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V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional

Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez durante el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional

Agosto 11 de 2009 (Barrancabermeja, Santander)

     

“Quiero expresar mi agradecimiento a la Honorable Corte Constitucional, a su Presidente, el Magistrado Nilson Pinilla, por esta convocatoria y esta invitación, que permite desde diferentes ópticas examinar temas nacionales de gran importancia. Un saludo lleno de respeto a las diferentes Cortes.

 

Voy a hacerles una exposición, apreciados compatriotas, sobre tres temas: la Constitución y la Constituyente; el tema de confianza, que jalona este Gobierno, y el tema de las instituciones.

 

La Constitución y la Constituyente

Sobre la Constitución y la Constituyente, permítanme hacer una aproximación a lo sustantivo y al procedimiento.

 

Por supuesto, muchos de estos juicios son simplemente para sentar un antecedente, para dejar una opinión. Y aunque cuando el político se sienta a pensar sobre estos temas cree hacerlo desde una perspectiva puramente académica, finalmente el juicio no es puro en su academicismo; también tiene atravesada la orientación política. Lo reconozco y lo anticipo.

 

Muchos aspectos positivos tiene la Constitución del 91. Quiero mencionar, a guisa de ejemplo, algunos.

 

El país no tenía marco constitucional distinto a aquel para que cupiera la empresa privada, individual, y la empresa estatal. La Constituyente del 91 no se limitó a calificar el Estado de Derecho como Estado Social, a darle ese gran énfasis a la solidaridad, sino que avanzó en expresiones muy concretas. Una de esas expresiones, abrirle todo el campo a la economía solidaria, en un género que trasciende lo meramente cooperativo.

 

Quiero destacar muy especialmente el capítulo de seguridad social, sus principios rectores. Una seguridad social universal, eficiente, solidaria. Pero además con visión pragmática, con un prudente gradualismo para el cumplimiento de esos principios, que son los puntos de referencia a los cuales todos los días tenemos que acercarnos.

 

Me parece que el texto es muy acertado, porque radica en la competencia exclusiva del Estado la regulación y la vigilancia de la seguridad social, y permite que con sujeción al principio de solidaridad puedan intervenir como actores empresas estatales, empresas privadas y empresas mixtas.

 

Eso permite que Colombia tenga algo hoy reconocido en el mundo: un esquema de seguridad social en el cual la participación de operadores no necesariamente públicos se vincula al respeto al principio de solidaridad.

 

Muchos preguntaban y afirmaban: ‘No puede ser que se permita que operadores privados entren y al mismo tiempo se exija el principio de solidaridad’.

 

El gran logro, primero en la Constitución del 91 y después en el conjunto legislativo que la ha desarrollado, ha sido el de combinar la multiplicidad de actores, incluidos los privados, con el principio de solidaridad.

 

Lo admiran en los diferentes foros especializados sobre el tema, en favor de Colombia.

 

Dio un gran avance la Constitución del 91 en materia de carrera administrativa. No permitió que la selección por méritos continuara siendo una materia al vaivén de la discrecionalidad del legislador, sino que la impuso como regla general de vinculación a la administración pública.

 

Indudablemente la figura de la tutela permitió que los colombianos encontraran en esa institución el vínculo material con la Constitución. De lo contrario, la Constitución podría seguir siendo considerada como algo abstracto, totalmente trascendente al pueblo colombiano. La tutela ha hecho que la Constitución se vuelva algo concreto, material, inmanente, al alcance del pueblo colombiano.

 

Avanzó con la elección popular de gobernadores, con los mecanismos de participación directa, con la descentralización.

 

Creo que dejó un buen equilibrio entre lo que es la democracia participativa y lo que es la democracia representativa.

 

Hoy no son excluyentes. La democracia representativa, sin un acompañamiento y sin un fundamento permanente en la democracia participativa, crea fenómenos de ilegitimidad, de desconexión profunda entre el pueblo, el legislador y los gobiernos. Y la democracia participativa, cuando desconoce la democracia representativa, se anarquiza.

 

Creemos que hay un buen equilibrio en el texto constitucional entre democracia participativa y democracia representativa.

Por supuesto, hay aspectos negativos. Todavía el país no tiene claridad sobre por qué el constituyente del 91 eliminó la extradición. Creo que ahí quedó una duda.

 

Parece que se dio, se creó un gran abultamiento burocrático, que en alguna forma el país tiene que corregir. Porque no se puede pensar que abultamiento burocrático es Estado eficiente. Muchas veces el abultamiento burocrático es más ineficiente en el cumplimiento de las misiones del Estado, que un Estado con austeridad burocrática.

 

La Constitución del 91 es muy importante, pero no surge como un hecho súbito en la vida colombiana.

 

El Presidente Alberto Lleras, en bellas palabras, solía decir que todo lo que hoy se puede hacer tiene antecedente en los esfuerzos que hicieron nuestros compatriotas en periodos anteriores.

 

El país vivió durante mucho tiempo el debate entre descentralización y centralización. Cuando El Libertador, y es preciso recordarlo, después de su primera derrota en Venezuela, aparecía por Cartagena en el territorio de la Nueva Granada para poder fortalecer los ejércitos que le permitieron desarrollar la Campaña Admirable, ya encontró aquí ese debate. Nariño presidía una incipiente organización política centralista en Bogotá, y Camilo Torres, una organización de las provincias, descentralista, en Tunja.

 

Pero la descentralización tiene también antecedentes más inmediatos de la Constitución del 91. El situado fiscal de la reforma constitucional del Presidente Carlos Lleras Restrepo, de 1968, fue un gran paso descentralista. Y lo fueron también las Leyes 11 y 12 de la administración Betancur, lideradas por el entonces Ministro Jaime Castro, reglamentadas en la administración del Presidente Barco.

