El once de abril, en un acto de perfidia, las Farc asesinaron diez soldados e hirieron una treintena más, rompiendo de facto la tregua unilateral que habían declarado a fines de diciembre pasado. Como consecuencia, Santos levantó la veda impuesta a los bombardeos y, a principios de esta semana, un ataque al campamento del frente 29 en Guapí terminó con la muerte de 26 guerrilleros. El viernes, las Farc anunciaron de manera formal el cese de su tregua unilateral.
De inmediato empezaron las especulaciones sobre lo que ocurrirá con los diálogos de La Habana. Son preocupaciones vanas: no pasará nada. No habrá ruptura. Nadie se levantará de la mesa. Y no ocurrirá porque no le conviene ni al gobierno ni a la guerrilla. Santos no se parará porque su apuesta política está toda ahí, en las negociaciones con las Farc. En asuntos de seguridad, el trono es del expresidente Uribe. Santos sabe que si su énfasis de gobierno hubiera sido ese, apenas sería percibido como quien trató de hacer lo mismo que su antecesor. Tampoco las relaciones internacionales le permitirían destacar. Aunque alivió la tensa situación con Venezuela y Ecuador, lo hizo haciéndose cómplice de regímenes que socavan la democracia desde adentro y que vulneran sin reato de conciencia los derechos y libertades fundamentales. Para rematar, es el presidente que perdió con Nicaragua miles de kilómetros de zona económica exclusiva en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y en materia de economía Santos sabe que producir resultados es muy lento y difícil, que la gente es ingrata, y que, para rematar, se acabaron las vacas gordas y lo que viene será duro y cuesta arriba. Al final, Santos está convencido de que su “paso a la historia”, que tanto lo obsesiona, solo se conseguirá si firma la finalización del conflicto con la guerrilla.
Por su lado, a las Farc les conviene quedarse sentadas porque las ventajas que obtienen de la mesa son enormes. Les lava la cara, les permite quitarse el calificativo de terroristas, les da la oportunidad de relacionarse con gobiernos y organismos internacionales y de ensanchar y profundizar las que tienen con grupos y organizaciones civiles en Colombia, les facilita la logística, las comunicaciones, la adquisición de armas y explosivos, les da ocasión, sin riesgo alguno, de que sus jefes se comuniquen, reúnan, planifiquen, decidan cursos de acción. Todo eso, además, sin que el Gobierno se entregue y con el silencio aquiescente de los cubanos. Y, como cereza al pastel, pone a sus líderes fuera de la acción de la fuerza pública. De manera que las Farc no temen hoy a los ataques de las Fuerzas Armadas porque, por muchas bajas que produzcan, no podrá nunca alcanzar a los miembros principales del secretariado y del estado mayor.
Así que ambos, Santos y Farc, tienen incentivos suficientemente fuertes como para que no importe lo que ocurra en el campo de batalla. En La Habana están y ahí se quedan.
Ahora, tampoco se producirá una aceleración en las negociaciones. Y es en este punto donde el gobierno se equivoca de manera grave. Las Farc no tienen interés ninguno en poner la marcha rápida en el diálogo. No ganarían nada con ello. ¿Que se desgasta la opinión pública? Quizás, pero saben que el que paga ese desgaste es, como viene siendo, el presidente. Y lo aprovechan. Así que sin ceder ni un centímetro de sus posiciones, le sacan ventaja al irreprimible deseo de Santos de pasar a la historia, a que nada más tiene en las manos, a que todo está jugado en los diálogos, y al afán gubernamental de firmar algo antes de que el proceso se erosione aun más a ojos de la opinión pública, perdiendo lo poco que queda de apoyo a la forma en que conduce los diálogos.
Y por eso, en esa prisa, Santos se baja los pantalones una y otra vez y, en su querer darles “confianza”, suspende las extradiciones de guerrilleros, para los bombardeos, deja de fumigar con glifosato, les ruega a los gringos que devuelvan a Simón Trinidad, permite que el secretariado se reúna en La Habana, facilita el encuentro de Timochenko con Gabino, y ahora empieza a abrirle las puertas a la asamblea constituyente que tanto desean las Farc. Porque si el Fiscal la propone es porque el gobierno la está evaluando. En materia de paz, y no solo en ella, Montealegre es la punta de lanza de Santos. Dice lo que el presidente no quiere o no puede decir. Ha sido así antes y no hay razón para pensar que no es ahora. La propuesta del fiscal es, pues, un anuncio. Y por eso dice el ministro del Interior que no, que no por ahora, pero que “si adelante se llega a ver utilidad después de que avance el proceso de paz, habrá que estudiarlo”. Así las cosas mejor haríamos en prepararnos para otra constituyente.