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Repicando sobre el qué hacer

Hace dos semanas estampé en esta columna unas opiniones y sugerencias, a raíz de las inquietudes que formuló este comienzo de año el ex presidente Álvaro Uribe sobre los retos que tiene al frente el Centro Democrático. No sobra repicar sobre ciertos tópicos.

 

La situación del país es compleja, pero resaltan unos asuntos vertebrales que requieren una respuesta acertada. Tres, en mi entender: el de la aplicación cerrada y cerrera de los acuerdos de La Habana; el de la inminente campaña electoral con miras al 2018; y el de la actitud ante la rampante corrupción.

 

Todos tienen conexión y es imposible fijar criterios certeros sin contemplar sus vínculos. Empecemos por los acuerdos Santos-Farc. Fueron rechazados en el plebiscito de octubre, pero el gobierno y las Farc urdieron una maniobra de ajustes cosméticos para gestar un “nuevo” acuerdo, desconociendo los reclamos de la mayoría de los colombianos. Luego, evadieron una nueva consulta al pueblo, como correspondía, y por medio de burdas maniobras en el Congreso y las altas cortes, han atropellado la institucionalidad para imponerlos.

 

El gobierno, a través de sus mayorías en el Congreso, y por medio del “fast track”, está empeñado en sacar avante el sartal de reformas constitucionales y leyes que había pactado con las Farc, y que vienen siendo evacuadas con la supervisión del grupo narcoterrorista. La oposición y los representantes de las víctimas y del NO han sido atropellados en este proceso y no tienen, en el escenario del parlamento, ninguna función eficaz qué cumplir, más que dejar constancias.

 

De lo expuesto brota un interrogante para estas fuerzas: ¿cómo enfrentar efectivamente la imposición de los acuerdos? ¿Buscar recurrir al constituyente primario por medio de un referendo derogatorio, ahora, o dejar pasar la arremetida farc-santista y esperar un nuevo gobierno que pueda reversar esas disposiciones o sus componentes más peligrosos y dañinos? La segunda eventualidad sería más cómoda y práctica, y permitiría de una vez dar comienzo a la preparación de la campaña electoral, tanto para Congreso como para presidente. Sin embargo, comporta unos riesgos que no deben desconocerse. Examinémoslo.

 

Un referendo revocatorio no es una empresa fácil. Habrá primero qué decidir si ataca una sola norma o todas las aprobadas en la “implementación”. Hay en el CD quienes consideran que basta concentrarse en derrumbar la JEP, que es un eje de los acuerdos de La Habana, para frenar ese proceso y obligar a su verdadera renegociación. Podría ser. En todo caso limitar así el alcance del referendo puede ser insuficiente.

 

Verbi gracia, tenemos fundadas inquietudes sobre el proyecto de Acto Legislativo que ya se tramita, tendiente a convertir en obligatorios los acuerdos para todas las entidades y autoridades del Estado, y que dispone que “serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.” Aunque, según el gobierno, ya no hará parte del “bloque de constitucionalidad”, de hecho sí tendrá ese carácter, como norma superior para interpretar y aplicar la Constitución y las leyes. Y no sólo en materia de DIH, según argumenta el ministro del interior en la exposición de motivos del proyecto: de una manera habilidosa se indica que los contenidos a que se hace referencia serán los que “correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores”. El término de “conexidad” de nuevo sirve para los más torvos propósitos. Porque, ¿qué asunto de la Carta no tiene “conexidad” con los derechos fundamentales?

 

Por otro lado, nos asedia una duda. Esperar hasta la definición electoral de 2018, y luego hasta que en el legislativo se tramiten por vía ordinaria las reformas del caso por allá en 2019, puede ser ilusorio y tardío. Tardío porque para entonces se habrán creado situaciones de hecho irreversibles, y la implementación estará tan avanzada, que reversarla puede ser menos que imposible. E ilusorio porque con la doctrina actual de la CC, la refrendación de los acuerdos a través de una decisión absurda del Congreso, fue el remate de un “proceso” de consulta plebiscitaria en varias etapas. Hacia adelante, modificar lo aprobado, requeriría iniciar otra vez un “proceso”, con una consulta al pueblo primero, para que luego el Congreso pueda ocuparse de esos cambios.

