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Refrendación del acuerdo por parte del Congreso sustituye mandato popular: Uribe

Bogotá, 29 de noviembre de 2016 (CD). Intervención del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, durante el debate sobre la refrendación de los acuerdos de La Habana en la sesión plenaria del Senado de la República que se realizó este martes:

“Gracias señor Presidente, honorables senadores. Este Congreso me ha enseñado a mí muchas cosas, una de ellas a mejorar la fuerza mental. Por eso, la réplica que debí pedirle, para la intervención que acabamos de escuchar, procuraré con fuerza mental aplazarla para los minutos finales, porque lo que si no puedo permitir es que he tratado por respeto al Senado ordenar una intervención y evité que la intervención me enloqueciera y me llevara a desordenar esta intervención.

Después de que ganó el NO, hubo muchas reuniones constructivas con los voceros del Gobierno. Ellos se fueron a La Habana, le dijeron a los compañeros que estaban en la última reunión, que en efecto después de examinar ese tema con las Farc, se volvería a hablar con nosotros. Y todo lo que conocimos fue la notificación del Presidente de la República ese sábado de que la noche anterior habían cerrado con la Farc, que el texto era definitivo, que no habría cambios, que se habían aceptado unos puntos del NO, que otros no se podían aceptar.

Le rogamos al Presidente de la República que no le diera a ese acuerdo el alcance definitivo, que me permitiera un nuevo examen con los del NO. Me expresó que el doctor De la Calle y las Farc, esa tarde en Cuba anunciarían el acuerdo, y que dirían que era definitivo, pero que él le permitiría que el doctor De la Calle regresarse para examinar el tema con los integrantes del NO. Por alguna razón entiendo que no se pudo regresar y que, por supuesto, después examinarían el tema con nosotros, y que el Gobierno tendría apertura no obstante el alcance definitivo si habría algún tema de interés nacional.

La semana pasada expresé -señor Presidente- las desventajas en las cuales acudimos al proceso electoral. Hoy el senador Iván Duque ha recordado algunas, como aquella Ley que bajó el umbral del 50 al 13 por ciento, etcétera. Para no repetirlas todas, hasta el momento los gastos registrados en el Consejo Electoral por parte de los comités del Sí, suman 12.796’813.275 pesos. Los gastos de los comités del NO suman 2.113’288.923 (pesos), señor Presidente. Y esto solamente los comités, aquí no está el Gobierno, ni los departamentos, ni los municipios, ni las casas, ni las regalías, solamente los comités.

Nosotros también miramos el tema de la pauta publicitaria. En un canal de televisión los comités del Sí tuvieron 139 pautas, los del NO 11. Sin embargo, por una mayoría reducida ganó el NO, nunca nos ufanamos de ello.

Desde el principio pedimos el acuerdo nacional. Hemos dicho que hubo temas en los que se avanzó, que hay temas en los cuales subsisten diferencias de mucho fondo, que hay temas que no se objetan. Quiero referirme solamente a dos temas que tuvieron avance, que no obstante tener nosotros todavía unas diferencias, esos temas podrían en las leyes implementarias discutirse aquí en el Congreso: el tema agrario y el tema de la organización de protección a las Farc.

Acepto que ahí hubo mejoras. En el tema agrario se aceptó proteger a los propietarios y poseedores honestos del campo; se aceptó la necesidad de que se combine la pequeña propiedad y la gran empresa agroindustrial.

Es cierto, si ustedes me preguntaran temas que nosotros quisiéramos discutir aquí        en la ley de implementación, estaría, por ejemplo, que quede claro que la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre baldíos no quede inmodificable por estos acuerdos. Nadie pide que la modifiquen los acuerdos, pero también es grave un acuerdo que vuelva inmodificable una sentencia, sobre todo cuando allí el tema de la buena fe no exime la ausencia de culpa.

Y son senadores de otras bancadas que han propuesto también modificaciones de esa… estoy ahí confundiendo es con la Ley de Restitución de Tierras, que también queremos que no quede prohibida la reforma, aquí han pedido esa reforma, uno no puede decir que sea el acuerdo el que reforme la Ley de Restitución de Tierras, pero que tampoco cierre la posibilidad de reformarla.

