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Los retos del CD en 2017

Al empezar este año el expresidente Uribe, en un pequeño escrito, formuló la serie de retos que tiene al frente el CD y que debe resolver con urgencia. Me quiero referir a ese tema.

 

Sobresalen en el documento, en mi entender, dos puntos cruciales, y se nota la ausencia de otro. El primero que resalta es el que se refiere a la postura ante la imposición ilegítima y atropellada de los acuerdos de Santos y las Farc. “Tenemos la responsabilidad de proponer, debatir y definir qué hacer mientras el Congreso aprueba en contra del plebiscito, y mediante Fast Track, todo lo concedido al terrorismo en atropello a las reglas de la democracia.” El segundo, que fue el último en su escrito, lo expone Uribe así: “estamos obligados a decir algo sobre el referendo para revocar a Santos, entre cuyos proponentes hay muchos amigos”. Y el que falta, y que tocaré al final: qué hacer en relación con la campaña electoral de 2018.

 

Los dos primeros puntos tienen una relación estrecha, puesto que la impopularidad de Santos y la consecuente propuesta de la revocatoria de su mandato presidencial se derivan principalmente del manejo del proceso de “paz”. Quiero referirme a ambos, tratando de brindar algunas ideas sobre la actitud que debería asumir el CD ante ellos. Soslayaré en este escrito la consideración de los graves problemas económicos y sociales que desatarán una escalada de protestas este año, y que estoy seguro que el CD respaldará sin falta.

 

Con todo el rechazo que genera el proceso de entrega a las Farc, lo que para mí es evidente es que el repudio a Santos está muy por encima. Las mayorías nacionales quieren que se echen atrás las absurdas concesiones a los terroristas, pero mucho más anhelan ver fuera del solio de Bolívar al presidente más detestado de nuestra historia: Juan Manuel Santos. No solo nos lo indican las encuestas y las expresiones diarias, en todas partes, de la gente. Yo tengo, si de algo sirve para ilustrar el odio a Santos, un indicio bastante revelador: el alborozo que ha generado la propuesta de revocatoria efectuada por ciudadanos independientes. La noticia que publicamos en el Periódico DEBATE, de la autorización por parte de la Registraduría para recoger firmas y empezar el proceso, tuvo en unos pocos días alrededor de 100.000 consultas, cifra sin antecedentes en el portal. Igual debe haber sucedido en otros portales que la han divulgado.

 

Ese proceso está en marcha y hay que adoptar una posición frente a él, aunque no sea fácil. De entrada, distintos analistas y expertos han señalado algunas falencias de la propuesta, pese a la autorización de la Registraduría. El referendo propuesto consta de tres preguntas al elector. Una, sobre la limitación de los sueldos de todos los servidores públicos, incluido el Presidente, a un máximo de 10 salarios mínimos; otra, la propuesta de revocatoria del mandato del Presidente Santos, “por insatisfacción general de la población”, aplicando al proceso por analogía la ley estatutaria 1757 de 2015; y la última, la propuesta de que la Constitución solo pueda ser reformada por referendo.

 

Es claro, como lo indican algunos juristas, que se mezclan dos figuras de los mecanismos de participación ciudadana que son diferentes, el referendo y la revocatoria del mandato, que tienen umbrales distintos. La limitación de sueldos propuesta, seguramente con una buena intención, tiene un tinte populista, y de aprobarse, provocaría lo contrario de lo que se pretende: un desastre en la administración pública a todo nivel, pues ningún funcionario de mediano o alto nivel trabajaría para el Estado con dichos sueldos, muy por debajo de los del sector privado. La enfermedad no está en las sábanas, y aunque deben moderarse sueldos como los de los congresistas, la propuesta es inapropiada.

 

La sugerencia de que la Constitución solo se pueda reformar por referendo, descartando al Congreso o a la Asamblea Constituyente, también es una exageración. Según explicación de Gladys Sánchez, su promotora, tiene como fin evitar que el Congreso reverse posteriormente lo dispuesto en este referendo. Con un criterio tan mediato, cercenar totalmente las posibilidades de reforma de la Carta por mecanismos de representación, no es razonable.

 

De todos modos, el meollo de la propuesta, lo que ha generado enorme simpatía, es la revocatoria del presidente. Desde hace más de dos años, como se ha corroborado en multitudinarias marchas, como lo ratificó luego el plebiscito, millones de colombianos claman por la salida de Santos. Con la decisión de la Fiscalía de archivar el proceso infame contra Óscar Iván Zuluaga por el caso del “hacker”, ha quedado plenamente claro que lo que hubo fue un complot criminal para imponer a Santos en 2014. Su mandato es ilegítimo por su origen, y más ilegítimo por sus ejecutorias, como el desconocimiento del plebiscito y la imposición atrabiliaria del acuerdo con las Farc. Por eso y por la corrupción incalificable que ha desatado su administración, así como por el manejo desastroso de la economía, la salud, la educación y demás responsabilidades del primer mandatario, las gentes anhelan su revocatoria inmediata.

