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Simón Trinidad y la venganza de las Farc

Los asaltantes obraron sobre seguro, sin correr riesgos y aprovechando la oscuridad de la noche. La matanza fue ejecutada en pocos minutos, bajo un fuego nutrido de fusiles de asalto. Dos familias campesinas que estaban festejando el año nuevo en sus humildes viviendas, fueron balaceadas de manera miserable. Diez y seis personas quedaron sin vida y seis otras fueron gravemente heridas.

 

Entre los muertos había cuatro niños y seis mujeres. “No gritaron nada, no nos avisaron nada, simplemente se limitaron a disparar contra mi casa, en la que estábamos por lo menos unas 15 personas”, pues había allí una fiesta familiar, contó Felipe Amaya, uno de los sobrevivientes, quien perdió un hijo, de ocho años. Entre los heridos había tres niños y tres adultos, casi todos con heridas de bala en el tórax, en brazos y piernas.

 

La cobarde agresión ocurrió en la vereda de Puerto San Salvador, a tres horas de Tame (Arauca), el 31 de diciembre de 2004. “Como pude saqué por un lado de la casa a mi esposa y a dos de mis hijos y corrimos hacia el río”, agregó Amaya.  Escondidos tras una palizada, permanecieron allí casi dos horas. Regresaron a la vivienda temiendo encontrar de nuevo a los asaltantes. Estos habían desaparecido sin dejar rastro. No se sabe si llegaron y se fueron en botes o en carros. La familia descubrió el cuerpo de uno de los niños que no había podido huir, con un tiro en la cabeza. El otro menor estaba vivo: se había salvado pues se cayó de la cama ante el estruendo de la balacera.

 

Analida, madre de la otra familia atacada, enterró a sus familiares en Tame y explicó que tendrían que irse de la región pues temían nuevas agresiones de la guerrilla. La ceremonia fúnebre en Tame contó con la presencia del gobernador del departamento, del alcalde de Tame y del comandante de la policía de Arauca. En la homilía uno de los tres sacerdotes calificó lo ocurrido, según un diario bogotano, como una “carnicería”: “Matar angelitos con tiros de fusil… qué cobardes. Es un asqueroso pecado”.

 

La matanza de las dos familias desató en Colombia una ola de repudio. El Ejército ofreció dos millones de dólares a quien ayudara a capturar a los responsables. El diario El Tiempo envió reporteros al lugar de los hechos y la prensa americana, británica, francesa y española (Reuters, Afp, Ape, Ap, The New York Times, Le Monde), cosa excepcional, difundieron artículos sobre esa tragedia durante tres días. En cambio, la oficina de la ONU en Bogotá “deploró” el “asesinato” y preguntó a las Farc si ellas lo habían cometido.

 

Enfurecidos por la deportación hacia Estados Unidos de uno de sus jefes, Ricardo Ovidio Palmera, alias Simón Trinidad, 54 años, la dirección central de las Farc había decidido vengarse, como hace siempre ante los reveses de su guerra absurda.  El comando escogió un objetivo civil sin defensa, ejecutó su plan y salió corriendo. Horas antes de la masacre, en Bogotá, Trinidad había sido metido en un avión de la DEA que decoló del aeropuerto de Catam, por orden del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

 

Hasta última hora el gobierno había propuesto a las Farc anular esa extradición liberando a los 59 rehenes “políticos” que tenían, entre los cuales figuraban varios políticos, militares y policías, así como Ingrid Betancourt, un alemán y tres empleados del Departamento de Defensa norteamericano. Las Farc rechazaron el plan (exigían la excarcelación de 500 guerrilleros) y Ovidio Palmera, quien había sido acusado por Washington de tráfico de drogas y del secuestro de los tres norteamericanos, tuvo que partir en esas condiciones hacia Estados Unidos a responder por sus crímenes. La Corte Suprema de Justicia de Colombia había aprobado su extradición.

 

Ex banquero organizador de secuestros, Palmera había sido capturado en Quito, el 31 de mayo de 2004, y recluido desde entonces en la prisión de alta seguridad de Cómbita (Boyacá).

 

El 13 de diciembre del mismo año, el gobierno colombiano había obtenido otro triunfo cuando policías venezolanos capturaron a Rodrigo Granda, el quinto hombre en la jerarquía de las Farc, en pleno centro de Caracas y lo entregaron horas después a las autoridades colombianas en Cúcuta. Granda, alias Ricardo González, era el encargado de las relaciones exteriores de la banda narcoterrorista. Siempre vestido de civil, discreto, Granda es un hábil contrabandista de armas y narcóticos.