Es muy grave que a la buena fe no se le dé el beneficio de presunción no desvirtuable de falta de culpa.

El tema del catastro, aclarar: el Centro Democrático nunca pidió que se evitara la progresividad en el catastro; lo que pedimos fue que se aplicaran los criterios de la Ley para poder hacer los ajustes catastrales.

Dijimos que el catastro no se debe manejar con el criterio de economía especulativa sino con el criterio de economía productiva, mirando el potencial productivo del suelo. Y también hemos expresado en diferentes escenarios que el catastro en Colombia en lo urbano y lo rural ha tenido, en algunas partes, unos revalúos excesivos, por ejemplo, en esta ciudad de Bogotá hoy hay propiedades que valen más en el catastro que en la vida comercial.

Aceptamos, doctor Jaramillo Caro, que ustedes incluyeron el tema de la planeación indicativa en el uso del suelo, es una buena aclaración, contrario a lo que se entendía en el texto inicial de la planeación impositiva.

¿Qué nos preocupa? Nos preocupa cuando hoy oímos al doctor De la Calle, por un lado él en el discurso de hoy parece estar en contra de la empresa grande productiva y en los acuerdos aceptaron que pudiera convivir la gran empresa agropecuaria con la pequeña empresa.

Nos preocupa que el tema no sea la extinción del dominio, o la expropiación o la restitución a los adquirientes que han procedido en contra de la ley, sino el tema a la propiedad que se estime grande. Eso nos preocupa.

La pequeña empresa agropecuaria resuelve problemas sociales, pero el mundo de hoy necesita la gran empresa agropecuaria para la competitividad.

Estamos abocados a tener que aumentar para el año 2040 en un 50 por ciento lo que se requería de alimentos en el 2010 y para el 2070 seguramente en un 70 por ciento.

Escuché ahora hablar aquí de políticas de partidos sobre la tierra, pero se les olvidó una, la gran política del presidente (Misael) Pastrana Borrero para apoyar a los productores del campo, a todos, que fue la Ley 5ª de 1972.

Y se omitió otra cosa: la acción de los grupos terroristas ha sido inclemente contra los propietarios del campo en todo el país, grandes pequeños o medianos, no es sino ver qué hizo la guerrilla en el occidente de Risaralda, qué hizo en las zonas de minifundio de Antioquia o de Nariño y qué hizo con la mediana y pequeña propiedad en la Costa Caribe y en las otras regiones de Colombia.

Dejar aquí la impresión de que aquí hay una contradicción política entre la defensa de la pequeña propiedad y la defensa del latifundio, eso no se ajusta a la verdad. Pero dejemos esos comentarios, ese es un tema donde creo que puede haber discusiones en la implementación en el Congreso.

La protección a las Farc. Se mantiene el tema de que se podrá utilizar personal de la Farc para ello. Se introdujeron unas mejoras, en cuanto a los exámenes a la preparación, etcétera, lo aceptamos.

Se mantiene un tema muy preocupante, que ese organismo estará vigilando las empresas de vigilancia, los archivos de inteligencia y las hojas de vida de los empleados públicos. Es verdad que sustrajeron los representantes directos de las Farc de ese organismo, pero habrá tres expertos nombrados por las Farc y por el Gobierno, o sea que mantuvieron el tema de esa determinación indirecta.

Estos dos temas, a manera de ejemplo, donde nosotros todavía encontramos unas observaciones, pero no las hemos puesto como los temas de la profunda diferencia.

Hay unos temas que nadie los discute, que no los objetamos. A todo colombiano dígase o no en el acuerdo hay que protegerlo con el Derecho Internacional Humanitario, con los Derechos Humanos, con los derechos fundamentales y con aquellos por conexidad, y ahí tomaré las palabras del doctor De la Calle, que no está en el acuerdo: conexidad, dijo usted en nuestras reuniones, teniendo en cuenta las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia que decreten esa conexidad.

