Bogotá, 30 de septiembre de 2015 (CD). Intervención del expresidente Álvaro Uribe al cierre del debate de control político sobre justicia transicional en la sesión plenaria.
“Cualquiera sea la interpretación válida, la que ha dicho el Gobierno o la que ha dicho las Farc, en este acuerdo no se acepta que haya pena privativa de la libertad, reclusión para los delitos atroces.
Las Farc no aceptan vigilancia, no aceptan control, dicen que simplemente realizarán unas actividades laborales en eso del primer grupo; y el Gobierno ha hablado de unas restricciones que no cumplen con los requisitos de la reclusión, de la pena privativa.
Ese es el primer punto, el segundo:
¿Quién va a ser el reconocimiento? Por ejemplo, de Bojayá, del asesinato de los diputados vallecaucanos, del Club El Nogal ¿El grupo? o ¿está listo el individuo de las Farc responsable? ¿Y cómo es la relación entre la autoría intelectual, el designio general criminal del grupo y el autor material o los autores materiales? Ese es un tema bien complejo sobre el cual no hay claridad.
Esta restricción de libertad que ha hablado el Gobierno, en mi concepto se parece más a una libertad condicional amplísima.
La libertad condicional tiene varias razones para su presencia en el derecho, una es el premio a quién ha tenido buen comportamiento en el castigo, o es la sanción alternativa a quien ha sido responsable de un delito menor.
Aquí estamos en presencia de delitos atroces no menores y estamos en presencia de una libertad que no estaría antecedida por un castigo.
¿Cuáles son los efectos de la falta de privación de la libertad? Digamos: jurídicos e inestabilidad.
La Corte Penal Internacional en las sentencias que hasta ahora se conocen y en su doctrina, habla de dos tipos de penas, ambas privativas de la libertad: o cadena perpetua o hasta treinta años.
En muchos de esos tribunales que han operado, en los 34 procesos que se han cumplido existiendo la Corte Penal Internacional, es común encontrar la sentencia a prisión, y yo creo que lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia en aquella sentencia sobre la Ley de Justicia, Paz y Reparación fue muy claro en ese sentido.
Entonces creo que se corre un riesgo y una inestabilidad a lo interno; este país es democrático, la política gira, va y viene, por ejemplo yo tendría que pensar mucho para contestarle a personas que trabajaron en mi Gobierno y me sorprenden con lo que hoy dicen, pero pensaba ahora como se decía en la universidad: ‘evolución compañero, evolución’.
Entonces esto puede conducir a una preocupante inestabilidad interna y ante los tribunales internacionales y el mal ejemplo.
Yo estaba en La Dorada en un acto político el domingo con el Senador (Carlos Felipe) Mejía y nos decían: mire, aquí hay casi dos mil reclusos en esa cárcel y todos están pidiendo que como se hizo ese acuerdo con las Farc cómo los van a tener a ellos aquí recluidos.
Un problema nacional hoy, que es generalizado, que es el de la drogadicción, pues la mayoría de los colombianos pedimos que al joven que caiga en el problema lo rehabiliten sin cárcel, pero el país le va a tener que aplicar cárcel a los distribuidores de droga.
Y entonces estos señores, de estos delitos atroces no van a tener penas privativas de la libertad ¿Cuál es la autoridad para condenar a una pena privativa de la libertad al distribuidor de droga en los colegios colombianos?
Ahora, es que aquí ni siquiera se cumpliría con una alternatividad. Y yo creo que la alternatividad para esos delitos atroces, hay que mirarla en el mismo escenario de la reclusión, un escenario sería: las granjas agrícolas, con unas condiciones de reclusión; otro escenario de alternatividad: la reducción de la condena.
Yo creo que nos han inducido al error de hacer pensar que la alternatividad tiene que ser la no reclusión, y la alternatividad tiene que ser unas condiciones menos drásticas de reclusión como las granjas agrícolas, o no 20, ni 15, ni 30 años, sino cinco, ocho años, etcétera.
