Con la esperanza debida y con emoción sincera, los familiares las personas desaparecidas durante estas cinco décadas de violencia revolucionaria, recibieron el acuerdo de La Habana en el cual guerrilla y Estado dedicarían esfuerzos conjuntos a buscar los restos (o quizás el sujeto vivo) de 25.000 ciudadanos, cifra calculada por el Centro de Memoria Histórica.
Para desarrollar esta tarea se crea la UBPD, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Como es de usanza, la búsqueda empieza con la información, ubicación, identificación y entrega de restos de los individuos que murieron en combates con la Fuerza Pública y cuyos cadáveres reposan en los cementerios de las poblaciones donde perdieron la batalla y la vida. Son los NN (no nombre o sin nombre) que están en los partes de guerra oficiales.
No debe ocurrir lo mismo en las filas subversivas, trashumantes, que no tienen mapas ni georeferencias de las minas, menos de los desaparecidos que murieron en sus campos de concentración como secuestrados (los civiles) o “prisioneros de guerra” (los militares). Apelarán a la memoria de sus “comandantes” y subalternos y tal vez así darán noticias de algunos desaparecidos. En todo caso, las Farc se reservan para un segundo paso, mientras el gobierno realiza el primer capítulo, con los despojos humanos de guerrilleros que, además de ser NN, tampoco tuvieron identidad legal y propia, sino que usaban nombres ficticios, es decir, “la chapa” del sujeto que delinque, igual como esconden su verdaderos nombres los “comandantes” del Secretariado y del Estado Mayor guerrillero.
El tema más complejo y nebuloso aparece al día siguiente del comunicado de las partes. El Comité de la Cruz Roja Internacional, CICR, dice que los desaparecidos son 77.788 desde 1938 hasta octubre de 2015, como si los diálogos en La Habana estuvieran interesados en los desaparecidos del siglo pasado o desde inicios de la República. Para que las cosas queden más “claras”, la Directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, dice que no hay certeza en la cifra total de desaparecidos y según los datos de su oficina, que son más de fiar, las víctimas directas de desaparición son 45.515 y se ha reconocido homicidio en 1.586 casos.
Los familiares de los desaparecidos deben estar confundidos con los posibles procedimientos y con la información impertinente del CICR, entidad que según el comunicado de las partes en Cuba, tendrá a su cargo resolver el problema de los desaparecidos en Colombia.
Salta a la vista que ni el gobierno ni la guerrilla conocen el trabajo serio y continuado de la Fiscalía de Justicia y Paz, creada por la ley 975 de 2005, vigente, que con su experiencia y constancia, es la institución que más conoce de fosas comunes, de identificación de restos óseos y de entrega respetuosa de estos restos a los familiares.
Pero los dialogantes burócratas de La Habana, todo lo resuelven con la creación virtual, por lo pronto, de comisiones, unidades, oficinas, despachos y neoestructuras judiciales, desaprovechando el conocimiento adquirido durante diez años por esta oficina de investigación. La UBPD, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, según los reformadores de la ley y la Constitución, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, recibirá toda la información relacionada con el asunto que le concierne y sus declarantes no tendrán responsabilidad judicial.
Ojalá las familias de los desaparecidos vean coronados sus años de sufrimiento con un buen resultado. Mucho tememos, sin embargo, que este sea un anuncio más de maquillaje que de objetivos realizables. Se parece al desminado, que no pasa de ser un acto de propaganda para lavar la cara de los terroristas, pero lo pintan como una benevolencia de quien sembró las minas.
Miles de desaparecidos nunca serán encontrados porque no son víctimas del conflicto que tratan de resolver en La Habana. Miles tampoco serán identificados porque sus familiares no denunciaron. Otros por la imposibilidad material de saber su lugar de entierro, como los jóvenes guerrilleros fusilados por José Fedor Rey, el loco comandante que ordenó la muerte de 164 presuntos “infiltrados” en su loca organización subversiva que operaba en Tacueyó. Y miles no aparecerán porque 1938 está tan lejos y olvidado que la Cruz Roja, en esa época, era una Cruz Amarilla.