 

Aunque esa figura no está contemplada ni regulada por la ley estatutaria sobre mecanismos de participación ciudadana, no está prohibida por la Constitución. Por el contrario, se halla implícitamente contenida en su artículo 40 -como lo sostiene certeramente la promotora del referendo-, cuando establece que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, y que una de las formas de hacer efectivo ese derecho es poder “revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley”. No hay ningún funcionario elegido que se excluya de esa posibilidad; lo único que sucede en el caso del presidente es que no ha sido contemplado (pero tampoco prohibido) ni reglamentado por ley. De tal manera juristas de la talla de Jaime Castro han señalado que “si ese referendo es aprobado, se podrá adelantar revocatoria del Presidente”; además, el referendo “no requiere autorización previa ni aprobación posterior del Consejo de Estado”.

 

El otro asunto, que no hace parte de ese referendo, pero es vital, es el de los acuerdos con las Farc. La posibilidad de contener o desviar esa aplanadora es prácticamente ninguna en el parlamento, que seguirá a los trancazos, sin modificar ni una sílaba, y sin aceptar sugerencias, aprobando a pie juntillas lo que ya está convenido con los narcoterroristas. El llamado a un acuerdo adicional allí, con el NO, en la etapa de implementación, como lo sugirió Santos ante el Papa, fue otro de sus inveterados embustes, como se vio en el caso de la ley de amnistía.

 

Entonces, si no queda en el Congreso nada qué hacer, la única opción válida que tiene el CD -distinta a quedarse paralizado o dedicado a protestar y dejar constancias- es apelar de nuevo al pueblo, a través de la única vía legítima que permite aún nuestro ordenamiento, si no es bloqueada arbitrariamente por alguna de las instancias superiores del Estado: utilizar la figura del referendo, en este caso derogatorio. Si se logra por este medio dar al traste con una o varias de las medidas principales que ponen en práctica los acuerdos, como el acto legislativo del “fast track”, la ley de amnistía, la que creará la Justicia Especial para la Paz (JEP), y la que acepta los acuerdos como “especiales” e incorporables automáticamente a la Constitución, se habrán logrado derrotar los pilares de su aplicación, obligando a una reconfiguración de los acuerdos, ratificando el mandato del pueblo el 2 de octubre. Y ya el gobierno ni las Farc tendrán escapatoria.

 

Habría que estudiar la viabilidad de que en un solo referendo se pueda consultar al ciudadano por la derogatoria de varias normas, incluyendo tantas preguntas como normas se pretenden anular. El hecho es que en el referendo de la señora Sánchez, que es un referendo constitucional aprobatorio, la Registraduría aceptó que se contemplaran varias preguntas de contenidos muy disímiles. El único requisito legal en el caso del derogatorio es que cuando se inscriba el comité ante las autoridades respectivas, hayan corrido menos de seis meses desde que las normas que se quieren anular hayan entrado en vigor. Que es el caso de todas, en estos momentos, incluido el “fast track” que para la misma Corte Constitucional solo entró a cobrar vigencia a fines del año pasado. De resto, se requerirían firmas con al menos el 10% del censo electoral, unos tres y medio millones, para que se convoque obligatoriamente. Y por su carácter, no tiene que pasar por el Congreso (como sí el otro referendo).

 

Dicho todo esto, las alternativas prácticas no son sencillas, ante la presencia de dos referendos, uno aprobatorio y otro derogatorio. Pero podría pensarse en un escenario en que se adelante la recolección de firmas simultáneamente por los dos referendos, en acuerdo con los promotores del primero, buscando también conjuntamente que, al final, y si se recogen las firmas necesarias, se voten el mismo día. Ya en la campaña para la votación, al punto que habría que hacerle énfasis del primer referendo sería exclusivamente al segundo, donde se pregunta si se aprueba la revocatoria de Santos (a mi juicio los otros dos no son pertinentes).

 

El esfuerzo para esta tarea es descomunal. No habrá apoyo oficial, sino saboteo y ataques. Pero se cuenta con una inmensa audiencia en la ciudadanía, que proporcionará, sin duda, los cuantiosos recursos materiales que demande todo el proceso, para la publicidad, las reuniones, las movilizaciones, en fin. Y, por supuesto, es indispensable contar con una amplia coalición, que agrupe a todas las vertientes que apoyaron el NO para el plebiscito de octubre pasado, de la manera más coordinada posible.

 

Estos, en mi opinión, son los retos básicos que tiene el CD en 2017. Si, con la ayuda de todos los sectores que están descontentos y se sienten traicionados y maltratados, los afronta con éxito, podrá sentar las bases para la salvación de Colombia y la conquista y construcción de un gobierno distinto en 2018.

 

Talvez por eso el expresidente Uribe en su llamado de comienzos de año no se refiere al debate electoral, como un asunto urgente de decidir. Efectivamente, como lo he escuchado de algunos copartidarios, lo sensato sería esperar a que se definan esas otras espinosas materias -la posible revocatoria de Santos y la indispensable derogatoria de las leyes que imponen los acuerdos con las Farc-, que se pueden llevar todo el año, y esperar a que se despeje (o enrede, que es casi lo mismo) el panorama electoral de la actual coalición de gobierno. No es aconsejable ni viable enfrentar la ofensiva farc-santista a la vez que se desarrolla una campaña electoral interna entre los precandidatos, que, además, como se viene enfocando por ciertos círculos, provocaría heridas y desencuentros difíciles de superar posteriormente. ¿Será posible hacer un alto en el camino, aplazar las definiciones electorales para más adelante, quizás para fin de año, y concentrarse ahora en el combate principal?