Si uno quiere entender a cabalidad al presidente Santos debe partir de la siguiente base: cuando dice una cosa seguramente está pensando en otra distinta, por lo regular la contraria. Es una fórmula infalible. Oyéndolo hablar el martes en la noche sobre la crisis de la justicia, esa reflexión vino de inmediato a mi mente.
Cómo es posible, pensaba yo, que después de casi cinco años de gobierno, viniera de la manera más cínica a presentarse como el gran reformador y purificador de la rama judicial. De no haber mediado el estallido en sus narices de la brutal crisis -de cuya gestación, además, no es inocente sino directo responsable-, las cosas hubieran seguido su cauce, sin que su inepto gobierno hubiera movido una paja. Razón suficiente para presumir que en lugar de una cirugía salvadora lo que ahora formula a las volandas no pueda ser sino una peligrosa maniobra, improvisada y demagógica.
¿Es creíble que este gobierno quiera reformar con seriedad la justicia? ¿No fue precisamente el autor del esperpento de reforma de 2012 que naufragó en medio de un escándalo sin precedentes? ¿Y no dejó pasar casi tres años sin presentar un proyecto serio, como prometió en aquella ocasión?
Por otra parte, hay una especie de manguala entre las ramas del poder, con tantos intereses entremezclados, que difícilmente podría creerse que ahora haya la intención real de ponerle coto. Valga como ejemplo el desenlace mismo de la reforma a la justicia de 2012. Santos, violando la Constitución, convocó a sesiones extras al Congreso para estudiar sus improvisada “objeciones” al acto legislativo aprobado, a fin de hundirlo en un santiamén para enmendar la embarrada. El Consejo de Estado falló dos años después, en septiembre del año pasado, perdonándole la vida al presidente: dictaminó que efectivamente el primer mandatario había violado la
Carta y dispuso que el decreto de convocatoria a extras fuera anulado, pero… ¡esta decisión solo será aplicable hacia el futuro! De igual manera las posibles sanciones a los congresistas que firmaron la conciliación de aquel fatídico proyecto van camino al olvido. La norma de la manguala es “hacerse pasito” entre los socios; si hay que actuar con dureza, es solo contra los que no están en la rosca o se oponen a ella.
¿Y cómo olvidar el sucio juego entre Santos y la Corte Suprema de Justicia para designar el nuevo Fiscal, luego del bloqueo de más de un año a la terna propuesta por el presidente Álvaro Uribe? ¿Y no hay un juego de complicidades entre ejecutivo, legislativo, cortes y fiscalía, en designaciones como la del Contralor, como se evidenció hace unos meses al producirse la elección del actual? ¿Y no es un secreto a voces que el cruce de nombramientos de familiares, amigos y validos entre las ramas, así como la “puerta giratoria”, son reglas inquebrantables de la “armonía” que dice la Carta que debe existir entre ellas?
Ya las pomposas propuestas de Santos esta semana empiezan a decantarse y aflora su veneno. Menciono solo cuatro como ejemplo.
La primera, solo de pasada, pues ya Fernando Londoño ha escrito magistrales columnas al respecto en estos días, se refiere a la tutela. La propuesta de Santos deja incólume el mecanismo perverso de la selección y revisión de tutelas por parte de la Corte Constitucional, que contradice la esencia misma de este novedoso instrumento de protección de los derechos fundamentales. Ni son expeditos los fallos, ni benefician a ningún ciudadano necesitado, pues de decenas de miles que llegan se cuentan en los dedos de la mano las que pasan el cedazo interesado de uno o dos magistrados encargados de la selección. El jugoso negocio seguirá y la corruptela que genera no desaparecerá, aunque Santos demagógicamente abogó para que beneficie a los “débiles”.
Luego tenemos el tal tribunal (o comisión) de aforados, que reemplazaría la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y que el gobierno durante varios meses se empeñó en desmontar o impedir que tuviera funciones de juzgamiento. Ahora salta Santos a indicar que lo van a dotar de “dientes” para que cumpla a cabalidad sus funciones. Sin embargo mantiene la idea de que siga como simple ente de investigación y acusación ante el Congreso, para que éste decida sobre el juzgamiento. Pero lo insólito es que Santos propone que sea él quien designe a sus miembros, y que solo después de unos años se proceda a escogerlos por méritos. Esa comisión de aforados de bolsillo seguramente tendrá “dientes” contra los enemigos políticos, como ha sucedido sin falta en este gobierno, pero carecerá de ellos cuando se trate de los compinches.
