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Nosotros también tenemos la ilusión de la paz, lo que no vamos a permitir es la trampa de que nos vayan a llevar por el socialismo: Uribe

Barranquilla, 3 de diciembre de 2016 (CD). Texto de las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la instalación del Congreso de Fedegan. 

 

“Muy estimados ganaderos de Colombia, permítanme dirigir a ustedes unas palabras sobre los Acuerdos de La Habana. 

 

Yo pienso que la campaña del Sí fue una campaña de ilusiones, la ilusión de la paz que todos compartimos; la campaña del NO fue una campaña de razones, profundamente respetuosa con la aspiración y con los sentimientos de los compatriotas del Sí.

 

Cuando los comités del sí se gastaron casi 13 mil millones de pesos, los comités del No se gastaron 2 mil millones, esto sin sumar las casas gratis, los proyectos de regalías, la presión a los alcaldes y a los gobernadores.

 

En un solo canal de televisión los comités del sí tuvieron 134 cuñas publicitarias; los del NO tuvieron 11. Una campaña difícil.

 

Ese viernes antes de elecciones en esta ciudad de Barranquilla me abordaban temprano los periodistas a preguntar mi opinión sobre lo que acababa de decir Su Santidad a favor del plebiscito; el presidente Obama -tan querido en Colombia- país que ha contado con la opinión pública más amistosa con los Estados Unidos en el contexto latinoamericano; la ONU, la Unión Europea, los vecinos de Suramérica, todos apoyando el Sí en el plebiscito, quizás muchos de ellos sin darse cuenta de las implicaciones de estos textos que amenazaban y todavía hay amenazas al futuro de la democracia colombiana.

 

Cuando ganó el NO todos los que estábamos en esa coalición nos dimos a la tarea de contribuir a tener un acuerdo nacional, lejos estuvo de nosotros la ufanía, simplemente entendimos que el mandato del No no era un rechazo a la paz sino la expresión de la necesidad de modificar esos acuerdos.

 

El Gobierno hizo algunas modificaciones. Negó algo bien importante,  ofreció que al recibir nuestras propuestas las examinaría con las Farc y volvería a reunirse con los del NO para discutirlas. Lo mínimo que debieron ellos hacer, simplemente nos notificaron que habían llegado con las Farc a un acuerdo definitivo que no admitía modificaciones y lo que nos dice el Ministro es que ellos no podían estar en una negociación indefinida. Nadie pidió eso, simplemente pedimos un Acuerdo Nacional de construcción de opciones sobre temas difíciles.

 

El tema de justicia, hablemos del órgano y de la impunidad.

 

La justicia colombiana necesita mejoramiento, reformas pero aquí la sustituyen con este órgano. Nos han dicho que introdujeron modificaciones porque ya los jueces del tribunal de justicia transicional serán colombianos, pero subsisten los temas de mayor preocupación. 

 

Veamos:

 

Ese órgano sustituye a la justicia colombiana, ese órgano se origina en un grupo que es el mayor cartel de cocaína del mundo y ha cometido innumerable cantidad de actos terroristas. ¿Qué garantía es eso para la democracia colombiana?

 

Yo no quiero fatigarlos a ustedes ahora con el examen punto por punto, la tutela, los recursos, etcétera, pero miren, hablemos de los tiempos, dan dos años para proponer denuncias, 10 años para hacer acusaciones, crean una Fiscalía paralela, autónoma para acusar colombianos.  Esos 10 años pueden ser extendidos por otros cinco, van 15 y puede haber otra extensión. ¿Qué va a pasar?

 

Durante todos esos años sustituyen a la justicia colombiana, el país va a vivir en vilo, pendiente de las decisiones de ese tribunal, van a olvidar presupuestalmente en el interés de la opinión a la justicia colombiana.

 

Ese tribunal está hecho a la medida de las Farc, a las Farc le basta el reconocimiento colectivo y la confirmación individual de sus crímenes para obtener toda la impunidad, eso lo puede hacer en semanas.

 

¿Pero qué le va a pasar a los militares y a los civiles? Pendientes de lo que ese tribunal y sus órganos decidan durante más de 15 años, eso es poner en entredicho el futuro democrático, crearle toda la desconfianza a los colombianos.

 

Resulta que cuando todavía hay 600 secuestrados por las Farc, que están desaparecidos, de quienes nada se sabe, cuando apenas han regresado a unos pocos de los 11 mil 700 niños reclutados, cuando están probados 6 mil 800 casos de violación de mujeres este grupo es el que le impone la justicia a Colombia, y entonces tienen que comparecer como victimarios a ese tribunal los militares y los civiles de Colombia. ¡Qué grave!  

