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Patria, principios y partido

Como Senadora de la República tengo la obligación de explicar a la ciudadanía cada una de mis actuaciones y asumir la responsabilidad por ellas, por eso en estas líneas explicaré lo que ayer anuncié en mis redes: “me retiré de votación del Acto Legislativo porque no era posible parar la aplanadora de la Unidad Nacional y no podía legitimar lo ilegítimo”.

 

Aunque la Unidad Nacional generalmente brilla por su ausencia en las plenarias de Senado, el día de ayer se aseguraron de contar con el quórum decisorio y mayoría para la votación del proyecto de acto legislativo para la implementación de los acuerdos con las Farc (04 de 2015 Senado), la presencia o no de nuestra bancada no era determinante, lo único que procedía era repetir una y otra vez los reparos que de cara al país hemos manifestado frente a este proyecto que es a todas luces antiético, inmoral e inconstitucional.

 

Por principio, no doy legitimidad a lo que no la tiene, ni considero interlocutor válido a quien no lo es, por eso ayer opté por no participar en el debate y votación del proyecto que en nombre de la paz, mina la democracia, la institucionalidad y la Constitución.

 

Con dolor de Patria asistimos a la claudicación del Estado ante los caprichos de una organización narcotraficante y terrorista, que lleva más de tres años en un supuesto proceso de negociación, donde contrario a lo que impone la democracia, el diálogo ha estado forzado por el terrorismo; donde no son los criminales quienes se desmovilizan,desarman y reinsertan a la sociedad, sino que se está obligando a los colombianos que durante décadas hemos soportado sus embates criminales, que nos a adaptemos a su modelo.

 

Hemos repetido hasta el cansancio que el proceso debería exigir como mínimo para continuar los diálogos, el cese unilateral verificable de toda actividad criminal por parte de la organización narco terrorista Farc, la respuesta ha sido la parálisis de nuestra fuerza pública y el anuncio de un cese bilateral.

 

Hemos solicitado un balance entre justicia y paz, y la respuesta ha sido un modelo de justicia restaurativa que en nombre de la paz, otorga impunidad incluso a quienes cometieron delitos atroces o de lesa humanidad, con el único requisito de confesarlos, contrario a lo que obliga el Tratado de Roma y bloque de constitucionalidad.

 

Hemos exigido no elegibilidad para quienes han cometido delitos atroces o de lesa humanidad, porque nuestra constitución limita la participación a quienes cometieron delitos políticos, no a quienes cometieron cualquier tipo de delito aduciendo razones políticas; y la respuesta ha sido buscar por todos los medios que los reclutadores de menores, narcotraficantes y terroristas de las Farc puedan hacer política sin pagar por sus crímenes.

 

Hemos hecho un llamado para que se respete la democracia, la Constitución y la ley, y respuesta fue el acto legislativo que entrega las labores del Congreso a una Comisión Legislativa para la Paz (Congresito); la imposibilidad de realizar cambios a lo que determinen las Farc y el Gobierno, si no tienen aprobación esos cambios del Ejecutivo; la sustitución de la Constitución generando un mecanismo exprés que permite reformarla pasando por encima del constituyente primario.

 

Adicionalmente, se entregaron facultades especiales al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, y se determinaron unas inversiones para la paz, pasando por encima del plan de desarrollo y el presupuesto ya aprobados por el Congreso. Como si esto fuera poco, aunque se eliminó el artículo de elegibilidad para los criminales de las Farc, se advirtió que se revivirá el artículo en los próximos debates.

 

Siempre he repetido que mi compromiso es con la Patria, los principios y el partido, en ese orden, y no es negociable, por eso, tomé la decisión que tomé ayer.

 

* Senadora de la República por el Centro Democrático