La masacre de miembros del Ejército por parte de las Farc era previsible desde el momento en que el presidente Santos decidió iniciar conversaciones con ese grupo en medio de las balas y las bombas. Como también debía esperar el Gobierno la reacción indignada de los colombianos frente a esos hechos de terrorismo.
Lo que resulta sorprendente es que se haya creído en la posibilidad de llegar a un final exitoso antes de que se presentaran las circunstancias que se vivieron la semana anterior, o en la capacidad del Gobierno para evitar que el terrorismo pusiera en duda la viabilidad de continuar con el diálogo.
Y sorprende, porque carecía de dificultad analizar las experiencias que se tuvieron en procesos anteriores para aprender que, en Colombia, no ha sido posible concluir exitosamente negociaciones con las Farc, cuando ellas se celebran, al mismo tiempo que la organización mencionada continúa cometiendo acciones criminales.
Conviene recordar que los expresidentes Gaviria y Pastrana se vieron obligados a ponerle fin a los diálogos que habían iniciado, debido a que la opinión pública, en sus respectivas administraciones, no soportó más que se hablara, a la vez que las Farc cometían delitos atroces.
Que el presidente Santos haya hablado ahora de plazos tampoco sorprende. De cara a la indignación de la ciudadanía por la barbarie de las Farc, estaba obligado a reaccionar con vigor.
El problema es que está reaccionando de manera equivocada. Según parece, olvida que la gente siempre está dispuesta a apoyar los esfuerzos políticos para buscar la paz. Lo que no acepta –aquello que la indigna, los hechos que la llevan a expresar su malestar y, muchas veces, a exigirle a los gobiernos de turno que se paren de la mesa– es que los terroristas hablen de paz mientras, simultáneamente, asesinan, secuestran, atentan contra la infraestructura civil y cometen otros crímenes.
Si Santos cree que basta con ponerle límites temporales a la mesa de La Habana, pero no cambiar el marco en el que opera, se equivoca. Lo que debe hacerse, en las circunstancias actuales, es tomar decisiones que le den credibilidad al proceso y tranquilidad a los colombianos. Y eso solo se lograría si se consigue que los diálogos avancen, sin que el terrorismo siga agrediendo a los colombianos.
Por las razones anteriores, lo más conveniente hoy sería la suspensión temporal de las conversaciones con el fin de definir nuevas condiciones para su continuación. Actuar así, permitiría estructurar un esquema que haga posible avanzar en la búsqueda de acuerdos viables y aceptables para el país.
Todavía hay tiempo para conseguir que las lecciones que hemos aprendido tengan utilidad. Lo contrario, implicaría seguir caminando con los ojos abiertos hacia el abismo de una nueva frustración.
Esa es la verdad y el Gobierno debe reconocerlo y aceptarlo. En el evento de que resuelva seguir como va, ya se sabe cuál sería el resultado. Por eso, hay que insistir: ¡plazo no, condiciones!