La primera encuesta post primera vuelta, marca el 38% a favor de Santos y el 37% para Oscar Iván Zuluaga. Cuando realizó, no se había dada la adhesión de la doctora Martha Lucía Ramírez a la candidatura de éste último.
Es verdad que en las toldas del expresidente hay un reacomodo de fuerzas, pero éste se basa en adhesiones parciales. Eso desbarata la contabilidad Santos y deja el punto de partida del candidato del Centro Documento con un superávit indiscutible. Así las cosas, las estrategias reflejarán la nueva realidad política. Santos mentirá más y será más agresivo y Zuluaga tendrá que hacer más pedagogía.
Este ha aceptado el planteamiento de Ramírez en el sentido de mantener las conversaciones, sometidas a evaluación de los resultados que obtengan en la vía de paz con justicia, y con dos condiciones perentorias: a) que cesen el reclutamiento de menores y b) acaben la siembra de minas antipersona y entreguen mapas de desminado, para que la población civil y las Fuerzas Armadas no sean víctimas de mutilación y muerte, mediante este procedimiento prohibido Derecho Internacional Humanitario actual. Y con el presupuesto de que las conversaciones conduzcan a una paz que favorezca exclusivamente al pueblo colombiano y sin agendas ocultas.
Zuluaga y el Centro Democrático, Ramírez y su voto de opinión conservadora e independiente entre la que caló su magnífico discurso, están por la paz con justicia y dignidad. Para alcanzarla, en primer lugar y como premisa, hay que proteger a los niños de las garras de los bandidos y evitar más sangre y dolor a causa del método atroz de las minas antipersona. Esto ha de ser así, porque las Farc deben dar una muestra verificable de que quieren beneficiar a los colombianos, porque ahora se hace sin esa condición clave.
En segundo lugar, porque favorecer al pueblo colombiano significa que no se dialogue con una agenda oculta en la que los posibles logros no existen, porque de lo contrario, ya los hubieran profusamente publicitado el dúo Farc–Santos. ¿Qué hay tres puntos acordados? Lo que se conocen son textos difusos en los que son más los temas postergados. Y los que se conocen, hablan de ampliar las Zonas de Reserva Campesina bajo el dominio de esa organización ilegal y la idea retardataria de mantener, a como dé lugar, la agricultura de subsistencia, que sólo conseguirá eternizar la pobreza de los campesinos, descartando casi por completo, la agroindustria. Y la tierra que queda para la primera, se la reservan las Farc para su monopólico cultivo de coca, con un acuerdo sobre estos cultivos que ponen al ratón a cuidar el queso. Como ya lo dije en otra ocasión, ¿de qué hablan las Farc cuando se refieren a combatir las mafias del narcotráfico? O se autodestruyen, porque son el principal cartel del tráfico de cocaína del mundo, lo cual es absurdo, o aspiran a que el estado les ayude a eliminar la competencia.
En tercer lugar, favorecer al pueblo colombiano significa que haya justicia efectiva, así sea limitada en el tiempo (Zuluaga propone seis años de prisión) para los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, porque si no hay justicia, la larva de la violencia seguirá incrustada en el corazón de muchos de los maltratados y despreciados por ese grupo. Por otra parte, sobre reparación y la verdad no se conoce que una línea en los acuerdos más allá de que las Farc sostienen que todos los agentes de violencia deben efectuarlas, con el truco de que, para sacarle el cuerpo a sus crímenes y encartar al Estado, están llevando, con la aceptación del gobierno, las fechas de inicio del conflicto hacia muy atrás en el tiempo, con la esperanza de que sea la institucionalidad la que tenga el mayor peso de la reparación y la verdad.
Pero ocurre, que aun en el escenario de que el Estado tenga responsabilidades en crímenes de guerra y de lesa humanidad -algo que para mí es inadmisible porque tales violaciones no fueron nunca políticas de Estado sino acciones particulares de algunos funcionarios que abusaron de su poder, y en cambio las Farc tienen como política de organización, cometer dichos delitos sistemáticamente y de manera prolongada en el tiempo, contra los colombianos- aun en ese escenario, digo, tal hipótesis no elimina las responsabilidades de las Farc por la razón que se acaba de esgrimir.
Contar la verdad quiere decir admitir sus incontables crímenes y pedir perdón; reparar, implica devolver a los despojados sus bienes, comenzando tierra; y, además, de la infinita riqueza que esa organización posee, indemnizar a sus víctimas. Porque no es justo con ellas, que las Farc terminen multimillonarias y que sea el dinero de los colombianos el que asuma esa responsabilidad.
Lo que le sirve al pueblo colombiano es que a través de sus organizaciones, en el marco de la Constitución, resuelva su agenda en escenarios como el congreso y los cargos públicos. Es injusto premiar a las Farc con impunidad total, como la que plantea el fiscal, y además, con el derecho de tengan representación política los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como también este lo plantea, con el argumento, expresamente prohibido en la Constitución y en la jurisprudencia, de hacer dichos delitos conexos con los crímenes políticos. Que se ganen la representación como cualquier político de pie que ha respetado a las Instituciones, y que no se cite a una Asamblea Constitucional, para asaltarla con mayorías que no han sido conseguidas con el respaldo popular. Si en virtud de alcanzar la paz son necesarias algunas concesiones, de ninguna manera deben ser tales que puedan dominar el congreso, y que no permitan la participación de quienes hayan cometido los crímenes que venimos señalando.
Así se hace la paz en serio, no jugando el futuro del pueblo colombiano en una partida de póquer, como hace Santos, ni mintiendo para engañar al país.