Como un triunfo para la paz fue presentado el acuerdo sobre el punto de justicia que se alcanzó en La Habana, publicitado con bombos y platillos como si fuese el acuerdo definitivo de paz, en medio de las caras eufóricas de la delegación de las Farc. Este, sin que estas lo confirmaran, se firmará, nos dijo Santos, máximo, en marzo del 2016. Pero si se analiza lo que han informado, no hay motivos para la alegría sino para la tristeza y la más honda preocupación por el futuro del país y de nuestra democracia. Veamos:
No entregarán las armas, sino que harán “dejación” de las mismas, para usarlas cuando crean que las necesiten. Se crea un tribunal especial, designado por el gobierno y las Farc para juzgar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y de guerra. Se desconoce así el sistema judicial establecido por la Constitución y coloca en manos de los criminales de esa guerrilla la administración de justicia por los crímenes que ellos cometieron, y, como si fuera poco, los pone a juzgar a sus enemigos. Ya Anncol está diciendo que hay que juzgar a Belisario Betancur por la toma del palacio de Justicia, a Cesar Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez (especialmente a éste último), pero también a los empresarios, funcionarios, etc., que hayan sido “responsables indirectos”, cualquier cosa que eso signifique, dentro de la lógica estalinista de juzgar a los enemigos del pueblo, es decir, de las Farc. (A propósito, el doctor José Alvear Sanín en uno de sus artículos en este periódico, recomendó el libro de Leonardo Padura El hombre que amaba a los perros, el cual exhorto que ustedes lean, si no lo han hecho, y si quieren saber del alcance de la represión, crimen, traición y mentira que el padre ideológico de las Farc, José Stalin, cometió contra su pueblo y los revolucionarios de su país y del mundo, y de contera, lo que nos espera cuando sus encarnaciones en Colombia terminen de tomar el poder).
Ya importantes juristas están planteando que el propuesto tribunal es ilegal a la luz del derecho internacional, pues sólo la Onu tiene la potestad de crear ese tipo de instituciones, pero eso no les importa a los coludidos.
El entendimiento alcanzado en La Habana está cimentado sobre la impunidad que se dará al no aplicar penas efectivas de prisión a los principales responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Farc, que no tendrán reclusiones en prisión sino en ciudades, regiones, etc., según han explicado los propios “cerebros del acuerdo” y que, por si fuera poco, podrán participar en política. Es tal la desfachatez de lo planteado, que Human Rights Watch denunció que al no existir penas de prisión, la Corte Penal Internacional objetará el acuerdo.
A esto se suma que delitos como el narcotráfico –y otros que aparecerán más adelante- serán declarados conexos con los delitos políticos, por lo que sus responsables gozarán de amnistías e indultos según dijo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y como si fuera poco, el señor fiscal detuvo las cincuenta imputaciones de cargos a la cúpula de las Farc ante el anuncio de la Habana, lo que constituiría una transgresión a la ley porque todavía no se ha firmado el acuerdo de paz.
El golpe de estado para aplicar los pactos que se logren es de la peor laya: el famoso congresito será aprobado por un congreso doblegado a punta de mermelada, y estará integrado de manera que apruebe todo lo que le pongan por delante, y el engordado parlamento aprobará unas facultades extraordinarias, por nada menos que seis meses, al presidente para que haga lo que quiera; al mejor estilo venezolano y al peor estilo colombiano del Frente Nacional, pero más grave, porque aquí se va a cambiar el modelo de estado. Y “refrendarán” el acuerdo con un plebiscito, que implica la aceptación, sin discusión, del contenido de los mismos.
Nada aquí es ingenuo. En la operación de demolición de nuestra democracia, a un mes de las elecciones para alcaldías y gobernaciones, el anuncio del acuerdo parcial como si fuera el definitivo, tiene la intención inmediata de dar un golpe de opinión que les permita a Santos y sus socios de las Farc ganar los comicios, buscando aislar a la oposición con una noticia que piensan, decantará hacia ellos lo que la mermelada y la persecución política y judicial no logren. Y cada vez me convenzo más que lo de la crisis en la frontera con Venezuela es un papelón para desviar la atención de los graves problemas en los dos países y de la traición que se cuece en el nuestro. A nuestros compatriotas los siguen tratando de paramilitares, como si esas organizaciones no se hubiesen entregado en el gobierno de Uribe, la frontera se sigue cerrando, entre otras cosas porque nuestra canciller no pidió que se abriera, no se menciona para nada el papel de las Farc en el problema del narcotráfico fronterizo, pero eso sí, el cabecilla de esa organización vuela en un avión venezolano de PDVESA desde ese país a La Habana, a estrecharse la mano con Santos y recibir el saludo militar del general Flórez.
Y en los seis meses que nos anunció Santos, ya veremos la admisión de todos los “pendientes” con los que terminará de enterrar nuestro estado de derecho.