Pero hay temas de mayor preocupación. Veamos uno,  el Bloque de Constitucionalidad. Esta mañana oíamos de parte del Gobierno que en ninguna parte se menciona el Bloque de Constitucionalidad, la Constitución tampoco lo menciona.

Cuando uno lee el artículo 93 de la Constitución que es el que se señala como el bloque de constitucionalidad, no hay mención expresa. ¿Qué se ha entendido como Bloque de Constitucionalidad? El conjunto de normas que prevalecen sobre el ordenamiento jurídico.

La misma Farc dice que esto sí queda en el Bloque de Constitucionalidad, abogados al servicio de ese proceso, dirigentes políticos. ¿Si hay esa diferencia entre las Farc y el Gobierno, cómo pretenden entonces que nosotros cuando tenemos todas estas dudas, tengamos que aceptar que eso no se incluyó en el Bloque de Constitucionalidad?

Yo les tengo que decir esto: en mi concepto hay unos temas que incluyeron en el Bloque de Constitucionalidad que no los objetamos, y que así no los hubieran incluidos están incorporados, como es el tema de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aquí hay una repetición.

Pero hay otro tema que es el del acuerdo especial. En el mismo artículo constitucional, cuando se habla de acuerdo especial, también están proponiendo que todo el acuerdo se eleve a la Constitución y que sea una referencia de interpretación y de desarrollo de legislación, eso le da el alcance de texto jurídico de prevalencia, que es justamente el concepto de Bloque de Constitucionalidad.

Que va a ser transitorio por tres administraciones presidenciales, pero yo creo que ahí los abogados de las Farc que siguen sosteniendo que sí está en el Bloque de Constitucionalidad, de pronto los intérpretes les van a dar la razón porque van a decir que es norma prevalente.

Pero ahí hay otros temas de alcance definitivo, de Bloque de Constitucionalidad indefinido, por ejemplo el sistema de controles a los actos legislativos y a las leyes. Ese control único, un solo control donde se anulan posibilidades de acciones de inexequibilidad en el futuro. Esa protección es propia de un ultra-bloque de constitucionalidad.

El tema de justicia. Yo no veo ninguna articulación como lo haya pedido de la justicia transicional con la ordinaria, tampoco hemos entendido porqué las normas de justicia transicional no se podían aplicar en las normas de justicia ordinaria, y ahora me voy a permitir compartir con ustedes algunas de las cifras de la Ley de Justicia y Paz y Reparación donde hay, si se quiere, una justicia transicional o una justicia alternativa, o unos beneficios de sometimiento a la justicia y que se aplican dentro de la justicia ordinaria.

Miren lo que ha pasado con la tutela. La selección de la tutela se le quita la autonomía a la Corte Constitucional y tendrá que ser una sala entre la Corte Constitucional y el Tribunal de Justicia Transicional, que finalmente se origina con participación directa de las Farc, Sala que tendrá que decir si se selecciona o no se selecciona una tutela.

Mantienen un sistema de acusación paralela, una Fiscalía paralela. ¿Cuánto va a durar? Hay dos años para presentar denuncias. Supongamos que los diez para acusar empiezan a contarse simultáneamente, pero se le suman cinco para no acumular los dos iniciales. Ahí van 15 y después de que hayan terminado la extensión de los cinco puede haber otra.

Durante esos 15, 20, 25 años, la justicia colombiana va a pasar a un segundo, tercer o cuarto nivel de importancia, van a tener al país solamente dependiendo de este tribunal, de sus decisiones, lo mismo presupuestalmente. A las Farc les resuelven los problemas en semanas. Por eso a mí me pareció que una de las propuestas fue la que en algún momento le escuchamos al vicepresidente doctor Vargas Lleras, que ese tribunal fuera para las Farc, porque les resuelve los problemas en semanas. A ellos les basta reconocer el delito. El problema va a ser para los civiles y para los integrantes de las Fuerzas Armadas que los van a tener ahí en vilo durante muchos años.