Y hablando de la meritocracia -que con tanto ahínco prohijó Santos en su intervención televisiva del martes-, de desligar a las Cortes de su contaminación con la política, de buscar equilibrio entre las ramas, miren esta perla sobre la escogencia de los magistrados de la Corte Constitucional. Según lo ha explicado el “ministro de la presidencia” Néstor Humberto Martínez, la idea es que las ternas se propongan como se hace hoy –por la CSJ, el Consejo de Estado, y el Presidente-, pero que no sea el Congreso el que escoja de allí, sino el mismo presidente de la república quien realice los nombramientos directamente; el Congreso simplemente los “refrendaría”. ¿Es aceptable que sea el presidente de la república el que escoja directamente a los magistrados de la Corte Constitucional, y es un mecanismo más idóneo, que asegure imparcialidad política en las designaciones?¿Contribuye a un sano equilibrio entre los poderes públicos semejante potestad del presidente?
Y el cuarto elemento es uno muy singular. Otorgar funciones electorales a las Cortes ha sido una de las aberraciones de la Constitución de 1991 que más ha contribuido a la corrupción de las mismas y a la proliferación del clientelismo. Santos cabalgó el martes pasado sobre el punto, para proponer eliminar su participación en la designación del Contralor, el Procurador y el Registrador. Curiosamente excluyó el papel de la CSJ, quien escoge al Fiscal de terna que le envía el Presidente. ¿Es que en este caso no hay riesgo de componendas, de cabildeos, de juegos perversos de intereses políticos y económicos? ¿Son tan fuertes y sórdidos los compromisos subterráneos que existen entre Presidente, CSJ y Fiscal, que el mecanismo de designación de éste es intocable?
Y hablando de “intocables”, quiero rematar estas notas con una preocupación, nacida de la misma intervención que vengo comentando. “Como Jefe de Estado, le pido a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que obren con sentido de responsabilidad, y que adelanten y aceleren las investigaciones sin limitaciones ni cálculos políticos. Y les pido que lleguen hasta las últimas consecuencias, investigando a todos –repito–, A TODOS aquellos sobre quienes recaiga cualquier sospecha o denuncia de una actuación ilegal o irregular”, ordenó Santos en su alocución televisiva. Y tronó en seguida: “¡Aquí no hay intocables!”.
Conociendo a Santos y al Beria criollo, lo previsible es que esta coyuntura sea aprovechada para lanzar una nueva oleada de ataques de amplio espectro en la cual son duchos, y cuyas víctimas ya se sabe en qué lado están. Muy sintomático, precisamente, que las propuestas de Santos sobre la justicia no hubieran sido producto de un diálogo y consenso con distintos sectores de la opinión, como lo había insinuado el Centro Democrático, sino que se urdieran a puerta cerrada en el Palacio de Nariño. Y que por su contenido no estén concebidas para hacer justicia sino para utilizarlas como garrote, contra “TODOS aquellos sobre quienes recaiga cualquier sospecha o denuncia”. Lo que está sucediendo con el caso del magistrado Pretelt y su familia –independiente de su responsabilidad o no en los hechos que se les endilgan-, es un ejemplo del tipo de linchamiento que acostumbran. El mismo calvario que ha sufrido Luis Alfredo Ramos, entre otros. Nada más apropiado para distraer la atención de las gentes sobre una economía que retrocede a pasos agigantados, sobre los enredos y claudicaciones en los diálogos de La Habana –con la exclusión humillante del general Mora-, y para allanar el camino a los caciques en los comicios de octubre y tratar de bloquear la irrupción victoriosa de la oposición en ellos.
“¡Aquí no hay intocables!”, tronó Santos en su alocución, a la vez que ordenó a la fiscalía a acelerar sus diligencias
-Proyecto de “equilibrio de poderes”. Contra Uribe y reelección (pero después de la de Santos).
-El “Estado de opinión” es para él actuar al vaivén de las crisis, sin programas de fondo. Así en el caso de la justicia: recordar la fallida reforma de hace unos años… -El roscograma en este gobierno y cómo las cortes y el gobierno se hacen pasito.
-Ahora lo quiere aprovechar con la crisis de la justicia para proseguir su sucia labor. Tribunal de aforados, nombrado por él. Eliminar funciones electorales de las Cortes, salvo en el caso de la Fiscalía. Y cambio cosmético en conformación de Corte Constitucional, pasando el Congreso de ser quien los nombra a ser quien los “refrenda”.
-“Desligar de la política” la justicia es como un chiste. Ordena a Fiscal proceder pronto contra los “intocables”, en clara amenaza a quienes no estén en su cuerda.