Por muchos años, los académicos que se han dedicado al estudio de las causas del subdesarrollo han encontrado en la discontinuidad de políticas públicas la falta de conexión entre los recursos y los objetivos sectoriales, y la carencia de una adecuada evaluación de resultados enemigos del progreso.
Al hacer un estudio del Plan de Desarrollo, presentado por el Gobierno Nacional para el periodo 2014-2018, se presentan situaciones preocupantes. Para empezar, la nueva hoja de ruta del Gobierno abandona sus famosas locomotoras, convirtiéndolas en apéndices de una nueva agenda, sin haber cumplido sus objetivos entre el 2010-2014, y siendo una pavorosa señal de la discontinuidad en las prioridades de un gobierno.
Pero las preocupaciones no terminan ahí. La consistencia macroeconómica del plan es un tanto débil, pues las expectativas de crecimiento económico, producción petrolera, inflación, precio del petróleo, que el Gobierno había configurado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se han desvanecido, ocasionando huecos fiscales que atentan contra muchas metas del plan. El punto más claro está entre las diferencias que se encuentran entre las Inversiones del Plan de Desarrollo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
Otra característica del subdesarrollo que se encuentra en el Plan gubernamental tiene que ver con las diferencias entre las promesas de campaña del Gobierno y lo que en realidad está planteado en su agenda de progreso. En educación, los objetivos que se gritaban en la plaza pública son consumidos por un gradualismo sin compromisos explícitos, aun anunciando que seremos el país más educado de la región.
Por su parte, en vivienda se prometieron 300.000 casas gratis, que le cuestan al país 12 billones de pesos y que se quedarán en frondosos comerciales de televisión para derrotar a toda costa al contrincante. En agricultura, aunque se prometieron grandes avances en la reducción de la pobreza rural, los montos para este propósito en el sector apenas llegan a 5,6 billones de pesos en 4 años. Así existen múltiples casos en otros sectores.
La mayor vergüenza del Plan de Desarrollo está en su articulado. En lugar de responder a las bases analíticas del mismo, introduce por la puerta de atrás el camino a un tercer canal, una reforma estructural al código minero, sin ser debatido de manera participativa, y le mete descaradamente la mano a los impuestos catastrales, de licores y alumbrado. Fuera de eso, le da un cheque en blanco al Presidente para hacer y deshacer en el sector agrícola, crea 11 estructuras, entre entidades y sistemas, y más de 5 fondos especiales, abona el camino para la venta de Isagen y se abandonan reformas estructurales en educación, salud, justicia y pensiones.
Empieza la discusión de un documento que definitivamente no es plan ni es de desarrollo. La culpa la tiene que ver, en esta ocasión, como una oportunidad para sacar normas por la vía expedita y no darle sentido estratégico a las metas que el país debe alcanzar. Ojalá el debate en el Congreso sirva para corregir este ejemplo de subdesarrollo, de lo contrario, será otra desilusión.