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Que decida la gente

En el 2004 se introdujo la figura de la reelección presidencial inmediata en Colombia. Esta permite que quienes hayan ejercido la Presidencia de la República puedan permanecer en su cargo durante un segundo período, si son reelegidos por voto popular.
 
Avanzar en la ampliación de la democracia jamás es fácil. Siempre se han requerido procesos prolongados y complejos para lograrlo. Fue necesario que transcurrieran largos años hasta consagrar la institución de un hombre un voto, y luego conseguir el sufragio para la mujer no fue una tarea sencilla.
 
Algo similar sucedió con pasos adicionales que se han dado en medio de amplios e intensos debates. Que los ciudadanos puedan hoy elegir popularmente a los alcaldes no se logró con facilidad. Tampoco careció de obstáculos que se aprobara la elección popular de los gobernadores.
 
Para cada iniciativa de esta naturaleza, existe siempre una crítica que se ampara en la idea de que algo le falta al elector para confiarle tamaña responsabilidad.
 
El absurdo ha llegado hasta el punto de reconocer la madurez de los votantes para seleccionar a su Presidente, sus congresistas, diputados y concejales, pero no a los jefes de las administraciones locales, como sucedió cuando muchos enfilaron sus baterías contra la elección de los alcaldes.
 
Pero, bueno, ¡se ha avanzado!. En relación con la institución de la reelección presidencial sucede algo parecido. Esta es una de esas formas institucionales que van cambiando con el tiempo, y respecto de la cual no se consolida una tendencia uniforme porque la posición de la ciudadanía tiene mucho que ver con las realidades nacionales.
 
Aunque en los Estados Unidos nunca se ha prohibido, en América Latina, donde se adoptó la figura de la Presidencia que rige en el sistema constitucional de ese país, en general, la reelección inmediata ha sido vista con desconfianza.
 
Por esa razón, solamente unos pocos países de la región la permitían cuando empezó el siglo XX. En Colombia, la Constitución de 1886 la prohibió, el Acto Legislativo 3 de 1910 hizo más estricta la prohibición, la Constitución del 91 la enterró definitivamente y el Acto Legislativo 2 de 2004 la resucitó.
 
Quienes se oponen argumentan que impedirla rompe con la concentración del poder político y permite renovar los partidos. Los que la defendemos acudimos al argumento de que debe haber responsabilidad electoral y rendición de cuentas por parte de los mandatarios. Para las democracias es mejor lo segundo por una sola vez con los debidos y estrictos controles y garantías.
 
Hoy, gracias a que la institución existe, tenemos la posibilidad de recuperar el rumbo que se perdió en las manos del presidente Santos. En un régimen de libertades, siempre es mejor que decida la gente.
 
FUENTE: eltiempo.com