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La troika secreta que pisotea a Colombi

Día a día, la vana gloriola del nuevo premio Nobel de la Paz se desdibuja aún más. Tras el fracaso de Juan Manuel Santos ante el grotesco acuerdo “de paz” con las Farc, que el pueblo colombiano repudió masivamente en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, estalla ahora un enorme escándalo que abre un interrogante sobre la legalidad y la continuidad misma del mandato de Santos.  ¿Santos fue quien instigó, en 2014, la desestabilización de la campaña electoral de su rival Oscar Iván Zuluaga, proceso que terminó en la sorpresiva reelección de Santos, quien había perdido la primera vuelta de esa elección? 

 

A la luz de las recientes declaraciones juramentadas de un ex alto funcionario de la Fiscalía General, la opinión pública se ve confrontada a dos interrogantes: ¿La victoria de Santos en 2014 se debe a una sucia operación de espionaje y desinformación contra el principal candidato rival ordenada por el jefe del poder ejecutivo? ¿Había que impedir por todos los medios el triunfo de Zuluaga porque el país debía ir hacia una capitulación total ante las Farc?

 

Las revelaciones de Julián Quintana, ex director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el pasado 9 de noviembre, ante la Corte Suprema de Justicia, en las que acusó al almirante (r.)  Álvaro Echandía, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de haber manipulado a la Fiscalía para que lanzara, días antes de la segunda vuelta, sin pruebas suficientes, una investigación contra Oscar Iván Zuluaga, diciendo que la campaña de éste abrigaba gente que estaba comprando información militar confidencial y tratando, además, de interceptar las comunicaciones de los negociaciones de la paz en Cuba, desataron una nueva ola de indignación y asombro en la ciudadanía cuya onda de choque se amplía cada día.

 

El DNI es un organismo que depende de la presidencia de la República y los espectaculares allanamientos y acusaciones que la Fiscalía lanzó días antes de la segunda vuelta, arruinaron la posibilidad de que Zuluaga, un dirigente de primer plano del mayor partido de oposición en Colombia, el Centro Democrático, ganara la presidencia de la República. En gran beneficiado de esa movida ilegal, instigada por Álvaro Echandía pero ejecutada por el jefe de la Fiscalía, Eduardo Montealegre, quien dio la orden a Julián Quintana de allanar la oficina de un colaborador de Zuluaga, fue el propio Juan Manuel Santos.

 

No es la primera vez que el almirante Echandía realiza operaciones de dudosa ética. El almirante (r.) Gabriel Arango Bacci, de impecable hoja de vida, fue acusado por la Fiscalía, en 2007, de tener “vínculos con el narcotráfico” días antes de que fuera nombrado comandante de la Armada Nacional.  Tras eso, fue encarcelado durante 18 meses. El ministro de Defensa en ese momento era Juan Manuel Santos. Al constatar que la acusación había utilizado una falsa firma y tres falsos testigos, la justicia absolvió a Arango. Hoy el almirante (r.) Arango acusa a Echandía de haber sido él quien urdió, junto con la Fiscalía, ese complot. Tras la absolución de Arango, la CSJ pidió que JM Santos y Echandía fueran investigados, pero ambos lograron escamotear esa diligencia.

 

La opinión pública no está satisfecha con las respuestas evasivas de Álvaro Echandía respecto de la atroz persecución sufrida por Zuluaga. Echandía rechaza las acusaciones de Quintana y calla sobre el papel que jugó la DNI en la impulsión de la operación contra el candidato presidencial uribista. Quintana explicó a una radio que la carpeta que le dio Echandía era rara: “Fue un documento muy plano donde daba algunos criterios generales frente a una persona que estaba espiando el proceso de paz, identificada y que tenía una oficina”.  Echandía se parapeta detrás de una falsa “reserva” que su cargo le impondría.  Empero, espiar e intentar destruir un partido político legal, y una candidatura presidencial, no tiene nada de legítimo en una democracia, luego la censura de tal información no es aceptable. La opinión tiene derecho a saber todo lo que pasó en esa elección.