Algunos comentarios en cuanto al órgano y unos comentarios en cuanto a la norma. Se mantiene la norma de impunidad total.

Al artículo 60 le hicieron unas precisiones sobre controles para las personas que estén sometidas a la restricción de vivienda y movilidad, restricciones que no alcanzan a tener comparación con las restricciones a las que se tiene que someter un colombiano que tenga la casa por cárcel. A nosotros nos parece que allí hubo unas precisiones, pero no hubo ningún avance que suprimiera esa impunidad total.

Basta con reconocer el delito, inclusive, a diferencia con la Ley de Justicia, Paz y Reparación, aquí no se habla de verdad total, aquí se habla de reconocer la verdad y se dice que el grado de verdad será valorado por el juez del tribunal para imponer la sentencia, que será entre cinco y ocho años, en este caso, de restricción de movilidad y de restricción de residencia. Pero además introdujeron un artículo nuevo donde le dan la más amplia posibilidad de permiso a quienes estén sometidos a esa norma. La alternativa nuestra fue: si no aceptan una restricción carcelaria, que la reclusión sea en una colonia agrícola o en las mismas zonas de concentración. Quedó en las zonas de concentración sin condiciones de colonia agrícola. Así quedó, pero, ya dije, con unas restricciones muy inferiores a las que se le exigen a un colombiano que tiene la casa por cárcel y con dos agravantes: la posibilidad de permisos que introdujeron y el tema es coetáneo con la elegibilidad política. Por eso hemos dicho que va a ser una sanción simbólica, inaplicable, porque quienes estén con restricción de libertad, de movilidad o de residencia y al mismo tiempo elegido de acuerdo con el artículo 36, tendrá que estar atendiendo el electorado allí donde tenga que acudir, se convierte en una sanción inaplicable.

¿Cuál fue nuestra propuesta en esa materia de elegibilidad? Nuestra propuesta fue, hombre, que por lo menos la elegibilidad sea después de cumplir con esa pena.

¿Y qué más pasa con esa pena? Esa pena, en nuestro concepto, no cumple con los requisitos de la Corte Penal Internacional ni de la Convención Americana de Derechos Humanos, esta última exige la Convención Americana de Derechos Humanos exige sanción severa para este tipo de delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional en un artículo habla de reclusión y en otro de disminución de la reclusión pero no de eliminación y si entonces vamos a la teoría, que le he escuchado al Gobierno, que van a respetar el margen doméstico de interpretación hay que compararlo con lo que ocurre en Colombia, con los 138 mil presos que están en la cárcel por delitos, en promedio, menos graves que los delitos de Farc. 

Por eso nosotros creemos que al ser coetánea con la elegibilidad es una pena inaplicable, que es una pena simbólica, no principal, que corresponde al tipo de penas accesorias en Colombia y que no cumple esa función punitiva que requiere la justicia restaurativa para poder disuadir al criminal.

En el tema de la elegibilidad. Ya se mencionó esta tarde que no van a dar 31 emisoras sino 20, que hay otra modalidad para participación con la comunidad. También se mencionó que a las Farc le van a dar el promedio de lo que obtengan los partidos políticos en el Fondo de partidos Políticos, creo que una adicional del 7 por ciento. No vamos a hablar de eso.

El Gobierno, las Farc, nuestros interlocutores fueron los delegados del Gobierno, nunca aceptaron una cosa que existe en las legislaciones democráticas más flexibles, que la elegibilidad proceda después de que se haya cumplido esa pena.

Hoy llegó otra noticia de España, Arnaldo Otegi, que la legislación española le permite su elección no obstante que estuvo condenado por terrorismo, porque esa es una legislación excepcional en su flexibilidad, la Corte Suprema de España no le ha permitido ser este año candidato a la presidencia del País Vasco, porque todavía tiene una libertad condicional y no puede venir a los funerales de Fidel Castro porque los Estados Unidos no lo deja pasar por su territorio por estar condenado por el delito de terrorismo.