 

Cuando uno mira los antecedentes constitucionales en Colombia a la calificación social que del texto del Estado de Derecho hace la Constitución del 91, encuentra uno sobresaliente, todavía no superado: la Constitución del 36, de Alfonso López Pumarejo. He ahí, apreciados compatriotas, una gran diferencia. No dijo: la propiedad tiene una función social. Fue más allá. Dijo: la propiedad es una función social.

 

Si bien hay aspectos muy positivos de la Constitución, y unos menos, que también la historia los apuntará en la parte negativa del balance, tenemos que entender que nuestro país ha tenido una mentalidad más de trabajar al nivel de los textos constitucionales, que en los desarrollos legales y reglamentarios. Que ojalá fuera cediendo, en beneficio de la necesaria estabilidad institucional que requiere la Nación.

 

Cuando terminaban las guerras civiles en Colombia, todos los combatientes llevaban en su morral un proyecto de texto de constitución. La agitación constitucional ha sido una constante de la vida colombiana.

 

Mirando el procedimiento, hay que decir esto: en alguna forma la convocatoria de la Constituyente, fue un desconocimiento de las instituciones existentes. Y no hay duda de que la Constituyente excedió el mandato para el cual había sido elegida.

 

Yo participé en aquel Congreso del 90 y regresé en el 91. Participamos con la elección de constituyente y tuvimos muy claro que los temas eran limitados. La voluntad del elector colombiano fue una voluntad limitada a unos temas. Cuando la Constituyente se instaló, se declaró sin límite temático, sin límite material.

 

Fue convocada por un decreto de Estado de Sitio y avalada por la Corte Suprema de Justicia, gracias al voto de un conjuez.

 

Desde el punto de vista jurídico, su convocatoria fue un rompimiento institucional. Y desde el punto de vista político, no tuvo legitimidad en el origen, que sí la ganó después, en alguna forma, por su texto y por las condiciones del país.

 

¿Por qué lo digo? Porque la votación que la convocó fue mínima. No había exigencias de umbrales.

 

Se preguntan aquellos que entran en el debate sobre el rompimiento institucional que se dio para convocar la Asamblea Constituyente: ¿qué alternativas habría tenido el país, distintas al decreto de Estado de Sitio?

 

¿Los mecanismos de reforma de la Constitución que hasta el momento existían habían fallado? No.

 

El país había sido pródigo en reformas constitucionales: la del 36, la del 45, aquellas que permitieron el nacimiento, la vigencia del Frente Nacional, también su marchitamiento, la del 68.

 

Y las administraciones López Michelsen y Turbay Ayala obtuvieron del Congreso sendas reformas constitucionales, que también inspiraron muchos de los puntos adoptados finalmente por el constituyente del 91.

El Congreso siempre estuvo dispuesto a aprobar estas reformas. No es del caso juzgar, pero sí hacer la anotación histórica. Esas dos reformas constitucionales, inmediatamente anteriores a la Constituyente, fracasaron no por el Congreso, sino porque la Corte Suprema de Justicia –entonces juez constitucional– las declaró inexequibles.

 

Recuerdo la de López. La Reforma Constitucional del Presidente López convocaba a una constituyente para dedicarse exclusivamente al tema de la justicia y al tema de la descentralización.

 

También hay otro tema de rompimiento institucional: la revocatoria del Congreso. Obedeció más a una presión política que a una necesidad del país.

 

Habrá que preguntarse si se cambió el Congreso en la exacta proporción de la medida de rompimiento institucional de su revocatoria.

 

Ahora, si una de las causas de la revocatoria fue que el Congreso siempre se había opuesto a estas reformas, la evidencia histórica rectifica esa afirmación, porque en el Congreso siempre se tramitaron reformas.

 

Yo pienso que el antecedente de la revocatoria del Congreso, a la luz del examen que pudiera hacerse, es un antecedente grave. Con el mismo criterio de presión política con que se revocó al Congreso, se habría podido revocar la justicia, alegando que la Corte Suprema de Justicia en su fallo había impedido las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.

 

En ese momento se buscó al Congreso como chivo expiatorio. También se hubiera podido buscar a la justicia como chivo expiatorio. Ese es un grave antecedente.

 

Este Gobierno, por ejemplo, ha tenido que vivir lo que podríamos llamar el mayor desafío frente a la institución del Congreso: la parapolítica y la farcpolítica, todavía en la impunidad.

 

La parapolítica, que se refiere a hechos criminales anteriores a este Gobierno, pero que han sido investigados y juzgados por la justicia en lo que corresponde al periodo de este Gobierno.

 

Eso hubiera dado una justificación de revocatoria del Congreso muy superior a la presión política de 1991 que lo revocó. Sin embargo, el Gobierno ha pensado que, en aras del fortalecimiento institucional, las acciones de la justicia contra los congresistas no pueden servir de pretexto para afectar la institución legislativa y de control político.

 

Hemos venido avanzando en reformas. Por ejemplo, la última reforma política del nivel constitucional, es la primera que incorpora normas para sancionar a los partidos, cuando ellos permitan que en sus listas participen personas que hayan tenido vinculación con grupos violentos.

 

La dinámica de la reforma, la responsabilidad en la conducción de los temas del Congreso, ha imperado, no obstante las dificultades del Congreso por el enjuiciamiento de muchos de sus integrantes.

 

El tema de la confianza

El segundo tema que quiero tratar es el tema que guía a este Gobierno. Cuando visitábamos universidades colombianas, en los años 2000, 2001 y 2002, preguntaba a los estudiantes si querían irse definitivamente del país sin tiquete de regreso. Y la mayoría contestaba que sí.

 

Había una especie de sentimiento de desarraigo, de rompimiento con el afecto por Colombia. Eso nos llevó a adoptar la palabra ‘Confianza’, como palabra guía de nuestro Gobierno.