 

Muchos piden, en consecuencia, que Álvaro Echandía dimita y le rinda cuentas al país. El jefe de un organismo decisivo para la seguridad nacional como la DNI debe tener una conducta irreprochable. ¿Qué garantías puede ofrecer Echandía al país luego de las gravísimas acusaciones que existen contra él? Oscar Iván Zuluaga acaba de entablar una demanda penal contra el jefe de la DNI por cuatro delitos.  Algunos analistas acusan a Echandía de haber conspirado también con la Fiscalía en épocas anteriores para encarcelar y arruinar la carrera de otros funcionarios y personalidades políticas que eran vistos como un obstáculo a las ambiciones de Juan Manuel Santos, como Luis Guillermo Giraldo, Carlos Alberto Jaramillo, María del Pilar Hurtado, Santiago Uribe Vélez, Luis Alfredo Ramos (todavía en prisión), Sabas Pretelt  y Andrés Felipe Arias. Este último, ex ministro de Agricultura, tras haber sido arbitrariamente enjuiciado y encarcelado, buscó refugio en Estados Unidos. Pero ni allá quedó a salvo de la mano vengativa. Arias fue detenido durante tres meses en una cárcel federal, hasta el pasado 19 de noviembre. Bogotá presiona a Washington para que deporten a Arias a Colombia. Eso no es todo. Desde el comienzo de su primer gobierno, Santos no ha cesado de criticar y fustigar al ex presidente Álvaro Uribe, con pésimos resultados, como quedó visto el 2 de octubre pasado. ¿Qué papel ha jugado en eso el almirante Echandía?

 

La DNI y sus 300 funcionarios entraron en funciones en enero de 2012, en reemplazo del DAS, disuelto por Santos. ¿Qué hizo la DNI para impedir el atentado contra otra figura del uribismo, el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, director del noticiero radial La Hora de la Verdad, quien fue gravemente herido en un atentado de las Farc contra él en Bogotá el 15 de mayo de 2012? El DNI fue incapaz de detectar los preparativos de esa atrocidad. ¿Para qué sirve la DNI?

 

De esos episodios sale un interrogante poco ameno: ¿Santos, Echandía y Montealegre constituyeron, en secreto, durante años, una troika que lograba golpear y sacar del camino a altos jefes de la oposición política, mediante infiltraciones, calumnias, allanamientos, procesos y detenciones de apariencia legal pero que no eran más que miserables montajes?

 

Julián Quintana, 35 años, afirma que cuatro días antes de rendir su testimonio ante la CSJ, fue invitado al domicilio del almirante Echandía. Allí éste le habría pedido que no mencionara la DNI en su declaración ante los magistrados. Echandía quería que la DNI siguiera siendo invisible. Enseguida, le dio a entender que si acataba ese consejo el alto gobierno lo nombraría al frente de la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAIF), del ministerio de Hacienda. Según Quintana, Echandía le dijo que “en Presidencia estaban evaluando la posibilidad” de nombrarlo como “director de la UIAF”.

 

Quintana no cedió y así fue como la opinión pública descubrió que los servicios de Echandía habían estado detrás del allanamiento a la oficina del “hacker” Andrés Sepúlveda y del derrumbe de la candidatura de OIZ. Hoy Quintana dice que teme por su vida y recuerda que un testigo clave del proceso del almirante Arango Bacci, Jaime Alberto Pérez, murió en Barranquilla con su esposa en condiciones muy obscuras, antes de una audiencia judicial en la que iba a revelar los detalles de ese triste affaire.

 

Las fantásticas acusaciones del Fiscal Montealegre contra Zuluaga, y contra  Andrés Sepúlveda, a quien presentó como  un peligroso “hacker fascista” (1), y los videos fabricados por Rafael Revert y los otros provocadores infiltrados por la DNI en la campaña de OIZ y, sobre todo el entregado por Revert a Quintana, y enseguida traficado, editado y difundido por la revista santista Semana, dirigida por un sobrino del presidente de la República, como la “prueba” de que Zuluaga estaba  cometiendo actos ilegales, frenaron el entusiasmo de los electores por el candidato uribista.