 

El Gobierno ha dicho que hay una solución para los militares, permítanme decir que nosotros no la vemos, porque los halagan con el tema de que sus delitos pueden caber en lo que se llama el marco del conflicto y que con eso podrán salir de la cárcel y someterse al tribunal. ¿Pero qué ocurre? Por ejemplo en el caso de personas que salgan de la cárcel no condenados, acuden al tribunal y tienen dos opciones: una opción, exponerse al juicio del tribunal con el albur de que el tribunal los absuelva o los condene; y la otra opción para evitar ese riesgo, reconocer un delito así no se hubiera cometido a fin de no ir a la cárcel.

 

¿Ustedes se imaginan el precedente tan grave para Colombia? ¿Ustedes se imaginan el precedente tan grave para el honor militar? 

 

Eso va a llevar a que los militares tengan que mentir en aras de la libertad y a que entonces un conjunto de delitos no cometidos y reconocidos tipifiquen el cuadro bien distinto a como ha sido en nuestra democracia, retraten al país como una dictadura con violación sistemática de Derechos Humanos.

 

¿Y qué va a pasar entonces con la memoria histórica de la Nación? 

 

Uno de los grandes errores que ha tenido este proceso, es que ha creado unos falsos imaginarios sobre Colombia en la comunidad internacional,  a la comunidad internacional se le ha hecho pensar que nuestras  Fuerzas Armadas son las fuerzas de las dictaduras que tuvieron Pinochet o Videla o las dictaduras centroamericanas, las nuestras han sido las Fuerzas de la  democracia.

 

A la comunidad internacional se le ha hecho pensar que el problema de Colombia es el problema de nuestra  democracia, cuando nuestra democracia lo que ha hecho es vivir en permanente perfeccionamiento y poder tener la virtud y la capacidad de enfrentar los desafíos del terrorismo y el narcoterrorismo. 

 

Cuidado con esto, estimados ganaderos. 

 

A la comunidad internacional se le ha hecho pensar que la pobreza y la desigualdad de la distribución del ingreso en Colombia obedece a la empresa privada, no es así, al contrario, donde hay empresa privada en Colombia hay seguridad social, hay  trabajo formal, hay quien pague impuestos. Donde hay cordones de miseria, es porque no hay empresa privada.

 

Algo que hay que decirle al mundo con claridad, es que la culpa del problema social de Colombia no ha sido  de la  empresa privada sino de la falta de empresa privada y que justamente lo que reclamamos es que estos acuerdos no pueden constituirse en amenazas a la empresa privada, porque este país, no obstante el tradicional buen manejo de la economía, ahora bastante afectado, este país ha tenido una serie de dudas para permitir largos pedidos de  promoción de la empresa privada, ha sido la política colombiana una expresión de defensa vergonzante de la empresa privada, algo que le ha faltado  al país  es claridad en la defensa de la empresa privada y claridad para promoverla a partir del principio de que es lo único que construye equidad, de que es lo único que formaliza la economía, de que es lo único que permite superar la pobreza. Hay que luchar contra esos imaginarios distorsionados que le han vendido a la comunidad internacional, como el de los militares.

Nosotros seguimos en la idea de que se necesita una solución distinta para las Fuerzas Armadas de Colombia, por eso insistimos en la tesis de una libertad condicional e insistimos en la tesis de instancias; insistimos en la tesis de procedimiento de revisión, que le permitan a los militares sancionados luchar por la recuperación de su honra.

 

Los civiles,  el vicepresidente (German) Vargas Lleras, expresó en algún momento, que este tribunal no debería tener competencia sobre los civiles , yo diría, tampoco sobre los militares, que le resuelva el problema a las Farc, que lo resuelva en semanas, y que no digan que se está pidiendo impunidad para civiles ni para militares.

Colombia, sus civiles y sus militares han todo lo que tienen, lo que se ha llamado Plinio Apuleyo, ‘la guerra jurídica de la extrema izquierda que ha defendido al terrorismo’, lo que no podemos es que la historia se cambie, que la realidad se trastoque y que entonces  ahora aparezcan los victimarios imponiendo las reglas de justicia y los civiles y militares que han defendido esta democracia sometidos a las reglas de los victimarios y sus condenas. 

 

El tema de la justicia, en la parte sustantiva, trae impunidad total. 