 

Que hemos procurado soportarla en tres elementos: la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social.

 

Seguridad Democrática y Política Social no son excluyentes

La seguridad no ha avanzado a expensas de la política social. Se han complementado. Un Estado de Opinión, en el cual el poder no se construye sobre el mando sino sobre la persuasión, la sostenibilidad de la política de seguridad se ha venido afianzando gracias a que ha sido acompaña de valores democráticos y de la política social.

 

Cuando la propusimos –y esta ciudad era uno de los mayores sitios de mayor violencia del país–, se decía: ahora sí llegó la guerra. Se proponía la seguridad y se deslegitimaba llamándola como guerra en un país desangrando por el terrorismo. Y que ‘no va a haber política social’.

 

Lo que hemos hecho, en medio de restricciones de recursos, de un elevado déficit, de un elevado endeudamiento, es procurar que la política de seguridad esté acompañada de la política social.

 

No son excluyentes, como nos lo hizo creer el discurso político del país. A mí me formaron en aquella idea según la cual todo crimen tenía una razón social. A mí me formaron en aquella idea según la cual la civilidad era sinónimo de debilidad. Según la cual, una política de seguridad era una política fachista, militarista, de derecha, que se excluía de la política social. Nos formaron a varias generaciones en esa desorientación, no obstante que el país todos los días avanzaba más hacia su disolución.

 

Pues bien, lo que ha demostrado la práctica es que la política de seguridad y la política social, en lugar de ser excluyentes, son elementos necesariamente convergentes de una relación indisoluble.

 

La política de seguridad es un factor fundamental para que haya crecimiento de la economía, prosperidad, confianza de inversión. Y la política social entra a validar la razón de buscar estos elementos.

 

Creo que algo importante que ha pasado es hacer el tránsito de aquella idea que excluía la política de seguridad y la presentaba como una política antagónica, enemiga de la política social, a lo que ha sido la práctica.

 

Y el pueblo colombiano es el primero que hoy lo reclama. Porque alcaldes, aun gobernadores, concejales, acciones comunales, mis compatriotas por todas partes, reclaman por igual la presencia de la Policía, de las instituciones armadas de la República, y la política social.

 

Barranca vivió durante muchos años capturada por el Eln y por las Farc, no rescatada por el Estado, sino nuevamente acribillada por los paramilitares.

 

Quiero pedirle a la ciudadanía de Barranca: ¿qué se vivía aquí en agosto de 2002, cuando empezó este Gobierno? ¿Y entonces dónde estaba la eficacia del Estado? ¿Dónde estaban las instituciones?

 

No quiero sino citarles una cifra: en esta región los grupos criminales, en 2002 se robaban 4 mil 219 barriles diarios de combustible. Eso era una de las principales fuentes de financiación. Ha venido descendiendo año tras año. Todavía este año se roban 133. No obstante que ha descendido de 4 mil 219 a 133, nuestro empeño es cero robo de combustibles.

 

Intangibles de la Seguridad Democrática

Quiero referirme a algunos intangibles de esta política de seguridad. Ha rescatado dos monopolios y una institución fundamental de la democracia. ¿Cuáles dos monopolios? Aquellos que nunca debió perder el Estado: el monopolio para combatir a los violentos y el monopolio para ejercer justicia.

Hemos desmantelado el paramilitarismo. Este Gobierno, desde la hora cero, empezó una tarea sin tregua contra todos los grupos criminales, independientemente de su origen. Hemos desmontado el paramilitarismo.

 

La palabra ‘paramilitar’ se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Hoy es únicamente el Estado el que combate a los criminales.

 

Combatimos, con toda la determinación, guerrilla, narcotráfico, bandas criminales. Así como hemos sido totalmente generosos en la desmovilización y en la reinserción, también hemos sido totalmente firmes y severos frente a la reincidencia.

 

Las bandas criminales, que tenemos el propósito de eliminarlas en su totalidad, actúan hoy aliadas con la guerrilla. Tienen con la guerrilla una relación mafiosa: en unas partes comparten el negocio del narcotráfico, y en otras partes se pelean por el botín del narcotráfico. Pero aquello de que había unas bandas privadas criminales remplazando a las instituciones para combatir en la guerrilla, es cosa del pasado en Colombia.

 

Estaba perdida la institución de la descentralización. El situado fiscal del Presidente Lleras Restrepo, las Leyes 11 y 12 de la administración Betancur, las normas de la Constitución del 91, habían pasado a ser letra muerta.

 

¿Por qué? Porque 400 alcaldes de Colombia no podían ejercer. Estaban refugiados.

 

Estaba refiriéndome a intangibles de la política de Seguridad Democrática, como el rescate del monopolio del Estado para combatir a los criminales, y estaba refiriéndome al hecho de que por la acción de los criminales la descentralización había quedado en letra muerta.

 

Yo recuerdo, cuando yo estudiaba en la universidad pública en los años 70, que la guerrilla ofrecía hacer la paz si Colombia avanzaba en ampliación democrática. Se referían a elección popular de alcaldes, de gobernadores.

 

Y cuando el país fue adoptando esas reformas, que se debatieron durante tantos años, especialmente la elección popular de alcaldes, que se debatió durante más de un siglo, que fue el punto con el cual comenzó el manifiesto político del Partido Liberal en su Congreso Ideológico de Ibagué de 1923, y que finalmente requirió el Proyecto de Acto Constitucional del Senador Enrique Gómez Hurtado, posteriormente co-presidente de la Asamblea Constitucional, cuando el país adoptó estas decisiones, los violentos, que en la víspera las reclamaban como condición de paz, las utilizaron para convertirse en sicarios de los alcaldes y de los gobernadores.

Y esa lección la aprendieron los paramilitares.

 

Y se estaba muriendo la descentralización porque no se podía ejercer, pero tampoco había libertad de ejercicio político.