Yo pregunto: ¿acaso era una poca concesión? Nosotros dijimos, nosotros aceptamos lo que ustedes aprobaron en el 2012, 2013, en lo que se llamó el Marco Jurídico para la Paz, elegibilidad con sustracción de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, no quisieron, la mayoría de los compañeros del No dijeron “bueno, aceptemos que sea esa elegibilidad posible pero después de cumplir la pena”. Yo acepté contrario a mis convicciones y el Gobierno se negó totalmente a insistir en ese tema.

El tema de víctimas. Yo simplemente quiero recordar aquí lo que les escuchamos hoy a Herbin Hoyos, aquí hay centenares de víctimas, de personas secuestradas por las Farc de quienes nada se sabe y lo mismo seguimos en el tema de los niños.

El narcotráfico. Cuando yo veo el delito de microtráfico, el problema que entre 2012 y la fecha hemos pasado de 47 mil hectáreas de droga a más de 150 mil como aquí dijo el Fiscal General, cuando hay disidentes Farc, bandas criminales, Eln, etcétera, me pregunto: ¿y entonces se va a reconocer el narcotráfico como delito político? 

Oiga Presidente lo que pasó en las conversaciones: el doctor Yesid Reyes nos dijo que el narcotráfico dependería de cada caso en particular y después en las modificaciones que anuncian pusieron eso en dos renglones que el juez decidirá en cada caso. Modificación que no es nueva, pero tanto las modificación explicita como lo que se entendió anteriormente llevaban necesariamente a la conclusión de que en todo caso el narcotráfico sería delito político, conexo, les digo porque, porque aquí hay dos temas de dos modalidades de reconocimiento del delito.

Una modalidad la colectiva, si un grupo de las Farc acude y reconoce que intervino en el narcotráfico por rebelión, ¿quién de ese grupo en el posterior reconocimiento individual va a decir o va a aceptar que no, que no era para financiar la rebelión?  Aquí estamos ante algo inexorable, así nos diga el doctor Yesid Reyes, así quede en dos renglones de este acuerdo que dependerá de cada caso del juez, aquí el narcotráfico queda beneficiado como delito conexo con el delito político.

¿Qué hemos propuesto nosotros? Hemos propuesto que los máximos responsables tengan la misma sanción que se adopte para aquellos que reconozcan otros delitos graves de acuerdo con el artículo 60, que es entre 5 y 8 años de restricciones, pero restricciones con condiciones penitenciarias.

Y nos han dicho, es que la Corte Suprema de Justicia en muchos casos ha reconocido el narcotráfico como delito político, ha aceptado como lo ha aceptó la Ley de justicia de paz y reparación que se puede utilizar el narcotráfico para financiar la rebelión, pero no por eso se le dio alcance de delito político, ni en la ley de Justicia, paz y reparación, ni en la jurisprudencia de la Corte.

Tan es así que hay jurisprudencias de la Corte en las cuales la Corte ha dicho que una persona que participó en el narcotráfico y que pudo haber utilizado ese narcotráfico para financiar la rebelión, al no haber esa conexidad con el delito político es extraditable. Ahora lo que hay es un cambio abismal y sumamente grave para Colombia.

El tema de los Militares. El Gobierno ha dicho que el tema de las Fuerza Armadas lo resolvía autónomamente, pero  los últimos episodios de La Habana demuestran que No, que también lo negociaron.  ¿Entonces que vemos nosotros? En este nuevo texto o en este texto reformado, traen lo que se llama el conjunto de conductas que tipifican delitos de los que caben en el marco del conflicto.

De acuerdo con eso, muchos militares podrían salir de la cárcel ¿pero qué les pasa? Veamos el caso de los no condenados y el caso de los condenados. Un militar no condenado dice, sí, el delito mío cabe en este delito del marco del conflicto, pide que lo liberen, acepta someterse al tribunal de justicia transicional, tiene allí que correr el albur de que lo absuelvan o lo condenen, o tiene que, para asegurarse, reconocer el delito así no lo hubiera cometido. El problema que denunciamos sigue sin resolverse.