 

El Gobierno ha dicho que atendió nuestras sugerencias. No, simplemente unas restricciones a la movilidad, que es la sanción y a la Presidencia la expusieron ahora explícitamente, pero cabían en la competencia del juez, en el primer acuerdo, nada se hizo, se dijo, se sigue diciendo lo mismo, óigase bien: que si un criminal responsable de delitos atroces acude a ese tribunal y confiesa, reconoce el delito, no tiene cárcel, simplemente le restringen la  movilidad y la vivienda, con algunas condiciones y simultáneamente goza de elegibilidad política. 

 

Nosotros dijimos, hombre, por favor, eso además de crearle muchas contrariedades al futuro de este acuerdo, además de violar tratados internacionales como la visión de Colombia a la Corte Penal Internacional o a la Convención Americana de Derechos Humanos, genera mal ejemplo. ¿Qué le vamos a decir las nuevas generaciones, al Eln, a los disidentes de las Farc? ¿Qué se le va a decir las 3 mil 500 bandas criminales que hay en Colombia? Pero eso no  se atendió. 

 

Dijimos: que hayan condiciones de reclusión, que sí que el  período sea  corto, de 5 a 8 años, que hayan condición de reclusión penitenciarias, así sean en colonias agrícolas, en la misma zona de concentración, eso no se aceptó. Pero además, los que sean sentenciados a tener esa restricción de vivienda o movilidad, el juez podrá darles todos los permisos para que ellos estén caminando por el país. 

 

Ese tipo de sanciones son además inaplicables porque el artículo 36 les da el derecho a la elegibilidad, simultánea, sin cumplir con la sanción. Colombia aquí no solamente está deshonrando su tradición en esta materia sino que está yendo más allá de lo que ha sido la flexibilidad de algunas legislaciones democráticas.

En España, por ejemplo, es un caso excepcional donde se permite que la persona condenada por delitos atroces pueda ser elegida, pero después de cumplir la pena. Aquí se está pasando de la flexibilidad a la permisividad, autorizando la elección de estas personas incluso sin cumplir la pena. 

 

Lo que hace inaplicable este tipo de penas: ¿Cuál  restricción de libertad y de residencia si la persona va a estar en el ejercicio de una representación política? Además es simbólica, violatoria del Estatuto de la Corte Penal internacional, violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese tipo de penas en Colombia son accesorias nunca han sido principales. ¿Y qué se le va a decir a los 138 mil presos colombianos que hoy están en la cárcel por delitos en promedio menos graves que los delitos de  las Farc? 

 

Y alguien dice, no, es que sin esa impunidad no hay paz ¿Por qué? ¿Por qué? Es que lo grave es que siempre que se sienta el Gobierno a negociar con criminales hay que decir no, sino aceptamos esto no hay paz, pero no se ha pensado que esa aceptación de la total impunidad es lo que reproduce la violencia, eso crea el mal ejemplo que multiplica la violencia, eso va a llevar a que el país nunca pare, nunca le ponga punto final a todos estos grupos que incurren diariamente en delitos, hasta que obtienen en algún momento, cuando lo desean, total impunidad. 

 

¿Acaso el país no desmovilizó 35 mil paramilitares, 18 mil guerrilleros entre 2002 y 2010 y los cabecillas tuvieron que ir a la cárcel por periodos entre 5 y 8 año, y muchos de ellos extraditados y no se les dio el derecho de elegibilidad política? 

 

Y quienes reclamaban en esa época y con razón que 5 u 8 años de cárcel para cabecillas paramilitares era muy poco, tenían razón, son ellos mismos quienes ahora dicen que las Farc no deben de ir un día a la cárcel.

 

Y me preguntan los periodistas internacionales: ‘¿pero usted como pretende que haya paz si tienen que ir a la cárcel?’  Y uno les contesta, pero en España han logrado la paz y han tenido que ir a la cárcel. ¿Por qué aquí vamos a dar ese mal ejemplo y a crear esa vulnerabilidad al futuro de Colombia?

 

Y viene el tema de la elegibilidad, incluso lo que yo llamo la coalición del NO, aceptó que fueran elegibles aquellos responsables de delitos atroces pero después de pagar la pena. Yo que no estaba de acuerdo con esto dije bueno acepto esto que ustedes proponen en aras de facilitar el acuerdo, ni en eso quiso avanzar el  Gobierno. 

 

Yo lo dejo simplemente a la consideración de ustedes.

 

El tema del narcotráfico. ¿Por qué este país que ha sufrido tanto el narcotráfico tiene que aceptarlo como delito político? ¿Qué le vamos a decir a las nuevas generaciones y al mundo con el narcotráfico, en el caso de las Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo como delito político?

 

Nosotros hemos dicho que no sea el narcotráfico reconocido como delito político. Si se quiere, por las circunstancias en que los vincularon a la rebelión que se les dé un alivio judicial, pero sin considerarlo como delito político.