El tema de los delitos conexos.
El narcotráfico, tiene que volver uno a las nociones elementales del Derecho, los hechos son parte de sus fuentes. El narcotráfico ha sido fuente en Colombia de atrocidades ¿Por qué lo van a conectar con el delito político? Que no se puede afectar el proceso, que hay que considerar que se financiaban en sus actividades con el narcotráfico, que lo principal era sus actividades, para muchos políticas, para otros son terroristas, con el narcotráfico, pero por eso no hay conexidad porque el resultado ha sido atrocidad.
Que les den una pena reducida o una colonia agrícola, bien, pero ¿por qué esa conexidad?
Y miren el secuestro, cuando leíamos en el acuerdo que se publicó la semana pasada los delitos atroces, esa nominación que hicieron allí, pues aparece la retención de ciudadanos, el secuestro, entonces aparece como si lo hubieran excluido, pero es que esto es concordante con toda la legislación que se ha acordado con las Farc y con las Farc se acordó reconocerlos como actores del conflicto; entonces, por ejemplo, el secuestro del policía, del soldado, sobre el cual no se pruebe tortura va a ser una retención de acuerdo con el conflicto, no un secuestro, de acuerdo con los delitos atroces del Derecho Internacional.
En mi concepto este acuerdo no solamente permite la conexidad del delito del narcotráfico con el delito político, sino del secuestro en estos casos.
El tema de la sanción política accesoria.
En estos días también me daba mucha dificultad leerla, porque el autor era el doctor Sergio Jaramillo, y pensé yo: ¡Ah! ¿Estaré yo a esta edad en condiciones de entender tanta evolución?
Entonces el doctor Sergio Jaramillo decía, en un medio de comunicación, que para qué habían tenido a los paramilitares en la cárcel, que si hubieran estado haciendo política no habrían surgido las Bacrim. Muy fácil, vaya dígale a esos bandidos que entonces sus cabecillas los van a traer al Congreso y que ellos se comprometan a no hacer política. Hay que conocer algo la realidad del país.
Y tengo que decir otra cosa aquí, es que la ley de Justicia, Paz y Reparación no fue solamente para los paramilitares, ni en su concepción ni en sus resultados, se sometieron 18 mil guerrilleros y de las 53 mil personas que se sometieron, hubo una reincidencia del 7 por ciento, mucho, pero es que cuando terminó nuestro gobierno las Bacrim tenían 2 mil 400 personas, el 11 por ciento pertenecían a grupos reinsertados ¿Para qué?
Entonces la historia recurrente es que fue una desmovilización mal hecha y que por eso hay Bacrim. Yo creo que ha faltado un proceso más intenso de avance económico, avance social y autoridad.
La semana pasada denunciaban que en los alrededores de Montería estaba un grupo que ahora se llama ‘autodefensas Gaitanistas’, extorsionando a todo el mundo, ya con cinco anillos. Yo creo que… ¿Vamos a justificar eso? Pienso que lo que ha faltado ahí es autoridad.
Me preocupa mucho los estándares, difíciles de entender, tan disimiles. Cuando esa ley de Justicia y Paz, que era para guerrilla y paramiltares, los críticos no la miraron sino en función de los paramilitares, para decir que era una ley de impunidad, que cómo les iban a dar cinco a ocho años.
Y después la crítica con la extradición, que a propósito se hizo con el acuerdo previo de los Estados Unidos del acceso de todo el Estado colombiano, no del gobierno, de todo el Estado colombiano a la justicia norteamericana.
Y parecía muy poco. y la verdad que sí, cuando una persona decía: llevan durante más tiempo a la cárcel a quien se robó un vehículo que a un paramilitar, entonces dijimos aquello que dijo hoy el señor Ministro de Justicia, ese balance entre paz y justicia, pero lo que yo no entiendo es que un sector del país tan drástico para criticar esa ley por lo corto de la sentencia, ahora le parezca muy bien y que el único camino para la paz es que no haya un día de cárcel para los responsables de delitos atroces.
