Bogotá, 21 de diciembre de 2013 (CD). Del vehículo de Ernesto Macías, candidato al Senado por el Centro Democrático, fue hurtado un maletín con un computador portátil y un iPad que contenían toda la información sobre la denuncia del "carrusel de la reelección" contra el presidente Santos.
Los hechos ocurridos en la noche del viernes al norte de Bogotá fueron narrados por el candidato: “me venían siguiendo, me vine a hacer una diligencia a un centro de cómputo y mientras ingresé había varios carros parqueados, ingresé, no me demoré y en un momento rompieron uno de los vidrios del carro y me sacaron el maletín con el computador, un iPad y la copia de la solicitud que presenté a la Comisión de Acusación”.
Lo particular del robo -agregó Macías- es que “no tocaron ninguna de las otras cosas que llevaba en el carro, ni el radio, ni unas gafas. Sólo se llevaron el maletín y la copia de este documento”.
Expresó que lo ocurrido es muy sospechoso ya que sucede inmediatamente después de haber solicitado la investigación contra el presidente Santos en la Comisión de Acusación, por presuntamente estar dando contratos y puestos a Congresistas a cambio de apoyo a la reelección.
“Es muy raro lo que está ocurriendo. Esto no me había ocurrido y sucede precisamente después de que hago la solicitud a la comisión; de manera que no quiero acusar o entrar a especular pero esta situación es muy rara y muy preocupante esta coincidencia”, afirmó.
Carrusel de la reelección
El pasado jueves el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo pública la denuncia, en la que a partir de documentos de un computador de la Presidencia de la República, se revelaría una práctica corrupta calificada como el "carrusel de la reelección", en la que el Gobierno habría entregado aproximadamente -a título de trueque- a 164 Congresistas, para que apoyen la reelección: 1.968 cargos directivos y 597 contratos de prestación de servicio.
Un segundo capítulo de la denuncia hace referencia a auxilios parlamentarios, que son llamados ‘cupos indicativos’, y que alcanzarían la suma de 2,5 billones de pesos, dineros que en la mayoría de los casos habrían servido para alimentar la corrupción.