 

Y entonces el Gobierno ahora dice que la modificación es que un juez lo considerará caso a caso, perdón, eso estaba, eso se deducía del primer acuerdo, ahí no ha habido modificación, es otra imprecisión que el Gobierno le ha comunicado al país.  

 

¿Pero ustedes creen que eso va  funcionar?

 

Mire cómo es el proceso: un grupo de Farc acude a donde un juez y le reconoce, en reconocimiento colectivo, que ese grupo incurrió en narcotráfico para financiar la rebelión, eso es suficiente para aceptarles que el narcotráfico, en el caso de ellos, fue delito político, que no va a haber sanción, que no hay extradición y que hay elegibilidad política. 

 

Entonces, dice, no, pero es que además del reconocimiento colectivo cada uno de los individuos que integraron el grupo tiene que ir a presentarse a donde el juez.

 

¿Ustedes creen, mis estimados compatriotas, que alguno de esos grupos va a decir que en su caso individual no estaba en el narcotráfico para financiar la rebelión? Yo creo que al país tampoco lo pueden tratar de ingenuo, a mí me parece que lo que hay allí es una cosmética y un engaño y que se ha buscado el excusado que todos estos individuos de las Farc que integran el cartel de cocaína más grande del mundo, queden absueltos también en materia de narcotráfico como quedan absueltos en todos los delitos de lesa humanidad.

 

Y el país tiene hoy 150, 170 mil hectáreas de droga y hay cifras de la Fiscalía: aproximadamente 75 mil familias colombianas vinculadas a la droga, y están los grupos disidentes de la Farc y Eln, y 3 mil 500 bandas criminales girando alrededor de la droga. ¿Qué va a pasar con ellos? Esta impunidad a la Farc, este reconocimiento al narcotráfico como delito político, se convierte en un acicate para que se siga reproduciendo y multiplicando eso criminalidad.   

 

Permítanme hacer unas anotaciones sobre el tema de la tierra. El Gobierno incluyó, a raíz de las conversaciones después del plebiscito, unas normas que dicen que se respetará al propietario honesto, al poseedor honesto. Nos parece bien. 

 

Pero miren, mientras el Presidente de la República hace dos días, en un acto grave para la democracia colombiana, de promoción de la división del gremio ganadero, expresaba ante un auditorio que no habrá expropiación de gentes honestas, sus voceros en el Senado, algunos de ellos, dijeron que sí. Aquí están mis compañeros, senadores de la República. Puede que en este Gobierno no alcancemos a ver expropiaciones, pero si esos acuerdos se dan como están ¿para dónde vamos en el futuro ¿quién va a crecer en el campo? ¿quién se va a preocupar por estimular la productividad cuando tiene esa Espada de Damocles amenazándolo? 

 

Sobre este tema, es bueno saber algo desde las cifras de tierras. El nuevo censo agropecuario muestra que entre indígenas y los compatriotas afrodescendientes hay 40 millones de hectáreas, en un país que tiene 114 millones de hectáreas. 40 millones de hectáreas tienen estos dos grupos, lo acaba de confirmar el censo agropecuario. 

 

Es un país que no tiene mucho suelo fértil. Hace 20 años la FAO decía que Argentina tiene 30 millones de hectáreas de suelo óptimo y Colombia apenas 750 mil. Nuestros vecinos suramericanos viven en planicies, nosotros tenemos entre el Caribe colombiano y la Orinoquía unos 13 millones de compatriotas en un país de casi 50 millones. Los otros 36, 37 millones viven en tierras sumamente quebradas. 

 

Tenemos todos los problemas del trópico, tenemos las grandes sequías, las grandes inundaciones, las plagas, etcétera. Hacer campo en un país de la topografía de Colombia es muy difícil, de las condiciones climáticas, de los riesgos. Este país por fortuna todavía tiene más de 600 mil kilómetro en selva que hay que protegerlos como la mejor contribución a la lucha contra el calentamiento global. 

 

En ese contexto, se comprometen con la Farc a entregarle 10 millones de hectáreas. ¿Qué van a titular 7 millones? Yo diría que si esa titulación se adelanta bien, respetando la buena fe, uno podría decir: 'correcto'. El problema es entonces una expropiación para el fondo de tierras de 3 millones de tierras. ¿De dónde van a salir? Van a salir expropiando a mucha gente honesta y la Farc lo tiene claro, y lo tienen claro sus voceros, así el Presidente de la República le haya dicho a otro grupo de ganaderos hace dos días que no.