 

Claro que un referendo derogatorio no es asunto fácil. Pero tampoco imposible. Requerirá, eso sí, tensar las fuerzas al máximo y no distraerse en otras tareas. Tiene la ventaja de que no tiene que pasar por el filtro del Congreso si consigue las firmas requeridas. Y su dictamen, de ser positivo, frenaría el proceso de impunidad y entrega apenas despuntando. Amén de que, tratándose de una determinación clara del pueblo soberano, no estará sometida a interpretación ni bloqueo de ninguna corte. Las pretensiones de una paz sin impunidad, las que triunfaron el 2 de octubre, se verían ratificadas, sin que el gobierno pudiera escapar a ese veredicto.

 

De adoptarse esa vía, como lo sugería en mi pasada columna, la entrada en firme del CD a la campaña electoral debería postergarse. Concentrarse en la batalla del referendo, por otra parte, podría servir para galvanizar las coincidencias con las distintas corrientes del NO, e ir preparando una gran alianza para los comicios del año entrante. Ya conocemos las opiniones tajantes y repetidas de dirigentes como el ex presidente Pastrana y el ex procurador Ordóñez contra el “fast track” y la implementación de los acuerdos de La Habana, que pavimentan necesarias coincidencias para el bien de esta lucha.

 

Finalmente, un comentario somero sobre la corrupción. No se trata, como lo insinúan algunos analistas, de un tema contrapuesto o distante del proceso de “paz”. Sus vasos comunicantes son tan estrechos que cuesta distinguirlos. La “mermelada” a rodo, para comprar los otros órganos del poder, ha girado alrededor de la meta central del presidente Santos: sellar un acuerdo con los narcoterroristas al costo que sea. El episodio del complot para infiltrar la campaña de Óscar Iván Zuluaga, tuvo como propósito crucial imponer la reelección de Santos y asegurar la continuación de la entrega negociada en La Habana. Ahora se ha descubierto que la otra andanada de 2014 para imponer a Santos, la compra de votos a granel, sobre todo en la Costa, corrió por cuenta de dineros malditos de Odebrecht. Y acaba de salir a flote, por obra y gracia del periodista Gustavo Rugeles, otra trapisonda de Santos: el montaje contra el magistrado Pretelt, para cuadrar los votos en la Corte Constitucional a favor de los acuerdos de La Habana.

 

Es evidente que a Santos le han estallado en la cara una serie de escándalos de tal magnitud que, a no ser por la actitud genuflexa de los medios y de la dirigencia política cooptada con mermelada, tendría al presidente a las puertas de un rápido y contundente juicio político, que no podría determinar más que su deposición y posterior encarcelamiento. Ha tratado Santos, con desespero, de inculpar de todo al gobierno de Uribe, pero en vano. La lista de complots, sobornos, cohechos, depravaciones e inmoralidades es abrumadora y no le da respiro.

 

Aquí no se trata de cranear normas más rígidas ni más ingeniosas contra este mal. De lo que se trata es de dar al traste con un régimen corrompido, y con su cabeza, que lo prohija y alimenta. No por azar es enormemente popular la propuesta de revocar el mandato del presidente Santos. Asunto que, como sugirió también hace unas semanas el ex presidente Uribe, el CD debería definir rápidamente. Tampoco es una decisión fácil. Pero el país lo anhela. Y proceder en esa dirección sería, en verdad, ir al meollo del problema de la corrupción y de tantos otros que han florecido en este mandato.

 

Nada es sencillo. Pero el mundo es de los que se atreven.