 

Este país había asesinado la UP (Unión Patriótica) pero también había hipotecado la libertad de la dirigencia política en muchas regiones. Creo que al exterminio de la UP concurrieron dos con-causas. Primero, aquello a lo cual hay que tenerle mucho cuidado: la combinación del ejercicio armado y violento con la política. Esa fue y es y sería una combinación perversa.

 

Y claro está, al Estado le faltó compromiso para la protección de los militantes de la UP.

 

¿Pero qué nos pasaba en Colombia, posterior a ese exterminio? Guerrilla y paramilitares no solo se querían apoderar de todas las alcaldías y de varias gobernaciones, sino que cercenaban las libertades políticas.

 

Cundo se haga el examen histórico de las decisiones sobre los políticos que finalmente cayeron en manos de estos grupos, habrá que pensar en el grado de responsabilidad que le cupo al Estado, a sus órganos, que permitieron que las regiones quedaran en poder del terrorismo, y que las gentes que vivían en las regiones y la dirigencia política, estuvieran totalmente desprotegidos del Estado y a merced de estos grupos.

 

Se recuperó otro monopolio: el de la justicia. En muchas regiones de Colombia –aquí mismo- ya no podían operar los fiscales y los jueces.

 

Pleitos de familia, pleitos entre vecinos, el conocimiento de crímenes mayores, de delitos menores, estaban pasando crecientemente al poder usurpador del terrorismo; se declaraban competentes los jefes del terrorismo guerrillero y los jefes del terrorismo paramilitar para conocer estas materias.

 

Un intangible muy positivo de esta política de Seguridad Democrática es que ha permitido que la justicia que fue desplazada y reemplazada recobre su vigencia.

 

Pero no había sido solamente derogada en lo que podríamos llamar su vigencia territorial, también había sido derogada en lo que podríamos llamar su vigencia material.

La justicia no podía conocer de muchos asuntos, y no conocía de ellos.

 

El problema de la parapolítica es anterior a este Gobierno. Se conoció en este Gobierno.

 

Una pregunta que hay que hacerse es ¿si en ausencia de la política de Seguridad Democrática se habrían dado las condiciones para poder avanzar en estas investigaciones y en estos juicios?

 

Se recuperó el imperio de la justicia en todas las regiones y en todos los temas.

 

Víctimas y reparación

El tema de las víctimas. Se hablaba de las víctimas en los funerales. No reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil.

 

Desde que inició nuestro Gobierno y se presentó el primer proyecto de lo que finalmente sería conocido como la Ley de Justicia y Paz.

 

El tema de las víctimas ha estado en el primer nivel de la preocupación de opinión de políticas públicas del Congreso (de la República) del Ejecutivo.

 

Reparación total no hay, pero todo esfuerzo de reparación elimina gérmenes de odio, elimina posibilidades de venganza.

 

Se ha hecho un gran esfuerzo. Tenemos más de 220 mil víctimas inscritas. Sabemos que la reparación tiene que ser integral, pero tampoco se puede pedir, en nombre de una reparación integral, que el componente monetario exceda la capacidad de esfuerzos del Estado.

 

Estamos ahora trabajando un componente presupuestal que debe oscilar alrededor de 14 billones (de pesos) para lo que es la reparación pecuniaria de las víctimas.

 

Lo que no podríamos aceptar, porque sería inviable, es la aspiración de que el presupuesto nacional se gaste 86 billones en esa materia.

 

Allí, por un afán por seducir a las víctimas, terminaríamos frustrándolas. Tan grande sería el presupuesto, que sería impagable.

 

En un país que recauda 67 billones al año, es imposible comprometerse con un componente pecuniario de reparación de víctimas del orden de 87 billones.

Durante nuestros primeros años de Gobierno, en lo que es la atención humanitaria inicial a las víctimas, hemos gastado 300 millones de dólares. Y ahora empezamos la asignación de partidas presupuestales –la primera de las cuales se ejecuta este año- para avanzar en esa reparación pecuniaria.

 

Este año se ejecutan 100 millones de dólares, que empiezan la reparación en ese componente a 10 mil víctimas.

 

Ahora, la reparación tiene que ser integral. Por eso la Ley de Justicia y Paz exige la confesión, exige el perdón. Por eso, además de lo pecuniario, hay otros elementos, como los elementos morales, éticos. Pero el elemento más importante en la reparación es el derecho a la no repetición.

 

Y el derecho a la no repetición no es un tema etéreo, es un tema de autoridad.

 

Solamente en la medida, apreciados compatriotas, que el país se empeñe en ejercer autoridad, se mantenga en el empeño de derrotar a los criminales, solamente en esa medida se garantiza el principal elemento de la reparación, que es el derecho a la no repetición.

 

Por supuesto, hay temas todavía con muchas dificultades.

 

El tema de tierras, pero el país ha hecho allí dos avances bien importantes: la extinción del dominio y la exigencia de la entrega del patrimonio de aquellos que quieran beneficiarse con la sentencia reducida de la Ley de Justicia y Paz.

 

Uno de los primero proyectos de ley que el Congreso tramitó en 2002, cuando inició este Gobierno, es aquel que convierte en una acción mucho más expedita las normas de extinción de dominio.

 

Hoy fiscalía y jueces, gracias a esa Ley, tienen una herramienta para avanzar con mucha mayor velocidad. Y la exigencia de la Ley de Justicia y Paz y la modulación de la Corte Constitucional sobre la entrega de bienes de los sometidos a la Ley de Justicia y Paz, para poder reparar a las víctimas, se constituye en un gran avance.

 

En enero de 2007, ante la circunstancia de que los sometidos a Ley de Justicia y Paz no avanzaban en la entrega de sus bienes, el Gobierno tomó una decisión, la decisión de actuar contra esos bienes por intermedio de la Ley de Extinción de Dominio, en la seguridad de que los titulares directos o escondidos de esos bienes tendrían la oportunidad, en el momento de la medida cautelar, de confesar que realmente les pertenecían y aceptar que entraran al Fondo de Reparación de Víctimas.