 

Veamos el tema de las Zonas de Reserva Campesina, eso quedó confuso. ¿Por qué?  El Gobierno dice que atendió nuestro reclamo de que las Zonas de Reserva Campesina se definan de acuerdo con la ley, mantenido el Estado una discrecionalidad, ustedes leen el texto del nuevo acuerdo, quedó confuso, porque dice que se someterán a la ley pero también al  acuerdo entre el Gobierno y las comunidades que lo reclaman; entonces si el acuerdo y las comunidades lo definen, si la comunidad es definitoria en el tema, y también hay comunidades mencionadas por Farc, ¿en qué queda la institucionalidad del Estado?

 

A nosotros nos preocupa mucho el tema de la jurisprudencia sobre baldíos y de la ley de restitución. Nosotros no aspiramos a que estos acuerdos corrijan los problemas de la jurisprudencia de baldíos del Consejo de Estado, tampoco aspiramos que estos acuerdos reformen la Ley de Restitución de Tierras; lo que nos parece grave es que en el primero acuerdo prácticamente se impedía que se reformara la Ley de Restitución de Tierras, en el primer acuerdo prácticamente se impediría que se reformara, se modificara la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre baldíos; eso tare hay un inmenso riesgo. 

 

Ustedes han visto lo que ha pasado con la restitución de tierras, con la interpretación de esa jurisprudencia. Lo que hemos dicho nosotros es, no pedimos que eso se corrija en este acuerdo, lo que pedimos es que quede claro que este acuerdo no cierre la llave, para que el país pueda discutir modificaciones.

 

Hay una esperanza porque se crea una comisión de expertos, pero el tema es confuso porque las menciones al tema de los baldíos y al tema de restitución siguen intactas, igualitas al primer acuerdo, simplemente matizadas con la declaración que se introdujo de que se respetarán a los propietarios y poseedores de buena fe y de que habrá una comisión de expertos. ¿Entonces esas ambigüedades a dónde conducen? Por eso nosotros hemos insistido que este tema tiene que aclararse. Ustedes conocen lo que ha pasado con la restitución de tierras. 

Una persona en Barrancabermeja vendió una tierra hace 15 años, ahora reclama que le devuelvan la tierra y el juez en la sentencia dice que le peguntó  a esa persona si al momento de venderla le contó al comprador que estaba amenazado, y la persona dice: ‘no, yo no le conté porque no me habría comprado la tierra’, y el juez dice: ‘ese comprador procedió de buena fe pero tiene culpa, hay que quitarle la tierra, volver a restituirla porque compró en una zona de conflicto’. Eso pone entredicho toda la transacción inmobiliaria de Colombia en muchos años, como también en  el tema de la jurisprudencia de baldíos, si la jurisprudencia de baldíos no se modifica entonces va ocurrir que se da a lugar a que se interprete que en toda adjudicación o en que toda compra que un colombiano haya hecho retroactivamente sin límite en el tiempo de un terreno que en algún momento fue baldío y salió del domino del Estado, que haya una figuración indebida. Hombre, es que a mí me preguntaban unos periodistas, me decían: ‘es que usted es muy injusto, usted dice que los acuerdos están prohibiendo la propiedad privada y en ninguna parte dice que se prohíba la propiedad privada’. (Fidel) Castro nunca propuso prohibirla, llegó a La Habana y lo recibió el capitalismo cubano con alborozo; claro que llegó ese 1º de enero del 59 y el 26 de julio ordenó la expropiación de la tierra. En la Constitución de (Hugo) Chávez no se dijo que  de la propiedad privada, ellos saben cómo asfixiarla, saben cómo ponerla entredicho.

 

Este Congreso tendrá la oportunidad mañana de escuchar al representante de los ganaderos de Venezuela, es un héroe, ser ganadero en Venezuela es un heroísmo, toda la solidaridad con ustedes. Aquí vemos muchos colombianos jugados, conmigo cuenten, hasta que se calle esta dictadura.

 

Yo les decía a unos jóvenes de la política en estos días que Colombia necesita unas juventudes vigorosas con menos política y más decisión. El problema de Colombia es el cálculo politiquero que anula la personalidad y la capacidad de decisión.

 

Ayúdenos con una cosa ustedes desde Venezuela, a abrirle los ojos al pueblo colombiano, ‘eso nunca nos va a llegar’, dicen, eso pensaban en Venezuela, no más en junio del 98, cuatro meses antes de la llegada del presidente Chávez, vean mañana vean las cifras, como anularon la propiedad en tres millones de hectáreas y expropiaron cinco millones y dejaron el país sin comida, y a los colombianos nos presentaban una Venezuela de petróleo, de gas, de mineral, de hierro, de industria siderúrgica, pero Venezuela tenía otras cosas, tenían 14, 16 millones de cabezas de ganado y usted me dice que hoy hay ocho, y sigue bajando el censo .

