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Para evitar que se repita el fracaso

La Federación Nacional de Departamentos organizó un importante evento en la ciudad de Valledupar, al cual invitó a opinar a distintos protagonistas de la vida nacional sobre la situación de las regiones después de los eventuales acuerdos de La Habana, las víctimas, la restitución de tierras y la concertación nacional para la paz.

 

Con respecto al último punto, comparto algunas reflexiones.

 

En primer lugar, es evidente la conveniencia de que existan coincidencias sobre temas fundamentales relacionados con el empeño de dejar atrás la violencia que tanto daño le ha hecho a Colombia.

 

De otro lado, resulta conveniente partir de la base de que para identificar esas coincidencias no es necesario que el objetivo sea estar de acuerdo en todo.

 

Asimismo, los temas que deben dinamizar el proceso de búsqueda de identidades básicas son aquellos que se presenten como los principales desafíos en las distintas etapas.

 

No es aventurado decir que, en las circunstancias actuales, el primer reto es lograr que existan las condiciones de opinión necesarias para que sea posible avanzar con calma en las conversaciones, es decir, que tengan viabilidad social.

 

Y un segundo desafío sería el de buscar que lo que se acuerde sea sostenible tanto jurídica como políticamente.

 

Con respecto a lo primero, la mayor exigencia que hoy se tiene es evitar que el terrorismo de las Farc obligue al Gobierno a ponerle fin a las conversaciones.

 

Para lograrlo, se necesita que esa organización cese sus acciones criminales y que dicha cesación sea verificada, lo cual se facilita con la concentración del grupo en puntos acordados.

 

¿Sería posible conseguirlo?

 

Desde luego que es muy difícil, pero teniendo en cuenta la posición del Gobierno, de las Farc y de la oposición democrática podría concluirse que, ahora, se insinúan algunas posibilidades.

 

El primero está reclamando que Timochenko cumpla con la cesación de fuegos que anunció y violó; los herederos de Tirofijo han reiterado su decisión de hacerlo con verificación y el Centro Democrático tiene ese punto como uno de las bases de su posición frente a los diálogos en Cuba.

 

En este orden de ideas, puede concluirse que un paso hacia la concertación nacional para la paz debería darse alrededor del acuerdo sobre un mecanismo de verificación del cese unilateral de fuegos de las Farc, que se viabilizaría con la concentración.

 

De esa manera se disminuiría el riesgo de que el Presidente se vea obligado a ponerle fin a la mesa de negociación, como ya les sucedió a algunos de sus antecesores.

 

Y en relación con lo segundo, para nadie es un secreto que el asunto de la justicia es, quizá, el de más difícil solución. No solo por su complejidad, sino por la posición arrogante de las Farc, que lo que esperan es que se les asegure la impunidad total.

 

La situación actual aconseja que se busque una posición nacional concertada para llevarla a la mesa de discusiones en Cuba.

 

Ese grupo debe tener claro que la inmensa mayoría de los colombianos está dispuesta a aceptar penas y soluciones alternativas, pero, en ningún caso, la ausencia de justicia.

 

Y un acuerdo nacional en esa materia, para discutirlo en la isla, sería un mensaje revestido de la claridad política que se requiere en casos como estos.

 

Como ya se dijo, de lo que se trata ahora es de que las conversaciones puedan seguir avanzando y lo acordado sea sostenible.

 

El contenido de los acuerdos, el cual tendrá diferencias de distinta índole, habrá oportunidad de discutirlo cuando se ponga en marcha el proceso que conduzca al pronunciamiento popular.

 

Ese será otro momento.