 

En esa época, las Farc estaban en dificultades ante el empuje de la fuerza pública colombiana. Por orden del presidente Uribe, ésta había logrado quebrar la dinámica expansiva que durante décadas había tenido la organización armada comunista. Los jefes terroristas estaban huyendo en masa hacia Venezuela donde eran muy bien recibidos por los servicios del dictador Hugo Chávez, quien se esforzaba por desestabilizar a Colombia por todos los medios. Empero, en sólo 2004, las autoridades colombianas habían capturado o hecho desmovilizar a 11.020 alzados en armas. El informe de Jorge Alberto Uribe, ministro de Defensa de entonces (sin parentesco con el jefe de Estado), indicó que 2.518 miembros de grupos armados habían sido abatidos y que las acciones terroristas habían bajado un 46%, en comparación con 2003 (El Tiempo, 6 de enero de 2005).

 

En ese contexto, la captura de Granda desató un nuevo acceso de cólera de Chávez: acusó a Bogotá de haber “violado la soberanía” de Venezuela, exigió excusas y suspendió las relaciones bilaterales. En lugar de complacerlo, el presidente Uribe demostró que Granda era un protegido de Chávez y que con tal conducta Chávez violaba la legalidad internacional. Uribe envió a Caracas la lista de los otros jefes de las Farc que Chávez protegía. Mucho antes, el presidente colombiano había advertido a Chávez sobre las consecuencias de tal conducta. En una reunión en Santa Marta, el 13 de noviembre de 2002, Álvaro Uribe le lanzó esto a Chávez: “Yo a usted le creo, Presidente, pero si alguien de su gobierno llega a proteger a un guerrillero colombiano en Venezuela, le garantizó que nos meteremos hasta allá y sacamos al terrorista” (Revista Cambio, Bogotá, 10 de enero de 2005). Ante eso, Chávez recitó su habitual monserga: que él no mantenía vínculo alguno con las guerrillas colombianas.

 

Algún día se sabrá (pues eso debe constar en archivos), si en la masacre del 31 de diciembre de 2004, tras la captura de Granda y la extradición de Palmera (affaire que fue eclipsado un tiempo por el asunto Granda), la dictadura de Chávez, además del secretariado de las Farc, hizo parte de la cadena de mando que ordenó cometer esa atrocidad. Ésta ocurrió a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela y los asesinos, del frente 28 de las Farc, lograron escapar fácilmente.

 

Es cierto que la “protesta” por la extradición de Trinidad, no fue el único mensaje que las Farc querían enviar. Con esa pavorosa matanza, las Farc y sus patronos querían frenar la política de Seguridad Democrática, condición indispensable para apoderarse de Colombia. No lo lograron.  Bogotá obtuvo el retiro de James Lemoyne, asesor de la ONU, por su gestión descaradamente pro Farc y al final de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe las Farc estaban en la lona.

 

Ahora, en estos días, abril de 2016, las Farc están de nuevo reconstruidas gracias a un falso “proceso de paz” y están presionando a la justicia americana y al mismo presidente de Estados Unidos para que ordene la puesta en libertad de Simón Trinidad. Vale la pena recordar aquellos hechos que ilustran el carácter de las Farc, de su sistema de venganzas, y del carácter funesto de los acuerdos de La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos.

 

Las Farc no se arrepienten de los crímenes que han cometido. Ni siquiera cuando le piden a Barack Obama que destruya la justicia americana dejando en libertad a Ovidio Palmera. Ellos no deploran de lo que hicieron contra el pueblo en 2004 y 2005 para “protestar” por el envío de ese individuo ante un tribunal federal americano.

 

La matanza de Puerto San Salvador fue un acto monstruoso, desproporcionado, abyecto. Fue un crimen de guerra, imprescriptible. Mataron a 16 campesinos inocentes porque Bogotá había puesto a disposición de un tribunal americano a uno de sus jefes más peligrosos. Y porque habían logrado echarle la mano a Granda, un pez gordo de las Farc no menos criminal (quien fue puesto en libertad por presiones lamentables de París en 2006). Quieren que Estados Unidos suelte a Palmera para que juegue un papel central no en la “negociación de paz”, sino para que los ayude a ocultar los miles de millones de dólares que las Farc tienen en bancos e inversiones, así como en caletas y depósitos clandestinos, dentro y fuera del país. Enorme botín de guerra, manchado de sangre de miles de colombianos, del cual depende en parte el éxito de los planes de las Farc durante el periodo quimérico del “post conflicto”.

 

En lugar de divulgar los subterfugios de las Farc, la prensa debería contar la historia completa de lo que rodea el caso Simón Trinidad. El salvaje episodio de Puerto San Salvador es un aspecto de eso pero ha sido borrado de las crónicas actuales.