Ese tema del tratamiento de las Fuerzas Armadas y a los civiles.
Doctor De la Calle, al escucharlo yo no puedo entenderlo porque, sí o no, que hace parte del mismo acuerdo pero un tratamiento diferente; yo no lo entiendo.
Nosotros pensamos que a las Fuerzas Armadas de Colombia hay que darles un tratamiento diferente, porque ellas no han tenido el designio criminal que ha tenido estos grupos terroristas, ellos no han constituido el ejército de Videla, o de Galtieri o de Pinochet o las viejas dictaduras de Centroamérica, estas han sido unas fuerzas de la democracia.
Y quiero recordar también muy respetuosamente que una de nuestras propuestas ha buscado un alivio sin impunidad, lo digo al oído a la senadora Viviane (Morales) y que no dependa de un arreglo previo con las Farc y que tampoco se les aplique la justicia transicional, nosotros seguimos insistiendo en eso.
¿Cómo van a estar pero no van a estas preocupadas las Fuerzas Armadas si muchos de los que están en la cárcel están por falsas acusaciones?
Mire, aquel acuerdo que nosotros hicimos con la Fiscalía, llevó a la Fiscalía a cometer esos excesos: del levantamiento de un cadáver de alguien dado de baja en un enfrentamiento, abrían un expediente para criminalizar al grupo de soldados.
El país no habla sino de falsos positivos ¿por qué no se examina el tema de falsas acusaciones? O lo que le ha dicho el Presidente de la República a periodistas, como se lo dijo hace poco a un grupo de periodistas en Harry Sasón, que están sacando a todos los altos oficiales comprometidos con la seguridad democrática, la misma que ayudó al presidente Santos a elegirlo por allá en el 2010.
O las visitas del Gobierno a las cárceles; en toda esa campaña electoral del 2014 el gobierno se volcó sobre las cárceles a decirles: apoyen la paz que los mismos beneficios que vienen para la guerrilla viene para ustedes. Confiesen sus delitos.
Entonces qué está pasando ahí: hay fundados temores en las Fuerzas Armadas y en los civiles. El doctor De la Calle ha dicho esta noche que el tribunal no es para inocentes, yo anotaba aquí ¿quiere decir eso que los que van a llegar a ese tribunal, o vamos a llegar allí sin el derecho de la presunción de inocencia?
¿No van a tener las Fuerzas Armadas esa válida preocupación? ¿Una justicia acordada con las Farc, con el terrorismo? ¿Cómo no van a tener preocupación los militares y los civiles, si las Farc proponen esto desde el ángulo de concebir que todo lo que han hecho es válido en nombre al derecho a la beligerancia y que no sea un victimario sino víctimas?
Ahí reposa el origen de lo que las Farc le viene aportando a este proceso.
Y el contexto.
Entonces el contexto, tanto para civiles como para militares es de este tamaño que tanto se refiere el señor Fiscal: para conocerme en contexto a mí no tiene que pagarle ese platal que le ha pagado a Natalia Springer, conmigo es muy fácil. Hombre, yo uso sombrero, me pongo poncho, me gustan los caballos, soy finquero, soy mayordomo y mi familia ha vivido en unas zonas de mucha violencia ¿para eso le pagan ese platal a Natalia Springer?
Lo que me decían ayer unos comerciantes en Ocaña: ‘aquí le tuvimos que pagar a las Farc y no pasó nada, le tuvimos que pagar a los paramilitares y entonces hoy todos estamos enjuiciados de colaboradores del paramilitarismo.
¿A dónde van a llevar a la gente, a los militares y a los civiles? A reconocer un delito que no cometieron; se ganan la libertad con eso, pero que precedente tan grave para la justicia colombiana y que herencia tan dolorosa para los hijos y las nuevas generaciones. Tu padre, tu abuelo para no irse a la cárcel tuvo que reconocer este delito que no cometió porque era la única oportunidad que le daban.