 

Un gran avance ha sido el de no tratar por cauces independientes la Ley de Extinción y la Ley de Reparación de Víctimas.

 

Un gran avance ha sido el de permitir que no solamente la Ley de Justicia y Paz, sino también la de extinción, busque los bienes de aquellas personas que han querido someterse a la justicia, a la Ley de Justicia y Paz, para buscar sentencia reducidas, y el Gobierno seguirá con todo el empeño.

Una de las razones para nuestra decisión de haber extraditado a 14 cabecillas del paramilitarismo, extradición que se había aplazado ante la esperanza de que contribuyeran a la desmovilización total de esa organización criminal, una de las razones para haber hecho efectiva esa orden de extradición, fue justamente que transcurría el tiempo y no confesaban ni entregaban sus bienes, y se corría el inmenso riesgo de que quedáramos sin elementos de reparación a las víctimas.

 

Política de seguridad es una política de paz

Esta política de Seguridad Democrática ha sido una política de paz. Se han desmovilizado más de 50 mil personas, y hay un tratamiento generoso a esa desmovilización. Un gran esfuerzo en educación, salud, en formación vocacional en busca de oportunidades de emprendimiento.

 

En los años 90 se desmovilizaron en nombre de la paz 4 mil personas. Del año 2000 a la fecha se han desmovilizado, en nombre de la seguridad, más de 50 mil personas.

 

Esto nos ha demostrado que una política de seguridad con valores democráticos es, finalmente, la causa más eficiente para llegar a la reconciliación.

 

Por supuesto no hemos podido todavía eliminar totalmente el desplazamiento.

 

Entramos con acciones militares para proteger a los indígenas awá en el pacífico nariñense, en el sur del Cauca, y se producen desplazamientos; lo mismo en el Baudó chocoano.

 

Una de las últimas decisiones que se ha tomado es pedirle a la Cruz Roja Internacional que conozca previamente el planeamiento de nuestros operativos militares y que nos ayude a construir confianza con la comunidad, para que la acción del Estado contra los criminales, no sea factor de desplazamiento de la comunidad.

 

Y también, para evitar desplazamientos, hemos venido cerrando los enlaces de confianza: oficiales de alta graduación de nuestra Fuerza (Pública) que se construyen en enlaces de confianza entre las Fuerzas Armadas y las comunidades en una región determinada.

 

Recuerdo un día de 2004 – 2003, cuando llegamos a un sitio de la Sierra Nevada, Nabusimake, un mamo indígena me dijo: ‘Presidente, yo no tengo confianza. Aquí la semana pasada llegaron unos individuos de uniforme, dijeron ser guerrilleros, después llegaron otros con el mismo uniforme y dijeron ser paramilitares, y ayer llegaron otros que dicen ser soldados, con el mismo uniforme, que hacen presencia que porque usted venía hoy’.

 

Ese día se creó la institución del enlace de confianza: un oficial de alta graduación trabajando permanentemente con estas comunidades, para construir esa confianza necesaria entre las Fuerzas Armadas y las comunidades.

 

Eso que ha sido muy exitoso en la Sierra Nevada, estamos procurando que despegue en Baudó, en el Pacífico, en donde todavía tenemos graves problemas de desplazamiento.

 

Hemos multiplicado por 12 el presupuesto de desplazados, hay avances indudables en salud, en educación, en Familias en Acción, todavía no en vivienda.

 

No obstante que han regresado unas 350 mil personas a sus lugares de origen, todavía es poco.

 

Estamos haciendo todos los esfuerzos presupuestales en un país, apreciados magistrados, que llegó a tener un déficit del Gobierno Nacional Central del 6 y medio, un endeudamiento del 48 por ciento del PIB, que estaba perdiendo en concepto del Banco Mundial su viabilidad financiera, que el año pasado ese déficit lo logró reducir al 2,34 (por ciento) y que este año, en virtud de la crisis de la economía, puede volver a crecer lo mismo que el endeudamiento.

 

Quiero, simplemente dejar a la reflexión de ustedes una proposición política y una reflexión jurídica:

 

Nosotros hacemos todo el esfuerzo para evitar el desplazamiento, para acompañar a las comunidades, en nuestra determinación política es inclaudicable lograr cero desplazamiento en Colombia.

 

La reflexión jurídica: pienso yo, apreciados magistrados, que el desplazado en la focalización de política social debe tener un tratamiento igual a aquel que debe darse a los sectores más pobres del país.

 

La situación de pobreza de muchos colombianos y la situación de restricciones fiscales del Estado, creo yo, y lo digo con todo el respeto, se oponen a la pretensión de darle a la población desplazada un tratamiento de respuesta ultra, en comparación del tratamiento que se les debe dar a las personas más pobres.

 

Esto es, no creo que la situación de pobreza y de presupuesto nos permita darle a la población desplazada un tratamiento más favorable, que aquel que en un país con la decisión de superar la pobreza y de construir equidad, procura darle a los sectores más pobres de la población.

 

Política de seguridad acompañada de libertades

Esta política de Seguridad Democrática ha sido acompañada de libertades.

 

En otros países, con unos desafíos menos graves que en Colombia, en nombre de la seguridad se cercenaron las libertades, se eliminó el pluralismo, se afectó el disenso, se censuraron los medios de comunicación.

 

Aquí los colombianos, gracias a la Seguridad Democrática, han logrado un mayor disfrute real de las libertades, han dejado de ser retóricas en muchas regiones y han pasado a ser reales.