 

Quintana reitera que el CTI, es decir él, investigó pero que nunca pudo comprobar que Oscar Iván Zuluaga, su hijo David, y su asesor Luis Alfonso Hoyos, así como el ex presidente Álvaro Uribe, dieran orden alguna de interceptar las comunicaciones de los negociadores en La Habana. Sin embargo, la Fiscalía, aunque carecía de pruebas, los acusó e hizo correr el rumor de que el candidato presidencial sería detenido, antes de la segunda vuelta, con los resultados conocidos. Quintana dice ser el único testigo de la reunión en la que Echandía le dio instrucciones precisas a Montealegre para que allanara el domicilio de Andrés Sepúlveda, un técnico en informática que quería hacerse pasar por hacker, sin serlo realmente. La esposa de éste, –una actriz de televisión— había trabajado años atrás con el entorno de Juan Manuel Santos y de su asesor de imagen JJ Rendón. 

 

¿Gracias a ese golpe mediático el presidente Juan Manuel Santos obtuvo la reelección? El impacto de tal movida sobre el electorado es indudable. Santos debería explicarle al país su papel en todo eso. No lo ha hecho hasta el momento de redactar esta nota. Su empeño actual es burlar la voluntad popular plasmada en el plebiscito y obtener una validación apresurada, y sin discusión con la oposición, del pacto cubano rechazado por Colombia el 2 de octubre. No obstante, la prensa independiente y los partidos de oposición, en especial el CD, mantienen la presión para que el caso Echandía y la demanda penal de Zuluaga no reciban, de parte del poder central, un manto de olvido. Unos hablan de “hackerGate”, otros hablan de “SantosGate”.

 

En ese contexto tan convulso, Santos irá a Oslo a recibir, el 10 de diciembre, el premio Nobel de la Paz.

 

El escándalo es mayúsculo por una segunda razón: porque hay conexiones triangulares de hecho entre la operación anti Zuluaga, el llamado “proceso de paz” y los servicios de espionaje cubano. 

 

El abogado español de las Farc, Enrique Santiago Romero, muy activo en las “negociaciones de paz” en La Habana, hace parte de un holding turístico-financiero con sede en Cuba y España, en el que obra también el chileno-cubano Joel Max Marambio Rodríguez, un coronel de inteligencia del G-2 cubano. La congresista colombiana María Fernanda Cabal, denunció estos hechos en la sesión plenaria del 16 de noviembre pasado, y agregó otro detalle interesante: el abogado Enrique Santiago y el español Rafael Revert, uno de los hackers que trabajaba con Sepúlveda, se conocen, son muy cercanos y “trabajaron en la agencia del coronel del G-2 cubano”. ¿Cómo es posible que el DNI no haya advertido al poder central que Enrique Santiago tenía lazos con servicios de la dictadura cubana? Las consecuencias de eso fueron formuladas así por María Fernanda Cabal: “O sea que quien rediseña el marco constitucional y legal de 48 millones de colombianos, como abogado negociador de las Farc, ¡es el subalterno de un coronel del G-2 cubano!”.

 

Lo más curioso es que Revert, alias “Nadal”, era una “fuente” que recibía fuertes sumas de dinero de la DNI para que espiara desde dentro la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y eso desde antes de que fuera incluido a esa célula Andrés Sepúlveda. El núcleo de provocadores infiltrados, cuya nómina no es del todo conocida, era férreamente manejado por Carlos Alba Bayona, alias “Charlie”, operador de la DNI. Dos nombres más están ligados a esa aventura: Jorge Muñoz, de la DNI, y Javier Tarazona, un sargento de la infantería de Marina.