 

Venezuela era un país exportador excedentario en arroz, en frijol, en maíz; hoy, lo que no importe, sin importaciones masivas no alcanzan a llenar las mínimas necesidades nacionales.

Cuidado compatriotas, las Farc recordó su marxismo-leninismo y lo declaró de nuevo a la semana anterior al plebiscito. 

 

Esa mezcla de drogas, marxismo-leninismo y chavismo no nos vengan a decir a nosotros que es un discurso angelical que tenemos que recibir con tranquilidad. No, esa es la plataforma del gobierno de transición y es mejor morir firme en el campo de batalla que huyéndole al temor, o por derecha, huyéndole a la batalla. Hay que ponerle mucho cuidado a esto, queridos compatriotas. 

 

Nosotros pensamos que hay temas inobjetables del acuerdo; mis compañeros en el Congreso, estoy seguro que ninguno de los coaligados en el NO, nos vamos a oponer a que estos señores de las Farc se les den un tratamiento humanitario, que se les proteja. Eso no lo objetamos, hay otros temas que esperamos se puedan corregir en el Congreso, pero hay otros temas sobre los cuales subsisten diferencias de fórmula, como algunas que les acabo de referir. Y será el criterio de ustedes el que habrá de decirnos si esas diferencias que expresamos son por capricho o por razones. 

 

¿Qué pensamos nosotros que hay que hacer? Tenemos que acudir, definir una manera de acudir al pueblo, con cuatro, cinco, seis preguntas, buscando firmas sobre temas que le pongan límites a esto. 

 

Es que el Gobierno sigue diciendo que no hay bloque de constitucionalidad, claro que lo hay, un conjunto de normas para ser bloque de constitucionalidad no hay que calificarlas con ese nombre, basta que reúnan el requisito del bloque de constitucionalidad que es el conjunto de normas que prevalecen en el ordenamiento jurídico. Y el texto de un artículo constitucional nuevo que está en estos acuerdos, pone todo lo acordado en La Habana a prevalecer en el ordenamiento jurídico. El Gobierno dice que no, que solamente prevalecen unos puntos, que lo otro apenas va a ser factor de interpretación durante tres administraciones presidenciales, en tres administraciones presidenciales nos ponen la democracia colombiana en un camino de pérdida sin retorno.

Y el Gobierno sigue diciendo y las Farc dicen: ‘no, claro, eso quedó en el bloque de constitucionalidad’, el Gobierno dice que no, y cuando uno lee eso y le pide a los expertos juristas que lo lean, dicen: ‘tienen razón las Farc’, con esa leyenda de que es que eso es equivalente, que eso quedó en el bloque de constitucionalidad.

¿Qué pensamos nosotros? Tenemos el deber de discutirlo todo en el Congreso, pero el deber de acudir a las calles de Colombia simultáneamente a pedirles a los colombianos la firma para ponerle unos límites a los abusos.

 

Creo que ustedes van a tener que hacer un gran esfuerzo con las bancadas parlamentarias para corregir lo que se pueda corregir. 

 

Albergo la esperanza de que por lo menos las máximas autoridades que vigilan nuestra Constitución digan que como el Gobierno perdió el plebiscito y no ha querido someterlo de nuevo a otro plebiscito, albergo la esperanza de que por lo menos se diga que en estas condiciones lo que se ha llamado Fast Track, o texto, o reglamento, o procedimiento abreviado para modificar la Constitución con facultades extraordinarias, ilimitadas en lo material al Gobierno, para introducir por decreto las materias acordadas con afán y que son de naturaleza de ley, albergo la esperanza que por lo menos a eso se le diga que no, porque de eso dependía de que el Gobierno ganara el plebiscito y lo perdió, no obstante la situación de desventaja en que nos puso, y además no hizo las modificaciones de fondo, y además se resiste a una nueva refrendación popular.

 

Ojalá, para bien de la democracia colombiana, nuestra Corte Constitucional, en su sabiduría, proteja nuestra democracia. 

 

Nosotros tenemos la argumentada ilusión de que se diga por la Corte Constitucional que sin refrendación popular directa, plebiscito o referendo, no se puede activar lo que se ha llamado el Fast Track, que es un camino de destrucción de la democracia.