 

Creo que Colombia ha tenido un largo periodo de oposición radical al Gobierno, y que todos los voceros de esa oposición han sido rodeados de plenas garantías, que emanan no solamente de la Constitución y de la Ley, sino del órgano ejecutor, dirigido por el Presidente de la República como Comandante de las Fuerzas Armadas.

 

Yo creo que esto es bien importante.

 

Los otros problemas de inseguridad en el continente tenían razones distintas a Colombia. El proceso de paz de El Salvador se da, porque allí se toman unas decisiones para introducir democracia a la vida de los salvadoreños –que en Colombia la hemos tenido- porque los insurgentes dejaron de recibir apoyos económicos de varios países de Europa Occidental, que los obligó a apresurar la negociación.

 

En Colombia no están luchando contra una dictadura, sino afectando unas instituciones democráticas. Y son inmensamente ricos por el poder del narcotráfico. Riqueza y autonomía, y capacidad criminal. Eso ha dificultado muchísimo, muchísimo, la situación en nuestro país.

 

Pero, a pesar de que el desafío ha sido mayor, el respeto a las libertades ha sido total.

 

En el artículo 27 de nuestra propuesta de Manifiesto Democrático de 2002, le ofrecíamos a los colombianos un concepto democrático de seguridad para todos: que para el maestro, para el líder sindical, para el vocero de las tesis de Gobierno, para el vocero de la oposición. Y hemos procurado cumplir.

 

Este país tuvo años cuando se asesinó a 278 sindicalistas. Desde la hora cero de Gobierno hemos estado comprometidos en la protección efectiva de los sindicalistas, para nosotros ha sido una prioridad. Todavía nos asesinan, pero por lo menos se ha eliminado uno de los designios criminales contra ellos, que era el paramilitarismo.

 

No obstante, en algunas regiones todavía la guerrilla se propone eliminar sindicalistas que no se acomodan a sus exigencias.

 

Hoy, además hemos avanzado en protección efectiva: 10 mil colombianos, aproximadamente, tienen una protección individual brindada por el Estado, de ellos aproximadamente 2 mil son líderes sindicales. Y esa protección ha sido eficaz.

 

Y hemos avanzado en la lucha contra la impunidad. Antes se habían dado dos sentencias por casos de asesinatos de sindicalistas, hoy llevamos más de cien y tenemos 179 personas en la cárcel por esta circunstancia.

 

Esta seguridad se ha practicado sin legislación de estado de sitio, sin rompimiento institucional, sin restricción de libertades, yo creo que eso es un punto de reflexión para honra de la democracia colombiana.

 

Hemos hecho un enorme esfuerzo en materia de Derechos Humanos. En un Estado de opinión donde el poder no es con base al mando, sino con base en la persuasión, un concepto de seguridad se convierte sostenible en el tiempo como lo requiere el problema de violencia, solo en la medida que tenga credibilidad, y la credibilidad reposa en dos pilares: la eficacia y la transparencia.

 

Desde la hora cero nos hemos propuesto avanzar en eficacia y en transparencia.

 

No ha habido una sola violación de derechos humanos que no haya sido sancionada administrativamente por el Ejecutivo. Por supuesto, así como el Ejecutivo tiene que estar vigilante para tomar las acciones administrativas en materia frente a hechos de violación de derechos humanos, el Ejecutivo también tiene que ser cuidadoso para denunciar la falsa denuncia.

 

En nombre de lo que se llama los falsos positivos –que el Gobierno siempre ha sancionado- han prosperado las falsas acusaciones. Un elemento de defensa del terrorismo, el universo leguleyo que lo rodea, ha sido el de denunciar cada acción de las Fuerzas Armadas como una acción violatoria de los derechos humanos, cada baja que se le propina al terrorismo como un homicidio impropiamente denominado extrajudicial, que en nuestro caso sería asesinato fuera de combate.

 

El Gobierno tiene la obligación de defender a las Fuerzas Armadas por las dos vías: sancionando violaciones a los derechos humanos, para honra de las Fuerzas Armadas; y defender a las Fuerzas Armadas contra las falsas imputaciones, para evitar que las falsas imputaciones hagan mella en detrimento de la Seguridad Democrática.

 

Un país que ha vivido tantos años sometido por guerrilla y paramilitares, ambos financiados por el narcotráfico, tiene que cumplir el deber de la protección de sus Fuerzas Armadas.

 

Quiero anotar esto: en este Gobierno se le ha dado el mayor fortalecimiento a la justicia civil frente a la justicia penal militar. Recuerdo cuando se presentó el asesinato de los policías al sur de Cali, en Jamundí (Valle del Cauca) la decisión inmediata que se tomó es que esa acción del Ejército, de un sector del Ejército, no la conociera la Justicia Penal Militar sino inmediatamente la Fiscalía.

 

Alguien me dijo: ‘Presidente, usted no es competente para darle esas instrucciones a la Justicia Penal Militar’.

 

Contestamos: Nosotros no podemos determinar el contenido de las decisiones de la Justicia Penal Militar, pero sí podemos utilizar la superioridad jerárquica para decirle a la Justicia Penal Militar que se abstenga de conocer este caso y que lo conozca de entrada la Fiscalía. Eso para citar un ejemplo.

 

Si ustedes miran el proceso de decisiones, verán que en favor de los derechos humanos se ha presentado el mayor fortalecimiento de la Justicia Civil frente a la Justicia Penal Militar. Pero además, hay 13 medidas de protección de derechos humanos.

 

Desde hace casi dos años no puede haber el levantamiento de un cadáver sin presencia de la Fiscalía, y las Fuerzas Armadas lo han venido cumpliendo rigurosamente con costos y dificultades; que no ha podido llegar el helicóptero, que cuesta tanto la hora, que la distancia, que la cordillera. Pero desde que se tomó esa decisión se ha venido cumpliendo rigurosamente.