Y veamos, un militar condenado con sentencia ejecutoriada, ese militar acude al tribunal, entonces va a decir, no yo no puedo reconocer el delito, yo no lo cometí, el Tribunal le dice, yo no le puedo revisar su sentencia sino su pena, como aquí por ese delito condenamos a 15, 20 años, usted ya pagó 17 a usted no le faltan sino tres; el militar para poder tener el beneficio de esa restricción entre tres y cinco años tendría que reconocer el delito, así él este en desacuerdo y diga que no cometió el delito por el cual lo condenaron.

Yo creo que aquí hay facilidades para que muchos militares salgan de la cárcel, pero siguen condenando al país a un gran riesgo para la institución democrática y para las personas de las Fuerzas Armadas.

Aquí no habíamos escuchado hoy sino un discurso disidente de voceros de partidos, el del doctor Iván Duque, y todas las otras bancadas han tenido un relativo acuerdo con eso; lo hacemos muy corto presidente.

¿Qué falta?: Falta crear una instancia, una posibilidad de revisión que le permita a los militares luchar por la honra.

Yo tengo que aclarar esto: el doctor Óscar Iván Zuluaga hoy no dijo que la Corte Constitucional había ordenado hacer otro plebiscito, dijo que lo permitía y es claro en la sentencia; y además dijo el doctor Óscar Iván Zuluaga lo que es verdad, la Corte Constitucional habló que para un nuevo acuerdo, una modificación del acuerdo si se perdía el plebiscito para activar el Acto Legislativo se necesita una refrendación popular, y a eso me quiero referir.

Nosotros hemos venido sostenido que lo único que se permitió de refrendación popular fueran los mecanismos de democracia directa, el Presidente propuso el referendo, el Congreso aprobó una ley para que el referendo pudiera coincidir con otro certamen electoral, después les pareció que por tener que hacer preguntar por cada tema y además por la dificultad reformar el umbral del referendo, que es del nivel constitucional, era mejor el plebiscito, el Presidente lo prometió, aquí se tramitó la reforma.

Cuando uno lee la sentencia de la Corte Constitucional, creo no estar equivocado, lo digo sin ningún afán de mentir, me parece que la Corte a lo largo de esa sentencia  se está refiriendo a un mecanismo refrendatario de democracia directa.

Entonces, esto nos hace llegar a nosotros a la conclusión de que el artículo 44 de la Ley Quinta, reglamento del Congreso,  le permite al Congreso tener un pronunciamiento político sobre políticas del Gobierno, pero creemos que un acto del Congreso no puede sustituir un sistema de refrendación que el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Constitucional consideraron que era de democracia directa porque este sería de democracia indirecta.

La cláusula general de competencia. ¿Qué se ha entendido por cláusula general de competencia? La competencia del Congreso de adoptar dentro de la Constitución decisiones que no se hayan asignado expresamente a otros órganos del poder por medio de leyes.

La cláusula general de competencia no se puede invocar para darle alcance jurídico a una proposición que aplauda o apruebe una política del  Gobierno.

Nosotros hemos dicho que hay sustitución constitucional en el Acto Legislativo porque el Congreso le aceptó al Ejecutivo cambiar las reglas de reforma de la Constitución, que para reformar la Constitución debe aplicar el mismo Congreso. Por lo que ha salido de la Corte Suprema, la ponencia allí parece que dice lo contrario.

Nosotros hemos pensado que hay esa sustitución señor Presidente, pero que además,  sin una refrendación popular no es posible activar lo que se ha llamado el Fast Track o ese proceso abreviado y de facultades extraordinarias al Presidente.

Ha dicho el Gobierno: ‘no, es que tenemos mucho afán porque el cese al fuego no resiste sino hasta diciembre’. ¿Por qué?  ¿Y por qué lo relacionan con actos de violencia ahora? Si se puede proteger debidamente a las Farc como han protegido a los que han estado en Cuba a los de aquí. ¿Por qué tener que forzar las circunstancias que porque se rompe el cese al fuego que han llamado o ese estatus de no violencia con las Farc? Nosotros creemos que esa es una presión indebida en contra del ordenamiento jurídico.

