimiento del PIB cicatero, insolvencia en el sistema de salud pública, abundancia de promesas onerosas en los acuerdos de paz, y una corrupción que se atragantará lo que a sangre y fuego se les va a sacar a los ciudadanos con esta reforma apresurada.