 

Hoy lo aplican y queda el precedente y mañana o pasado mañana les llegan otro… el doctor De la Calle, lo respetamos, porque sería muy bueno que hubiera aceptado venir aquí, nos dijo que estaban cerrando el ciclo de la Constitución del 91. A mí se me olvidó decirle hace dos días en el Senado, que qué viene, porque en el 91 ellos dijeron que con el ciclo del M19, del Epl, del Quintín Lame, quedaba cerrada en Colombia la etapa de hacer política con armas, que en adelante el ejercicio político con armas sería terrorismo, y veinticinco años después dicen que hay que volver a cerrar el ciclo, que lo que ha hecho las Farc, que en el 91 denominaron terrorista, durante estos veinticinco años no ha sido terrorismo sino política con armas. ¿Y entonces qué van a decir dentro de veinticinco años?

 

Y comparan esto con las luchas de las luchas de las guerras civiles del siglo XIX. Por favor, los países maduran, el país superó todas esas etapas; entonces ahora nos dicen: ‘es que las Farc entregan las armas, tienen derecho a la elegibilidad política’. ¿Entonces todo bandido que entregue las armas tiene derecho a la elegibilidad política? Esto lo único que va a hacer es reproducir el estímulo para que el país siga creando y expandiendo la violencia, estimados compatriotas.

 

Déjenme hacer una referencia a la Reforma Tributaria. Aquí están dos de nuestros más importantes congresistas en temas económicos: María del Rosario Guerra y Fernando Nicolás Araújo.

 

Miremos el contexto nacional. El país está con un gasto público elevadísimo, en los últimos años el gasto público en funcionamiento creció al 11 y la economía al 4. El país está con un endeudamiento elevadísimo, volvimos al 55 por ciento del PIB en el sector público; el servicio de deuda de un presupuesto que recauda 135 billones, va para 40 billones; el país está asistiendo a la declinación de la capacidad adquisitiva en nuestras clases medias y populares, en enero un tendero de Bogotá que vendía 100, hoy vende 60, y en otras ciudades colombianas se reproduce esa tragedia. Y la empresa privada colombiana está súper gravada, aquí hay empresas que están pagando, al consolidar todos los impuestos, el 72 por ciento. 

 

El país ha perdido la competitividad. ¿Ustedes saben cuál es la propuesta tributaria del presidente electo de los Estados Unidos? Un impuesto del 15 por ciento para las empresas y 5 categorías de impuestos a los dividendos, en el caso de los dividendos más altos, el impuesto es del 20. Entonces en el caso más alto habría un impuesto consolidado del 35, en un país que tiene todas las condiciones de competitividad y además viene el tema allá de afectación a las importaciones para promover la actividad económica doméstica de los Estados Unidos. Y nosotros con este gasto público y con este endeudamiento y con esta tributación. Y se hace muy fácil demagogia contra la gente del campo, dicen: ‘es que no pagan impuestos’. Imagínense ustedes esta cifra, ¿ustedes saben cuánto valía el avalúo total del campo colombiano para poder derivar la liquidación del impuesto predial? En 2002 valía 32 billones, hoy vale alrededor de 150. Hoy hay muchas tierras colombianas excesivamente gravadas, unas empiezan a valer más en el catastro que en la vida real, que la vida comercial. Y entonces a toda hora es con eso de que el campo colombiano no paga impuesto.           

 

Nosotros lo que hemos dicho es que el impuesto al campo colombiano, ese impuesto a la tierra, debe ser en función de la capacidad productiva, no del espíritu especulador, que es el que están teniendo en cuenta ahora para hacer unos avalúos exorbitantes.

 

Tema fundamental, este país tiene una legislación para quitarle la tierra a los abusadores, al narcotráfico, al terrorismo, a la guerrilla, etcétera; y ahora lo que se quiere es emprenderla contra la gente de bien y las Farc se ríe. Esta semana en un programa se reían que la Fiscalía les estaban aplicando extinción del dominio en Caquetá.

 

Nosotros lo que pedimos es que se proteja la gente de bien, a la gente honesta, lo mismo que al campesino. Muy generosamente, uno de ustedes, el doctor Lafaurie me recordaba esta tarde que la Ley de Agro Ingreso Seguro buscaba ayudarles para ser competitivos a los grandes, medianos y a los pequeños, como lo necesita el mundo.

 

El productor pequeño es una solución social, pero la gran garantía de seguridad alimentaria y de competitividad en la economía internacional la dan el productor mediano y el grande, y más en su integración con los pequeños, como lo ha hecho el doctor Carlos Murgas para bien de Colombia en muchas regiones, integrándose con los pequeños.

