La grave provocación del gobierno despótico de Venezuela a Colombia, que hace una semana denunciamos en este mismo espacio, sigue generando rechazo airado de la inmensa mayoría de los compatriotas.
El gobierno de Santos a través de la Cancillería reaccionó tarde –mejor tarde que nunca insinúan sus prosélitos-, pero reaccionó al fin y al cabo solicitando la rectificación del decreto que quiere expropiar a Colombia una parte de su mar territorial. Ha señalado que mientras Venezuela no rectifique la medida, no habrá diálogo sobre el tema fronterizo. Nada menos es aceptable.
Es evidente que hay una grave provocación en marcha. La confección del decreto venezolano, tanto en el caso de la Zodimain Atlántica, que afecta a Guyana, como en el caso de la Occidental, que afecta a Colombia, es perversa, y su fondo es de una agresividad extrema. Reconoce en ambos casos que existen litigios sobre delimitación de fronteras, y que sigue comprometida a buscarles una salida negociada, pero a renglón seguido pasa a fijar áreas de control militar (es decir, de ejercicio de soberanía) en territorios que son objeto de disputa. Un absoluto contrasentido, que solo se explica por la intención de sentar unilateralmente un precedente que le permita intervenir cuando a bien lo tengan.
El hecho de que se actúe de la misma manera, en el mismo decreto, sobre dos diferendos tan sensibles, pero tan diferentes y distantes, no es casual. Definir por su cuenta las áreas de acción de sus fuerzas militares, copando territorios en disputa, desnuda protervos intereses. Si se reconoce que hay litigio, para definir límites, ¿por qué se crean zonas militares en áreas que no han sido definidas como propias? La coartada es evidente. Permite seguir hablando de acuerdos y negociaciones, pero precisar de una vez extensas y ricas zonas como propias, en las que se pretende ejercer dominio militar, y soberanía por ende.
El comunicado de la Cancillería venezolana en supuesta respuesta a Colombia es insolente e insultante. Mientras omite ladinamente pronunciarse sobre la solicitud colombiana de rectificación del decreto, suelta una andanada contra “las campañas antivenezolanas cargadas de odio, que desde Bogotá, suscriben y promueven factores oligárquicos locales para fomentar la enemistad y promover la confrontación entre dos países hermanos”. Ahora, según la torcida lógica de los bandidos, los que hemos provocado la crisis somos nosotros. Salimos debiéndole a los agresores. El mismo día Nicolás Maduro anunciaba que iría a la Asamblea Nacional a explicar el caso de la confrontación con Guyana, denunciando por enésima vez que existía una "maniobra internacional de la derecha para provocar a Venezuela con problemas limítrofes". Como si no hubiera sido él el que los ha desatado.
Además de buscar un soporte para generar incidentes que puedan aprovecharse con miras a los comicios del 6 de diciembre, el decreto venezolano busca crear una situación de hecho que le permita con el tiempo alegar derechos sobre los territorios en discusión. Los medios del vecino país recuerdan con insistencia machacona el incidente de hace unos lustros con la Corbeta Caldas. El propósito es uno solo: intimidar a Colombia para que acepte el dictamen unilateral venezolano sobre límites marítimos, so pena de sufrir embestidas bélicas en el Golfo. Con esa coyunda se espera neutralizar y evitar nuestra presencia en esas aguas y crear una situación de facto, que pueda ser alegada, con el paso del tiempo como generadora de derecho. Contraviene el derecho internacional, es cierto, pero esa es la lógica de los tiranos y agresores, de suerte que no debemos tranquilizarnos –como algunos aconsejan- pensando que la razón está de nuestro lado, puesto que una disposición de orden interno no puede modificar las fronteras, pudiendo definirse solo por tratados. La historia demuestra que la fuerza, en no pocas ocasiones, ha provocado cambios sustantivos en los mapas de las naciones.
El señor Germán Vargas Lleras ha llamado a la unidad de los colombianos, incluida la oposición, para respaldar al gobierno en esta difícil circunstancia. Aduce el hecho de que en Venezuela la oposición es solidaria con su gobierno. En primer lugar debiéramos decir que, aunque admiramos a la oposición democrática venezolana, creemos que está profundamente equivocada en este punto, y ha caído en la celada que le tiende el gobierno de Maduro precisamente para sacarles ventaja y apabullarlos en las próximas elecciones. Aquí es al revés. Quien primero se pronunció sobre el asalto chavista fue el Centro Democrático, y quien ha tenido un trato condescendiente y cómplice con la satrapía es el gobierno de Santos. Solidaridad habrá, sin duda, pero en la medida en que el jefe de Estado de Colombia coloque por encima de sus veleidades y aspiraciones personales la defensa enhiesta de la patria amenazada.
Santos no debería engañarse en esta situación. Parece pisando huevos, tratando de no provocar la ira de su vecino para no estropear su pretendido máximo logro histórico, la negociación con las Farc, gestadas con el concurso decisivo de sus “nuevos mejores amigos”. El chavismo, más necesitado de aferrarse a las riendas del poder que de salvar a sus compinches de Colombia, ha colocado al gobierno colombiano en una dura encrucijada: la soberanía o la paz. Ojalá las diligencias diplomáticas en tan delicado asunto no se vuelvan eternas, en aras de la prudencia y el afán de diálogo, como en el proceso de paz, de suerte que un buen día nos despertemos sin otros miles de kilómetros de mar y con el narcoterrorismo a las puertas del Palacio de Nariño.