Armas, dinero.
El Gobierno ha dicho que todavía están negociando el capítulo de reparación. A mí siempre me sorprendió que en este acuerdo no se habló nada del tema del dinero de las Farc para reparar.
Las armas.
El doctor De La Calle en una sesión anterior aquí dijo que se exigía la entrega, ahora volvieron a la dejación, y el tema no es simplemente del diccionario de la Real Academia, es del origen histórico de la palabra. Sabemos que significa dejación para las Farc que es guardarlas mientras quieren, sacarlas, brillarlas, montarlas y dispararlas cuando quieren.
Venezuela.
Siquiera no vi la foto, pero a mí me dolió mucho cuando me contaron que allá estaban cogiditos de la mano Raúl Castro, ‘Timochenko’ y el Presidente de Colombia y que los testigos allí eran los delegados de Maduro.
Ese día por entonces Maduro habilitado, reconocido como el garante del proceso, y por la mañana había cerrado más puestos de frontera en el Vichada.
Entonces ahora anuncia Unasur que van a permitir que los colombianos vuelvan ¿y quién les va a reparar ese daño? Las casitas destruidas, despojados de los enseres, torturados y ¿se permite ese acompañante? Los pueblos tienen que tener ética en sus gobiernos.
Yo quisiera recoger aquí para terminar, el tema de la sustitución de la Constitución; no voy a repetir lo que dijo el señor Enríquez Maya, les voy a proponer una reflexión.
La Constitución del 91 convirtió a este Congreso en delegatario para reformarla con dos condiciones: respetar unos procedimientos y respetar la parte sustancial.
El doctor Eduardo Enríquez dijo esta noche como se estaban sustituyendo aspectos sustanciales, así fueran pro tempore, pero la sustitución pro tempore no excluye que las normas sean permanentes las que vayan a incorporar.
Y además desde el punto de vista formal, la Constituyente le dijo a este Congreso: usted me reforma pero no me toque estas materias y si va a reformar las otras me respeta estas reglas, por ejemplo los ocho debates ¿Eso se va a reformar? ¿Lo va reformar el Congreso?
Yo creo que hay mucha mentalidad jurídica en Colombia juiciosa que piensa que el Congreso no tiene es competencia.
Claro que estamos en presencia de un proyecto de ley habilitante. Chávez cuando empezó a pedir esas leyes habilitantes decía que era un poquito, que estaban restringidas.
Es que el acuerdo en La Habana, en su preámbulo, acepta que todo se puede reformar, o sea que es una ley que incluye todo lo que hay en el país, todo el modelo colombiano.
El doctor De La Calle decía anoche en su elocuencia en la televisión que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. A mí me da mucho miedo lo de la paz débil, inestable que genere más violencia.
La justicia restaurativa doctor De La Calle, si no va acompañada de la punitiva, difícilmente garantiza el derecho de no repetición de la violencia.
Y ojala el señor Presidente revele ese texto, porque ya hay la duda de que no quieren revelar ese texto porque se ha hablado de que Colombia estaría dispuesto o acudir a la Corte Penal Internacional para exigir el derecho del margen discrecional y poder por esa vía validar la no reclusión para los delitos atroces, o en su defecto hacer una renuncia a la Corte Penal Internacional. Es bueno disipar todas esas dudas.
Y les dejo esta pregunta: se va acabar la pena accesoria, que es la elegibilidad política, ¿Entonces qué van a hacer con los que perdieron la investidura? con todos los colombianos condenados por otros delitos mucho menores que estos, pero delitos que no eran políticos ni accidentes de tránsito, y que como me pena accesoria por el texto original de la Constitución del 91 perdieron la elegibilidad.
Esa es otra preocupación”.
(FIN)