 

Nosotros no podemos aprobar esta reforma tributaria. Yo le he dicho a mis compañeros: ‘presentemos algo agresivo, de impuestos agresivamente bajos, de estabilidad en los tributos’. Este Gobierno quitó los incentivos, recordarán ustedes aquél incentivo el 30 por ciento de deducción a la expansión de cultivos productivos, 10 años de exención a los cultivos de largo plazo, ingreso exento proveniente de la reforestación, lo de la reforestación lo están quitando en esta reforma tributaria, han quitado los incentivos.

 

Quitaron la ley de estabilidad que daba derecho al momento de hacer una inversión de pedir un contrato de estabilidad, que se requiere en cualquier democracia, y han derramado sobre el país esa inmensa cantidad de impuestos. Nosotros debemos luchar por una reforma tributaria con unos impuestos agresivamente bajos y unas normas agresivamente drásticas para que haya impuestos que los colombianos paguen sin miedo, con normas de estabilidad y también cero evasión. Creemos que esa es una combinación necesaria, no nos dé miedo hacerlo, los colombianos queremos trabajar y hay que decirle al Gobierno y al Estado déjenos trabajar, no nos estén amenazado a toda hora con expropiaciones, impuestos, con toda clase de obstáculos.

 

Trabajemos en el campo para incrementar la productividad. Alguien me preguntaba hoy: ‘¿Qué hago con unas finas que tengo? ¿Las vendo? Ah, me las expropian’. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir, hay que buscar cómo nos defendemos, en la lucha estamos, en la lucha estamos.

 

A mí cuando (Félix) Lafaurie me sorprendió con esta condecoración de Fedegan, dije yo, hombre, pero ¿para qué crear más controversias poniéndoles esta condecoración tan importante a alguien bien controvertido como yo? Y que además, hombre, no me puedo salir de la controversia, porque no puedo abandonar la batalla, tenemos que seguir en la batalla, a pesar de la cédula, mientras tengamos energía.

 

Trabajemos, utilicemos suelos, hagamos cosas en el campo para aumentar la productividad, y por supuesto, enfrentemos esas amenazas que hoy nos proponen. 

 

Hay que ponerle mucho cuidado al tejido social, cada finca colombiana tiene que convertirse en un motivo de balance social satisfactorio, hay que mostrar cariño al campesino colombiano, al trabajador del agro colombiano, que se sientan que esas fincas tienen un propietario, pero que están al servicio de la Nación y del tejido social. Yo creo que ese es un desafío que debemos cumplir.

 

El mundo va a necesitar un gran crecimiento de la proteína animal; la ganadería está estancada, uno no ve crecer el hato chino, ni el hato hindú, ni el de Pakistán, el de los Estados Unidos más bien ha decrecido de unos 95 a 87 millones de cabezas, ustedes en Paraguay tienen un hato muy grande de 15 millones de cabezas para un país de siete millones de habitantes, pero tal vez hay dos o tres casos excepcionales, Brasil y Paraguay en el mundo, de resto más bien los hatos tienden a disminuir, Colombia tiene ahí una gran oportunidad ¿por qué van a probar a Colombia de esta gran posibilidad?

 

Bueno, sí, nosotros también tenemos la ilusión de la paz, lo que no vamos a permitir es la trampa de que nos vayan a llevar por el socialismo. Es mejor ponerse colorado un rato que descolorido toda la vida.

Miren lo que le pasó a Venezuela, en junio del 98 el empresariado venezolano estaba feliz con la expectativa de la elección del presidente Chávez, empezó con el campo, hablar en las sociedades urbanas de reforma rural es un discurso muy atractivo, porque la idea que le viene a las sociedades urbanas es que, no, es que este país es muy concentrado, es que estos tipos del campo son unos latifundistas, unos feudales, unos paramilitares, unos narcotraficantes, entonces, vender la idea de la expropiación rural es muy fácil.

 

Chávez lo hizo, en Venezuela todo el mundo se quedó tranquilo, hombre, que le quiten la tierra a toda esa gente y esa tierra quedó improductiva, sin comida para el país, pero detrás de la tierra acabaron con toda la actividad económica de Venezuela. Castro el 26 de julio del 59 solamente anunció la racionalización de la tierra y después acabó con toda la economía.

 

Eso de la reforma rural agraria tiene un gran elemento de trampa del comunismo nuevo, llámese como se quiera llamar para engañar a las sociedades y abrir el camino de la asfixia de la empresa privada. En la tarea seguimos. Muchas gracias a ustedes.

 

Decía un amigo esta semana: ‘imposible vencer a los que no se rinden; no nos vamos a rendir”.

 

(FIN)