Y quiero referirme a esto, a la Senadora que me antecedió, el video de 2013 responde muy fácilmente; veo que ya se fue, estaba preparado para tener control mental mirándola.

Ese video, y esta es mi réplica, es de las Naciones Unidas de 2003, ya se había lucido con el Daniel Coronell, parte de la única propuesta a la que se le va a adjudicar al Canal Uno, grave para la democracia. ¿Qué dije yo en Naciones Unidas? lo que digo hoy, estos procesos necesitan un balance entre paz y justicia, lo que pasa es que ese balance en este proceso está roto, porque aquí hay impunidad total.

Y entonces voy al segundo video ¿Cuántas veces lo he explicado? Si no se quiere aceptar que estábamos en una serie de discusiones, que además no se precisó cuánto más benigna tenía que ser la ley para las Farc, si no se quiere aceptar que era un tema de discusiones vuelvo y les digo, lo acepto como un error mío, no lo cometan ustedes, vídeos bien fáciles de explicar.

Y entonces la ley de alternatividad penal, ahí está el testimonio de Luis Carlos Restrepo, de Fernando Londoño, de muchos de ustedes, del vicepresidente (Germán) Vargas Lleras que era senador, yo mismo como Presidente de la República exigí que para los delitos de lesa humanidad tenía que haber cárcel y terminaron 14 extraditados, que no me vengan a decir que la cárcel fue exigida por los Estados Unidos o por la Corte Constitucional, sabemos que la modulación de la Corte Constitucional no se refirió a eso, simplemente en esa materia dijo que el tiempo que estuvieran en Ralito no se podía restar del periodo carcelario.

Que el tema de las Bacrim. ¿Saben cuál es el tema de las Bacrim? Que han pasado de 2 mil 400 integrantes en el 2010 a esa cantidad que tienen hoy, falta de autoridad y narcotráfico. Entonces me van a decir a mí, un gobierno que desmontó 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros, y ahora están desmontando 5 mil 700 me van a decir a mí que entonces, no, que fue que eso quedó mal hecho y que por eso las Bacrim. Cuidado en el tema de los uniformes, cuidado en el tema de los uniformes, los del Epl se quitaron el uniforme del Epl y muchos pasaron a las Farc y otros a los paramilitares. Cuidado en el tema de los uniformes, hoy hay mucha gente de las Farc quitándose el uniforme de las Farc y poniéndose el uniforme del Epl.

Miren, como acusaron la Ley de justicia y reparación es bueno que miren estas cifras, se han reconocido 312 mil delitos, esos delitos corresponden a 386 mil víctimas que fueron afectadas por esos delitos, yo creo que hay unos avances importantes, y hay 14 cabecillas de esa agrupación que están presos en los Estados Unidos.

Y que problemita con Simón Trinidad, miren las inconsecuencias, miren las inconsecuencias, dicen que no mandamos a Simón Trinidad a Colombia porque él está condenado por narcotráfico y por secuestro de americanos, pero si aceptan la impunidad total aquí a los socios, a los cómplices de Simón Trinidad que están incursos en el mismo delito de narcotráfico y en el mismo delito de secuestro de ciudadanos norteamericanos.

Finalmente, el tema de odio. Hombre, a los pocos meses de asesinado mi padre por las Farc, yo participé como presidente en la Comisión de Paz del presidente (Belisario) Betancur en Antioquia, allá la dirigí. Pido al doctor Horacio Serpa, senador, cuántas veces no le aplaudimos sus gestiones en Caraballeda, en Tlaxcala, aquí ha habido combatividad pero no odio, se los digo a ustedes de todo corazón.

El Centro Democrático no puede votar una proposición que el Gobierno anunció que tendría el alcance jurídico de refrendación con el efecto de activar el Fast Track, por eso no la podemos votar porque ya hemos dicho que aquí siempre se habló en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Corte de una refrendación de democracia directa.

Muchas gracias señor Presidente.

 

(FIN)