 

Por supuesto, este país necesita inversión, confianza inversionista. Nosotros lo decimos sin ruborizarnos, y lo tenemos que repetir porque lo que ha ocurrido en América Latina demuestra que la libertad de emprendimiento no está totalmente ganada, que está amenazada.

 

Inversión

Nosotros creemos que 46 millones de habitantes en nuestra Patria, requieren una tasa sostenida, alta, de inversión con responsabilidad social, para poder superar la pobreza y construir equidad.

 

Hemos fortalecido en el concepto político y en el contexto latinoamericano dos principios: el principio a la libertad de emprendimiento y el principio de la libertad en medios de comunicación.

Nosotros no nos hemos dejado tentar por la idea de estatización de medios de producción o por la idea de restricción de libertades de estatización de medios de comunicación. Y Colombia tiene que hacer una reflexión sobre estas materias.

 

Cuando nosotros empezamos, en Colombia se invertían 12 pesos por cada cien (pesos) del Producto (Interno Bruto). En los últimos años se han invertido 24, 25, 28 (pesos). Este año en el primer trimestre, a pesar de la crisis, 25 (pesos).

 

La inversión extranjera directa era de 500 – 700 millones (de dólares) picos excepcionales de mil 500, dos mil, en los últimos años 8 mil 500, 6 mil 500, 9 mil 28, 10 mil 564 (millones de dólares). A 5 de julio de este año, no obstante la crisis, más de 4 mil (millones de dólares) menos que el año pasado, pero mucho más que en períodos anteriores.

Ningún Gobierno en Colombia fue hostil a la inversión, pero este Gobierno le ha puesto todo el énfasis a la inversión –creo que es una materia que lo diferencia, que lo caracteriza- con responsabilidad social.

 

¿Cómo entendemos la responsabilidad? Transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado: que en la tributación, que en la asignación de contratos, que en la solución de disputas.

 

Entendemos la responsabilidad social en la solidaridad de los inversionistas con las comunidades, para ir más allá de los mínimos legales. Por ejemplo en el tema ambiental, en toda la actividad extractora de carbón en el Cesar y La Guajira, para citar un ejemplo.

 

Entendemos la responsabilidad social en el tema laboral, descartamos por igual relaciones laborales regidas por odios de clases o por capitalismo salvaje. Creemos que la rectoría de las relaciones laborales debe hacerla el principio de la solidaridad.

 

Pensamos que la crisis mundial de la economía tiene que obligar a una reflexión sobre la acepción del capital.

 

Creemos que el capital no puede seguir teniendo una acepción especulativa, que el único significado posible del capital es como factor de creación de riqueza social.

 

Hemos hecho unas series de reformas estructurales que combatió mucho la reforma de las transferencias y hoy vemos que esa reforma da una gran ganancia a los departamentos y a los municipios. De haber vuelto a la fórmula de la Constitución del 91 hoy sería impagable. Y aquello que adoptamos en 2007 le está dando una garantía inmensa a los departamentos y a los municipios, como quiera que las transferencias están creciendo en términos reales a más del 6 por ciento, cuando la economía el año pasado apenas creció el 2,3 y este año hay riesgo de que no tenga crecimiento positivo.

 

Hemos reformado 437 entidades del Estado y seguimos reformando.

 

La reforma de Ecopetrol, un buen escenario para hablar de ella. No privatizamos, capitalizamos. El 80 por ciento del cual es hoy dueño el Estado, vale mucho más que el ciento por ciento del cual era dueño antes el Estado. Hoy es dueño del 88 y medio.

 

Ecopetrol, fuera de recuperar viabilidad por la reforma pensional y por la reforma laboral en el largo plazo, ha recuperado capacidad de inversión. Tenía una capacidad de inversión de 600 millones de dólares; este año su capacidad de inversión es de 6 mil millones de dólares.

 

La planta de hidrotratamiento y la modernización de la refinería en Barrancabermeja (Santander) solamente cuesta mil millones de dólares, asegurada la inversión y en plena ejecución para bien de la ciudad y para bien del país.

 

Nosotros creemos que hay que mantener un gran ritmo de inversión en Colombia, que esa confianza hay que acrecentarla todos los días y que eso, considerado como medio, nos puede ayudar a superar pobreza y a construir equidad.

 

La política de seguridad y la política de inversión son medios para la política social.

 

Avances en política social

Tres nuevos recursos tienen las entidades territoriales: el recurso de gratuidad educativa, el recurso para la escolarización de la primera infancia, en lo cual estamos muy retrasados, y el recurso para vías terciarias por encima del incremento de las transferencias.

 

Colombia tenía 23 millones de ciudadanos asegurados en salud, hoy tenemos 41 millones de colombianos asegurados en salud. Por supuesto que falta.

 

Cuando nosotros hablamos de los hospitales reestructurados, de las clínicas del Seguro Social que se le quitaron a la politiquería y a los excesos sindicales, que nos han permitido con esa reforma hacer el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social, cuando hablamos de la Nueva EPS, reconocemos que a pesar de los progresos hay muchos problemas en salud; que tenemos que buscar cómo vamos a nivelar el plan obligatorio del régimen subsidiado frente al plan obligatorio del régimen contributivo; que tenemos que detectar quiénes no merecen estar en el régimen subsidiado y deben empezar a cotizar como contribuyentes del régimen contributivo.

 

Pero un país de 46 millones de habitantes poder decir hoy que ha logrado 41 millones de ciudadanos con seguro de salud, muestra un gran avance.

 

Que lo hemos tenido en educación. En cobertura de educación básica hemos pasado del 78 por ciento, y ya estamos logrando en muchas partes del país el ciento por ciento.

 

Graduábamos 420 mil bachilleres, estamos graduando 650 mil. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, con las nuevas ampliaciones técnicas y tecnológicas estamos llegando a millón 700 mil. Financiábamos 60 mil estudiantes en el Icetex, estamos financiando más de 250 mil.