 

Daniel Bajaña, un agente ecuatoriano con nexos con el gobierno de Rafael Correa, colaborador de la DNI, también trabajó con Revert. Bajaña le entregaba informes de la campaña de Zuluaga al vice fiscal y mano derecha de Montealegre, Jorge Fernando Perdomo, según el periodista Gustavo Rugeles.  Bajaña trataba de cazar todo indicio que permitiera involucrar al ex presidente Uribe en el cuento de las interferencias de las comunicaciones de los negociadores en Cuba. Nunca encontró nada en ese sentido.  Dos otros funcionarios de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera y Víctor Quinche, recibían los informes de Bajaña. El periodista Rugeles escribió que éste y Revert “formaban parte del plan de la ‘Operación Penetración’ a la campaña de Zuluaga”. Andrés Sepúlveda fue quien llevó la peor suerte tras la incursión del CTI: fue el único encerrado durante semanas en el bunker de la Fiscalía de Montealegre de donde salió condenado a 10 años de cárcel. En cambio, Revert fue mantenido en un hotel y pudo salir del país tranquilamente. Bajaña quedó en libertad aunque había sido condenado a tres años y medio de cárcel. Extraña manera que tiene la DNI de proteger los intereses de seguridad de Colombia.

 

¿Santos ganó la elección mediante una conspiración en la que estuvo involucrado tanto un subordinado directo de él, el director de la DNI, como el Fiscal General, Eduardo Montealegre?

 

Las acusaciones contra esa poderosa troika se acumulan. La representante María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, pidió un debate de control político en el Congreso a la luz de las nuevas revelaciones sobre el espionaje que sufrió la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Pide que el almirante Echandía y Montealegre, quien se encuentra en Alemania, y Perdomo, quien también se halla en el extranjero, respondan a las preguntas de los congresistas.

 

El presidente Santos, en principio, estaría llamado a responder, ante la comisión de acusaciones de la Cámara de representantes.  Lo ocurrido  en vísperas de la segunda vuelta electoral de 2014 es gravísimo. Quintana dice que  la presidencia  “buscaba información de la DNI sobre la campaña electoral de Zuluaga”. La manera de recoger esa información fue perfectamente ilegal, mediante la infiltración de espías y provocadores pagados. Y mediante operativos electrónicos y audiovisuales ofensivos contra un candidato presidencial.  Según la revista Semana, hay centenares de videos y audios obtenidos  por “Charlie” que siguen ocultos en alguna parte. ¿Qué ha hecho la Fiscalía General para recuperar ese material delictivo?

 

Julián Quintana debe contar toda la historia a la Fiscalía, la historia completa de lo que vivió, pues hasta ahora sus declaraciones tienen vacíos y son ambiguas: él acusa a Echandía pero trata de disculpar al fiscal Montealegre. El nuevo fiscal General, Néstor Humberto Martínez, promete  examinar la demanda penal de Zuluaga “con eficiencia y transparencia”. Ese organismo parece interesado en saber si realmente el director de la DNI  “instrumentalizó” a la Fiscalía en la operación anti Zuluaga. La prensa tiene aún mucho por descubrir al respecto.

 

La justicia examinará sin duda la versión del almirante Echandía y de los otros actores y tendrá que fallar en derecho. Si Echandía es investigado su defensa tomará varios meses. Mientras tanto, la dirección de la DNI no puede seguir en sus manos.  La limpieza del proceso que abrirán los magistrados exige ciertas condiciones. Las pruebas en uno y otro sentido deben ser preservadas. ¿Lo serán mientras el principal acusado sigue al frente de la DNI?

 

Algunos analistas comparan este asunto con el escándalo del Watergate. Por ordenar que fuera espiado electrónicamente el local del Partido Demócrata en 1972, y por sus intentos de disimular y obstaculizar la investigación judicial, el presidente Richard Nixon estuvo a punto de ser destituido por el Congreso. Prefirió renunciar a su cargo el 8 de agosto de 1974. Sin la labor independiente de la prensa americana y la actitud vertical de la comisión judicial de la Cámara de Representantes tal desenlace no habría sido posible. ¿Colombia logrará seguir un tal ejemplo de defensa de los valores democráticos?

 

(1).- Ver “Están imitando a los esbirros de Cuba”, por Eduardo Mackenzie, 19 de mayo de 2014:

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/4650-estan-imitando-a-los-esbirros-de-cuba