 

El Sena, que en formación vocacional les llegaba a un millón 100 mil colombianos, este año les llega a seis millones de colombianos.

 

Un millón de colombianos al concluir este año estarán estudiando inglés a través de Internet gracias al Sena, la mayoría de los cursos originados en San Andrés, donde nuestros compatriotas nacen con el inglés como lengua compañera de nuestra bella lengua castellana.

 

Estamos haciendo un enorme esfuerzo en Familias en Acción, en el programa Resa de seguridad alimentaria, en la Ley Agro Ingreso Seguro.

 

Barranca, por ejemplo, cuando nosotros llegamos tenía 66 mil afiliados al régimen subsidiado de salud, en este momento tiene 112 mil. Se ha logrado reestructurar aquí dos hospitales. La presencia del Sena era mínima y el año pasado el Sena ya pudo atender 42 mil 356 personas en Barrancabermeja.

 

El país está logrando una plena cobertura en nutrición infantil. Por supuesto lo que nos falta ahora es la cobertura en escolaridad de primera infancia. Estamos haciendo un gran esfuerzo también en el tema de cohesión social.

 

Las instituciones

El tema de las instituciones: yo creo que el debate de las instituciones tiene que pasar de las afirmaciones de discurso a las realidades.

 

El tema que nos preocupa no es perpetuar al Presidente de la República, pero sí proyectar unas políticas que han demostrado ser convenientes para el país.

 

Con ajustes. Yo no creo en el extremo del estancamiento ni en el extremo de los ‘bandazos’. Hay que tener unos objetivos claros y aproximarse a ellos con unas políticas que se vayan ajustando diariamente.

 

La gran preocupación es la continuación ajustada, dialéctica de esas políticas. Y es una válida preocupación política. El tema de las personas, desde que haya compromiso, pasa a un segundo o tercer nivel de importancia.

Yo creo que el debate de si vamos a continuar o no la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, no se puede anular por el debate sobre el nombre de Álvaro Uribe, que es accidental en esta coyuntura de la vida colombiana.

 

No se puede, después de que llevamos tantos años de defensa de las instituciones; de que en nuestro Gobierno no se han presentado rupturas institucionales que sí se presentaron recientemente, como me permití expresarlo esta mañana, no se puede crearles a los colombianos el temor de una ruptura democrática por la posibilidad de un ejercicio democrático.

 

Veamos las instituciones. Empecemos por la descentralización, una de las más caras. Por fortuna, su solidez en Colombia es inobjetable.

 

Nosotros hemos procurado construir esa mínima gobernabilidad que requiere la Patria, a través de un profundo respeto a alcaldes, a gobernadores, independientemente del origen político de su elección.

 

Si hay una fortaleza institucional en Colombia hoy, es el respeto a la descentralización.

 

Yo no puedo, por desavenencia política, nombrarle un sustituto al alcalde de una ciudad colombiana o al gobernador de un departamento.

 

Cuando hablemos de instituciones democráticas hay que empezar por allí.

Miremos la Justicia: antes lo que ha ocurrido en este Gobierno es fortalecer su autonomía, su independencia. Ya lo decíamos: no podía actuar en muchas regiones, y no actuaba frente ciertos temas.

 

Este Gobierno le permite hoy actuar en todas las regiones y frente a todos los temas. Hoy no tiene restricciones territoriales ni restricciones de materia.

 

Y hemos avanzado, en medio de los constreñimientos fiscales, enormemente en la financiación de la Justicia. Lo saben los presidentes de las Cortes.

 

La Justicia en Colombia es autónoma, independiente, y se ha fortalecido bastante, gracias a nuestros esfuerzos presupuestales y a la Seguridad Democrática.

 

Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia tiene un cuerpo propio, no prestado, de investigación. El Gobierno no interviene en la conformación del Consejo de Estado ni en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Interviene, a través de ternas, en una de las salas del Consejo de la Judicatura. Y de los nueve magistrados de la honorable Corte Constitucional, propone tres a consideración del Congreso de la República.

 

El Banco Central. En este Gobierno ha habido dos elecciones de gerente del Banco Central. El Gobierno ha sido totalmente respetuoso de la autonomía del Banco para elegir sus directores.

 

El periodo de 8 años de los codirectores del Banco de la República, por supuesto es una garantía de su independencia, no obstante que en un país con tantos desequilibrios, la independencia absoluta es imposible. Yo creo que el ideal es esa buena coordinación en la cual finalmente el Banco Central tiene la competencia decisoria, que a pesar de su competencia decisoria mantenga un nivel equilibrado de coordinación con el Ministerio de Hacienda.

 

Por donde quiera que examinemos las instituciones hoy están más fuertes. Nosotros, para las reformas, a lo único que hemos apelado es al Congreso o al pueblo. Pero al pueblo, no desordenada ni anárquicamente. Aquí no hay una dictadura plebiscitaria. Aquí simplemente se ha ejercido el derecho consagrado en la Constitución del 91 de acudir a la expresión democrática del pueblo, dentro del marco de la misma Constitución y de la Ley.

 

Cuando se convocó la Constituyente, se declaró elegida por esa limitadísima votación que puso en duda su legitimidad política. No había los umbrales que hoy se requieren.

 

Por eso, vengo con todo respeto a decir en este foro de Barrancabermeja, convocado por la honorable Corte Constitucional, que nosotros tenemos con la Patria un compromiso de afecto y un compromiso de respeto a las instituciones democráticas.

 

El debate sobre las instituciones estamos dispuestos a darlo en todas partes, porque las instituciones no son una categoría etérea y abstracta. Las instituciones finalmente se expresan todos los días.

 

Y lo que ha habido en este Gobierno es rescate a la autonomía de unas instituciones que estaban siendo anuladas por el terrorismo.

 

Muchas gracias, apreciados compatriotas”.